MÉXICO,
D.F. (apro).- El Ejército mexicano es leal a sí mismo, no a la
democracia. Después de los agravios a los que fue sometido por su pasado
comandante en jefe, Felipe Calderón, prefiere curarse en silencio las
heridas.
Como nunca antes, durante el sexenio calderonista el
Ejército vio cómo un general de división y subsecretario de la Defensa
Nacional era encarcelado por dichos de un narcotraficante arrepentido y
comprado. El general de división retirado, Tomás Ángeles Dauahare vivió
en carne propia los abusos del comandante en jefe.
El Ejército
tampoco había padecido una subordinación tan indigna a los excesos
presidenciales como con el extitular de la secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), ahora general de división retirado Guillermo Galván.
A
diferencia de otros generales que le llegaron a decir no al presidente,
Galván Galván todo le consintió. Primero, la detención de Ángeles, a
quien por lo demás padeció como una sombra. Luego, la detención de otros
tres generales, un teniente coronel y un mayor. Todos acusados de
colaborar con el narcotráfico.
Galván también se hizo a un lado
cuando la Marina, Armada de México operó con el apoyo de Calderón en las
zonas continentales del país, jurisdicción natural de cualquier
Ejército. Los marines de Calderón desplazaron a los soldados en los
operativos de alto impacto.
Galván delegó el control de la Sedena
en su jefe de Estado Mayor y luego su subsecretario, Carlos Demetrio
Gaytán, hoy director del tesoro castrense llamado Banjército. Galván
también perdió ese control por motivos personales.
Aunque se trata
de su vida privada, su divorcio y posterior casamiento con una mujer
originaria de Chile provocó descontento no por esa decisión
personalísima, sino por la influencia que llegó a tener su nueva esposa
dentro de la institución.
Al final, el proceso interno por
sucederlo acabó en un enfrentamiento que tuvo desde filtraciones
periodísticas y encarcelamientos y hasta dio marco al asesinato del
general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien pasó a la historia como
ejecutor de la guerrilla en México, pero que al momento de su homicidio
también tenía reservas con Calderón y Galván, su antiguo compañero en el
Colegio Militar.
Después de que buscara acuerdos con la
delincuencia organizada a propuesta de Calderón, Galván lo abandonó a su
suerte hasta que en abril de 2012 lo asesinaron, luego de un primer
ataque en mayo de 2011.
Galván ahora está en el umbral de un
juicio por las operaciones de exterminio cometidas por elementos del
Ejército como parte de la guerra de Calderón.
El exsecretario no está
indiciado, pero ha sido llamado en calidad de testigo por un integrante
del mismo Ejército, el teniente coronel José Julián Juárez Ramírez, para
que declare ante un juez federal sobre las instrucciones que dio y la
información que recibió sobre el Operativo Chihuahua (Proceso 1914).
Tantos
agravios juntos no habían ocurrido desde la época de los cuartelazos
revolucionarios y venganzas como la del general Álvaro Obregón contra el
general Francisco Serrano, quien se atrevió a desafiar su candidatura
presidencial en 1927.
Aunque ganó, Obregón no pudo gobernar por segunda
ocasión porque fue asesinado un año después.
Ahora, el Ejército se
apresta a callar. Según anunció esta semana el nuevo titular de la
Defensa Nacional, el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, los
militares excarcelados por falta de pruebas se van a reincorporar a sus
actividades castrenses.
El divisionario Tomás Ángeles, ya no podrá,
puesto que está retirado. Pero eso no le impide ser asesor del general
secretario.
Seguramente habrá ceremonias de desagravio dentro de
las instalaciones militares en la ciudad de México, el Campo Militar
número 1, y se impondrá el silencio.
Los militares liberados por falta
de pruebas, los generales Roberto Dawe, Ricardo Escorcia y Rubén Pérez,
así como el teniente coronel Silvio Hernández y el mayor Iván Reyna,
demostrarán ahora si se suman al silencio omiso o deciden contrademandar
a sus acusadores, entre los que se encuentran militares que estuvieron
en la Procuraduría General de la República en el sexenio pasado.
No
se trata de venganza, sino de dejar en claro ante la opinión pública el
daño que hicieron a las instituciones funcionarios del gobierno pasado,
empezando por Calderón.
Los retos del Ejército para su
democratización son mucho más grandes. Pero no hacer ni eso, demostraría
que sus mandos no están dispuestos a modificar en nada el estado de
cosas en el que prefieren la redención que la rendición de cuentas
propia de una democracia.
jcarrasco@proceso.com.mx
@jorgecarrascoa
@jorgecarrascoa
/11 de julio de 2013)
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