Afirma alcalde que lleva mensaje que los tiren cerca de unas torres de la CFE
Pese a que se desconocen los móviles reales del multihomicidio desde
el día que mediante un operativo de rescate sacaron los cuerpos del
fondo del precipicio, no faltaron quiénes afirmaran que el asesinato del
exjuez Isidro Hernández Ramírez, y de su familia, habría sido por el
presunto fraude de 209 millones 23 mil 974.51 pesos, cometido contra la
CFE en el año de 2009.
“Yo creo que no los mataron aquí, yo creo que los vinieron a tirar, y
no sé si tiene mensaje, pero lleva mensaje el que vengan y los tiren a
los pies de las líneas de las torres”, dijo el alcalde José Eligio
Medina Ríos al referirse a los cinco cuerpos encontrados el sábado 1 de
junio, en un profundo barranco de El Cerro del Oro, ubicado en la
comunidad de El Cantil, del municipio de Concordia.
Frente al hermetismo de las autoridades investigadoras estatales,
desde la zona serrana de Concordia, como hongos brotaron las preguntas:
“¿Quiénes querrían callarlo para cortar de tajo una punta de la madeja
del fraude millonario?”, “¿por qué tuvieron que asesinar a su familia?,
¿por qué?, ¿acaso se trató de una extorsión donde la familia fue
utilizada como un factor de presión y las cosas terminaron mal?, ¿por
qué los tiraron en un barranco casi al pie de una torre metálica de la
CFE habiendo tantos barrancos al filo de la carretera?, ¿habría sido una
venganza de alguien perjudicado por el fraude de 2009?
A escasos 25 metros de distancia de una de las torres metálicas que
conducen las líneas de energía eléctrica de alto voltaje de la Comisión
Federal de Electricidad, desde Mazatlán hasta el estado de Durango,
fueron encontrados los cuerpos del exjuez mixto de primera instancia de
Concordia, Isidro Hernández Ramírez, su esposa Isabel Espinosa Gastélum y
sus hijas Esmeralda y Linda Cristal Hernández Espinosa, de 60, 59, 20 y
21 años de edad, respectivamente.
Aproximadamente a 30 kilómetros de Concordia, en el kilómetro 243 de
la carretera libre Durango-Mazatlán, como a 500 metros, subiendo hacia
la izquierda un escabroso camino de terracería y bajando a la derecha a
casi 200 metros de brecha entre la sierra concordense, conduce la senda
hacia el precipicio donde yacían los cuerpos de la familia Hernández
Espinosa, además de una osamenta de una persona identificada como
Bernardo “N”, oriunda del Distrito Federal.
En marzo pasado, Hernández Ramírez y su familia habían sido
reportados como desaparecidos. Algunas versiones indican que había
salido de paseo familiar a Concordia, en su camioneta Chevrolet
Suburban, otras señalan que habrían sido secuestradas, en la colonia
Benito Juárez, en Mazatlán.
“Nada qué ver”
“El 21 de marzo vinieron y quemaron la camioneta de él; parece que en
los predios donde encontraron la camioneta pertenece a la Comunidad de
Mesillas”, informó José Eligio Medina Ríos, presidente municipal de
Concordia.
En enero de 2012, Medina Ríos, entrevistado con motivo de la masacre
de nueve personas, ocurrida la noche del 24 de diciembre, en el Platanar
de los Ontiveros, dijo a este semanario:
“Se está volviendo común que
nos ataquen y no pasa nada… yo tengo confianza en que se va a actuar”.
—Tomando en cuenta de que una de las víctimas fue juez mixto de
Concordia, ¿cómo percibe este hecho del 1 de junio? —se le pregunta a
Medina Ríos.
—Más allá de los antecedentes, para nosotros es un hecho muy
lamentable que hayan masacrado a esta familia y que vengan y los
depositen en el municipio de Concordia. No tenemos conocimiento de cómo
se dan las cosas, no tenemos injerencia en ese tema, es un tema que
lleva de oficio la Ministerial, las dependencias del Gobierno del
Estado, que lo llevan y lo tienen allá en sus archivos.
“Lamentamos que después de su desaparición no haya podido dar con su
paradero de él y su familia, y que lamentablemente hoy aparecen en un
predio de nuestro municipio, nos pone, otra vez, en la atención
nacional, un hecho que Concordia no tiene nada qué ver, y que no nos da
buena imagen.
“Aquí, los concordenses luchamos todos los días por trabajar y por
salir adelante y parece ser que el destino se empeña en seguirnos
inmiscuyendo en temas que no tenemos nada qué ver”.
—A casi seis meses de ocurrida la masacre de nueve personas en el
Platanar de los Ontiveros, ¿qué lectura hace de estos nuevos hechos?
—Mira, nosotros como Ayuntamiento tenemos que ser muy cautos en este
tipo de situaciones. Primero porque no es competencia de nosotros.
Segundo, porque cualquier declaración que nosotros pudiéramos dar a
título personal, porque querer hacer conjeturas, pudiéramos entorpecer
una investigación que está a cargo de la Policía Ministerial.
Nosotros
tenemos que coadyuvar solamente a petición de la policía responsable de
llevar este asunto, en lo que podamos. Pero no debemos ni hacer
declaraciones que pudieran no ayudar en la investigación que está a
cargo de la Policía Ministerial.
Estamos en esa condición de solamente
coadyuvar si nos los solicitan, pero no meternos en el tema de querer
hacerle al investigador que no es nuestra tarea.
—Recuerde que se trata del tema de la justicia hacia las víctimas.
—Tenemos plena confianza que el trabajo que está haciendo la
Ministerial va a dar luces para cumplimentar cada uno de esos aspectos
de justicia y atención a un tema que sí nos preocupa. Porque sí nos
impacta y sí nos daña en la imagen como municipio que queremos ser
armónico, pacífico y queremos seguir invitando a la gente que nos visite
a Concordia. Y resulta que nos daña el que realicen ese tipo de
acciones dentro del territorio del municipio.
La historia de un fraude
Perpetrado el fraude contra la CFE, operado por el finado exjuez
Isidro Hernández Ramírez, en el que la parte actora y demás implicados
cobraron 209 millones 23 mil 974 pesos con 51 centavos, del 26 de enero
al 9 de mayo de 2009, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE)
se enteró en ese lapso pero hizo mutis y para evitar salpicarse lo
renunció discretamente.
Canuto Alfonso López López, entonces presidente del STJE, había
enviado el exhorto número 2/2009 de fecha 3 de febrero de 2009,
procedente del entonces juez mixto de primera instancia, Isidro
Hernández Ramírez, “en virtud de que el mismo se encuentra (aseguraban)
ajustado a derecho”.
Actos y fechas
—El 26 de enero de 2009, Jesús Romero Peñaloza y Felipe de Jesús
Hernández Ramos, procuradores judiciales de la actora Belén Lavinia
Murray Muñoz, interponen el juicio sumario 14/2009, en el Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Concordia, Sinaloa, a cargo
del entonces juez Isidro Hernández Ramírez.
La demanda reclamaba a la CFE que le pagara la indemnización, por una
servidumbre legal de paso, argumentando que su predio ubicado en la
Mesa de la Soledad, cabecera de El Palmito, Concordia, estaba afectado
por una postería y tendido de líneas de energía eléctrica de 34 mil
voltios de la CFE.
—Por razones de jurisdicción, el Juzgado de Concordia, con la venia
de Canuto Alfonso López López, entonces presidente del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado, se apoyó en el Juzgado Tercero de Primera
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, donde
intervinieron el entonces juez Miguel Pérez Lizárraga y su actuario José
Octavio Sarabia Carrasco.
—En febrero de 2009, Sarabia Carrasco asegura que mediante citatorio
entregado a Olivia Patrón Moreno, secretaria del superintendente de CFE,
zona Mazatlán, da por enterada a la paraestatal de dicha demanda.
—La CFE no contesta la demanda y es declarada en rebeldía, por lo que
los días 7, 8 y 12 de mayo de 2009, le embargan la cuenta bancaria de
Banorte 627020783 para cobrarle 209 millones 23 mil 974 pesos con 51
centavos.
—La CFE, con perito en grafoscopía de por medio, afirma que la firma
del citatorio no corresponde al puño y letra de Olivia Patrón, mientras
que Francisco Mojica Buenrostro y Esteban Carlos Pineda Rubio, peritos
designados por el tercero perjudicado y la Procuraduría General de
Justicia del Estado, dicen lo contrario.
—El 16 de agosto de 2009, el diario Siglo de Durango, informó
que Esteban Carlos Pineda Rubio (oriundo de Durango, Durango, y que
había ido a apadrinar una boda), de 32 años, fue encontrado asesinado de
un balazo en el pómulo izquierdo, en el interior de su vehículo Toyota,
de la línea Limited, color gris, en el bulevar de la Juventud, mal
estacionado y con las luces y el motor encendidos.
—El 26 de abril de 2012, es encarcelado en el Centro de Ejecución de
las Consecuencias Jurídicas el juez Miguel Pérez Lizárraga y sale libre
bajo caución el 12 de junio del mismo año.
—El 1 de junio de 2013, encuentran en un barranco de El Cantil, en la
zona serrana de Concordia, asesinado al exjuez Isidro Hernández
Ramírez, junto con su familia, quienes habían sido reportados
desaparecidos desde marzo pasado.
(RIODOCE.COM.MX/ Cayetano Osuna/junio 9, 2013
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