martes, 5 de marzo de 2013

ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA EX ESPOSO DE ELBA ESTHER GORDILLO



También la recibe Erick Rodríguez, hermano de uno de los ex esposos de Gordillo. El sindicato realiza movimientos para remover de su cargo a quien deba responder ante la justicia.
 
La Jornada
México.- Un juez federal giró orden de aprehensión contra Francisco Arriola Urbina, padre de la hija de Elba Esther Gordillo, Mónica Arriola; Héctor Hernández, quien fuera contador del sindicato, y Erick Rodríguez García, hermano de uno de los ex esposos de la maestra, por presuntos ilícitos relacionados con el proceso que se le sigue a la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Ante ello, el comité ejecutivo nacional (CEN) de la organización realizó ayer movimientos en la cúpula sindical para remover de sus cargos a quienes ahora deberán responder ante la justicia, confirmaron a La Jornada integrantes de este órgano.

Por la mañana, el consejo nacional de la organización emitió su primer pronunciamiento político en torno al encarcelamiento de Elba Esther Gordillo y exigió a las autoridades correspondientes garantizar el "apego irrestricto a los principios jurídicos de presunción de inocencia, derecho de audiencia, defensa y debido proceso". Y también pidió garantías "para asegurar la integridad física" de la profesora.

Acompañante

Francisco Arriola Urbina, ex esposo de la maestra, la acompañó a lo largo de su cacicazgo que se prolongó por casi 24 años, como uno de las piezas claves en el manejo de las finanzas del sindicato. El padre de la senadora del Partido Nueva Alianza Mónica Arriola tuvo diferentes cargos en la organización, aunque todos relacionados con el tema del "negocio familiar", como algunos sindicalistas comentaban.

Fue contralor del SNTE y se mantuvo por años en el colegiado nacional de administración y finanzas, del que se dice que nada podía ingresar y egresar sin su control, puesto que él manejaba cuentas de la organización.

La maestra le creó en el último congreso nacional del sindicato, realizado en Playa del Carmen, Quintana Roo, un nuevo órgano: el llamado comité nacional de vigilancia, transparencia y rendición de resultados, para que continuara al frente de los dineros.

Arriola fue profesor de primaria y secretario de vivienda de la sección 36 del estado de México, entidad que Gordillo reconocía como su cuna política. El contador Héctor Hernández es parte de la gente cercana de quien fue hasta ayer el hombre fuerte de los recursos del gremio.

De acuerdo con las fuentes, Nora Ugarte e Isaías Rodríguez –quienes están encarcelados y se les acusa de recibir los recursos de dos cuentas del sindicato para depositarlos en otras, ya sea de empresas o personales– reportaban los movimientos a Héctor Hernández. Erick Rodríguez es hermano del periodista Francisco Rodríguez, quien fue el tercer esposo de Gordillo.

En una encerrona que se inició desde la mañana y se prolongó hasta altas horas, el CEN del SNTE discutió la "reorganización" de la cúpula ante las nuevas órdenes de aprehensión contra otros de los integrantes de la jerarquía sindical.

Las fuentes señalaron que existe temor de que en las próximas horas sean detenidos otros dos miembros. Hay quienes hablan del ex yerno de Elba Esther Gordillo, René Fujiwara Apodaca, quien llegó a cobrar hasta por ocho plazas en la misma escuela donde está adscrita la profesora en el estado de México, de acuerdo con el padrón nacional de maestros que publica trimestralmente la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Estas detenciones se suman a las realizadas contra Isaías Gallardo Chávez, José Manuel Díaz Flores y Nora Guadalupe Ugarte, coacusados junto con Elba Esther Gordillo. Además de que recientemente fue presentado ante el juez sexto de distrito el contador Edgar Rodríguez, quien también forma parte del equipo cercano a Francisco Arriola.

Ayer también corrieron versiones de que el yerno de la ex lideresa y ex subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez, habría ya salido del país.

En su más reciente informe de la Cuenta Pública 2011, en el que la Auditoría Superior de la Federación reveló que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa realizó "pagos indebidos" al SNTE por 5 mil 661.7 millones de pesos, la instancia fiscalizadora detectó que hay recuperaciones probables por 2 mil 766 millones 996 mil pesos del programa Habilidades digitales para todos, que operó en su momento González Sánchez.

En la víspera de que el juez federal dictara auto de formal prisión por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada contra Gordillo Morales, el Consejo Nacional del SNTE pidió "garantías para vigilar el pleno respeto a los derechos humanos" de la profesora.

En un comunicado de siete párrafos, la organización sindical sólo dedicó uno para referirse a la situación actual de la ex dirigente, a quien le expresó su solidaridad.

El resto del comunicado de prensa se refiere a los acuerdos tomados en la 26 sesión extraordinaria del consejo nacional del SNTE, efectuado la semana pasada, cuando las autoridades detuvieron a la ex lideresa.

Con especial énfasis, el sindicato habló de la determinación de que Juan Díaz de la Torre asumiera "cada una de las atribuciones y facultades" de la presidencia del consejo general sindical para el fortalecimiento de la educación pública –cargo que ostentaba la maestra Gordillo–, además de continuar con sus funciones de secretario general del gremio.

El SNTE justificó las formas en que Díaz de la Torre remplazó a Elba Esther Gordillo en sus funciones: "Debido a la relevancia de esta determinación, los consejeros decidimos someterla a un proceso de voto directo, secreto y nominal, como lo determina nuestro estatuto". Y recordó que Díaz de la Torre obtuvo 268 votos a favor y solo una abstención.

Finalmente, la organización gremial enfatizó que ejerce "legal y legítimamente la titularidad de la representación" de los educadores y es “un sindicato de carácter nacional y unitario que –en el ejercicio de su autonomía e independencia– autorregula su vida interna con apego a su propio estatuto y cuenta con órganos de gobierno sindical democráticamente electos para reivindicar los derechos individuales y colectivos de sus agremiados y promover una educación pública de calidad con equidad”.

(PROCESO/ La Jornada/ 2013-03-05) 

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