Tras aceptar la solicitud de colaboración que le envió el
gobierno de Enrique Peña Nieto, la administración de Barack Obama
comenzó a ubicar y documentar todas las probables propiedades de Elba
Esther Gordillo, incluso las que pudieran encontrarse a nombre de sus
familiares. La investigación empezó en California, Florida, Nueva York y
Chicago, pero un funcionario estadunidense advierte que será una labor
difícil, por la habilidad de los abogados y los prestanombres de la que
fuera mandamás del SNTE. Un primer paquete de resultados ya fue puesto
en manos de las autoridades mexicanas.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Por petición directa del gobierno de Enrique
Peña Nieto, los departamentos de Justicia y del Tesoro de Estados
Unidos investigan minuciosamente a la exlideresa vitalicia del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo
Morales.
El primer reporte de la investigación que lleva a cabo el gobierno de
Barack Obama contra la otrora intocable “maestra” fue hecho llegar los
primeros días de la semana pasada a la Procuraduría General de la
República (PGR), con la salvedad de que el expediente sigue abierto
porque no ha concluido la indagación.
“El reporte que se entregó a las autoridades mexicanas –dice a
Proceso un funcionario estadunidense con la estricta condición de no
publicar su nombre ni su puesto– contiene los procedimientos que estamos
siguiendo para probar y determinar si realmente las propiedades que
tiene registradas en Estados Unidos le pertenecen a ella.”
La pesquisa a cargo de los departamentos de Justicia y del Tesoro
tiene como objetivo primordial determinar en varios estados del país
vecino, “por medio de los registros de la propiedad”, si Gordillo cuenta
con propiedades distintas a las que se le conocen en San Diego,
California:
“La solicitud que nos hizo el gobierno de México fue la de averiguar y
determinar si la señora Gordillo Morales tiene otras propiedades o
cuentas bancarias en Estados Unidos, pero registradas a nombre de sus
familiares, amigos o personas que trabajaron con ella; o que simplemente
le facilitaron sus datos como prestanombres”, explica el funcionario
estadunidense.
El gobierno de Obama rechazó de manera rotunda que Proceso revisara
una copia de los documentos que entregó a principios de la semana pasada
a la PGR. Sin embargo, el funcionario consultado reveló que la
investigación del caso Gordillo Morales se centra en los estados de
California y Florida y en las ciudades de Nueva York y Chicago, aunque
“se puede extender a otros lugares, conforme avance”.
No obstante, el entrevistado aclara que existe una dificultad
derivada de la astucia y experiencia de Gordillo Morales: “Los abogados
que la representan aquí en Estados Unidos son muy buenos, se están
moviendo con mucha certeza y rapidez para borrar cualquier huella
sospechosa que pudiera abrir más pistas, o en su caso conllevar a un
encausamiento criminal”. El funcionario se niega a revelar el nombre de
los abogados de la exlideresa del SNTE y el bufete al que pertenecen.
“Como no se trata de una investigación criminal ni civil aquí en
Estados Unidos –donde Gordillo no está acusada–, la investigación se
lleva a cabo bajo los estatutos de la cooperación bilateral en materia
de justicia”, señala.
Coleccionista de propiedades
El pasado 26 de febrero, cuando Gordillo fue detenida, la
Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la
Procuraduría General de la República (PGR) presentó solicitudes de
colaboración a gobiernos extranjeros para el aseguramiento de sus
propiedades, cuentas bancarias y tarjetas en Estados Unidos y Europa.
El gobierno de Enrique Peña Nieto acusa a Elba Esther de lavado de
dinero y delincuencia organizada, así como por el manejo de 2 mil 600
millones de pesos cuya procedencia se desconoce.
Pero dicha cantidad es apenas una muestra de su riqueza: representa
2.5% de los 100 mil millones de pesos que recibió durante los 24 años
que estuvo al frente del SNTE y que no provinieron sólo de las cuotas
sindicales de 1 millón 400 mil agremiados, sino también de recursos
federales que depositó en tres fideicomisos de Banobras y de 61
propiedades registradas a nombre propio, de familiares y colaboradores,
como consta en el Registro Público de la Propiedad (Proceso 1896).
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1911 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
/ 19 de junio de 2013)
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