La
aplicación de la ley, en cumplimiento de lo que establece el Código
Penal para el Estado de Sonora, no es ninguna “cacería de brujas”, como
pretenden hacer creer Tomás Rojo Valencia y Mario Luna, subrayó
Francisco Antonio Delgado Romo.
De
visita por Diario del Yaqui, el secretario del Pueblo de Vícam subrayó
que los primeros en violentar los usos y costumbres de la Tribu Yaqui
son los líderes opositores al Acueducto Independencia, al privarlo de la
libertad, por más de dos días, además de los golpes recibidos.
Explicó
que desde el momento mismo de la detención se violentaron los usos y
costumbres, porque él y su compañero, Dionisio Luzanilla Valenzuela, no
estaban circulando en estado de ebriedad ni mucho menos se atentó en
contra de los indígenas que participaban en el bloqueo, “y de esto hay
pruebas”.
Además,
para sancionar a un miembro de la Tribu Yaqui tiene que aprobarse por
las autoridades tradicionales de los ocho pueblos, expresó, lo cual no
se solicitó y, por lo contrario, la demanda judicial presentada en
contra de los líderes del movimiento si fue autorizada por siete de los
ocho gobernadores de la Tribu Yaqui.
Delgado
Romo, acompañado de Javier Matus, gobernador del Pueblo de Vícam e Inés
García Mátuz, secretario, reiteraron que las órdenes de aprehensión
giradas en contra de Tomás Rojo Valencia, Mario Luna Romero, Jerónimo
Flores y Mario Jiménez no son represalia del Gobierno del Estado,
simplemente se le está dando cumplimiento a la ley, apuntó.
Puntualizó
que se está actuando conforme a derecho, por el atropello cometido en
su contra, el 8 de junio de 2013, donde también fueron despojados del
vehículo, y que hasta la fecha no les han entregado.
Desmintió
que ellos trabajen para el Gobierno del Estado y que se esté
criminalizando un acto interno de la Tribu Yaqui, ya que en la demanda
presentada queda asentado el delito que se cometió.
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