Sergio Caballero/ Proceso
CANCUN, Q.Roo
(apro).- El sábado 30 de marzo, Christian Vicente Córdoba salió de su casa poco
antes de las seis de la mañana, en compañía de su madre Paula Córdova Díaz,
quien trabaja en un hotel de esta ciudad.
Ese día la
temperatura era particularmente baja por los remanentes del frente frío número
37, por lo que el estudiante de gastronomía decidió abrigarse con un suéter
rojo y una boina blanca.
En determinado
punto, Christian se separó de su madre para dirigirse al hotel donde realiza
sus prácticas por las tardes. Esta vez, sin embargo, lo citaron temprano por la
alta ocupación que había en el hotel.
El aspirante a
‘Chef’ se dirigió, sólo, al “´paradero” del transporte de personal de “Tony”,
ubicado en la avenida López Portillo con Kabah, frente a la sucursal de una
cadena de papelerías del mismo nombre y al que llegan miles de trabajadores
para ser transportados a hoteles y restaurantes de Cancún y la Riviera Maya.
Sin embargo,
Christian nunca llegó al paradero. a unos metros de ese sitio, escuchó una voz
que decía: “Ahí está, el de rojo”.
Y de repente se vio
rodeado de elementos de la Policía Preventiva Municipal (PPM) que le pidieron
que los acompañara, seguido de otra frase: “está detenido”.
Minutos antes de su
captura, un par de sujetos ingresaron al Spa “La Diosa” y dispararon contra
Juan Luis Robera Rodríguez, de 33 años de edad, el supuesto encargado de la
casa de citas “disfrazada” de casa de masajes.
En sus primeras
declaraciones, una de las “masajistas” dijo a la policía que uno de los victimarios
vestía suéter rojo.
Más tarde, Paula
Córdova se enteró de la detención de su hijo. “Lo acusan de homicidio”, le
informaron.
Desesperada, llegó a
la sede de la Subprocuraduría General de Justicia del estado. No sabía ni por
dónde empezar, hasta que de pronto se topó con un sujeto de nombre, Francisco,
quien se presentó como abogado.
Confiada, Paula le
contó la historia y el supuesto licenciado se comprometió a sacar a su hijo en
cuestión de “horas”. Pero antes le pidió por adelantado cuatro mil pesos.
Por la noche, Paula
puso al tanto de la situación a su esposo, Vicente Córdova, quien llegó
procedente de Tulum, donde trabaja. La pareja es originaria del estado de
Tabasco, pero residen en esta ciudad desde hace 22 años.
Pasaron las horas y
Christian no salió. El abogado nunca más volvió.
Christian fue
consignado en el Juzgado Tercero Penal, acusado del presunto delito de
homicidio calificado.
Un amigo de la
familia contactó a otro abogado, quien ahora les pidió 10 mil pesos.
Sin embargo, el
litigante también los defraudó. Ni siquiera estuvo presente en la audiencia en
la que declararon el auto de formal prisión a su hijo, el pasado domingo 7.
“Ya nos seguimos con
él, pues no quiso venir el domingo dizque porque era su día de descanso”,
refirió Marcos.
El caso de Christian
acaparó la atención de los medios de comunicación locales no sólo por tratarse
de la ejecución número 21 del año, relacionada con el crimen organizado, sino
también por la serie de irregularidades en el proceso.
Hasta ahora se
manejan dos versión sobre el móvil del crimen: que los extorsionadores fueron a
cobrar el derecho de piso al encargado del Spa y que se trató de un robo en el
que Lobera Rodríguez amenazó a los delincuentes con un machete y que estos últimos
regresaron y lo mataron.
El diario Novedades
dio cuenta de un dato fundamental: que las autoridades no le practicaron la
prueba de radizonato de sodio a Christian porque no cuentan con el reactivo,
por falta de presupuesto.
“No tienen nada de
evidencia. Ni siquiera tiene la prueba del radizonato”, dice Paula Córdova.
De acuerdo con los
padres de Christián, el único indicio que tiene la Procuraduría General de
Justicia del estado (PGJE) es el testimonio de una de las cinco sexoservidoras
que trabajan en el Spa.
Sin embargo, la
chica desapareció. “Ya no aparece. La han buscado para citarla, pero no la
encuentran”, dijo Paula.
Familiares de
Christian y compañeros de la Universidad Tecnológica, donde estudia, han
realizado tres manifestaciones para exigir su liberación.
En una de las
protestas, la que se llevó a cabo en el parque “Las Palapas”, encararon al
gobernador Roberto Borge, pero no los atendió. Uno de sus asistentes los
canalizó con el subprocurador General, Juan Ignacio Hernández Mora.
El funcionario les
explicó que el caso está en manos del juez. “No puedo hacer nada. Ahora tiene
que reunir las pruebas”, fue lo único que les dijo.
Marcos tiene claro
por qué está su hijo en la cárcel: “La Justicia tiene que tener un culpable”.
(PROCESO/ Sergio Caballero/ 17 de abril de 2013)
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