MÉXICO,
D.F., (proceso.com.mx).- El proyecto de dictamen alterno en materia de
ley de telecomunicaciones y radiodifusión elaborado por la bancada del
PRD en el Senado propone restablecerle las facultades al Instituto
Federal de Telecomunicaciones para vigilar y supervisar contenidos,
publicidad, derechos de los usuarios, de los suscriptores y de las
audiencias, así como determinar -sin depender de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes ni de la Secretaría de Gobernación- el
monto de contraprestaciones y la relación con los concesionarios.
Una
copia del borrador de este proyecto alterno, que será presentado este
martes, también incluye que el agente económico preponderante debe
determinarse por “mercados y segmentos”, ya no sólo por “sectores”, con
lo cual se incluirían mercados como televisión de paga o internet que no
se incluyen en los criterios de la iniciativa del Ejecutivo federal
enviada el 24 de marzo.
El proyecto alterno también elimina todos
los artículos que pretenden la censura en internet y ordenan el bloqueo
de señales, contenida en el capítulo de “Colaboración con la Justicia”,
dentro de la iniciativa del Ejecutivo federal.
El proyecto
encargado a especialistas también redefine las concesiones de uso
público, de uso social y de uso comercial que constituye uno de los ejes
torales de la ley secundaria. En los artículos 78 se le agrega a los
concesionarios de telecomunicaciones el compromiso de presentar no sólo
una propuesta económica sino también un “compromiso de inversión”.
También
se compromete a los concesionarios comerciales “la contribución al
ejercicio de los derechos humanos, de libertad de expresión, libre
información y libre acceso a las tecnologías”, así como el respeto
explícito a la “neutralidad de internet”, con lo cual se pretende frenar
la censura previa o el bloqueo de señales sin orden judicial.
Se
aumentan de 15 a 20 años el periodo de la concesión para el uso del
espectro de radiodifusión pública o social. A las concesiones de uso
público se les agrega una larga definición para darle consistencia y
solidez jurídica y para que no dependan de la Secretaría de Gobernación,
tal como contempla la iniciativa original del Ejecutivo federal.
Uno
de los cambios más importantes de la propuesta del PRD es la
eliminación de la Secretaría de Gobernación, en el artículo 218, como
uno de los responsables de “vigilar y supervisar” los contenidos, la
publicidad, los derechos de los usuarios, de los suscriptores y de las
audiencias, así como reservas a canales de televisión y audio.
En
materia de derechos de las audiencias, la propuesta recupera textual el
articulado de la iniciativa de la Asociación Mexicana de Derecho a la
Información (Amedi) que especifica y clasifica los derechos de las
audiencias y le da mayor peso y funciones a los ombudsman o defensores.
/ 22 de abril de 2014)
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