También la recibe Erick
Rodríguez, hermano de uno de los ex esposos de Gordillo. El sindicato realiza
movimientos para remover de su cargo a quien deba responder ante la justicia.
La Jornada
México.- Un juez federal giró orden de aprehensión contra Francisco Arriola
Urbina, padre de la hija de Elba Esther Gordillo, Mónica Arriola; Héctor
Hernández, quien fuera contador del sindicato, y Erick Rodríguez García,
hermano de uno de los ex esposos de la maestra, por presuntos ilícitos
relacionados con el proceso que se le sigue a la ex lideresa del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Ante ello, el comité ejecutivo nacional (CEN) de la organización realizó
ayer movimientos en la cúpula sindical para remover de sus cargos a quienes
ahora deberán responder ante la justicia, confirmaron a La Jornada integrantes
de este órgano.
Por la mañana, el consejo nacional de la organización emitió su primer
pronunciamiento político en torno al encarcelamiento de Elba Esther Gordillo y
exigió a las autoridades correspondientes garantizar el "apego irrestricto
a los principios jurídicos de presunción de inocencia, derecho de audiencia,
defensa y debido proceso". Y también pidió garantías "para asegurar
la integridad física" de la profesora.
Acompañante
Francisco Arriola Urbina, ex esposo de la maestra, la acompañó a lo largo
de su cacicazgo que se prolongó por casi 24 años, como uno de las piezas claves
en el manejo de las finanzas del sindicato. El padre de la senadora del Partido
Nueva Alianza Mónica Arriola tuvo diferentes cargos en la organización, aunque
todos relacionados con el tema del "negocio familiar", como algunos
sindicalistas comentaban.
Fue contralor del SNTE y se mantuvo por años en el colegiado nacional de
administración y finanzas, del que se dice que nada podía ingresar y egresar
sin su control, puesto que él manejaba cuentas de la organización.
La maestra le creó en el último congreso nacional del sindicato, realizado
en Playa del Carmen, Quintana Roo, un nuevo órgano: el llamado comité nacional
de vigilancia, transparencia y rendición de resultados, para que continuara al
frente de los dineros.
Arriola fue profesor de primaria y secretario de vivienda de la sección 36 del
estado de México, entidad que Gordillo reconocía como su cuna política. El
contador Héctor Hernández es parte de la gente cercana de quien fue hasta ayer
el hombre fuerte de los recursos del gremio.
De acuerdo con las fuentes, Nora Ugarte e Isaías Rodríguez –quienes están
encarcelados y se les acusa de recibir los recursos de dos cuentas del
sindicato para depositarlos en otras, ya sea de empresas o personales–
reportaban los movimientos a Héctor Hernández. Erick Rodríguez es hermano del
periodista Francisco Rodríguez, quien fue el tercer esposo de Gordillo.
En una encerrona que se inició desde la mañana y se prolongó hasta altas
horas, el CEN del SNTE discutió la "reorganización" de la cúpula ante
las nuevas órdenes de aprehensión contra otros de los integrantes de la
jerarquía sindical.
Las fuentes señalaron que existe temor de que en las próximas horas sean
detenidos otros dos miembros. Hay quienes hablan del ex yerno de Elba Esther
Gordillo, René Fujiwara Apodaca, quien llegó a cobrar hasta por ocho plazas en
la misma escuela donde está adscrita la profesora en el estado de México, de
acuerdo con el padrón nacional de maestros que publica trimestralmente la
Secretaría de Educación Pública (SEP).
Estas detenciones se suman a las realizadas contra Isaías Gallardo Chávez,
José Manuel Díaz Flores y Nora Guadalupe Ugarte, coacusados junto con Elba
Esther Gordillo. Además de que recientemente fue presentado ante el juez sexto
de distrito el contador Edgar Rodríguez, quien también forma parte del equipo cercano
a Francisco Arriola.
Ayer también corrieron versiones de que el yerno de la ex lideresa y ex
subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez, habría ya salido
del país.
En su más reciente informe de la Cuenta Pública 2011, en el que la
Auditoría Superior de la Federación reveló que el gobierno de Felipe Calderón
Hinojosa realizó "pagos indebidos" al SNTE por 5 mil 661.7 millones
de pesos, la instancia fiscalizadora detectó que hay recuperaciones probables
por 2 mil 766 millones 996 mil pesos del programa Habilidades digitales para
todos, que operó en su momento González Sánchez.
En la víspera de que el juez federal dictara auto de formal prisión por los
delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada contra Gordillo Morales,
el Consejo Nacional del SNTE pidió "garantías para vigilar el pleno
respeto a los derechos humanos" de la profesora.
En un comunicado de siete párrafos, la organización sindical sólo dedicó
uno para referirse a la situación actual de la ex dirigente, a quien le expresó
su solidaridad.
El resto del comunicado de prensa se refiere a los acuerdos tomados en la
26 sesión extraordinaria del consejo nacional del SNTE, efectuado la semana
pasada, cuando las autoridades detuvieron a la ex lideresa.
Con especial énfasis, el sindicato habló de la determinación de que Juan
Díaz de la Torre asumiera "cada una de las atribuciones y facultades"
de la presidencia del consejo general sindical para el fortalecimiento de la
educación pública –cargo que ostentaba la maestra Gordillo–, además de
continuar con sus funciones de secretario general del gremio.
El SNTE justificó las formas en que Díaz de la Torre remplazó a Elba Esther
Gordillo en sus funciones: "Debido a la relevancia de esta determinación,
los consejeros decidimos someterla a un proceso de voto directo, secreto y
nominal, como lo determina nuestro estatuto". Y recordó que Díaz de la
Torre obtuvo 268 votos a favor y solo una abstención.
Finalmente, la organización gremial enfatizó que ejerce "legal y
legítimamente la titularidad de la representación" de los educadores y es
“un sindicato de carácter nacional y unitario que –en el ejercicio de su
autonomía e independencia– autorregula su vida interna con apego a su propio
estatuto y cuenta con órganos de gobierno sindical democráticamente electos
para reivindicar los derechos individuales y colectivos de sus agremiados y
promover una educación pública de calidad con equidad”.
(PROCESO/ La Jornada/
2013-03-05)
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