Los sicarios del Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG).
Foto: Youtube.com
El acoso de las fuerzas federales al
Cártel de Jalisco Nueva Generación abrió huecos en las estructuras del crimen
organizado, que ahora se disputan las facciones del propio grupo delictivo y también
las bandas rivales. El resultado, explica el investigador Francisco Jiménez
Reynoso, es la actual ola de violencia, que alcanza también a la población
inerme.
GUADALAJARA (Proceso
Jalisco).- A siete meses de que las fuerzas federales desplegaron el Operativo
Jalisco con el fin de desmantelar la organización delictiva encabezada por
Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, inició una “guerra” por la plaza entre
cárteles que provocó una oleada de ejecuciones y levantones en la entidad.
El martes 1 fueron
acribilladas siete personas y se localizaron dos cadáveres en un lapso de 14
horas. El episodio más sangriento ocurrió cerca de las nueve de la noche,
cuando fueron asesinados a balazos cuatro hombres en la colonia Santa Elena de
la Cruz.
El primero ocurrió en un
velorio, en la colonia Miguel de la Madrid. En Tabachines, Zapopan, un
comerciante fue ultimado en el tianguis y un joven fue baleado cuando salía de
una tienda de abarrotes en el cruce de Adolfo Ruiz Cortines y Nicolás Bravo.
A las nueve de la mañana del
miércoles 2, Raúl Robles Avilés, director de Hacking México, preparaba un curso
sobre ciberseguridad cuando fue ejecutado en un restaurante de la colonia
Americana, en Guadalajara.
Dos horas y media más tarde,
Jorge Herrera fue acribillado al salir de un centro comercial en la colonia La
Estancia, Zapopan. En el mismo municipio, alrededor de las 11 de la noche se
reportó el asesinato a tiros de una pareja en una tienda de conveniencia en
Periférico y Mariano Otero.
El recrudecimiento de la
violencia se produce en la entidad después de que el pasado 13 de octubre, en
Quintana Roo, la Policía Federal detuviera a Daniel Quintero, El Dany, jefe de
plaza del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Guadalajara, y a Víctor
Delgado Rentería, considerado el segundo del Mencho, el 18 de noviembre.
El sujeto, también conocido
como Iván Cazarín Molina, El Comandante Tornado o El Tanque, fue capturado
–después de ser dejado en libertad dos veces– en el fraccionamiento Hacienda la
Candelaria, en Tlajomulco de Zúñiga.
Cazarín Molina fue capturado
mientras bebía y jugaba futbol en un salón de fiestas con sus escoltas,
identificados por autoridades federales como Marco Antonio Rocha García, Rafael
Ortega Aquino y Yahir Martínez Mora (Proceso Jalisco 576).
A Delgado Rentería o Cazarín
Molina se le investiga por su responsabilidad en el ataque a un helicóptero
militar el 1 de mayo, en Villa Purificación, en el arranque de la Operación
Jalisco. En el enfrentamiento fallecieron 18 personas: ocho sicarios y el resto
militares y policías que intentaban capturar al Mencho.
En esa ocasión, además de la
agresión a las fuerzas federales, se registraron 55 narcobloqueos en 32
municipios de Jalisco, así como en algunos de Colima, Michoacán y Guanajuato (Proceso
2010).
Según Francisco Jiménez
Reynoso, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), los vacíos que
deja el combate, la captura y la muerte de algunos líderes del CJNG son los que
ahora disputan las facciones internas y otros grupos delictivos.
Señala que en el estado
operan cárteles como de los Beltrán Leyva, el del Pacífico y Los Zetas, entre
otros, que al ver acosado al CJNG vislumbran una oportunidad de avanzar.
“Ante este tipo de
situaciones surge una pelea entre ellos mismos o entre dos, o tres o más
cárteles para aprovechar el momento que se vive y de donde sale ganador el
grupo más fuerte y el de mayor poderío en sus arsenales. No importa el
territorio donde se declaran la guerra o los colores partidistas de quienes
gobiernan en el ámbito municipal o estatal”, explica el académico.
Los efectos de esa lucha son
graves: “Lo primero que vemos es que se viene dando una oleada de levantones,
ejecuciones, y los homicidios tienden a la alza, porque se reactiva la
competencia geográfica y se produce una posibilidad para ocupar nichos que
habían acaparado los grupos criminales” ahora debilitados.
Aclara Jiménez Reynoso que
“el control de la plaza no sólo se trata de narcotráfico, sino de un holding de
actividades delictivas que incluye el robo de vehículos, las extorsiones, los
secuestros, el robo de hidrocarburos, la desaparición y trata de personas en la
entidad y sus diversas regiones o hasta levantones de jóvenes para llevarlos a
trabajar en campos de cultivo y laboratorios de producción de droga”.
Sobre este último punto
comenta que “a algunos de los levantados se los llevan para trabajar en la
construcción de túneles para el tráfico de estupefacientes” en otras entidades,
lo que implica un nuevo tipo de esclavismo “en pleno siglo XXI, cuando las
autoridades aparecen rebasadas”. Sin embargo, señala, casi no se habla de este
delito y queda impune.
A su vez, Rogelio Barba
Álvarez, catedrático de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la
Ciénega (CUCI), de la UdeG, afirma que pese al incremento de delitos de alto
impacto, prevalece la impunidad ante la ausencia de denuncias, pues la población
desconfía de sus autoridades y se encuentra a merced de la delincuencia.
“Las encuestas dicen que en
2015 la cifra negra (los casos no denunciados) ascendió a 98%. ¿Y por qué no se
hace la denuncia? Porque no hay confianza en las instituciones. Las autoridades
deben fortalecer el nivel de confianza, no lo están haciendo”, comenta Barba
Álvarez.
Además, puntualiza, estudios
de organismos internacionales sugieren que una tasa anual de 10 asesinatos por
cada 100 mil habitantes se considera más o menos aceptable. Sin embargo, en
México la proporción es ronda los 23 o 26 crímenes por cada 100 mil habitantes
en promedio y por año.
Las tasas más altas de
homicidios en la entidad las registran los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y
Guadalajara, según publicó Milenio Jalisco en su edición del martes 1.
En octubre pasado, la agencia
estadunidense antidrogas, la DEA, dio a conocer su reporte National Drug Threat
Assessment Summary, en el cual le atribuye al Cártel de los Beltrán Leyva el
control de Guadalajara, a Los Caballeros Templarios el del sur del estado, y el
resto de la entidad al CJNG.
Al preguntarle al fiscal
general, Eduardo Almaguer, si el aumento de ejecuciones se debe a la irrupción
de los Beltrán Leyva, comentó: “No lo observo de esa manera; hay un combate muy
directo de las autoridades federales, de la fiscalía y una gran coordinación”.
Sin embargo, aceptó que este
año los homicidios se han incrementado en la entidad por lo menos en 5%, en
comparación con 2014. “No evadimos ninguna de nuestras responsabilidades y
obligaciones. Reconocer el aumento de 5% comparado con el año anterior es uno
de nuestros problemas y estamos generando una atención”, dijo.
LOS CRÍMENES
El último fin de semana de
noviembre Hugo Guzmán Lino, funcionario de la Fiscalía General del Estado
(FGE), y José Guadalupe Madera Godoy, exdiputado y exdirigente de la sección 47
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), fueron
levantados.
El 28 de noviembre, cuando
Hugo Guzmán Lino, actuario de la FGE, llegaba a su domicilio en la colonia
Chapalita, varios sujetos armados lo siguieron hasta su hogar y se lo llevaron
por la fuerza.
El fiscal general, Eduardo
Almaguer Ramírez, no descartó la posibilidad de que el caso tenga relación con
el crimen organizado. Señaló que se investigará el entorno del funcionario
desde que se desempeñaba como socorrista y se revisarán sus exámenes de control
de confianza. Aclaró que Guzmán Lino no llevaba a cabo ninguna investigación
relevante ni trabajaba en un área especializada de la dependencia.
A su vez, la familia del
maestro Madera Godoy, oriundo de la Costa Sur e integrante del Partido Nuevo
Alianza, levantó una denuncia por su desaparición.
El sindicalista tenía una
cita el 27 de noviembre con el maestro Carlos Huitrón Ramirez, en el municipio
de Atemajac de Brizuela, pero nunca llegó.
El día 28, a las 6:00 horas,
las autoridades estatales encontraron su camioneta Toyota Tundra blanca
abandonada a un lado de la carretera de Zacoalco a Atemajac de Brizuela, cerca
del poblado de Santa Catarina. Hasta el cierre de esta edición Madera Godoy no
había sido localizado.
En marzo, muy cerca de donde
se encontró la camioneta de Madera Godoy, sobre la carretera libre Zacoalco de
Torres-Ciudad Guzmán, agentes de la Fuerza Única abatieron a Heriberto Acevedo
Cárdenas, El Güero o El Gringo, jefe de plaza del CJNG en la región Valles. Se
le relaciona con el ataque de 2014 a militares en el municipio de Guachinango.
También se le investigaba por haber ordenado la muerte de dos agentes de la FGE
en Tlajomulco.
Ese fue el antecedente de
otro ataque armado, el 7 de abril pasado, contra un destacamento de la Fuerza
Única en el municipio de San Sebastián del Oeste, en el cual murieron 15
policías. Algunos de ellos fueron calcinados y decapitados.
Con el reacomodo de la plaza,
igualmente se incrementaron secuestros, extorsiones, robo de vehículos, ordeña
de hidrocarburos de los ductos de Pemex, e incluso amenazas a jueces.
El pasado 28 de noviembre,
Héctor Pérez Pérez, responsable del Juzgado Primero de Distrito en Materia
Civil en el estado, encontró una corona fúnebre fuera de su domicilio, en Eça
de Queiroz, colonia Jardines Universidad, Zapopan.
En esa misma calle, el pasado
15 de septiembre fue baleado el juez Primero de Distrito en Materias Administrativa
y de Trabajo, Joel Fernando Tinajero, cuando llegaba a su casa en su camioneta
Toyota Tacoma. En las primeras indagaciones las autoridades señalaron que el
juez federal había sido víctima de robo, pero la investigación quedó a cargo de
la Procuraduría General de la República (PGR).
Los crímenes también se han
dirigido contra la población. El 29 de noviembre, por ejemplo, ardió una de las
bodegas del mercado de Abastos y hasta la fecha se desconoce la causa. El
siniestro dañó las endebles viviendas de 35 familias de indígenas migrantes que
vivían cerca de la bodega, en el cruce de las calles Reyes Católicos y Nuez.
Jiménez Reynoso recuerda un
hecho similar en Los Altos: “Eso lo acabamos de ver en el municipio de Arandas.
El 25 de noviembre hubo una explosión en una finca. Esa podría ser la razón de
ese tipo de tragedias que afectan a personas inocentes. Cuando menos resultaron
afectadas otras 13 viviendas, y ahí se descubrió que en el inmueble incendiado
escondían hidrocarburo robado a los ductos de Pemex”.
En las últimas semanas
también se detectó un aumento de feminicidios. La noche del 24 de noviembre
Priscila Denisse Martínez Aranda, de 22 años, vecina de la colonia San Miguel
de Huentitán y empleada de una óptica, fue acribillada. Tenía un embarazo de
cinco meses. Dos sujetos en una motocicleta de bajo cilindraje la tirotearon en
el cruce de Juan Pablo II y Rivas Guillén, en la zona de Oblatos, cuando ella
iba con dos compañeros de trabajo en un auto blanco.
El 26 de noviembre Marlene
Hernández López, de 25 años, fue ejecutada en el municipio de Tequila, en las
calles 20 de Noviembre y Manuel Castañeda. Según los policías, tenía heridas de
bala en ambas ingles.
El 25 de noviembre,
autoridades policiacas descubrieron dos cadáveres: uno de ellos era un bebé que
apareció calcinado en una brecha de San Pedro Tlaquepaque.
De acuerdo con estadísticas
del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, entre el 1 y el 27 de noviembre
pasados se registraron 113 asesinatos, entre ellos el de Bonifacio Mendoza, de
29 años, acribillado en su propiedad ubicada en la calle Cuarta Poniente 7178,
Jardines de Nuevo México.
Dos días antes, Daniel Ruan
Segoviano, Manuel Alejandro Hernández y Amaro Matus Ramírez fueron ejecutados
por un comando armado mientras cenaban en el restaurante El Marqués, en
Calderón de la Barca y López Cotilla, Guadalajara.
Otro cuerpo fue localizado
envuelto en una cobija en el parque de la avenida de La Mancha y Trafalgar, en
Lomas de Zapopan.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ ALBERTO OSORIO/ 9 DE DICIEMBRE DE 2015)
No hay comentarios:
Publicar un comentario