Distrito Federal— El
general Rubén Pérez Ramírez jamás se sintió traicionado por el Ejército durante
los meses que pasó en prisión, pero sí por su superior, el entonces secretario
de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, quien, asegura, nunca exigió una investigación
seria, pruebas a la Procuraduría General de la República (PGR), que sólo con
testigos protegidos que falsearon información lo llevaron a prisión, junto con
otros seis militares acusados por supuestos nexos con el narcotráfico.
“Esto fue armado”
con un interés político desde la PGR, asegura el general. Aunque dice no puede
especular, resalta que cuando se inició la investigación [en 2010] era
comandante de la Zona Militar de Toluca y tuvo cercanía con el entonces
gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, por lo que considera que afectar al
candidato más fuerte a la Presidencia pudo ser un motivo, o el justificar la
guerra contra el narcotráfico.
Relata que
funcionarios de la PGR, de la anterior administración, lo amenazaron desde el
primer momento de su detención en mayo de 2012. “Me dijeron que iban a acabar
con mi carrera militar, que iba yo a parar a un penal federal” y cumplieron.
Hoy a una semana de
salir del penal de máxima seguridad de El Altiplano, al demostrarse que no
existen pruebas en su contra y de sus coacusados, señala que retomará el
servicio de 42 años que truncó este episodio, sólo espera que concluya el
trámite administrativo para seguir trabajando, agradecido con el actual titular
de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos, quien ha declarado que a él y sus
compañeros se les hizo justicia con la liberación, que se les reivindica.
“Significa que no
hay duda de nuestra inocencia, la que defendimos desde el primer día”, dice el
general Pérez Ramírez en entrevista con El Universal.
Fue acusado junto
con los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González, Ricardo
Escorcia Vargas, el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el
mayor Iván Reyna Muñoz de presuntamente colaborar con el cártel de los Beltrán
Leyva, por lo que fueron detenidos en mayo de 2012, arraigados y enviados a
prisión en agosto de ese año.
Las pruebas fueron
solo los dichos de los testigos protegidos con clave Jennifer y Mateo, por lo
que en abril pasado la actual admnistración de la PGR presentó conclusiones no
acusatorias a favor de Ángeles Dauahare; la semana pasada procedió igual con el
resto de los cinco militares que fueron ex carcelados el 5 de julio.
Pérez Ramírez
sostuvo que “me siento muy agraviado en mi persona porque se empleó a un
testigo protegido para inculparme, a un general del Ejército de 42 años de
servicio, intachable, no llegué a general por mala conducta, entonces sí se me
hizo una injusticia que se haya utilizado un testigo que al final de cuentas es
un asesino”.
¿Durante este tiempo
se sintió traicionado por el Ejército?
No, de ninguna
manera; me pude haber sentido traicionado pero por mi superior en ese momento,
pero no por el Ejército, porque un hombre en determinado momento no representa
o significa toda una institución.
¿Considera que el
general Guillermo Galván no exigió una investigación?
Ahí, en determinado
momento pues pudiera haber sido también que dijera: ‘pues investíguelos y si
hay algo pues adelante’, entonces pues no sabría decir realmente si fue falta
de apoyo de él… es difícil opinar sobre ese particular. Creo que en determinado
momento, no hubo el apoyo, porque la misma secretaría realiza labores de
inteligencia y hubiera podido comprobar el dicho o ellos mismos nos hubieran
detenido. Esto fue algo armado en la PGR, definitivamente.
Aunque dice que no
sabe quiénes están detrás de la “fabricación” del expediente contra los
militares, tiene la certeza de que “el tal Jennifer, que fue el que me señaló,
es el menos culpable porque a él alguien le puso las palabras, para que dijera
lo que tenía que decir, así como el caso de nosotros en otros que han salido a
la luz pública”.
El general espera
que, sin importar el fondo de esta “fabricación”, el titular de la PGR, Jesús
Murillo Karam, dé a conocer a corto plazo el resultado de la investigación que
realiza en contra de los testigos protegidos y funcionarios implicados en el
caso, “esto no se puede quedar así”.
¿Tuvo oportunidad de
hablar sobre esto con sus coacusados en prisión?
Platicábamos como
fue manipulado, como fuimos amenazados por estas gentes de la PGR, que al final
de cuentas nos llevaron a la cárcel. Compartíamos la incertidumbre por el
futuro, sabiéndonos inocentes.
¿USTED FUE AMENAZADO?
Por supuesto que sí.
Yo no tuve derecho a un abogado desde un principio, cuando me informaron de qué
se trataba pedí hablar con un abogado pues les dije que no era posible que me
quisieran incriminar de esa forma, y me dijeron: ‘Usted está en la SIEDO y
hacemos lo que nosotros queremos’. Por su puesto que sí fui amenazado, me
dijeron que se iba a acabar mi carrera militar, que iba yo a dar a un penal
federal. No hubo beneficio de la duda, todo fue manipulado, la amenaza fue
directa y contundente.
Hoy libre y a punto
de reintegrarse al servicio Pérez Ramírez señala que al analizar lo ocurrido
“doy gracias a esta experiencia, que aunque amarga me permitió valorar a mi
familia, mi vida”; también agradece el apoyo del secretario Cienfuegos, porque
“nosotros sabíamos que éramos inocentes, qué bueno que nuestros superiores así
lo saben, porque no nos soltaron por buenas gentes o caridad, nos soltaron
porque se determinó que no había pruebas de las acusaciones”.
Para este general
que ha servido en diversas unidades de la milicia, que desde joven estuvo en el
Estado Mayor Presidencial al servicio de tres presidentes —José López Portillo,
Carlos Salinas y Ernesto Zedillo— lo ocurrido será capítulo cerrado.
“En el penal me
hicieron un estudio sicológico en el que me preguntaron si tuviera oportunidad
de volver a escoger un trabajo cuál sería y respondí: ‘Militar, nuevamente’. El
Ejército me ha dado tantas experiencias de tan diversa naturaleza que hasta la
cárcel me dio oportunidad de conocer”.
(EL DIARIO,
EDICION JUAREZ/ El Universal | 2013-07-12 | 09:58)
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