MÉXICO, D.F.
(Proceso).- Una semana después de que la subprocuradora Jurídica y de Asuntos
Internacionales de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio, diera a conocer la
detención de cuatro personas presuntamente involucradas en un intento de
asesinato de al menos uno de los hermanos David y Ricardo Monreal, las
preguntas y dudas son más que las certezas.
Al menos hay dos
aspectos que dilucidar en el caso: Uno, si la información que se obtuvo de las
llamadas telefónicas se realizó previa autorización judicial o si el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional ya inició operaciones generalizadas de
espionaje telefónico; y dos, si el intento de atentado efectivamente existió o
todo es un montaje para vigilar de cerca a Ricardo Monreal y afectar
directamente a la izquierda ajena al llamado Pacto por México.
En el primero de los
casos la información que proporcionó la subprocuradora el jueves 4 y las
reconstrucciones que hicieron algunos medios de comunicación hacen pensar en un
espionaje telefónico totalmente ilegal y violatorio de los derechos humanos y
constitucionales, pues se habla de “…un escaneo habitual de llamadas
telefónicas…” en el caso de 24 Horas; genéricamente “…en informes de
inteligencia…”, Reforma; de “…manera fortuita…en un escaneo de rutina…”, en el
caso del portal de Proceso y Ricardo Alemán señala en su columna en El
Universal que “…se descubrió a partir del riguroso sistema de espionaje que el
Cisen despliega en el Senado, entre muchos otros centros de poder”.
Los medios dan
versiones precisas de las conversaciones que se escucharon y que dieron pie a
la investigación que permitió desactivar el supuesto atentado y hasta hoy la
autoridad confirma que efectivamente se referían a las presuntas víctimas como
“diputado R” y “senador D”, así que al menos esa parte de la información ha
sido confirmada por las autoridades y, la otra, hasta hoy no ha sido
oficialmente desmentida.
El procurador Jesús
Murillo Karam pretendió aclarar, sin mencionarlo directamente (en una
entrevista telefónica con Joaquín López Dóriga, en Radio Fórmula el jueves 11)
que las intervenciones telefónicas se realizaron previa autorización judicial.
De acuerdo con sus dichos la primera autorización (de la que dio el número) se
expidió el 15 de febrero para investigar a una célula de la delincuencia
organizada; en algún momento que no especificó apareció una llamada a un
tercero, no involucrado en esta célula, en la que por primera vez se escuchó la
posibilidad del atentado y se pidió una nueva orden que se expidió el 15 de
marzo, es decir, un mes después. Este caso fue el que les permitió conocer toda
la trama y desmontarla.
En la primera
hipótesis la lógica es que todos estamos bajo sospecha y por lo tanto hoy todas
nuestras llamadas son monitoreadas “habitual” o “rutinariamente”, lo cual no es
muy plausible; más bien hay que revisar la hipótesis de que se espía
sistemática y cotidianamente a personajes específicos por motivos y con
objetivos que hasta hoy no han sido aclarados. La versión que plantea el
procurador Murillo Karam, que es en función de posibles vínculos con actos
delictivos, no es muy congruente con los distintos tiempos y fechas que se han
señalado a lo largo de esta semana y los criterios para solicitar las
intervenciones, bajo las normas introducidas en el pasado sexenio ya en la
paranoia generada por la creciente inseguridad, también parecen muy laxos y
arbitrarios.
Así que por una o
por otra vía todo indica que hoy el Cisen opera un “riguroso sistema de
espionaje telefónico” que casi nadie cuestiona ante su aparente éxito.
Nuevamente el combate a la inseguridad es el pretexto ideal para violar la
privacidad, la Constitución y los derechos humanos.
Fragmento del
análisis que se publica en la edición 1902 de la revista Proceso, ya en
circulación.
(PROCESO/ Jesús Cantú/ 15 de abril de 2013)
No hay comentarios:
Publicar un comentario