México, 7 ago
(EFE).- Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que existe un "riesgo de
represalias" hacia dos activistas indígenas yaquis de la comunidad de
Vicam contra quienes se han abierto juicios relacionados con su oposición a
puesta en marcha de un acueducto en el norte de México.
En un comunicado, la
ONG indicó que está "gravemente preocupada por la seguridad y la libertad
de los líderes indígenas Mario Luna Romero y Tomás Rojo", que encabezan
una protesta desde hace varia semanas en el estado de Sonora contra la entrada
en funcionamiento de un acueducto sobre el cual no fueron consultados.
AI señaló que se han
abierto "procesos judiciales en contra de los dos activistas" y teme
que los mismos "estén ocurriendo como represalia a su legítima labor en
defensa de los derechos humanos de su comunidad".
Los dirigentes son
acusados de "ataques a las vías de comunicación en el orden federal y de
secuestro en el orden estatal", apuntó.
Los indígenas yaquis
han montado bloqueos intermitentes en la carretera México-Nogales contra la
entrada en operación del acueducto.
La oficina mexicana
de Amnistía destacó que durante años se ha abusado de manera recurrente del
"sistema de justicia en México para silenciar a quienes se dedican a
defender derechos humanos".
Por ello, solicitó
"que se den a conocer los fundamentos y avances de las investigaciones en
contra de los líderes yaquis y que, de concluirse que éstas no tienen sustento,
se desista inmediatamente de procesarles".
Los bloqueos están
motivados en el hecho de que los permisos administrativos para la construcción
de este acueducto fueron otorgados sin la debida información, consulta y
participación de la tribu Yaqui, que detenta el 50 % de los derechos de uso de
aguas del caudal del río Yaqui.
"Quienes se
manifiestan argumentan que, de completarse esta obra que extraería agua del río
Yaqui, pondría en riesgo la subsistencia y forma de vida de la comunidad",
recordó AI.
El pasado año la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al
Gobierno de Sonora y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) en la que reconoció que hubo una violación de los derechos humanos
de la tribu yaqui en la licitación y construcción del acueducto Independencia.
El caso llegó a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el pasado 8 de mayo emitió
un fallo donde reconoce que la autorización para construir ese acueducto fue
emitida sin respetar el derecho a consulta de la etnia yaqui.
Este grupo lo forman
unas 45.000 personas distribuidas en ocho pueblos y 56 localidades del noroeste
de México.
(DOSSIER
POLITICO/ Agencia EFE / 2013-08-07)
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