A pesar de que está prohibido
A Juan Francisco Cabrera lo detuvieron ilegalmente, lo
torturaron para que firmara una falsa declaración y lleva 5 meses purgando un
delito que no cometió. La CEDH emitió recomendaciones a procuraduría, pero ésta
no responde
José Luis Jara / Dossier Politico
El 24 de noviembre
de 2012 en la noche, a Jesús Francisco Cabrera Ramos lo metieron en unos
cuartitos oscuros que existen al fondo en la base de la Policía Estatal
Investigadora. Lo arrastraron por el piso como si fuera un trapeador, con las
piernas esposadas a una larga cadena.
Fueron cuatro
agentes de la Policía Estatal Investigadora quienes lo metieron a ese cuarto de
tortura. Lo amenazaron con matarlo, a él y a sus hijos, que le provocarían el
aborto a su esposa, que estaba embarazada. Que si no cooperaba, lo iban a matar
y lo iban a dejar por ahí tirado.
Uno de los agentes
portaba un arma de alto poder. Lo desnudaron
y enseguida le asestaron un duro golpe en la parte trasera de la cabeza
que lo tumbó al piso frío. Lo encadenaron y lo esposaron. Con vendas elásticas lo
amarraron de los tobillos, rodillas y muñecas. Luego le vendaron toda la cabeza
hasta casi provocarle asfixia.
Un agente de la PEI
se subió encima de sus piernas y cintura. Otro, como si fuera gorila, le puso
una rodilla en el pecho y lo empezó a presionar hasta hacerle imposible la
respiración. Y un cuarto agente, inició el angustioso rito de la tortura con
agua. Le empezó a echar un chorro en la cara hasta empapar las vendas que lo
cubrían. Jesús Francisco se empezó a asfixiar y los recuerdos de su esposa
embarazada se presentaron como otra tortura de preocupación.
Sus hijos también se
le fueron a la mente, pequeños todos y con el alto riesgo de no volverlos a
ver, pensaba.
Fueron cuatro
agentes de la PEI quienes se encargaron
de torturar a Juan Francisco. Frente a ellos, se encontraba el agente del
ministerio público, Luis Horacio Salcido Soto y el secretario de acuerdos, otro
abogado de apellido López Peña.
En ese cuartito,
donde violaron los derechos humanos de Juan Francisco, también estuvieron
presentes tres secretarios de la procuraduría, quienes se encargaron de
redactar la supuesta declaración que obligaron a firmar a Juan Francisco.
Si no firmaba, lo
amenazaban con el arma de fuego y de volver al cuarto de tortura. Y a Juan
Francisco le retumbaba en la cabeza los recuerdos de su esposa embarazada, de
sus hijos pequeños, le generaron un
miedo tremendo, por no volverlos a ver.
Los agentes de la
PEI le insistían “aquí vienes a declarar por las buenas o por las malas, aquí
vas a declarar a huevo y si no a madrazos, pero
vas a declarar”.
Juan Francisco negó
las acusaciones que le imputaron y los agentes de la PEI lo tumbaron al suelo,
le apretaron las esposas y le empezaron a echar más agua en la cara cubierta
con vendas. Lo asfixiaron hasta casi perder el conocimiento.
El recuerdo de su
familia le golpeaba el cerebro. El miedo se apoderó de él y fue cuando decidió
firmar las falsas declaraciones. Por su familia firmó las supuestas
declaraciones que le inventaron. Y desde entonces, se encuentra penando un
delito que presumiblemente no cometió.
SU ESPOSA SALE A SU DEFENSA
Ya han transcurrido
cerca de cinco meses de esa detención. Y la esposa de Juan Francisco,
Concepción Montaño Sandozequi, se decidió hacer pública la denuncia de tortura
contra su esposo.
Ofreció una
conferencia de prensa donde informó que interpuso una queja ante la Comisión
Estatal de Derechos Humanos desde el mismo 24 de noviembre, día en que
detuvieron ilegalmente a su esposo.
Desde entonces, este
organismo inició la investigación y acordó emitir una serie de recomendaciones
a la Procuraduría General de Justicia del Estado para reparar el daño
ocasionado, que permita el restablecimiento9 de la condición física y
sicológica en que se encontraba Juan Francisco previo a la violación de sus
derechos humanos.
Otra recomendación a
la procuraduría es para que giren instrucciones para que colaboren en esta
queja que la CEDH promueve ante la Secretaría de Contraloría del Estado de
Sonora en contra de los agentes de la PEI de nombres Moisés Ramos Meza, Aaron
Armando Berkowitz Sanzarric, Luis Alejandro Pérez Ramírez y el agente del MP
del sector II, Luis Horacio Salcido Soto. La comisión de derechos humanos
recomienda una investigación la actuación de los servidores públicos
involucrados en estos hechos
La señora Montaño se
presentó ante los medios de comunicación. Vengo aquí para decir la verdad,
dijo, y empezó a relatar los hechos.
Dijo que su esposo
Juan Francisco Cabrera Ramos, es abogado que trabajaba en el área jurídica del
Centro de Readaptación Social I de Hermosillo y
que el pasado 24 de noviembre,
acudió a rendir declaración como testigo a la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Sonora sobre tres casos relacionados con libertades a
internos otorgadas ilícitamente.
Es decir, fue a declarar
como testigo ante un problema de delito de fuga de reos.
A Juan Francisco lo
detuvieron el 24 de noviembre del año pasado, pero la noticia de su caso fue
dada a conocer el 23 de febrero de este año, donde el procurador de justicia
del estado, Carlos Navarro Sugich dio a conocer la supuesta existencia de una
red de corrupción en el Cereso I de Hermosillo.
La noticia de ese
día decía que detuvieron a 9 funcionarios públicos por la presunta
participación para la salida de cinco reos, a quienes les modificaron el
registro de penalización. Supuestamente, esos funcionarios del área jurídica
del Cereso I, modificaron el sistema de procesados y sentenciados para reducir
la pena de las personas que estaban purgando su condena. Una vez que reducían
en el sistema informático de los Ceresos, los internos alcanzaban su libertad
mediante revisión e impresión de la boleta de salida, de manera que los cinco
reos salieron por la puerta principal.
Los nueve
funcionarios detenidos fueron Gastón Walterio Walters Padilla, que fungía como
director jurídico del sistema Estatal Penitenciario; Jesús Francisco Cabrera
Ramos, Rodolfo Leonardo Barceló Moreno, David Robles Santacruz y Gerardo
Sandoval.
Se dio a conocer que
existen tres prófugos: Iván Rafael López Tarazón, quien era el subdirector
jurídico; Jesús Mendoza Alegría, auxiliar jurídico y Francisco José Núñez Ruiz,
que se desempeñaba como oficial.
LOS HECHOS
La señora Montaño
dijo que su esposo tiene cinco meses detenido por un delito que no cometió.
Dijo que el 24 de
noviembre del 2012 fue llamado a declarar como testigo. Ya lo había hecho antes
y en esta ocasión acudió a eso de mediodía a la procuraduría general de
justicia.
De acuerdo al
expediente de la CEDH/II/22/01/01767/2012, Juan Francisco narró los hechos del
24 de noviembre. Dijo que recibió una llamada del secretario de acuerdos, López
Peña, para presentar una ampliación.
A las 12 de mediodía
se presentó en la procuraduría donde le muestran un acta de libertad donde no
se encuentra su firma. Lo retienen unas cuatro horas, le informan que el
secretario se ocupó y firma su declaración testimonial.
Cuando se retira y
al llegar al estacionamiento por su carro, le llamó por teléfono a su esposa.
Apenas le informaba que iba saliendo de la procuraduría cuando se le acercaron
dos agentes de la PEI. Le tomaron las manos, se las torcieron y le pusieron las
esposas.
Cabrera es abogado y
sabe que para detener a cualquier persona, se requiere una orden de
aprehensión. Se las pidió a los agentes y ellos le respondieron: no te
preocupes por eso. Abrieron la patrulla y lo subieron con una patada en la espalda.
Cabrera insistió,
les dijo que era un secuestro, pero los agentes, a su estilo, le dijeron: no la
hagas de pedo porque vas a valer verga.
Se lo llevaron a la
PEI y lo metieron a uno de esos cuartitos oscuros que están al fondo de las
instalaciones. Afuera se quedó un agente de la PEI, alto, pelón, con un rifle
de alto poder. Le piden el nombre de su padre, de sus hermanos y le empezaron
hacer un chorro de preguntas. Juan Francisco les pide que lo dejen hacer la
llamada telefónica a la que tiene derecho todo indiciado, pero le dicen que ya
tienen la pericial, que ya tiene su firma.
Le dicen que no se
haga pendejo, que debe firmar. Entonces entraron dos personas más quienes le
empezaron a quitar la camisa, luego el pantalón. Lo empujaron al suelo y le
ponen esposas en las rodillas. Luego sacaron unas vendas, le apretaron las
esposas de las manos y en el piso, le empezaron a vendar la cara. Le dieron
como unas 15 vueltas en la cara con las vendas.
Lo arrastraron como
si fuera un trapeador viejo, le dieron patadas y le pisaron las rodillas. Ya
cuando no podía respirar, cuando le habían sacado todo el aire de los pulmones,
le echaron agua a chorros en la cara, hasta ahogarlo. Lo arrastran de nuevo por el cuartito de torturas y le
empiezan a preguntar sobre su participación en el delito de fuga de reos.
Juan Francisco casi
cae desmayado. Y los agentes lo
reaniman, lo dejan respirar un momento. Y cuando casi se recupera, los agentes
volvieron a la sesión de tortura y asfixia contra Juan Francisco
SU ESPOSA EMBARAZADA
La señora Montaño
estaba embarazada cuando detuvieron a su esposo. De hecho, dice la señora que
estaba hablando con su esposo en el momento en que lo detuvieron. Juan
Francisco había salido de dar sus declaraciones ministeriales en calidad de
testigo de la procuraduría general de justicia. Antes de subirse al carro, la
señora dijo que escuchó la voz que le habló. Escuchó cuando su esposo le dijo,
a sus ordenes comandante. Y después ya no oyó nada.
Y desde ese momento,
hasta las ocho de la mañana del siguiente día no supo de su marido. Acudió a la
Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se hizo acompañar de un visitador de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos en esa búsqueda. Pero no lo pudieron
localizar, pues a su esposo prácticamente lo habían secuestrado los mismos
agentes de la PEI.
Ahora que la señora
Montaño decidió a dar a conocer al público esta situación, hizo un llamado al
gobernador para que interceda para la liberación de su esposo, porque se
encuentra detenido por un delito que no cometió.
Es un caso como el
de la francesa Florence Cassez, a quien le violaron sus garantías individuales
y la dejaron libre.
La señora Montaño
dijo que a su esposo le aplicaron el examen de Estambul, que tiene el objetivo
de detectar si la persona fue torturada. La misma CEDH se encargó de la
aplicación de ese examen por parte de la directora de atención a víctimas del
delito, Diana Karina Gastélum Meneses, con el fin de determinar si existe
evidencia de la probable comisión de tortura o malos tratos.
Ese estudio arrojó
que “el agraviado presenta trastornos por estrés postraumático agudo.
Manifiesta la mayoría de los síntomas comprendidos en todos los criterios del
trastorno.
De acuerdo a la
valoración de la CEDH, a Juan Francisco Cabrera se le violaron sus derechos
constitucionales al privarle de su libertad de manera ilegal. Concretamente
esos derechos transgredidos están plasmados en los artículos 14, 16, 17, 18,
19, 20, 21 y 22. En el código de procedimientos penales, se transgredieron los
artículos 61, 77, 124, 125 bis, 127, 129 bis, 135, 136, 151, 152, 154, 186,
187, 187 bis, 199, 271, 286 y 349.
El documento de la
CEDH señala que en el caso de Cabrera, las autoridades señaladas como
responsables retuvieron indebidamente b ajo su disposición a Jesús Francisco
Cabrera Ramos, impidiéndole con ello el ejercicio de sus derechos establecidos
en las disposiciones normativas durante seis horas sin haberlo presentado ante un agente del
ministerio público del fuero común.
Y por tenerlo
incomunicado por más de 15 horas haciendo
nugatorio su derecho a ser informado sobre el motivo de su detención.
Para la CEDH, el
abuso de autoridad y trato inhumano quedaron plenamente demostrados.
Por ello, la CEDH
emitió una serie de recomendaciones a la procuraduría general de justicia de
sonora por este caso.
La primera es para
reparar el daño que permita el restablecimiento de la condición física y
sicológica de Cabrera. La segunda
queja es para que la Secretaría
de la Contraloría del Estado de Sonora investigue las actuaciones de los
agentes de la PEI Moisés Ramos Meza, Aaron Armando Berkowitz Sanzarric, Luis
Alejandro Pérez Ramírez y el MP, Luis Horacio Salcido Soto, los presentes
hechos.
La recomendación de
la CEDH fue emitida el pasado 5 de marzo. Sin embargo, la procuraduría general
de justicia del estado, se ha negado a responder a esta recomendación.
Por eso, la señora Montaño, esposa de Cabrera, pidió
al gobernador su intervención, lo mismo al presidente del supremo tribunal de
justicia del estado.
(DOSSIER POLITICO/ José Luis Jara / 2013-04-18)
No hay comentarios:
Publicar un comentario