LA RED DE VICENTE CONTRERAS

Desde la frontera entre Tijuana-San Diego, operaba una elaborada red de lavado de dinero para comprar avionetas en Estados Unidos y exportarlas a México y ponerlas al servicio del narcotráfico. En cinco años, nueve cómplices manejaron 3.6 millones de dólares en 46 cuentas bancarias personales y a través de negocios en ambos países. La Fiscalía Federal del Sur de California identificó a esta banda como uno de los principales proveedores de aeronaves para el trasiego de droga

En específico, las avionetas Cessna modelos 206 y 210 son las preferidas por los cárteles de la droga en México para el trasiego de droga.

Aunque son aeronaves fabricadas y utilizadas desde la década de 1970, son confiables, veloces y especiales para trasladar cargas pesadas en distancias largas. Eso las convierte en las más solicitadas por narcotraficantes desde México. Y Vicente Contreras Amezquita era el hombre indicado para conseguirlas.

Bajo encargo, Contreras buscaba las aeronaves solicitadas tanto en empresas como entre vendedores particulares. Desde California, podía viajar hasta Arizona o Nevada para elegir la indicada. Luego cerraba el trato y pagaba por la aeronave con el dinero enviado por los cárteles de droga.

Además, ofrecía refacciones y accesorios como tanques auxiliares de combustible, llantas para cargas pesadas, así como equipo y maquinaria para construir pistas clandestinas de aterrizaje.

Para que el origen del dinero, ni las compras fueran detectados por la autoridad estadounidense, empleó a su familia para lavar 3.6 millones de dólares a través de 46 cuentas bancarias. Y para exportarlas a México, por la vía legal, utilizaba sus dos empresas: Aeropartes Baja en San Ysidro, California; y en Tijuana, Baja California, Vekve Corporación. Era un negocio redondo.

De esta forma, el importador de aviones originario de Tijuana, adquirió 35 avionetas de vendedores en Estados Unidos para introducirlas a México y adecuarlas para el trasiego de droga.

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de California presentó ante la Corte el caso que involucra a Contreras Amezquita y ocho personas más, acusados principalmente del delito de conspiración para lavado de dinero y por violar leyes fiscales que obligan reportar transacciones superiores a los 10 mil dólares.

El 30 de abril de 2015, el mismo día que recibió el caso, el magistrado Ruben B. Brooks emitió una orden de arresto para Contreras Amezquita, identificado como el orquestador de la estructura financiera.

Con residencia en Chula Vista, California, fue arrestado el jueves 16 de julio y apareció frente al juez Bernard G. Smokal al día siguiente, quien determinó que el acusado debería permanecer preso debido al riesgo de huida, ya que enfrenta 200 cargos federales.

UN NEGOCIO DE FAMILIA

De acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, Vicente Contreras Amezquita  inició una sociedad junto a su esposa Elizabeth Fregoso Zamora para abrir la empresa Vekve Corporación, el 18 de mayo de 2004.

La compañía se dedica a la “compra, venta, importación, exportación, fabricación, diseño, instalación, comisión, distribución, elaboración, desarrollo, reparación, renta y el comercio en general, de toda clase de partes para aeronaves”.

Así como para “importar, exportar y transportar toda clase de productos, bienes y servicios, nacionales o extranjeros”.

El negocio inició con un capital social de 50 mil pesos, el 50 por ciento de las acciones a nombre de Contreras Amezquita y la otra mitad a nombre de su esposa.

Si bien, la compañía todavía aparece en buscadores de empresas dedicadas a la industria aeronáutica, así como en directorios, con dos domicilios en Tijuana, uno en la colonia Juárez y otro en la colonia Madero, ZETA se comunicó y acudió a ambas oficinas, sin encontrar el establecimiento Vekve Corporación.

En cambio, Aeropartes Baja, la segunda empresa del acusado y dedicada principalmente a la compra y venta de aeronaves y sus partes, aparece con domicilio en San Ysidro, California, en registros de la Administración Federal de Aviación en Estados Unidos, precisamente en transacciones de avionetas.

Con base en documentos judiciales, ambas compañías eran utilizadas por el mexicano para lavar dinero y comprar aeronaves para los cárteles en México.

En cuanto a la estructura de la red de lavado, participaban la esposa de Contreras Amezquita, Elizabeth Fregoso y sus dos primas, Denise Absolor Infante, ex jugadora de softball en Tijuana, y Nancy Absolor Infante, residente de Chula Vista, California.

Entre 2007 y 2012, el grupo conformado por el importador de aviones y las tres mujeres, abrió 46 cuentas bancarias con diferentes nombres en más de cinco instituciones bancarias y realizaron 525 depósitos de dinero en efectivo por un monto de 3.6 millones de dólares, dinero proveniente del narcotráfico, de acuerdo a las indagatorias de las fiscalía californiana.

“Inmediatamente después de conseguir el dinero para la adquisición y compra de las aeronaves solicitadas y como parte del proceso de encubrimiento, Vicente Contreras Amezquita dirigía e instruía a Elizabeh Fregoso Zamora, Denisse Absolor Infante y Nancy Absolor Infante, a realizar depósitos por debajo de los 10 mil dólares en diferentes cuentas de banco en diferentes instituciones financieras”, indica la acusación formulada por la Fiscalía Federal del Sur de California.

Estos depósitos bancarios ocurrían al poco tiempo de que Conteras acordaba la venta de cada aeronave, así como de la fecha de pago por ésta.

Ya que en Estados Unidos, la Ley requiere que toda institución financiera reporte al Departamento de Tesoro, cualquier transacción por encima de los 10 mil dólares, el grupo realizaba depósitos escalonados y después los transfería desde distintas cuentas para evitar ser detectados y evadir a la autoridad.

Para ello, utilizaban licencias de manejo, pasaportes e identificaciones tanto mexicanas como estadounidenses, con distintos nombres. Por ejemplo, Elizabeth Fregoso utilizaba el apellido Contreras, de su esposo, o se identificaba como Elizabeth Zamora.

Así abrieron cuentas en California, Arizona, Texas, Michigan y Georgia, en bancos como Wells Fargo, Chase, Bank of America, Comerica y Union Bank de California. Incluso, en un mismo día, el grupo viajaba a diferentes sucursales del mismo banco y en la misma zona para poder realizar más depósitos.

De esta forma, por ejemplo, la pareja realizó 20 depósitos bancarios por 128 mil 740 dólares, entre el 14 y 22 de febrero de 2011. Con el monto total, se pagó una avioneta Cessna modelo TU206G.

Aunque estas cuentas pertenecían a los dos, utilizaron combinaciones de sus nombres para evitar llenar los registros fiscales correspondientes. En sí, los depósitos bancarios iban desde los mil 960 hasta los 9 mil 900 dólares.

Realizar este tipo de “estructuración” financiera para dividir un monto que supera los 10 mil dólares en una transacción bancaria, constituye un delito federal en Estados Unidos.

LOS CÓMPLICES DESDE CALIFORNIA HASTA COLIMA

La acusación indica que en la red liderada por Vicente Conteras Amezquita, también participaban Héctor Hernández, Claudio Alejandro Hernández, Alfonso Montero Vázquez, David Salvador y Javier León Rodríguez.

El tijuanense se auxiliaba de otros negocios para completar los procesos de compraventa, así como de importación y exportación.

En documentos presentados ante la Corte -en poder de ZETA-, se detalla “Héctor Hernández, dueño de Pacific Coast Aero, empresa - localizada en Zamperini Field, dentro del aeropuerto de Torrance- facilitaba el transporte y entrega del dinero en efectivo a Vicente Contreras Amezquita para la adquisición y compra de aeronaves”, para la exportación y registro a México.

La Fiscalía también explica que Claudio Alejandro Hernández era el encargado de dar de baja las aeronaves adquiridas en Estados Unidos y así exportarlas a México.

A Héctor Hernández, dueño y gerente de la empresa, se le giró una orden federal de arresto, el 30 de abril de 2015. Ya que Pacific Coast Aero es una empresa con sitio de internet propio y registrada, este Semanario se comunicó a sus oficinas en California para buscar su postura respecto al caso, pero Hernández respondió que prefería no hacer comentarios al respecto.

Mientras que del lado mexicano, Alfonso Montero Vázquez y David Salvador Montero Vázquez, dueños de Servicios Aeronáuticos de Colima en México, fueron identificados como parte de esta red.

De acuerdo con documentos de la Fiscalía, los hermanos Montero Vázquez se organizaban con Héctor Hernández y Claudio Alejandro Hernández para adquirir y comprar aeronaves para exportarlos a México, también mediante la entrega de dinero en efectivo para Vicente Contreras Amezquita.

Para las transacciones se comunicaban mediante teléfonos celulares y correos electrónicos, muchas veces en lenguaje encriptado o en código, para acordar los lugares y fechas de entrega de efectivo.

Centros comerciales, estacionamientos, hangares y hasta restaurantes de comida rápida, eran las ubicaciones elegidas para esto.

De hecho la fiscalía informó que Alfonso Montero Vázquez cuenta con antecedentes en las redes utilizadas para adquisición de avionetas para el narcotráfico. Se le vincula en el envío de 859 mil 688 dólares mediante 18 giros telegráficos desde México al International Bank en Oaklahoma, en 2007, para la adquisición de un avión Beech King Air 200 con número de registro N50AJ.

LA AUDIENCIA

Con una cadena que le cuelga de la cintura hasta unirse a las esposas en sus muñecas, Vicente Contreras Amezquita pisó la sala del juez Bernard G. Skomal a la 1:00 pm del jueves 30 de julio en la Corte Federal en San Diego.

Con abundante cabello negro, cejas pobladas y la sombra de un bigote recién rasurado, el tijuanense fue representado por un defensor público, quien solicitó al juez federal que la audiencia de detención, iniciada esa tarde, continúe el 18 de agosto.

En representación de la Fiscalía del Distrito Sur de California, Sherri Walker aceptó la petición. Mientras que para el 24 de agosto, se realizará la audiencia de fijación del juicio para establecer las próximas audiencias.

En la primera audiencia  la defensa también entregó al juez una declaración financiera respecto al acusado, la cual se mantendrá bajo secrecía durante el proceso.

Contreras abandonó la sala después de cinco minutos de haber entrado, encadenado también de los tobillos, sonrió antes de salir por la puerta de detenidos, seguido de dos fiscales.

De ser encontrado culpable, Vicente Contreras Amezquita podría recibir una sentencia de 20 años de prisión.

TENÍA ANTECEDENTES CRIMINALES DESDE 15 AÑOS ATRÁS

El 25 de mayo de 2000, Vicente Contreras Amezquita fue arrestado al intentar cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos con 27 mil 900 dólares en efectivo. En la Unión Americana, es un delito federal no reportar la exportación e importación de instrumentos monetarios superiores a 10 mil dólares.

Alrededor de las 7:00 am, el tijuanense manejó su vehículo Nissan Sentra 1993 hasta la garita de Calexico, California, en colindancia con Mexicali, Baja California. Un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) le preguntó si tenía más de 10 mil dólares que declarar, pero Contreras Amezquita respondió que no.

En inspección secundaria, volvió a negar el hecho, pero cuando un segundo oficial registró el vehículo, ubicó una bolsa de plástico con cierre, escondida en un compartimento debajo del radio del automóvil.

Conforme continuaron la inspección, agentes del CBP localizaron un maletín negro con una bolsa de papel en su interior, la cual contenía más fajos de dinero. Incluso, había paquetes escondidos debajo de las rejas del aire acondicionado del auto.

En total, fueron hallados 27 mil dólares, por lo que Contreras Amezquita fue arrestado. Tras ser interrogado por las autoridades, declaró que era dinero producto de la venta de una aeronave y que lo había escondido porque lo consideraba más seguro que cargarlo consigo.

Sin embargo, al ser presentado ante la Corte Federal de Estados Unidos, el caso fue desechado y el tijuanense recobró su libertad.

Después de esa ocasión, las transacciones realizadas por Vicente Contreras no rebasaron los 9 mil 900 dólares para evitar ser detectado por la autoridad.

(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Inés García Ramos / Fotos. Cortesía/   03 de Agosto del 2015 a las 12:00:28)