En
medio de la violencia que envuelve a Michoacán, el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió a recuperar la
paz del estado, dijo, municipio por municipio. Pero la senadora panista
Luisa María Calderón Hinojosa, Cocoa, critica al PRI por apoyar a
Fausto Vallejo para la gubernatura a sabiendas de que estaba enfermo y
fue Vallejo –quien hoy se encuentra de licencia– el que cedió el poder a
los grupos delincuenciales, dice la hermana del expresidente Calderón.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Michoacán es el foco rojo del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Con
un gobernador enfermo que pidió una segunda licencia por seis meses, el
crimen organizado muestra su poder en esa entidad y pone en jaque al
mandatario interino Jesús Reyna con ataques indiscriminados a la Policía
Federal y a la población, mientras los grupos de autodefensa y las
policías comunitarias se multiplican y toman las armas para enfrentar la
crisis de gobernabilidad.
A diferencia de Tamaulipas, en
Michoacán el crimen organizado controla todo el territorio, sostiene la
senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa, y considera evidente que
el gobernador con licencia Fausto Vallejo cedió el poder a esos grupos
delincuenciales. El presidente Peña Nieto, dice, no ha dado suficiente
atención a la entidad, además de que ha cancelado su visita en tres
ocasiones.
La legisladora señala que desde mayo la violencia se
extendió a toda la entidad, y apunta que la gobernabilidad está
sostenida con alfileres, sobre todo por la ausencia de Vallejo. A ello
se suma la deuda pública de 12 mil millones de pesos, la aparición de
grupos de autodefensa ciudadana en Tierra Caliente y los ataques de Los
Caballeros Templarios a la Policía Federal, que ya cobraron 24 vidas,
incluidas las bajas de cuatro integrantes de la fuerza pública.
Para
la excandidata a gobernadora y hermana del expresidente Felipe
Calderón, mientras las autoridades de Michoacán se debaten en la
incertidumbre, los grupos del crimen organizado tienen el control de los
policías municipales, algunos de los cuales participan en extorsiones
contra la población.
Esos grupos, afirma, controlan también la producción minera, así como la del aguacate y el limón; cobran impuesto
a comerciantes, empresarios, profesionistas, campesinos, hoteleros,
transportistas… a todo el que se les antoje. Es más: “Son los dueños de
las minas, y manejan incluso los trenes que llegan a Lázaro Cárdenas”,
sostiene.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1918, ya en circulación)
3 de agosto de 2013)
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