El
juzgado tercero de distrito en materia penal, con sede en Guanajuato, determinó
iniciar proceso penal a tres de los siete acusados de apoyar la fuga de Joaquín
El Chapo Guzmán Loera el pasado 11 de julio, y decretó que la Procuraduría
General de la República (PGR) no aportó elementos de prueba para enjuiciar a
los funcionarios del centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que
también habían sido acusados de ayudar al líder del cártel de Sinaloa.
El
diario La Jornada publica el día de hoy en su portal de noticias que el Consejo
de la Judicatura Federal informó que “El Juzgado Tercero de Distrito en el
Estado de Guanajuato, al actuar en auxilio del Juzgado Cuatro de Distrito en
Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca”, dictó auto de formal
prisión en contra de tres servidores públicos que laboraban directamente en el
Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, como
parte de la red de corrupción que colaboró en la evasión de Guzmán Loera.
De
acuerdo con la información dada a conocer esta madrugada, a los tres acusados
se les procesará por ser presuntos responsables de la comisión “del delito de
evasión de presos en la hipótesis de cuando el detenido está siendo procesado
por la comisión de delito o delitos contra la salud, previsto y sancionado en
el artículo 150 del Código Penal Federal, con la agravante señalada en el
párrafo segundo del citado precepto”.
La
PGR ejercitó acción penal en contra de los siete funcionarios el pasado 17 de
julio, luego de que, el juzgado cuarto de distrito en el Estado de México, con
residencia en Toluca, libró orden de aprehensión.
La
orden de captura fue cumplimentada ese mismo día y los siete indiciados
quedaron presos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 12 “CPS”, en
Guanajuato.
El
CJF indicó que “Por lo anterior, se libró exhorto y por razón de turno su
conocimiento correspondió al juzgado tercero de distrito en el estado de
Guanajuato, con residencia en León, que recabó las declaraciones preparatorias
y resolvió la situación jurídica de los siete indiciados en los términos
siguientes:
“La
fiscalía probó el delito de evasión, al existir datos suficientes para concluir
que funcionarios públicos favorecieron el escape de Joaquín Guzmán Loera, alias
“El Chapo Guzmán”.
“Sobre
el delito de evasión, se estableció que la forma de fuga de Guzmán Loera,
indicaba que le fueron proporcionados datos estratégicos y logísticos de la
penitenciaría, y que la construcción de un túnel altamente sofisticado en un
centro penitenciario de máxima seguridad, permitía afirmar que funcionarios
públicos propiciaron y favorecieron al evasor.
“La
probable responsabilidad se acreditó en relación al encargado del Centro del
Control y dos custodios, de quienes, por el momento, estimó existían evidencias
de su participación en favorecer el escape de Guzmán Loera.
“En
cuanto al encargado del Centro de Control (monitores) se observaron
incongruencias en sus declaraciones, corroboradas con otros datos de prueba;
esto, sumado a una dilación en su proceder, indicó que intencionalmente
favoreció la evasión, a título de probable.
“Por
lo que toca a los custodios (dos funcionarios), resolvió que por el momento,
existían datos de que ante el suceso criminal ocurrido el pasado sábado 11 de
julio, a las 20:52 horas no contestaron el teléfono del módulo penitenciario;
al no existir justificación, se estimó que favorecieron la evasión”.
Sin
embargo, la información dada a conocer refiere que “en cambio, sobre los
monitoristas, a saber dos funcionarios del CISEN y dos del Centro
Penitenciario, se resolvió que por el momento no existían datos que justifiquen
su formal procesamiento”.
(RIODOCE/REDACCION/
24 julio, 2015)
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