Un dispositivo para tratar la
hidrocefalia implantado en 194 personas carecía de licencia médica para usarse
en seres humanos
Un dispositivo para tratar la
hidrocefalia implantado en el cerebro de al menos 194 mexicanos carecía de
autorización para emplearse en seres humanos. Así lo dictamina un informe de la
Comisión Nacional de Arbitraje Médico de México que señala que el aparato
estaba en fase experimental y que se implantó sin el consentimiento firmado que
requiere este tipo de operación. Las intervenciones las llevaron a cabo
residentes sin supervisión y los daños que han sufrido las víctimas son
irreversibles. Después de 10 años de batallas legales, las afectados exigen una
indemnización.
"Eso era", pensó
María de Lourdes Walkup, de 54 años, cuando recuerda los dolores insoportables
de cabeza, los vómitos y la sorprendente recomendación de tener que dormir
sentada. "Fuimos un experimento", añade esta abogada casi 10 años
después de ingresar en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía
(INNN), para que le extirparan un tumor benigno. Después de la operación, su
nariz comenzó a derramar líquido cefalorraquídeo. Lo que le colocaron en su
cerebro el 18 de abril de 2006 fue un aparato para drenar el exceso de fluido
cerebral provocado por el meningioma que padecía. El problema de este sistema,
según denuncian las víctimas, es que no disponía de una válvula para regular la
presión. Es decir, constaba de un simple tubo que comunicaba el cerebro con la
zona peritoneal. De esta manera, el dispositivo sólo funcionaba si estaba de
pie. Los pacientes no podían tumbarse porque sentían que les iba a estallar la
cabeza. Y en posición vertical sentían que se vaciaba.
El inventor de este aparato
fue Julio Sotelo Morales, director del INNN en el momento en el que se
colocaron estos aparatos y único dueño de la patente. Sotelo Morales se ha
negado expresamente a hacer algún tipo de declaración a este diario. El informe
de la comisión arbitral critica su actuación: "Debió informarse plenamente
a la paciente de que se trataba de una investigación (...) No hay evidencia de
que se hubiese otorgado esa información, de hecho, ni siquiera, pese a tratarse
de una persona mayor de edad, con capacidad para ejercer su autonomía, el
consentimiento le fue solicitado directamente (...) Se obtuvo la autorización
como si fuese un recurso ordinario de atención médica que, reiteramos, no lo
es."
El INNN implantó este tipo de
dispositivos durante al menos seis años, desde 2004 a 2009, según los casos
recopilados por un grupo de médicos que enviaron un informe a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos con el número de expediente de cada
paciente. El material del tubo es de uso común en los catéteres convencionales,
pero, según varios neurocirujanos, "no está diseñado para usarlo dentro
del organismo". "Mucho menos de manera permanente", remata el
exdiputado de la Asamblea del Distrito Federal y neurocirujano del INNN,
Rodolfo Ondarza.
El dictamen que publicó la
Comisión Nacional de Arbitraje Médico hace especial hincapié en que estas
operaciones las llevaron a cabo médicos residentes sin ningún tipo de
supervisión. "Imagínese, las cirugías salían prácticamente gratis al
Instituto: el aparato, que lo armaba el mismo camillero, no debe costar más de
40 pesos y no había que pagarles a los profesionales porque eran estudiantes
del centro", señala una enfermera que lleva trabajando en el Instituto
desde hace más de 20 años. La actual directora del INNN, Teresa Corona, fue
durante la dirección de Sotelo jefa de residentes y tampoco ha querido hacer
ningún tipo de declaración a este diario.
Los pacientes no recibieron,
sin embargo, ningún tipo de descuento. La hermana de Walkup, Silvia, recuerda
perfectamente aquel fatídico 18 de abril de 2006 como si fuera ayer. "La
operación nos costó más de 300.000 pesos [unos 17.750 dólares]", apunta
decidida la familiar que lleva cuidando de María de Lourdes desde aquel día.
"Jamás nos dijeron que se le iba a colocar un aparato experimental. Sólo
firmamos unos documentos para que la intervinieran de urgencia. Dimos nuestro
consentimiento, pero confiamos en los que supuestamente eran los mejores
especialistas del país", señala Silvia Walkup.
Juan Manuel Armenta, de 50
años, recorre todo el Distrito Federal con un maletín cargado de papeles.
Guarda en él todas las facturas y recibos que ha podido recopilar en más de 10
años: tanto de medicamentos, como de camas de hospital, intervenciones
quirúrgicas, varias demandas que quedaron archivadas en la Procuraduría General
del Distrito Federal. Todo. También el último recibo de la luz de su casa de la
que debe más de 23.000 pesos (unos 1.300 dólares), empleados en cuidar a su
esposa, Yolanda Guerrero, de su misma edad.
Armenta se ha hecho
especialista en medicina, farmacia y derecho. Vive junto a su familia en una
humilde vivienda en el centro del Distrito Federal, y desde que en 2004 le
insertaron el dispositivo a Yolanda no ha dejado de exigir una indemnización.
"Sólo pedimos que por lo menos se hagan cargo de los gastos médicos que le
ha provocado ese aparato a mi mujer", cuenta desesperado.
Yolanda Guerrero es de los
pocos pacientes que conserva una prueba definitiva en su cerebro. El tubo que
le colocaron hace más de 10 años no ha podido ser extraído aunque ya no esté en
funcionamiento. Una válvula es la que ahora regula el líquido desde el otro
extremo de su cabeza. "Llevo a Sotelo ahí dentro. Este tubo que tengo
todavía me da punzadas dolorosísimas", asegura Guerrero, que habla lento
como si cada palabra que pronuncia se le clavara en la frente.
El dictamen de la Comisión
Nacional de Arbitraje Médico, emitido específicamente para el caso de Walkup en
2010, establece que se cometió "mala praxis del personal administrativo
del INNN al permitir el empleo de un dispositivo en fase de investigación como
un recurso de atención médica ordinaria".
Para el caso de Guerrero, se
emitió un escrito ante la Secretaría de Salud. De momento, la demanda ante la
PGR se encuentra archivada. Los pacientes y sus familias denuncian que sólo
ellos están sufriendo las consecuencias de la creación del ex director del
centro.
(DOSSIER POLITICO/ Tomado de: Elena
Reina / El País/ 2015-12-11)
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