Minerales Libertad “retira demanda” por despojo…
El presidente ejidal, Sergio Acedo Miranda; el
secretario ejidal, Antonio Acedo Espinoza; los asesores David Guadalupe
Valenzuela, Ramsés Valenzuela y el ejidatario Manuel Yáñez, alrededor de las
nueve de la noche abandonaron el hotel de arraigos ubicado por el bulevar Luis
Encinas y Los Pinos; según informaron los liberados, el representante legal de
la empresa Minerales Libertad, Thomas S. Utter, retiró la denuncia por despojo
y la autoridad consideró que podrían salir libres con las reservas de ley...
Alejandro
Matty Ortega / Dossier Politico
Hermosillo, Sonora
(DP).- Los ejidatarios de San Antonio de la huerta y sus abogados que se
encontraban arraigados por ser los autores intelectuales por delito de despojo
agravado en despoblado en número de más de dos personas, obtuvieron su libertad
la noche de miércoles.
El reportero Omar de
la Vara dio cuenta de que el presidente ejidal, Sergio Acedo Miranda; el
secretario ejidal, Antonio Acedo Espinoza; los asesores David Guadalupe
Valenzuela, Ramsés Valenzuela y el ejidatario Manuel Yáñez, alrededor de las
nueve de la noche abandonaron el hotel de arraigos ubicado por el bulevar Luis
Encinas y Los Pinos.
Según informaron los
liberados, el representante legal de la empresa Minerales Libertad, Thomas S.
Utter, retiró la denuncia por despojo y la autoridad consideró que podrían
salir libres con las reservas de ley.
El acuerdo entre una
Comisión de Diálogo de los ejidatarios de San Antonio de la Huerta, Gobierno
del Estado y empresa, fue la integración de la mesa de diálogo.
CONGRESO DE LA UNIÓN
El reportero Carlos
Armando Briones informó el miércoles que el dirigente del PRD en Sonora, René
Noriega, viajó el miércoles a instancias federales para exponer la problemática
que prevalece en el Estado donde los problemas sociales no se están atendiendo
por parte de las autoridades, por lo que se entrevistarán con una luchadora
social hoy en el cargo de Diputada Federal y secretaria de la Comisión de
Derechos Humanos Agraria Jazmín Copete Zapot.
El líder perredista
dijo a Dossier Político que le presentaran una propuesta de punto de acuerdo y
hacerle ver al Gobierno de Sonora la presunta ilegalidad en el caso de
Minerales Libertad, instalada en el ejido San Antonio de la Huerta, municipio
de Soyopa, Sonora.
El dirigente
confirmó que a decir de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, los
ejidatarios detenidos el pasado viernes por fuera de la mina están por el
delito de despojo agravado; sin embargo, es un problema agrario que se debería
resolver en otras instancias.
El Gobierno utilizó
la fuerza pública para detener a 40 personas entre jóvenes adultos y ancianos,
atendiendo una denuncia por despojo interpuesta por un extranjero en tierras
propiedad de la nación y con derechos absolutos por parte del ejido.
Destacó René Noriega
lo rápido que atendió la denuncia el gobierno estatal interpuesto por un
extranjero:
“Qué rápida la
justicia de que se va y los detienen a todos y luego no conforme con esto,
detienen al comisariado ejidal y a dos abogados y se dice que estaban por esos
delitos, muy presto el gobernador, rapidito dijo al procurador tráetelos y
entámbalos, así que hicieron el operativo, esto no nos da más que pensar que
alguien estaba recibiendo dinero, la mina parada no estaba produciendo dinero a
alguien del Gobierno del Estado”, criticó.
Existen dos
situaciones graves, consideró René Noriega que están sucediendo en Sonora:
“Primero, que un
extranjero se llame despojado en tierras ejidales y por las características
como se dan las tierras ejidales es un tema delicado nivel nacional y segundo,
la manera de actuar del Gobierno del Estado, violentando el acuerdo que el
mismo Gobierno del Estado está provocando, una mesa de negociación con la
Secretaría de Gobierno a punto de firmarse el acuerdo, un día antes de la firma
van y los detienen”, denunció.
LA CEDH SONORA
El mismo día, Omar
de la Vara expuso que la CEDH Sonora atrajo de manera oficiosa el caso de los
ejidatarios de san Antonio de la Huerta del municipio de Soyopa luego de que
salió publicado el caso en Dossier Político de fecha 5 de abril, según consta
en el expediente V33-01-00465-2013 así lo informó el visitador general Aldo
Saracco Morales.
El pasado viernes
los pobladores del Ejido San Antonio fueron detenidos por la PEI por fuera de
las instalaciones de la mina propiedad de Minerales Libertad cuando protestaban
contra la empresa por la supuesta contaminación del agua potable y del terreno
de agostadero.
Durante la tarde de
ese mismo viernes, cinco personas más fueron detenidos mientras protestaban por
fuera del edificio de la PGJE bloqueando la calle Rosales.
El visitador Aldo
Saracco dijo que hasta el momento en base a entrevistas y visitas a los
detenidos algunos ya liberados, se corroboró que no fueron agredidos
físicamente, sin embargo la investigación continúa para determinar una
violación a las garantías individuales de la personas.
Informó que se ha
solicitado al Ministerio Público Investigador del fuero común para que en un
plazo no mayor a cinco días, rinda un informe justificado acerca de todos y
cada uno de los hechos que motivaron la queja, informe que deberá venir
acompañado del expediente de la causa penal que para tal efecto se haya
abierto.
Aun cuando los
primeros 43 ejidatarios detenidos fueron liberados sin pagar fianza, se
encuentran bajo las reservas de ley; en cuanto a los cinco arraigados agrego el
visitador no han obtenido su libertad porque son acusados de ser los autores
intelectuales de despojo agravado en despoblado cometido por dos o más personas
por lo que no alcanzan fianza y aun cuando la empresa retire los cargos el caso
se sigue de oficio.
El martes, las
Delegaciones Federales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Sonora,
se dieron a la tarea de coordinar trabajos para realizar la inspección
correspondiente respecto al estado en que opera Minerales Libertad y si
realmente cumple con la normatividad de impacto ambiental.
LA SEMARNAT Y PROFEPA
El martes, el nuevo
delegado en Sonora, Ulises Cristópulos, informó a Dossier Político que ya
investiga la denuncia de los ejidatarios hecha pública en este medio, “los
ejidatarios en una parte de la mina tienen derecho a la extracción de metales;
de detectar alguna irregularidad, las sanciones serían desde una multa
económica hasta la cancelación de operaciones de la mina”.
Dijo a DP que de
detectar alguna irregularidad las sanciones serían desde una multa económica
hasta la cancelación de operaciones de la mina dependiendo en daño ecológico en
que estén incurriendo.
“El delegado de la
Profepa y yo estuvimos platicando el día sábado y también el día de hoy; con el
objetivo de programarse una visita a la mina y de encontrar que efectivamente
se está afectando el ecosistema y el medio ambiental de la zona, pues se
procedería en contra de la mina dependiendo de las condiciones y el grado de
complejidad que pudiéramos encontrar y las sanciones van desde una multa
económica hasta la cancelación de operaciones de la empresa”, advirtió el
delegado federal Ulises Cristópulos.
Dio a conocer
también que la última inspección realizada por la delegación federal de la
Profepa fue hace un año (dependencia comisionada para inspeccionarla) y cumplía
con la normatividad.
Otro dato importante
que dio a conocer, el cual pudiera ser importante para que liberen a los
ejidatarios arraigados según la información con la que cuenta, es que los
ejidatarios también tienen derechos de extracción de metales en una zona de la
mina.
“En particular
quiero comentarte que también los ejidatarios en una parte de la mina tienen
derecho a la extracción de metales; que ellos también tienen allí en una
sección para dichos fines”, aseguró Ulises Cristópulos.
IMPACTO AMBIENTAL
Respecto al
historial de la mina, el delgado federal dio a conocer que inició operaciones
en el año 2006 la cual en ese momento sí cumplía con la normatividad y
requisitos de impacto ambiental que en aquel entonces exigían las dependencias
encargadas para poder operar.
“Esta mina solicitó
el manifiesto de impacto ambiental en Semarnat en el años 2006; posteriormente
realizó el trámite correspondiente según los requisitos establecidos entre
ellos el manifiesto de impacto ambiental; y una vez que se generó dicho
documento y que se cumplió con los requisitos de aquel entonces se instaló y he
inició operaciones”, puntualizó.
Aclaró que la
Delegación de la Profepa sería la dependencia federal encargada de realizar la
inspección y vigilancia de la mina, en el sentido de que se cumpla con la
normatividad en materia de medio ambiente e impacto ambiental según respecto a
lo que establece la ley.
LA DENUNCIA
El sábado, el
reportero Jesús Ortega publicó que en otra triste historia que quedará en los
pasajes de la injusticia en Sonora en la actual administración, ejidatarios de
San Antonio de la Huerta son procesados penalmente por protestar contra la
inclemente devastación ecológica de la mina “La Libertad”, propiedad de las
compañías Zaruma Resources, Inc. y Minerales Libertad, S. A. de C. V.; mientras, el Gobierno del Estado avala la
contaminación ambiental y del agua del río que enferma a los pobladores.
El Gobierno del
Estado realiza una investigación, a través de la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE), sobre el bloqueo al acceso de la mina canadiense La
Libertad localizada en el municipio de Soyopa, Sonora donde detuvo a 46
ejidatarios; sin embargo, ignora la contaminación, devastación ecológica y
daños a la salud provocados a la población por la compañía que extrae, explota
y exporta el oro de la región.
Representantes de
los afectados dicen que una vez más, el Gobierno del Estado de Sonora muestra a
través de la Procuraduría General de Justicia y agentes de la Policía Estatal,
la política de represión contra humildes ejidatarios de San Antonio de la
Huerta que protestaron en las instalaciones de la PGJE por la detención de más
de 40 pobladores que protestaron contra la contaminación y devastación de la compañía minera.
Los inconformes
señalaron a DP que el Gobierno del Estado actúa como cómplice y permite la
despiadada contaminación del subsuelo, agua y ambiente que ha devastado las
inmediaciones donde la empresa canadiense extrae desde hace años el valioso oro
de Sonora con el consentimiento de las autoridades estatales.
Después de 8 horas
de protestar frente a Palacio de Gobierno y después trasladarse a las
instalaciones de la PGJE por la calle Rosales y Paseo del Río, las autoridades
decidieron desarticular el plantón y arremetieron contra medio centenar de
pobladores que exigían la libertad de sus compañeros.
De este vergonzoso
actuar del Estado vía agentes de la PEI, la CEDH Sonora registró los hechos y
ya integró el Expediente de Queja de manera oficiosa por lo realiza las
investigaciones para deslindar responsabilidades tanto por la detención de
quienes protestaron por la contaminación como por el desalojo donde se utilizó
la fuerza pública en las inmediaciones de la Procuraduría General de Justicia y
el bloqueo de la calle Rosales.
La Policía Estatal
utilizó casi un centenar de elementos en esta acción para abrir la circulación
por la citada rúa, una medida que justificaron legal luego del bloqueo de las
vías generales de comunicación, acción que provocó una trifulca donde decenas
de manifestantes resultaron agredidos por los policías de la PEI durante el
desbloqueo.
LA LIBERTAD
Sobre los hechos, la
Procuraduría General de Justicia del Estado informó a la prensa que por la
mañana del viernes habían sido trasladados a Hermosillo 46 ejidatarios y
pobladores de San Antonio de la Huerta luego de la minera La Libertad interpuso
una querella contra quienes bloquearon el acceso al complejo minero.
“Los ejidatarios son
propietarios de los terrenos y tienen un contrato firmado de arrendamiento con
los dueños de la mina, que aún está vigente, entonces al estar impidiendo el
acceso a la mina están violando el contrato de arrendamiento que tienen
firmado”, dijo la vocera quien no dio a conocer el nombre de la mina Libertad.
Ante el bloqueo, la
PGJE determinó ejecutar una orden de restitución sin precisar si fue emitida
por un juez; sólo se detuvo a las personas, y se les trasladó a Hermosillo para
ponerlas a disposición del agente del Ministerio Público para rendir su
declaración, “en el ínter se presentan personas a la Procuraduría y bloquean el
acceso a una de las vías de las arterias viales más importantes de la Ciudad”.
“A pesar de que los
atiende el director de Averiguaciones Previas, les recibe su inquietud, los
canaliza con la Subsecretaría de Gobierno, a pesar de que los canaliza, ellos
siguen bloqueando la vía pública; por ese motivo se trasladan varios elementos
de la Policía Estatal Preventiva y Policía Estatal Investigadora, les piden de
nueva cuenta que por favor se retiren de la calle, no acceden y ahí se detienen
a cinco personas, por el delito que es bloqueo a la vía pública”, justifica la
funcionaria de nombre Tatiana Gómez Unger.
Además, en su
presentación a los medios de comunicación dijo que el centenar de policías
estatales que participaron en el desbloqueo de la calle Rosales fueron
agredidos por los manifestantes:
“En su afán de no
acatar las órdenes, de no cumplir, empiezan a lanzar patadas y golpes y los
tienen que someter, se tiene que hacer uso obligado de la fuerza para someter a
la gente que se resiste al arresto; pero de ninguna manera se viola el derecho
a nadie, ni se llega a golpear a nadie, si resultan con golpes es porque se
resisten y patean, golpean y demás, se tienen que abalanzar sobre ellos, y
detenerlos, asegurarlos”, refiere.
Por ello defendió el
proceder de los policías estatales y municipales y sostuvo que la autoridad en
ningún momento actuó de manera arbitraria pues fueron los ejidatarios quienes
cometieron la ilegalidad al violar las cláusulas del contrato con la empresa
minera.
Increíblemente, el
Gobierno del Estado y la PGJE investigan una violación de contrato y no una
devastación inclemente de la región y permite que Minerales Libertad contamine
sin piedad y enferme a las familias de San Antonio de la Huerta, Soyopa,
Sonora, México.
LOS ARRAIGOS
El sábado, la señora
Verónica Ortega denunció que la Procuraduría General de Justicia del Estado
arraigó al abogado de los ejidatarios detenidos así como a otras 4 personas más
por el bloqueo de la calle Rosales y por realizar el plantón frente a las
instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
El vocero de los
habitantes de San Antonio de la Huerta, Soyopa, Manuel Ignacio Yáñez quien
durante el viernes había denunciado a Dossier Político la detención arbitraria
de 40 compañeros, fue arraigado junto al representante legal Ramsés Valenzuela
y los señores David Guadalupe, Sergio y Ramón Antonio Acedo y llevado al Centro
de Arraigo del Hotel Sol del Pitic.
La denunciante
expuso que la intención de las autoridades es que los hoy detenidos
identifiquen al resto de los integrantes de la Mesa Directiva que llevaba a
cabo negociaciones con Minerales Libertad que asegura, incumple con los pagos a
los ejidatarios que le rentan las tierras.
Sostuvo que por más
de 20 años la compañía minera ha contaminado los mantos freáticos de la zona y
que incluso ya ha pasado al agua del Río Yaqui, “el movimiento es de todo el
ejido, no de un grupo nada más, todos nos vemos afectados con el incumplimiento
de la minera, nosotros estamos cansados de tantas injusticias”.
El problema que
derramó el vaso fue que la empresa incumplió con el pago de la renta de 420
hectáreas de tierra propiedad del ejido San Antonio de la Huerta, Soyopa,
además de que la compañía les cobra por el agua potable, pero la compañía
incumplió el pago de 60 mil pesos anuales a cada ejidatario durante los últimos
5 años del contrato.
Verínica Ortega dijo
que la empresa minera se había comprometido a reubicar el pozo de agua debido a
la alta concentración de químicos y contaminantes que se derraman al procesar
el oro y el cobre del lugar, también que se construiría una planta de agua
purificada y además se pavimentaría con concreto hidráulico un kilómetros de
San Antonio de la Huerta para mejorar la rúa; sin embargo, Minerales Libertad
incumplió el contrato.
Hasta el momento, la
Procuraduría General de Justicia del Estado ha dejado en libertad a 42
ejidatarios que protestaron fuera de la mina; sin embargo, mantiene bajo arraigo a 5 más que se plantaron frente
a las oficinas por lo que más de un centenar exige su liberación.
EL PLANTÓN EN PALACIO
El lunes, pobladores
de San Antonio de la Huerta se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para
exigir la liberación de los detenidos, luego de que fueran detenidos cuando
realizaban una manifestación pacífica por fuera de la PGJE el pasado viernes.
Desde las 8 de la
mañana, habitantes de San Antonio de la Huerta se apostaron con cartulinas
frente a Palacio de Gobierno para exigir la inmediata liberación de los 5
ejidatarios arraigados, a quienes aseguran les fueron violados sus derechos
humanos al ser detenidos de manera arbitraria…
Se trata del
presidente ejidal, Sergio Acedo Miranda; secretario ejidal, Ramón Antonio Acedo
Espinoza; el vocero de los habitantes de San Antonio, Manuel Yáñez y los
asesores jurídicos Ramsés Valenzuela y David Guadalupe Valenzuela.
La vocera de los
pobladores, Alma Leticia Acedo Miranda, quien pide a la mina Minerales Libertad
les cumpla con los compromisos acordados en un contrato donde especifica el pago de 60 mil pesos a 98
ejidatarios, asegura que cientos de familiares, vecinos y amigos de los
detenidos se plantarán frente a Palacio de Gobierno hasta que sus compañeros
sean liberados o en su caso se abra una mesa de diálogo.
Aseguraron los
quejosos que las autoridades estatales violaron las garantías individuales de
los ciudadanos, los detuvieron violentamente, sin orden de aprehensión y los
incomunicaron durante más de doce horas.
Como se recordará,
el viernes pasado 42 personas de la población de San Antonio de la Huerta
fueron detenidas por bloquear el accesos a la mina por el supuesto delito de
despojo, los cuales fueron liberados el mismo viernes en la noche después de
declarar ante el ministerio Público
Los detenidos por
manifestarse frente al edificio de la PGJE
a través de sus familiares no descartan que personas ajenas a la
población hayan filtrado personas entre los pobladores detenidos para
inculparles algún delito.
Extraño se le hace a
los manifestantes que diputados de oposición, partidos y asociaciones civiles
no se hayan manifestado en contra del gobierno por la actitud intransigente,
prepotente y poco negociadora; por protestar contra la Minera Libertad, de
capital canadiense, la cual durante años ha contaminado el ambiente, subsuelo y
el río en San Antonio de la Huerta, más de 40 sonorenses de la tercera edad
fueron detenidos por la Policía Estatal.
EXIGEN LIBERTAD
El mismo lunes, el
periodista José Luis Jara reportó a Dossier Político que los ejidatarios
advirtieron que “no queremos uno, ni queremos dos, queremos que liberen a los
cinco detenidos”, expresó Irma Leticia Acedo Miranda, en representación de los
integrantes del ejido San Antonio de la Huerta que se plantaron este 8 de abril
en Palacio de Gobierno desde las ocho de la mañana.
Acompañada por
habitantes y ejidatarios de San Antonio realizaron un mitin donde participaron
diferentes organizaciones sindicales y sociales que fueron a brindarles el
apoyo.
No están solos les
dijeron, en tanto una comisión de ejidatarios entró posterior al acto para
platicar con el director de la Secretaría de Gobierno, Eduardo Amaya, a quien
le entregaron un oficio dirigido al gobernador Guillermo Padrés.
En el documento le
solicitan al mandatario su intervención para que se lleve a cabo la reinstalación
de la mesa de diálogo que había procesado una solución integral al conflicto
del ejido San Antonio de la Huerta, entre el Gobierno del Estado y la empresa
Minerales Libertad y el ejido.
Le expresan que los
ejidatarios se pronuncian por el diálogo y un acuerdo que permita concluir el
conflicto social y evitar la criminalización de la protesta social, dejando en
inmediata libertad a los representes del ejido y asesores que actualmente se
encuentran detenidos bajo cargos penales graves, inventados por la empresa
minera.
Desde el viernes
pasado, agentes de la Policía Estatal Investigadora detuvieron al presidente
ejidal Sergio Acedo Miranda, al secretario ejidal, Ramón Antonio Acedo
Espinoza, David Guadalupe Valenzuela, al vocero de los habitantes de San
Antonio, Manuel Yáñez y los asesores Ramsés Valenzuela y David Guadalupe
Valenzuela.
El hijo de este
último, David Valenzuela, denunció en entrevista aparte, que la agencia
ministerial se ha negado a mostrar los expedientes de los cinco arraigados, en
completa violación de sus garantías individuales.
Existe el temor,
añadió, que se pretenda inventar el delito de despojo agravado, porque es
irregular que una empresa extranjera demande por despojo a los dueños de la
tierra que explotan en la mina.
En el plantón de los
ejidatarios, señores de la tercera edad, jóvenes de ambos sexos, niños, niñas,
familias enteras, se apostaron frente a las oficinas del gobernador con mantas
y cartulinas.
En una de las
mantas, grande y con letra roja le piden al Secretario de Gobernación “Osorio
Chong pedimos tu intervención, liberación de presos políticos, no queremos otro
Acteal”. Jóvenes mujeres portaron cartulinas donde le piden al gobernador
“Atienda esta injusticia”.
Y señoras mayores,
mediante cartulina de colores exigen “La liberación de los cinco detenidos”.
Venimos a
manifestarnos para exigirle al gobernador la liberación de los compañeros que
se encuentran arraigados, declaró a la prensa Irma Leticia Acedo¬¬ poco antes
de iniciar un acto donde diferentes representantes de organizaciones sociales y
sindicales expresaron el apoyo a la lucha de los ejidatarios.
SEGUIMOS MANIFESTANDO AL GOBERNADOR LA LIBERACIÓN DE
LOS COMPAÑEROS ARRAIGADOS
Seguimos
manifestando al gobernador la liberación de compañeros que se encuentran
arraigados. Ese es el objetivo del plantón, puntualizó.
Al mitin de protesta
de los ejidatarios, acudieron dirigentes y representantes de organizaciones
sociales y sindicales. Fueron representantes de los maestros universitarios
agrupados al STAUS, quienes los invitaron a sumarse a una marcha que sostendrán
este martes 9 de abril, donde tendrán cabida la demanda de los ejidatarios.
Estuvieron
representantes del Fades, de Los Libres, del Yo Soy 132, quienes se
solidarizaron en la lucha por la liberación de los ejidatarios y asesores
arraigados.
INDIGNANTE QUE EMPRESA EXTRANJERA DEMANDE POR DESPOJO
A EJIDATARIOS
Al plantón de los
ejidatarios también llegó el diputado del PRD, Carlos Navarro López, quien
consideró que el fondo del asunto es que una empresa minera extranjera que
abusa contra la población de San Antonio de la Huerta.
La minera contamina
el agua, el medio ambiente y se niegan a dejarle beneficios a un pueblo
propietario de los terrenos que están explotando los extranjeros.
En ese sentido, el
legislador perredista consideró que deben restablecerse las negociaciones entre
empresa y ejidatarios y que el gobierno del estado deje en libertad a los cinco
compañeros detenidos.
Para el legislador,
son más los perjuicios que dejan estas empresas mineras que las utilidades. Se
encuentran de ejemplo los casos de la mina de Mulatos, donde las detonaciones
de la mina han cuarteado las casas de la comunidad. Es evidente, abundó, la
contaminación que han dejado las minas en las ciudades de Nacozari, Cananea.
En general, dijo,
las empresas mineras prometen muchas cosas para poder explotar las tierras de
los ejidatarios. Pero a la hora de cumplir con los compromisos, siempre le
regatean a la gente los acuerdos
Esos acuerdos son
incumplidos, porque no hay decisión de las autoridades estatales y federales
para hacerlas cumplir. Y en general, las empresas extranjeras se aprovechan de
una ley que les permite actuar de manera impune.
Por esa razón,
Navarro López consideró que lo mínimo lo que tienen que hacer los diputados es
“ponernos del lado de los mexicanos”.
Es indignante que
una empresa minera extranjera demande por despojo agravado a los dirigentes y
asesores del ejido san Antonio de la Huerta, que son los verdaderos
propietarios del predio donde trabaja una mina canadiense.
En estos términos se
expresó el legislador del Partido de la revolución Democrática, Carlos Navarro
López al visitar el plantón que sostienen los ejidatarios frente a palacio de
gobierno, en demanda de sus líderes ejidales.
El beneficio que
dejan en Sonora estas minas, que existen muchas en la entidad, es nada
comparado con el perjuicio que provocan al medio ambiente, como los ríos, la
tierra y el aire, señaló el legislador del sol azteca.
El legislador
expresó su respaldo al reclamo de los ejidatarios, porque consideró que es justa y necesaria una nueva negociación en el
contrato de arrendamiento que tienen con la empresa minera cuyo capital es de
origen canadiense.
Dijo que acudió
apoyarlos desde el viernes pasado, cuando los ejidatarios vinieron a Hermosillo
a demandar a la Procuraduría General de Justicia del Estado, la liberación de
42 ejidatarios detenidos en la comunidad que se encuentra en el municipio de
Soyopa.
Visitó también a los
dirigentes del ejido y asesores que se encuentran arraigados en un hotel de la
ciudad. Ellos le pidieron que fuera testigo de honor en las mesas de
negociaciones que se establezcan con la empresa.
Y ante el arraigo de
los dirigentes ejidales, Navarro López lamentó la violación a los derechos
humanos que fueron objeto. Es indignante que se encuentren detenidos, porque
una empresa minera extranjera los acuse de despojo agravado.
Ellos son los dueños
del terreno donde trabaja la mina y tienen derecho a una renegociación del
contrato de arrendamiento que tienen con la empresa.
PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN
Ejidatarios y
pobladores de San Antonio de la Huerta denunciaron que la empresa minera ha
provocado una serie de daños al medio ambiente, como es la contaminación del
agua del manto que es utilizado para la comunidad.
Irma Acedo dijo que
una de las demandas de la comunidad es la reubicación del pozo de agua de la
comunidad para evitar el uso de agua contaminada. Además de ello, la mina
realiza su trabajo a 900 metros aproximadamente del poblado, lo cual rompe con
normas de seguridad para la gente
Uno de los
ejidatarios señaló que el principal problema de contaminación de la mina son
los patios de lixiviación, donde se emplea cianuro y ácidos para extraer el
mineral
El punto es que esos
patios de lixiviación han derramado agua contaminada que se ha ido al arroyo
Las Cuevitas, que va a dar hasta el río Yaqui.
En la temporada de
lluvias del año pasado, añadió, provocaron que por diez días se derramara agua
contaminada a ese arroyo. Y sospechosamente, añadió, entre la población han
surgido una serie de problemas en personas como diarreas, vómitos y otro tipo
de enfermedades.
El plantón duró
hasta poco antes de las cinco de la tarde, cuando los ejidatarios se fueron a
celebrar una reunión para determinar las acciones a seguir.
En una reunión
improvisada en la tarde, los voceros de los ejidatarios informaron de la
reunión que sostuvieron con funcionarios del gobierno del estado.
Dijeron que los
detenidos se van a ir liberando poco a poco. Se va a dar en semanas y que
existen mayores posibilidades de que liberen más pronto a los representantes
ejidales. Y en más tiempo, se podrá liberar a los asesores del ejido.
Los ejidatarios
acordaron que van a mantener la lucha por la liberación de los detenidos y
conminaron al gobierno para que se restableciera la mesa de negociación con la
empresa.
Ya se tiene una
minuta donde se plasman acuerdos que se venían construyendo en las reuniones.
Y la demanda que
tienen es que se reanuden las negociaciones con la empresa, a quien también le
reclaman que desista de las acusaciones contra los dirigentes ejidales
detenidos.
(DOSSIER POLITICO/ Alejandro Matty Ortega /
2013-04-11)
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