LA CATÁSTROFE DE SONORA: INCERTIDUMBRE Y LENTA RESPUESTA

De un día para otro, cerca de 24 mil habitantes de la zona adyacente al río Sonora se quedaron sin agua de riego, de uso, sin cosecha, sin ingreso y sin la seguridad de cuánto durará esta contingencia que ha convulsionado a la entidad en una tragedia que aún no se dimensiona y que sirvió para aflorar el pleito político de panistas y priistas, mientras la población afectada sigue a la espera de apoyos concretos que tardan en llegar. Grupo México anuncia Fideicomiso de 2 mil millones de pesos, lo “abre” con 500 millones, pero sonorenses no saben cómo, dónde ni cuándo se repartirá

Hermosillo, Sonora.- La advertida crisis por el agua se adelantó de un sopetón en esta entidad, y el derrame en el río Sonora de más de 40 mil metros cúbicos de contaminantes –arsénico, cobre, plomo, aluminio– arrojados por la minera de Grupo México en Cananea, ha provocado una contingencia con múltiples repercusiones a cerca de 25 mil habitantes de la zona aledaña a los casi 300 kilómetros que recorre el río, desde Cananea hasta la capital del estado.

La contingencia le pegó a productores agrícolas –grandes y pequeños–, y a ganaderos principalmente, pero afectó a toda la población de la parte norte del estado al prohibirse el riego con el agua del contaminado río y cerrarse los pozos ubicados a menos de 500 metros del cauce utilizados para uso doméstico. Lo que agravó la situación de los residentes sometidos a un círculo catastrófico: no tener agua para la siembra y no tener ingresos porque no hay cosecha.

LO PEOR: NO SABEN CUÁNDO SE SOLUCIONARÁ EL PROBLEMA

Son al menos nueve pequeñas cabeceras municipales –Ures, Baviácora, Aconchi, Huépac, Banámichi, Arizpe, Bacoachi y Cananea– y una larga serie de poblados, la gran mayoría dedicados a la producción agrícola y ganadera, los más afectados con la contaminación de los ríos en Sonora.

Para colmo –o retraso– la tragedia ambiental suscitó un abierto enfrentamiento político al trascender que mientras la población entró en crisis por la falta de agua, el Gobernador panista Guillermo Padrés había construido un represo en un rancho de su propiedad –en la parte norte del Estado, cercano a la población  de Bacanuchi–, por lo que el ejecutivo estatal “expulsó” a los delegados federales de Profepa, Conagua y Semarnat.

La respuesta inmediata fue la cancelación del encuentro que Padrés sostendría con el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, a la vez que se anunció la creación en la Ciudad de México, de una Comisión Especial para investigar, encabezada por el titular de Profepa, Guillermo Haro, Óscar Pimentel de Conagua y Alejandro Ozuna de Segob, quienes el domingo en la población de Ures anunciaron un burocrático y multisectorial plan de rescate donde no se incluyó la participación del gobierno estatal.

Un día antes anunció el Grupo Minera México, encabezado por el millonario Germán Larrea, la creación de un Fideicomiso de 2 mil millones de pesos para sufragar los gastos de la contingencia.

Y desde hace más de un mes la constante en la zona es el ir y venir de camiones cisterna cargados con 15 mil litros de agua de pozo que recorren las comunidades, surten bidones, tinacos, mega tinacos, botes, todo lo que sirva para acumular el vital líquido. A la par se implementaron centros de distribución de agua en garrafones plásticos de 5 litros, de un litro, de galón, todos almacenados en alcaldías, escuelas, oficinas gubernamentales y que se distribuyen profusamente entre la demandante población.

Pero ante la dimensión de la contingencia nada parece suficiente.

En las plazas públicas de la zona se han instalado mesas con jóvenes universitarios empleados por la compañía minera, para recoger los datos de los pobladores que ocupan apoyo económico, o quienes requieren agua en sus hogares. Pero al momento el apoyo financiero parece atorado, primero para los productores que ya sufrieron el daño en sus plantíos, y luego para los pobladores que se quedaron sin ingreso, sin chamba.

“¿Usted sabe cuándo nos van a pagar lo del ajo?”, pregunta al reportero una mujer que luce entre la desesperanza y la incertidumbre, lo que la empuja a acercarse a cualquiera que parece fuereño en el poblado de Arizpe. Ella al igual que muchas otras mujeres trabaja por temporadas en el desgrane de ajo –ganaba cerca de 200 pesos diarios en una temporada de apenas tres meses–, dinero que ahora no está percibiendo.

O el jornalero que fumiga manualmente un plantío de forraje en la zona de San Rafael –a un lado hay terrenos con plantas secas y perforadas por las plagas–, quien comenta que siguen fumigando a la espera de que, con mucha suerte, llueva en la región y se alcance a salvar parte de la cosecha.

En ese complicado contexto, el tema del agua es el hilo conductor, y se agrava al sur de Sonora, donde miembros de la tribu yaqui cerraron parcialmente el paso en Vicam –entre Obregón y Guaymas–, en la estratégica carretera que resulta la única vía entre el norte y el sur del estado y el enlace con el resto del país. Demandan la liberación de uno de sus dirigentes, y han protestado durante meses contra el proyecto estatal de construir un acueducto que llevará agua del Valle del Yaqui hasta Hermosillo:

“Ésa es nuestra agua y no nos la van a quitar”, advierte uno de los participantes en el bloqueo parcial que, a partir de este miércoles 17, se transformó a bloqueo total. Advierten el endurecimiento de sus acciones; bloqueo a la vía del ferrocarril –que igual une el norte y sur de Sonora– o la toma de instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad.

En suma, la crisis del agua llegó a Sonora y está pegando por todos lados, a lo que se añade la parte política. El próximo año viene el relevo en la gubernatura del estado, encabezada por primera vez en su historia por un panista, aunque nadie asegura que el blanquiazul pudiera conservar la silla estatal, menos en este enrarecido contexto.

Minera hace fideicomiso, promete apoyo, pero no llega

“Esto nos ha afectado mucho, están clausurados los pozos, no podemos regar, toda la siembra ya se secó”, explica Jesús Enrique García, Secretario del Comisariado Ejidal en la pequeña comunidad de San Rafael, ubicada unos 80 kilómetros al norte de Hermosillo.

Sus parcelas con siembra de maíz, caña, pastura y calabaza ya están secas. En esta comunidad de cerca de 700 habitantes quienes no tienen tierra se dedican a comerciar quesos, tortillas, jamoncillos, todo lo llevan hasta la capital del estado.

García recuerda que se dieron cuenta del derrame “luego”, aunque las juntas informativas se realizaron hasta una semana después y donde les avisaron que estaba prohibido el uso del agua del río, igual la de los pozos ubicados hasta 500 metros a la orilla del río.

“Estamos en eso, a ver si nos van a pagar el daño”, refiere Jesús Enrique aunque comenta que a comerciantes de la zona que vendían en Hermosillo –empanadas, coricos, quesos– ahora acuden a un Centro de Acopio para entregar su mercancía a cambio de un pequeño apoyo. Dice que él apenas acudirá, pero no sabe exactamente con cuánto ni cuándo le apoyarían económicamente.

“Nos han dado una despensita, pero no es suficiente, lo único que puedo decir es que nos han dado mucha agua purificada, nos ha sobrado el agua, pero ¿y lo demás qué?”, se pregunta el ejidatario, quien asegura que entre las urgencias principales está la reubicación del pozo, aparte del apoyo económico “Si no lo hacen estamos muertos”, sentencia García.

“¿A qué otra cosa me puedo dedicar? Ni modo que con mis años me den trabajo en otra parte”, considera el ejidatario sonorense.

Kilómetros arriba, desde la oficina de la presidencia municipal en Ures, comunidad con cerca de 9 mil habitantes, el alcalde José Manuel Valenzuela –postulado por el Panal–refiere cómo la contaminación ha afectado a la comunidad de los municipios aledaños al cauce del río Sonora.

“Esto es una cadena”, dice en términos de las repercusiones, refiriendo que el río Sonora estaba despuntando como destino turístico –así lo ubican, como la Ruta del Río Sonora- pero la contaminación ha repercutido a la baja en el flujo de visitantes a toda esa área de Hermosillo para arriba. Calcula que tan solo ahí en Ures hay cerca de 15 pozos pegados al río –para uso como agua potable, agrícola y ganadero, pero donde fue suspendido el bombeo del líquido.

“Ha sido muy pesado, muy cansado para la ciudadanía estar viviendo con pura agua de pipa”, refiere el alcalde urense, quien añade cómo ante la crisis económica ha respondido tanto la minera como el gobierno estatal, instancia que creó el proyecto de empleo temporal o la compra directa a los productores de leche.

“Para empezar sabemos que hay un responsable a todo este problema y ése debe resarcir todos los daños a la comunidad”, sostiene Valenzuela Salcido y prioriza en la necesidad de reestablecer la cadena productiva, que incluye a jornaleros, comercio, turismo.

Y es que ha habido una marcada desorganización, como ejemplo Valenzuela comenta cómo la empresa minera abrió un espacio para recabar datos acerca de los damnificados –para la entrega de apoyos económicos–, pero sin tomar en cuenta a las autoridades. “En última instancia a quienes van a venir a reclamar es a nosotros”, complementa el alcalde: solo unidos los tres niveles de gobierno se van a poder enfrentar a la minera.

En el camino hacia Arizpe –más de 130 kilómetros desde Ures– destacan los camiones cisterna que aparecen por todos lados, luego cerca de Banámichi hay una veintena estacionados esperando turno para cargar en el pozo que han llamado Ojo de Agua. Los choferes dicen haber sido contratados por la compañía minera y que regularmente dan dos vueltas diarias para recargar y distribuir el líquido.

Saliendo de ahí y desde arriba en la carretera se aprecia el cauce del río, pero aparecen vacas y caballos bebiendo agua del contaminado caudal. Al bajar no aparece ningún responsable de los animales.

En Arizpe, un poblado enclavado en plena sierra, alejado de la civilización, la incertidumbre se refleja en quienes deambulan en torno a la plaza. Una señora –sombrilla en una mano, bolso en la otra– se acerca para preguntar si sabemos la fecha en la que les pagarán el trabajo del ajo. En el mismo parque los  pobladores –cerca de mil habitantes– se quejan que no les han repartido agua potable, pese a que ahí en las oficinas de la Casa de la Cultura hay cientos de botellas almacenadas. “Vivíamos de la milpa”, dice Armando Pérez Figueroa en relación a la siembra de ajo, papa, cebolla, forraje. “No hay con qué comprar los básicos y ya llegó el recibo de la luz”, comenta de la crítica situación económica que padecen.

Dice estar enterado de la creación del fideicomiso de 2 mil millones de pesos, pero a la vez asegura desconocer cuándo recibirían los apoyos económicos.

“Antier llegó un carro del Oxxo lleno de despensas y ahí están encerradas, no reparten nada”, dice Justo Ramírez, también residente de Arizpe. En el parque un grupo de mujeres ven pasar la tarde. “Bien y mal”, responde una de ellas al preguntarle cómo le va. “Bien porque tenemos mucha agua –dice sonriendo–, pero mal porque nos quedamos sin trabajo”, también cosechaba ajo por arriba de los 150 pesos al día.

“Nos  han dicho tantas cosas que ya no sabe uno ni en qué creer”, comenta una de las mujeres sobre la contingencia y amplía: “Parece que van a durar años para que se vuelva a sembrar...”.

Frente a las mujeres hay una mesa con dos computadoras portátiles y un joven psicólogo –contratado por la minera–, quien recaba datos sobre las necesidades de la gente. En los últimos tres días se han registrado 141 personas para recibir ayuda económica, pero al momento solo ha quedado en petición.

“Lo único que hacemos aquí es atender a la gente, tomarle sus datos, ver cuáles son sus necesidades, las afectaciones que hayan tenido y ya pasar el reporte al Grupo México. Nosotros aquí no entregamos el apoyo”, sostiene el psicólogo Mario –prefiere no decir su apellido–, añadiendo que dos ingenieros agrónomos trabajan para medir el nivel de afectación.

Otra mesa más está instalada en el parque, también de la minera, ésta es para la distribución de agua en las pipas, previa lista también. Detallan entregas por colonia, por familia, por volumen.

ATENDER LA EMERGENCIA, NO EL CONFLICTO POLÍTICO

El domingo 14 de septiembre en una finca rural conocida como Hacienda del Labrador –en la zona de Ures– funcionarios del gobierno federal encabezaron una rueda de prensa. Los lideraba el titular de Profepa, Guillermo Haro Bélchez, además Alejandro Ozuna de Enlace con Entidades Federativas de Segob y Mikel Arriola, de Cofrepis.

Diez días antes, en el programa de Televisa “Punto de Partida” se trasmitió un reportaje denunciando que en un rancho del gobernador Padrés llamado Pozo Nuevo –en la parte norte, cerca de Bacanuchi– desde hace dos años se había construido una represa con capacidad para cuatro millones de metros cúbicos de agua. La respuesta del gobernador sonorense vino una semana después al declarar a los delegados federales de Profepa, Conagua y Semarnat “non gratos”, acusándoles de haber fallado para prevenir la contingencia y los expulsó del Comité de Protección Civil.

El gobierno federal reviró, cancelando el Secretario de Gobernación una reunión que tenía con Padrés el jueves 11 en la Ciudad de México. También anunció la creación de una Comisión Especial integrada por funcionarios federales y encabezada por el Secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, para investigar el caso. “El Gobierno de la República, el presidente Peña Nieto ha designado a un grupo de servidores públicos para que nos traslademos a este estado y podamos platicar, valorar, diagnosticar y ayudar a la población afectada”, expuso Alejandro Ozuna, representante de la Secretaría de Gobernación.

El Procurador Ambiental Guillermo Haro abordó el tema de las denuncias recibidas antes del derrame, señalando que sumaron nueve denuncias antes del 6 de agosto, dos por filtraciones en el 2008 y siete restantes por problemas en represas con desechos y contaminación del aire. A ésas se les suma un escrito presentado por el alcalde de Cananea en octubre del 2013 ante Semarnat donde se advierte la presencia de polvos y aromas fétidos en la zona. “Todas las quejas sin excepción fueron atendidas”, dijo el funcionario federal, recalcando que en todos los casos se aplicaron medidas correctivas.

En cuanto al derrame –notificados 26 horas después de ocurrido– se aplicaron operativos y protocolos de seguridad para dictar medidas de protección ambiental, clausurando parcial y temporalmente algunas áreas de la mina, suspendiendo actividades en más de 650 hectáreas de las 3 mil 600 con que cuenta la mina. “Hay una falta de sistemas en el control de derrames”, sintetizó Haro Bélchez en alusión a algunas de las irregularidades detectadas al interior de la minera, empresa que está obligada a presentar a Semarnat la caracterización, el diagnóstico del daño ocasionado, el programa de compensación y la obligación de la empresa para reparar los daños ambientales.

Aparte mencionó la reciente presentación de una demanda penal –contra quien resulte responsable–, la cual se está integrando en la PGR, además que la empresa ya aceptó su responsabilidad en el incidente y se comprometió a hacerse cargo del daño ambiental y la reparación del daño –directo o indirecto– a las personas afectadas. “La empresa se ha obligado a la creación de un fideicomiso con un monto inicial de dos mil millones de pesos”, dijo el procurador ambiental federal.

Óscar Pimentel, de Conagua, anunció que se han utilizado 32 pipas con capacidad para 10 mil litros de agua –que pretenden aumentar hasta 54–, que se han distribuido más de 100 tinacos y se instalarán 22 potabilizadoras portátiles y 7 plantas de tratamiento. Además se anunció que por parte del Fideicomiso se depositarán de entrada 500 millones de pesos y se conformará un comité técnico con cinco miembros, tres especialistas ambientales, uno por las mineras y un especialista independiente. También la aplicación de una multa federal a la minera por 44 millones de pesos.

“Venimos a atender una emergencia, no venimos a atender un conflicto político”, sostuvo Alejandro Ozuna, titular del área de Enlace con los Estados de la Secretaría de Gobernación. Pero en relación a montos, tiempos y procedimientos para que los afectados reciban los apoyos, los funcionarios federales son poco claros ya que primero se tiene que concretar el depósito en el Fideicomiso, además deben supeditarse a las reglas de operación y lineamientos técnicos para la operación del recurso.

Todo eso implica la elaboración de un estudio, un listado, identificación de la necesidad, de la persona, todo previo a que se pueda emitir un cheque a nombre del beneficiario. “Ése mecanismo que parece muy sencillo a la vez resulta muy complicado, lo vamos a tratar de hacer mucho muy ágil”, aseguró el titular de Profepa.

“TRABAJANDO DE LA MANO”: PADRÉS

“En primer lugar estamos visitando todos los municipios, lo hemos hecho desde el primer día que sucedió esto. Estamos recabando la información y las necesidades de la gente”, comenta el gobernador sonorense Guillermo Padrés, entrevistado apresuradamente después de una reunión sostenida con el Cabildo de Ures.

“Hay que asegurarnos de que no vuelva a pasar, hay que denunciar lo que sucedió y exigir que se tomen todas las medidas preventivas para que no vuelva a suceder”, expuso el mandatario y asegura que primero hay que responder al ciudadano con las necesidades básicas –como el agua–, luego el apoyo a las comunidades para que sigan caminando, con todo y restricciones y vedas.

“Estamos en programas muy focalizados en programas de apoyo temporal, en apoyo directo a los productores y en programas para comprarles todos los productores de la región, además de la construcción de pozos alternos para ayudar al suministro de agua”, refiere en alusión a 120 millones de pesos que se ha comprometido a apoyar, aunque aclara que esa cifra se le cobraría a la compañía minera. En relación a la respuesta federal dijo “estar muy agradecido con el presidente de la República por el impulso a la creación del fideicomiso añadiendo de paso de que ya habló con el secretario Alfonso Navarrete Prida –coordinador de la nueva comisión federal –, “Vamos a estar trabajando de la mano todos”, sentenció el gobernador Padrés.

Sobre el reciente roce consideró que era normal que se tuvieran diferentes opiniones, aunque insistió en que en este momento se está cerrando filas todos “en torno a la gente del río Sonora”.

Del tema del represo en su rancho, Padrés dijo que se puede ver desde diferentes ángulos. “Hay quienes lo ven como un tema político, otros como un tema técnico, lo único que puedo aportar es que estoy abierto a que se analice, se investigue, que haya toda la transparencia, que salga a la luz pública y todo mundo se entere cómo está la situación, ya hay investigaciones al respecto, ya hubo visitas de inspección, será muy transparente y se conducirá conforme a derecho, te aseguro que ahí no hay nada, nada fuera de la Ley”.

— ¿Esto de la represa no cree que le pueda pegar al PAN en las elecciones del próximo año?

“Por supuesto que todos los elementos políticos influyen en todo…”, finaliza.

DE ÚLTIMA HORA

La situación en Sonora -de por si complicada- parece agudizarse: Durante el fin de semana trascendió que se suscitó un nuevo derrame de químicos en la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, aunque las autoridades minimizaron el daño bajo la explicación de Profepa de que el nuevo escurrimiento –agua de lluvia y elementos ferrosos- lo ubican por debajo de las normas de riesgo para la salud. A la par trascendió que, el represo construido en el rancho del Gobernador Guillermo Padrés ya no existe. Se manejó una versión de que había sido dinamitado, aunque luego la familia del gobernante aclaro que se derrumbó debido a las lluvias.

También trascendió que han empezado las muestras de la desesperación popular por la falta de apoyos y ya hubo intentos incipientes del cierre carretero en la vía aledaña a la afluencia del Río Sonora, entre Baviacora y Masacahui, mientras que en la capital el pasado domingo por la tarde se manifestaron un nutrido grupo de personas exigiendo la liberación del líder yaqui Mario Luna.

(SEMANARIO ZETA/ Sergio Haro Cordero/ 23 de Septiembre del 2014 a las 18:15:00)