Familiares de los 49 niños fallecidos de
la Guardería ABC, acompañados de madres de los 43 estudiantes normalistas
desaparecidos, individuos y colectivos, realizaron una marcha del Ángel de la
Independencia al Zócalo capitalino, para seguir exigiendo justicia y castigo a
los culpables a 6 años del terrible accidente. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 12 de
agosto (SinEmbargo).– La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a
un juez de Sonora órdenes de aprehensión en contra de 22 trabajadoras de la
Guardería ABC por el incendio en el que murieron 49 niños y más de 100
resultaron lesionados, ocurrido el 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora, y
al mismo tiempo reservó los expedientes del ex Gobernador de la entidad José
Eduardo Robinson Bours Castelo y del ex Procurador Abel Murrieta Gutiérrez.
De acuerdo con información
dada a conocer por Gabriel Alvarado Serrano, representante legal del grupo de
padres de los niños afectados que integran la agrupación “Manos Unidas por la
Justicia”, estas acciones se dan a partir del recurso interpuesto por la
asociación.
Sin embargo, consideró que
esta resolución es una “cortina de humo” por parte de la PGR para seguir
encubriendo al ex Gobernador de ese estado José Eduardo Robinson Bours Castelo
y los funcionarios de primer nivel de los gobiernos federal y estatal que
estuvieron implicados en las irregularidades que permitieron que ocurriera la
tragedia, pues los expedientes de todos ellos fueron reservados.
El representante calificó
este acto como una injusticia, pues dijo, se pretende castigar a maestras,
intendentes y a la directora de la estancia infantil, por lo que adelantó que
continuarán en la exigencia de que declaren y sean procesados los funcionarios
de alto nivel, así como los dueños de la Guardería ABC.
Estas órdenes en contra de
los empleados de la estancia infantil, dio a conocer Alvarado Serrano, se
emitieron desde el pasado 5 de agosto y dos días después fue notificado.
Entre los funcionarios que
pretenden sean llevados a la justicia son el ex Secretario de Hacienda de
Sonora, Ernesto Vargas Gaytán, los socios de la guardería Sandra Lucia Téllez
Nieves y Antonio Salido Suárez; así como el mencionado ex Gobernador Eduardo
Bours Castelo.
En enero del año pasado,
Delia Irene Botello, ex coordinadora de Guarderías del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) en Hermosillo, quien realizó la última visita de
supervisión a la Guardería abandonó el Cereso 1 de la capital de Sonora.
Irene Botello era la única
funcionaria que estaba detenida por la tragedia. Desde entonces, los padres de
las víctimas no ha cejado en su lucha por encontrar justicia.
Previamente, en el año 2012,
Arturo Leyva Lizárraga, ex delegado en Sonora del IMSS, obtuvo su libertad bajo
fianza. En 2011, el ex coordinador de la Unidad Estatal de Protección Civil
(UEPC) en la administración de Bours Castelo, Willebaldo Alatriste Candiani,
libró la cárcel con el pago también de una garantía de 2.5 millones de pesos.
Candiani se amparó de la
misma forma que un año antes otros ex servidores públicos, así como los dueños
de la guardería lo hicieron: Gildardo Urquídes Serrano, Sandra Lucía Téllez
Nieves, María Fernanda Camou Guillot, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo
y Antonio Salido.
(SIN EMBARGO.MX/ Redacción /agosto 12,
2015 - 18:52h)
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