Reacios
a difundir la información real sobre secuestros, levantones o
privaciones ilegales de la libertad, los gobiernos de los estados de la
zona noreste del país apenas pueden ocultar que el número de ese tipo de
delitos se incrementó en los años recientes. Un estudio de la UANL
divulgado a principios de mes revela que en la zona metropolitana de
Monterrey los casos se dispararon de manera desproporcionada de 2009 a
la fecha. Aquel año sólo hubo seis, para 2011 se reportaban 43 por mes.
Por lo que concierne a Tamaulipas, en diciembre último se registraron
3.55 casos por cada 100 mil habitantes. Y por más que las autoridades se
resistan a admitirlo, en Coahuila la situación es aún peor.
SALTILLO,
COAH. (Proceso).- Mientras que en Nuevo León se reconoce que cada mes
son privadas de su libertad más de 80 personas y en Tamaulipas se estima
que el número podría ser todavía más alto, las autoridades del estado
de Coahuila suelen ocultar las cifras. No obstante, un estudio elaborado
a partir de estadísticas oficiales revela que este delito ha
experimentado un mayor crecimiento en territorio coahuilense.
Según
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), durante el primer trimestre de 2013 el número de secuestros se
incrementó 20% en el país con respecto al mismo periodo del año pasado.
De hecho es el delito que más se ha incrementado en el ámbito nacional.
El
Observatorio Nacional Ciudadano por la Seguridad, la Justicia y la
Legalidad maneja sus propias cifras, según las cuales durante el primer
cuatrimestre los secuestros se dispararon 16.9% en toda la República; y
para el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC), en el
trienio 2010-2012 el aumento fue de 27%, al pasar de ocho a 10 plagios
por cada 100 mil habitantes.
En el noreste, Tamaulipas es la
entidad con mayor incidencia, pues de acuerdo con la Procuraduría
General de la República en diciembre último se habían registrado 3.55
casos por cada 100 mil habitantes. Además, ocupa el primer lugar en
denuncias formales en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por
los secuestros de indocumentados centroamericanos.
En el caso de
Coahuila, la procuraduría estatal incluye en sus estadísticas únicamente
los secuestros registrados entre junio de 2012 y marzo último; es
decir, 17 casos. Omite las privaciones ilegales de la libertad
–levantones, según el argot del narco– que se registran de manera
cotidiana en territorio de la entidad.
Durante las últimas
semanas, las autoridades estatales, así como las del vecino Nuevo León,
hablaron de una “reducción mínima” en las estadísticas de homicidios y
ejecuciones, pero insisten en esconder el número de privaciones
ilegales, las cuales se han disparado en los últimos meses.
La
escalada de secuestros en la zona impacta asimismo a los bancos de
Texas. De acuerdo con el directivo de una institución de Laredo, quien
pide ocultar su identidad, en los últimos tres años han llegado en
promedio de tres a cinco clientes por mes a sacar sus ahorros para pagar
el rescate de sus familiares secuestrados. “Están desesperados”, dice a
Proceso.
En Nuevo León las autoridades se niegan a proporcionar
las estadísticas oficiales sobre ese delito a los reporteros y
académicos. De ahí el valor del estudio Percepción y realidad del
secuestro en Nuevo León, elaborado por 18 investigadores de la
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el Instituto Dipev S.C., y el
Centro de Integración Ciudadana Fernández Fromow.
El reporte,
coordinado por la doctora Patricia Cerda Pérez y divulgado la semana
antepasada, indica que los delitos relacionados con las privaciones
ilegales de la libertad crecieron de manera desproporcionada de 2009 a
la fecha.
En 2011, señala, el promedio mensual de delitos contra
la libertad en esa entidad ascendió a 43. La cifra contrasta con la de
2009, según la cual en la zona metropolitana de Monterrey sólo había
entre cinco y seis secuestros por año.
Para los analistas de la
UANL, es probable que el número real de secuestros y privaciones
ilegales mensuales sea por lo menos del doble, si se considera que la
mayoría de las veces los afectados no presentan denuncia.
Para
2010, el promedio de secuestros era de seis por mes. Pero a partir de
marzo de ese año, cuando comenzó la narcoguerra entre el Cártel del
Golfo y Los Zetas, los levantones se elevaron. En 2011 se cometieron 510
“delitos contra la libertad”, de acuerdo con las cifras oficiales de la
Procuraduría General del Estado (PGJE).
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1915 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
/ 17 de julio de 2013)
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