HERMOSILLO, Son. (apro).- En
el presupuesto anual, los 33 diputados locales de la 61 Legislatura se
aprobaron una partida –hasta ahora secreta– por 99 mil pesos mensuales,
únicamente por representar a un partido político en el Congreso local. Esa
cifra se suma a los 117 mil que reciben de salario cada 30 días.
El origen la partida 3919,
bautizada como “gestión legislativa”, es hasta ahora desconocido porque los
archivos digitales del Congreso local sólo tienen registro hasta 2010, pese a
que desde 2005 está obligado a transparentar sus recursos.
El antecedente más cercano
que se tiene sobre la auto entrega de este tipo de fondos está fechado en
septiembre de 2006, cuando el periódico ‘Expreso’ reveló que los legisladores
de ese entonces recibían 60 mil pesos mensuales por concepto de “ayuda social”,
bajo la partida 3907, que se auto adjudicaban con la misma discrecionalidad.
Un año después, en el
ejercicio fiscal de 2007, los integrantes de la 58 Legislatura determinaron
cancelar esa partida, sin ninguna objeción, porque la 3919 convivía de manera
paralela y sin contratiempos con la que desapareció aquel año.
Así, las actividades
realizadas por los 33 diputados –21 electos y 12 plurinominales– en sus
respectivos grupos parlamentarios al interior del Congreso local cuestan a los
sonorenses 429.4 millones de pesos de 2006 a 2016, además de sus salarios
mensuales.
Con base en el reporte
oficial emitido por la dirección general de Administración del Poder
Legislativo, los congresistas locales reciben esos 99 mil pesos por concepto de
“gestión legislativa”, otros 52 mil 800 pesos de “sueldo base”, más 38 mil 318
por el rubro de “riesgo laboral” y 25 mil 964 de “dieta”, lo que da un total de
219 mil pesos. Con ello, la prebenda partidista 3919 representa casi la mitad
del salario de los representantes populares.
El recurso llega desde hace
una década a las cuentas personales de los legisladores, y el monto total anual
alcanza los 42.7 millones de pesos, a excepción de 2014, cuando la cuota se
elevó, por acuerdo de los diputados, a 43.8 millones.
De esta manera, el Congreso
local entrega a cada congresista local 99 mil pesos mensuales y una
ministración extra anual por la misma cantidad para los casos en los que ese
dinero haya sido utilizado en contratación de personal y tengan que cubrirse
las diversas bonificaciones de fin de año.
Anualmente cada legislador
recibe aproximadamente 1.3 millones de pesos, que multiplicados por los 33
representantes populares dan 42.8 millones que se “autopresupuestan” cada
diciembre.
Esta ministración está
sustentada en el artículo 165 de la Ley Orgánica del Congreso sonorense, que
señala: “Los grupos parlamentarios –integrados por dos o más diputados– y las
representaciones parlamentarias –cuando existe un solo diputado de un partido–
contarán con presupuesto para asesores, personal y elementos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones”.
La ley interna es clara
respecto de la repartición proporcional de la “gestión legislativa”, pero no en
regular la forma de fiscalizar o transparentar los recursos que se entregan a
los congresistas.
De acuerdo con la Dirección
General de Administración, la comprobación de los montos repartidos por la
partida 3919 es cuasidiscrecional, porque los legisladores que reciben este
dinero sólo están obligados a entregar un reporte financiero semestral que
únicamente analiza la bancada a la que pertenecen.
A su vez, por mayoría el
grupo parlamentario avala esta mínima fiscalización y después se envía al Pleno
del Congreso por medio de “correspondencia”. Los congresistas dan por visto el
reporte financiero (o sea que lo aprueban sin que medie un análisis) y solo
ordenan que se archive en la Oficialía Mayor, y ya en esta etapa queda fuera
del alcance de los ciudadanos.
“EL BERRINCHE”
La entrega de esa partida
salió de manera parcial a luz pública el pasado martes 1, cuando la diputada
panista Carolina Lara, del distrito 8 de Hermosillo, se inconformó frente a los
medios de comunicación porque le retuvieron una parte de su salario, luego de
ser expulsada de la bancada a la que pertenecía, junto con otros tres
legisladores, por beneficiar con su voto el endeudamiento de 5 mil millones de
pesos promovido por la gobernadora priista Claudia Pavlovich.
“Hasta ahora no he sido
notificada oficialmente sobre esta expulsión y están obligados a hacerlo,
porque en septiembre del año pasado firmamos frente a un notario público los 13
diputados panistas y aún no hemos sido avisados sobre cambio alguno en esta
acta”, justificó la legisladora tras reprochar que le habían dejado de pagar 59
mil pesos de su mesada.
Sin embargo, esa declaración
fue solo una verdad a medias, porque en realidad dejaron de entregarle 99 mil
pesos por orden de Moisés Gómez Reyna, coordinador de la bancada panista
sonorense y ex operador financiero del otrora gobernador Guillermo Padrés.
Dos días después de la
rabieta antes mencionada, el legislador Manuel Villegas, del distrito 13 de
Guaymas, dijo que la acción del coordinador Gómez Reyna atendió únicamente al
deseo “de expulsarlos”, pero por la vía legal “no va a poder”.
“Nos quitaron nuestras
aportaciones legislativas, pero eso no es lo importante”, resaltó.
Por separado, el equipo de
trabajo de Sandra Hernández, la tercera en la lista de las relegadas panistas y
diputada por el Quinto distrito de Nogales, señaló que la legisladora “tuvo
razones personales”.
“Había solicitado recursos
extraordinarios para su demarcación nogalense, pero se los negaron y entonces
avaló el proyecto financiero de la gobernadora porque incluía inversiones en el
distrito que le ofreció su voto”, aseguraron sus colaboradores el pasado 26 de
febrero.
Según el consultor de la
asociación Sonora Ciudadana, Guillermo Noriega, estas prácticas de opacidad y
entrega de fondos públicos discrecionales es común, “desde la Cámara de
Diputados hasta los congresos locales”.
La transparencia de recursos
públicos es aún deficitario porque las autoridades no diseñan mecanismos para
ejercer la rendición de cuentas con rigurosidad, puntualizó.
Noriega lideró de 2006 a 2009
el proyecto denominado Monitor Legislativo, con el objetivo de combatir la
opacidad en el Congreso local.
“El caso de discrecionalidad
en el ejercicio de recursos públicos es típico en las casas de enlace, que si
no se transparenta el dinero que se entrega para atender a los ciudadanos, se
convierten en casa de campaña anticipada”, señaló.
EL VALOR LEGISLATIVO
El Congreso de Sonora es el
sexto más cara en el país, con un presupuesto de 312.8 millones de pesos que se
divide entre 33 diputados y representan un gasto legislativo per cápita anual
de 9.4 millones de pesos, así como costo mensual de 789 mil 898 pesos.
Derivado de lo anterior, en
sólo tres años cada diputado de la 61 Legislatura costará a los sonorenses 28.2
millones solo en el salario que percibe.
Y los 99 mil pesos
cuasidiscrecionales que cada mes reciben los legisladores representa el pago de
14 mil jornadas de trabajo de una persona que percibe el salario mínimo de
73.04 pesos avalado para 2016.
(DOSSIER POLÍTICO/ Agencia Proceso/
2016-03-11)
No hay comentarios:
Publicar un comentario