Miembro del subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU advierte que autoridades estatales deben intervenir en los penales, o de lo contrario incumplirán con la reforma penal que establece el ingreso de jueces
"Es reordenar, clasificar, restablecer el flujo controlado, ese patio central
(del Topo Chico) donde todo mundo anda suelto, no puede ser”
"Necesitamos tener centros penitenciarios con gobernabilidad, ahora, hay
formas constitucionales y no constitucionales de llegar y mantener esa
gobernabilidad”
Subcomité para Prevención de la Tortura de la ONU
Para
Miguel Sarre los ejecutivos estatales están obligados a controlar los
autogobiernos en centros penitenciarios impidiendo que los grupos
delincuenciales se agrupen en el interior.
El catedrático y representante del sector académico para la
implementación de la reforma afirma que además es una obligación que
tienen las autoridades, para poder cumplir con la ley, es decir con la
reforma constitucional.
Reforma que establece que los jueces de ejecución deben ingresar,
vigilar, inspeccionar y otorgar preliberaciones en los centros
penitenciarios, cuando hoy en día no tienen garantías para entrar a un
penal.
Y de no ingresar, ni la autoridad administrativa, ni el ejecutivo, ni el Poder Judicial están cumpliendo con la reforma.
“El modelo esperado es tener el control de los centros penitenciarios, principalmente con la clasificación de áreas.
“Tener a los internos con movimientos controlados. Es un proceso de
uso de la fuerza razonable y contundente. Tiene que ser tan contundente
que haga innecesaria la lucha cuerpo a cuerpo” explica Sarre.
“Es reordenar, clasificar, restablecer el flujo controlado, ese patio
central (del Topo Chico) donde todo mundo anda suelto, no puede ser.
Pueden unos internos estar en un lugar en un horario y luego otros
ocupar ese espacio”.
Sarre concedió una entrevista luego de que Reporte Indigo publicó
diferencias abismales entre el sistema penitenciario de Nuevo León y el
de Chihuahua.
En Nuevo León los internos caminan por donde quieren, visten como les
da la gana y pueden agruparse para tomar el control y agredir a sus
rivales.
Mientras en Chihuahua los reos no pueden salir de su celda, excepto
estén registrados con 24 horas de anticipación en una clase,
capacitación o trabajo. Todos visten igual.
Aquí, en el Penal del Topo Chico, Los Zetas controlan el centro
penitenciario y hasta piden cuotas a otros internos para no atentar
contra ellos.
Allá, en el Centro Penitenciario de Juárez, el más peligroso del país
hace cuatro años, ahora instalaron esclusas y muros que dividen a los
internos en grupos delincuenciales y también los clasifican según la
fase de su proceso penal.
En el Penal del Topo Chico los reos manejan efectivo, hay concesiones
de negocios particulares por todos lados y tienen talleres de
carpintería con herramientas punzocortantes al alcance.
En los centros penitenciarios de Chihuahua solamente manejan tarjetas
de depósito, compran con sus huellas dactilares y no hay más talleres,
sólo centros de carpintería con herramienta clasificada, trabajo por el
que reciben una paga.
En Chihuahua llevan cuatro años legislado a nivel estatal para reglamentar todo el sistema penitenciario.
En Nuevo León no han legislado en materia penitenciaria en los
últimos 20 años, y el hacinamiento y la falta de control en los tres
centros penitenciarios ya provocó 44 reos muertos en Apodaca, en febrero
de 2012.
Y es que criminales de las organizaciones más nefastas de la historia
de Nuevo León se concentran con otros integrantes de sus agrupaciones y
hasta tienen oportunidad de hacer planes en recintos comunes: El Penal
del Topo Chico, el de Apodaca y el de Cadereyta.
Desde su encierro, Los Zetas, Los Golfos y Sinaloas, continúan
agrupándose y ordenando muertes, robos, extorsiones y hasta secuestros.
Sarre explica que debe haber una gobernabilidad en los centros
penitenciarios, pero también que armonice con los derechos humanos.
Porque autoridades administrativas y ejecutivos estatales buscan
mantener esa gobernabilidad agravando las penas, en lugar de mantener
las penitenciarías con gobernabilidad y un trato digno.
Esto, mientras en el Congreso de la Unión se discute la nueva Ley de
Ejecución de Sanciones y Penas, que será clave para la regulación de los
centros penitenciarios, que hoy están fuera de control en la mayor
parte del país.
“Necesitamos tener centros penitenciarios con gobernabilidad, ahora
hay formas constitucionales y no constitucionales de llegar y mantener
esa gobernabilidad.
“Podemos tener modelos de gobernabilidad autoritarios y acorde con
los derechos humanos. Por ejemplo, ¿un corte de cabello te ayuda
mantener la gobernabilidad? Una vez que se toma el control debe irse
soltando con criterio.
“Un juez debe exigir (para ingresar a un centro) a la autoridad
administrativa que ponga orden. Sobre todo al poder ejecutivo, que está
actuando a raíz de la orden de un juez como autoridad auxiliar”.
Y agrega que ese fue el sentido de la reforma al Artículo 21
Constitucional: “Garantizar la supremacía judicial en la ejecución de la
pena”.
Sarre advierte que además, es necesario redimensionar el concepto de
reinserción, porque el Estado no tiene por qué tratar de cambiar la
personalidad de los internos.
Para tomar el control de los centros en el país y que los jueces de
ejecución puedan ingresar, podrían darse choques violentos de la
autoridad con internos.
Jueves 17 de julio de 2014)
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