Tras
el desastre ecológico ocasionado por Grupo México en el río Sonora, hay voces
que señalan que el gobierno estatal busca sacar provecho para avalar el
controversial Acueducto Independencia
20,000
litros de agua lleva cada segundo, el Acueducto Independencia del río Yaqui a
Hermosillo
125
pozos de uso agropecuario se mantienen cerrados tras el derrame de ácido
Desde
el inicio de su construcción, el Acueducto Independencia ha hecho mucho ruido.
Oficialmente,
la obra se planeó para aumentar el abasto de agua a la ciudad de Hermosillo,
Sonora, al conectar las presas El Novillo y Rodríguez, siguiendo la cuenca del
río Yaqui y solucionar así los problemas de sequía que sufre la capital del
estado.
Sin
embargo, nadie les consultó a los yaquis, a quienes en 1940 el presidente
Lázaro Cárdenas les otorgó el derecho al 50 por ciento del agua existente en el
caudal de ese río.
El
8 de mayo de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo
histórico para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas al
determinar que la autoridad federal debió tomarlos en cuenta para realizar el
proyecto.
Pese
a ese triunfo, el Acueducto Independencia sigue en funcionamiento y cada
segundo lleva mil 200 litros de agua de la presa El Novillo –que se abastece
del río Yaqui- hasta esta capital.
Luego
del derrame de los 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico al río Sonora por
parte de la minera Buenavista del Cobre –propiedad de Grupo México- y del
desastre ecológico que esto generó, hay quienes suponen que el Gobierno del
Estado se aprovecha de esta contingencia para seguir utilizando el Acueducto.
Alberto
Vizcarra, miembro del Movimiento Ciudadano por el Agua, indicó que Guillermo
Padrés ha aprovechado el desastre ecológico causado por Grupo México para
justificar una obra que raya en la ilegalidad.
“Es
irresponsable la forma de aprovecharse de una tragedia para avalar un proyecto
que ha sido a todas luces ilegal y que atenta contra la estabilidad de los
habitantes del sur del estado”, dijo a un diario local.
Y
es que, antes del derrame del ácido, las lluvias en Sonora habían llenado las
presas, por lo que el 4 de agosto la Conagua sugirió al gobierno estatal dejar
de extraer agua del Acueducto porque con la de las presa había suficiente para
un año de abasto en Hermosillo.
Dos
días después la minera de Grupo México provoca el derrame, viene la
contingencia, el desastre ecológico y El Molinito que abastece a 800 mil
habitantes de la capital, se cierra junto con 322 pozos.
ABREN POZOS
El
pasado fin de semana, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) levantó la restricción de 519 pozos de
uso agropecuario en el río Sonora, informó Notimex.
El
delegado de la Sagarpa en Sonora, Horacio Huerta Cevallos, destacó que estos
pozos están ubicados fuera de las márgenes de los 500 metros del río, donde
permanece la prohibición para la extracción del agua.
El
funcionario señaló sigue restringido el uso de los que están ubicados en las
riberas del afluente y continúa prohibida la extracción de agua para producción
agropecuaria en 125 pozos autorizados para la actividad agrícola.
DE LA CONFIANZA A LAS ADVERTENCIAS
La
semana pasada, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, indicó que todos los
recursos económicos que se han destinado al apoyo de los habitantes afectados
por el desastre ecológico serían repuestos por Grupo México.
“Tenemos
la palabra de Grupo México que van devolver ese dinero; por lo que disponemos de recursos propios
para hacerle frente a esto. Es justo decirlo ellos están en la disposición de
poner los recursos”, dijo el mandatario a CNN el 27 de agosto.
Dos
días después, Padrés pensó mejor las cosas y recompuso.
Advirtió
que su administración pedirá a Grupo México que repare todos los daños y
recalcó que, de ser necesario acudirá directamente ante Germán Larrea, dueño de
la empresa.
“Me
voy a ir a parar ante Germán Larrea si es necesario y le voy a exigir que le
haga frente a los sonorenses, y en segundo lugar obviamente contrataremos a los
mejores despachos para poder seguir la demanda jurídica”, indicó.
Padrés
agregó que el gobierno estatal tomará las medidas legales para asegurarse de
que la empresa pague hasta el último centavo que se canalice en apoyo de los
pobladores del río Sonora afectados por la contaminación del afluente, reportó
Notimex.
“Todo
va a cargo de ellos y vamos a buscar por la vías jurídicas si son necesarias.
Lo que nosotros estamos haciendo es ser solidarios, no dejando sola a la gente,
estar aquí con ellos, ayudar, aliviar un poco por el trance que están pasando”,
dijo.
(REPORTE
INDIGO/ CAROLINA HERNÁNDEZ/ Lunes 1 de septiembre de 2014)
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