Anualmente
en Baja California se presentan 900 casos de este delito; Tijuana ocupa el
primer lugar con 400 denuncias, le siguen Mexicali con 200 y Ensenada con 150.
Muy pocos delincuentes son sancionados
En
Tijuana, el delito de despojo tuvo un crecimiento del 35 por ciento en 2014, es
decir, cada vez más personas son víctimas de desalojo en sus propiedades. El
rezago en la titularidad de bienes muebles, además de la falta de coordinación
entre autoridades municipales y estatales, han permitido el crecimiento del
ilícito, que ocupa el tercer lugar en el índice delictivo a nivel estatal.
El
abogado Carlos Atilano Peña advierte que de cada 100 delitos que se denuncian,
solo tres son sancionados, lo que abre la puerta a la impunidad para quienes
cometen una infracción; la misma suerte corren las denuncias por despojo.
En
2014, los tijuanenses notificaron ante la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE) 440 denuncias por despojo; de enero a mayo de 2015 la cifra es de
213 y, al término del año, la cifra bien podría igualarse o, en su defecto, ser
superada.
En
su Artículo 226, el Código Penal para el Estado de Baja California establece
que se aplicará de uno a seis años de prisión y hasta 200 días de multa a quien
de propia autoridad y haciendo uso de violencia o furtivamente, ocupe un
inmueble ajeno o haga uso de él, o de un derecho real que no le pertenezca;
empero, en la mayoría de las ocasiones la ineficiencia de las autoridades y el
tortuguismo en las averiguaciones previas, hacen que la sentencia no se cumpla,
advirtió a ZETA un abogado.
Entre
tanto, de acuerdo a cifras del Poder Judicial del Estado, en el primer
trimestre de 2015 se radicaron 19 mil 8 juicios en los Juzgados. Del total, 9
mil 227 fueron del ámbito civil; le siguieron el familiar (4 mil 417) y penal
(3 mil 302). Sin embargo, la dependencia no establece cuántas personas fueron
sentenciadas, ni cuántos los casos a favor del ciudadano.
POCOS SANCIONADOS
Respecto
al tema, el abogado Carlos Atilano Peña dijo que las cifras oficiales que se
manejan son superadas por la realidad: “No desnudan a nuestro gobierno estatal
y municipal, donde el problema de la regularización de tenencia de la tierra
sigue siendo uno de los grandes pendientes. Por un lado está la precaria
situación económica que de manera generalizada priva en la sociedad, que es un
aliciente a la comisión de estos delitos”.
Situación
que se ve agravada, agregó, por la poca y nula participación del Estado en el
combate al despojo, ya que generalmente lo considera “un asunto entre
particulares” y se abstiene de una intervención más directa.
Según
Atilano, lo anterior se relaciona con el desorden institucional que priva al
respecto, pues la tenencia de la tierra ha sido irregular e incompleta, no ha
habido la debida coordinación entre organismos, como el Municipio a través de
Catastro y el Estado en el Registro Público de la Propiedad; desarticulación
que lleva a crear un vacío que facilita ese tipo de conductas delictivas.
Agregó
que en la mayoría de las ocasiones, un predio está a nombre de un propietario y
en el Registro Público, de otro, lo que genera confusión y algunos se aprovechan
de ello.
“También
hemos visto gran cantidad de casas de interés social en abandono, debido a que
el sistema bancario e hipotecario nacional no funciona, y la gran mayoría de
las personas no pueden cubrir créditos que son otorgados de una manera inviable,
entonces, la gente se ve obligada a dejarlos y da pauta a una gran cantidad de
invasiones”, detalló.
AUTORIDAD TRABAJANDO
En
torno a la actualización de las bases de datos 2014, la Dirección de Catastro
Municipal lleva a cabo un programa de modernización de la información con que
cuenta, así como de la cartografía, y lo han reforzado en 2015.
La
dependencia dio a conocer que semanalmente recibe entre 100 y 150 asuntos
jurídicos diversos, los cuales son turnados a las dependencias
correspondientes. Los despojos son destinados a la PGJE.
Por
su parte y respecto al ilícito, el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio informó que 80% de las inscripciones realizadas en esta oficina
registral derivan de diferentes actos traslativos de dominio, como contratos de
donación, compraventa o juicios de prescripción. De igual manera, reconoció no
tener la posibilidad de detectar o determinar cuando les llega un trámite de
cambio de propietario ilícito (despojo), “en virtud de que la documentación que
se presenta para su registro, proviene de fedatarios públicos (notarios) o de
jueces civiles, a quienes se les acreditó un derecho; en consecuencia quien
podrá determinar si se trata de un despojo, es la autoridad competente”, reveló
el RPPC.
Por
lo que respecta a la actualización de la información catastral, cabe recordar
que en 2015 la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado
(SIDUE) invertirá 12 millones 500 mil pesos a un Nuevo Sistema de Gestión
Catastral homologado con los municipios.
ABANDONO Y REZAGO
Con
base en estimaciones de Pro Vive, empresa dedicada a adquirir y reparar
viviendas solas, en los complejos habitacionales que se han construido en la
última década, hay una inutilización de entre 20 y 25%.
En
2014 se estimaba que Tijuana contaba con un inventario de 15 mil viviendas
nuevas, cifra a la que se suman las casas abandonadas que, de acuerdo al
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), son 111 mil; del total,
7 mil son domicilios adjudicados para su posterior venta.
Según
información del gobierno estatal, aproximadamente el 10% de los desarrollos o
colonias de la ciudad se encuentran irregulares en cuanto a tenencia de la
tierra, mientras que en el transcurso de la administración de Francisco Vega de
Lamadrid, el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda
(INDIVI) espera regularizar 65 mil predios en Tijuana.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ/ Francisco Navarro Fausto / 23 de Julio del 2015 a las 16:40:42)
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