Nueva York.- El presidente
Enrique Peña Nieto viajará esta semana a Washington para una reunión de 56
líderes convocada por el presidente Barack Obama para hablar sobre terrorismo
nuclear. Es la cuarta que se realiza y la primera después del acuerdo nuclear
con Irán. Sin embargo, es mucho más que eso. En el trasfondo está otra amenaza
más letal por inmediata: el Estado Islámico y su campaña de terrorismo contra
Occidente. Los líderes analizarán las secuelas de los atentados en Bruselas que
pudieron ser evitados de haber actuado sus cuerpos de seguridad e inteligencia
con eficacia. Peña Nieto será uno de los que menos puede aportar, pero entre
quienes más puede aprender para revertir la negligencia e irresponsabilidad que
ha tolerado en su gabinete de seguridad.
Los atentados en Bruselas
mostraron las debilidades de los sistemas de seguridad en Bélgica, que fueron
engañados por el gran golpe de enero del año pasado cuando descubrieron una
casa donde había documentación que les ayudó a evitar un atentado terrorista.
Pero como dicen los expertos, esa victoria fue una máscara que no dejó ver los
yerros subsecuentes. Durante el resto del año, las autoridades fueron
construyendo inadvertidamente las condiciones para que su aeropuerto y Metro
fueran atacados por su mala administración de la información.
En junio pasado, el Gobierno
turco detuvo a Ibrahim El Bakroui, acusado de robo armado e informaron al
Gobierno belga. En Bruselas no actuaron para recibirlo y los turcos lo
deportaron a Holanda, donde desapareció en julio hasta que resurgió la semana
pasada como uno de los terroristas suicidas. En diciembre los belgas recibieron
una denuncia anónima sobre la ubicación del arquitecto de los atentados en
París en noviembre, Salah Abdesalem en Bruselas, pero nunca se informó al alto
mando de la Policía. Antes fue detenido en la frontera austro-húngara con
documentos falsos, pero puesto en libertad. La Policía belga lo detuvo
finalmente hace 10 días, pero no lo interrogó hasta después de los atentados en
Bruselas. La Policía había recibido reportes de un vecino de la casa donde se
armaron las bombas, pero para cuando finalmente ubicaron ahí la residencia de
El Bakroui, los actos terroristas estaban consumados.
El mismo día de los
atentados, los ministros de Interior y Justicia renunciaron como responsables
de las fallas de sus dependencias. El ministro de Interior –equivalente a
secretario de Gobernación–, dijo que las deficiencias eran “inexcusables” y que
había habido negligencia. El primer ministro no las aceptó, pero el Parlamento
lo llamó a explicar cómo pudieron darse tantas fallas, de manera tan
sistemática. El ministro del Interior acudió al Parlamento mientras seguían las
investigaciones, en lugar de dedicar su tiempo a las relaciones públicas y
tender cortinas de humo para ocultar sus deficiencias.
Las fallas en los sistemas de
seguridad belgas han sido cuestionados en el mundo. El Gobierno ha dado la
cara, aunque sea para que la golpeen por incapaz. La discusión internacional
sobre lo que hicieron y no hicieron los belgas es de lo que podría abrevar el
presidente Peña Nieto, que poco tiene que aportar en términos de sustancia a
esa conversación entre líderes, y mucho que escuchar para aprender y aplicar. A
México le falta que su Presidente entienda que la seguridad no es un asunto de
propaganda y relaciones públicas, sino de eficacia, responsabilidades y
rendición de cuentas.
Bajo estándares
internacionales, el excomisionado federal para Michoacán, Alfredo Castillo,
tendría que haber sido sometido a un proceso legal por haber creado grupos
paramilitares con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, y el
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destituido por permitir
la atrocidad legal en la que involucró a las fuerzas federales. El
exprocurador, Jesús Murillo Karam, tendría que haber sido sujeto a un proceso
por omisión en su responsabilidad –el delito implica cárcel de 8 a 10 años–,
mientras que al primer comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, lo
tendrían que haber cesado en los primeros meses del Gobierno por haber dejado
de combatir a delincuentes. La fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuyas fallas,
omisiones e irresponsabilidades de las autoridades federales se han detallado
en este espacio durante meses, tendría que haber sido la segunda llamada de
atención para Peña Nieto a fin de que actuara y sacudiera de raíz a su gabinete
civil en el campo de la seguridad, para el que sólo ha habido,
contradictoriamente, elogios y encubrimientos.
Peña Nieto fue invitado por
Obama por razones geoestratégicas, no porque Washington piense que el
Presidente mexicano tiene mucho que aportar. Al contrario. La desconfianza
sobre su gestión es creciente, pero al compartir una frontera de 3 mil 200
kilómetros, no es una nación que pueda estar fuera de la consideración
inmediata estadunidense. Si Peña Nieto acude con la visión de Estado que mostró
durante el proceso de las reformas económicas, será bueno para él pero sobre
todo para México. Si mantiene la visión cortoplacista que ha venido desplegando
en el campo de la seguridad, sería bueno que empezara a contratar abogados para
su séptimo y octavo año de gobierno, porque la cruda que tendrá por lo que su
gabinete hizo y no hizo, muy probablemente se traslade a las cortes
internacionales para enjuiciarlo a él, no a su gabinete, por haber pactado con
criminales y tapizar de violaciones el Derecho Internacional, en un país que
tiene etiquetas icónicas: Ayotzinapa, Tanhuato, Tierra Caliente. Ese horizonte
probable no lo puede soslayar.
(ZOCALO/ COLUMNA “ESTRICTAMENTE PERSONAL” DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 29 DE MARZO 2016)
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