La oficina de promoción turística de México en España
está en manos de una diplomática, Ximena Caraza, a quien una auditoría le
detectó varias irregularidades en su gestión.
Revisiones ordenadas por la oficina de control del
Consejo de Promoción Turística han encontrado gastos superfluos y probables
actos de corrupción en el manejo de contratos con empresas que pertenecen a
amigos de la funcionaria.
Según fuentes consultadas por Proceso, Caraza no
solamente no está preocupada por su proceder, sino que alardea con que se
mantendrá en su puesto pese al cambio de administración federal.
Alejandro Gutiérrez
MADRID (Proceso).-
Ximena Caraza Campos impuso su personalísimo modo de gestionar la promoción de
México como destino recreativo. Su administración en la Oficina Regional para
Europa del Consejo de Promoción Turística (CPTM, con sede en esta capital)
estuvo plagada de casos de aparente corrupción, dispendio de recursos públicos,
así como entrega de contratos ventajosos a empresas de amigos y a otras que
condescendieron con la funcionaria.
Esto se desprende de
las auditorías 11/2008 y 01/2009 realizadas por el Órgano Interno de Control
(OIC) del mismo consejo –de las que Proceso tiene copias– que documentan el
incumplimiento de contratos, gastos superfluos y una ostentosa remodelación de
sus oficinas que, concluyen los auditores, “no garantizan que el ejercicio de
los recursos públicos federales se realice con base a criterios de legalidad,
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia,
control y rendición de cuentas”.
Pese a las
abrumadoras pruebas, la Secretaría de la Función Pública (SFP) sólo la sancionó
–después de la primera auditoría– con una “amonestación privada” por “abuso de
autoridad”, según el expediente OIC/RES/07/2009 del 13 de agosto de 2009 que
puede verse en la página electrónica del Sistema de Registro de Servidores
Públicos Sancionados de dicha dependencia. La auditoría 01/2009 mantuvo
abiertas diligencias hasta diciembre de 2010.
Eso no fue obstáculo
para que la diplomática saltara a otra posición relevante en la embajada de
México en España. Gracias a sus relaciones con grupos de poder en México, en
junio de 2009, un mes antes de emitirse el fallo de la SFP, el entonces
secretario de Economía, Bruno Ferrari, la nombró titular de Pro méxico en
España, donde aconseja a empresarios españoles interesados en invertir en
México, así como a mexicanos que desean hacer lo mismo España.
Fuentes diplomáticas
mexicanas sostienen que en su círculo cercano Caraza suele afirmar que, pese al
cambio de gobierno, permanecerá al frente de Proméxico en España gracias a su
amistad con Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, con quien años atrás
coincidió en la cancillería –durante la gestión de José Ángel Gurría– cuando él
fue responsable de Finanzas. Sólo el mes pasado Caraza organizó dos foros con
empresarios españoles: uno sobre energías renovables y otro con el gobernador
de Puebla, Rafael Moreno Valle, para promover más inversiones.
La funcionaria
–junto con el actual embajador, Francisco Ramírez Acuña, y el equipo de
transición de Peña Nieto– participó destacadamente en la preparación del
encuentro de los presidentes y directivos de los mayores consorcios españoles
con el entonces presidente electo en octubre de 2012 (Proceso 1877).
Cuñada de Claudio X.
González, ex presidente de la fundación Televisa y hoy presidente de la
fundación Mexicanos Primero, Caraza es una aliada del poderoso empresario
Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio
Exterior y en España del Consejo Empresarial Hispano Mexicano, que se presenta
como el “dueño de las relaciones empresariales mexicano-españolas”, en opinión
de un consultor financiero entrevistado por el corresponsal (Proceso 1877).
El reportero ha
constatado la activa participación de la funcionaria en los actos organizados
aquí por Díez Morodo, a quien Peña Nieto le pidió seguir colaborando para
“estrechar los lazos empresariales con España”.
Caraza trabaja en la
legación de México en España desde la gestión del embajador Juan José Bremer
(1998-2000), en el gobierno de Ernesto Zedillo; y en los de Vicente Fox y
Felipe Calderón colaboró con los embajadores Gabriel Jiménez Remus, Jorge
Zermeño (periodo de las auditorías) y Francisco Ramírez Acuña. También fungió
dos años como cónsul de México en Milán.
Remodelación de lujo
La oficina del CPTM en Madrid fue remodelada y acondicionada con un gasto de 75 mil 691 euros (más
de 1 millón de pesos). Sin embargo, Caraza ordenó una serie de modificaciones
al proyecto inicial sin contar con autorización de las oficinas centrales, como
establece la auditoría 11/2008.
Los auditores del
OIC señalan que “no se cuenta con dicha autorización” de la Dirección de
Recursos Materiales del consejo; además cuestionan que se presentó un
presupuesto único sin desglosar los precios unitarios para cada uno de los
trabajos; indican que las tres empresas participantes en el concurso entregaron
“presupuestos deficientes” que carecen de explicación, “lo que no permite tener
parámetros de medición o de control sobre las actividades que se llevaron a
cabo para la remodelación”.
La empresa ganadora,
Royal Engraving, con sede en Barcelona, “incumplió o no fue posible identificar
22 de las 39 actividades que presupuestó”, es decir, “incumplió en 56%” de
dichos trabajos, confirman el estudio contable y el informe de inspección de
los auditores que viajaron a Madrid.
Esto obligaba a la
empresa contratada a una eventual devolución de hasta 42 mil 386 euros; por
tanto el OIC exigió a la oficina de Caraza que pidiera a la empresa “un
documento que soporte el pago que se realizó por el servicio y que acredite la
entrega efectuada por el proveedor”.
Un ex funcionario de
la SFP que conoció de cerca el proceso asegura que esta auditoría provocó
“fuertes presiones políticas” para el OIC; por ello, explica, en “la inspección
física de la obra (los auditores) fueron demasiado flexibles para tratar de
justificar las modificaciones y facturas de la remodelación”.
No obstante los
auditores pidieron “aclarar la vinculación entre las tres empresas que
participaron en el concurso”. Royal Engraving –de acuerdo con documentos del
Registro Mercantil de España, en poder de este semanario– es propiedad de
Miguel Soler Roig Juncadella. Este empresario catalán es pareja de la mexicana
Eugenia González Cortés, amiga y comadre de Caraza y quien también vive en
España, confirman dos ex funcionarios de la embajada.
González Cortés
preside la empresa Ulterior Consulting SL, con sede en Madrid, sociedad que los
auditores señalan en la observación 01/2009/05 porque “estuvo relacionada en el
concurso y contratación irregular de la empresa Royal Engraving para los
trabajos de remodelación y acondicionamiento de la oficina de CPTM en Madrid”.
Ulterior Consulting,
a su vez, obtuvo el contrato para un evento de cata de tequila por el cual el
consejo pagó 36 mil 64 euros (casi 650 mil pesos). Los auditores no encontraron
el contrato de este servicio en el que se estipulen los derechos y obligaciones
de las partes, además de que “se carece de tres cotizaciones de acuerdo a las
políticas de adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios”.
Para tratar de
solventar este señalamiento, la Dirección Ejecutiva de Mercadotecnia del CPTM
respondió el 30 de junio de 2010 que estaba “en proceso de integrar el contrato
o convenio y las tres cotizaciones exigidas”, es decir, el consejo pretendió
resolver esta irregularidad dos años después de celebrado el evento.
Adicionalmente uno
de los ex funcionarios de la embajada consultados afirma que parte del tequila
para la cata fue donado, pero la oficina del CPTM en Madrid lo reportó como
compra.
Contratos de publicidad
Los auditores
pusieron particular cuidado en los contratos de publicidad y estrategias de
comunicación contratados para este mercado, por ser un elemento central para la
promoción turística; sin embargo en todos los convenios analizados se
encontraron graves fallas, según la auditoría 01/2009.
Con la empresa
McCann Erickson se firmó el contrato 035/2006 por un monto de 1 millón 224 mil
662 euros, para desarrollar en el primer semestre de 2007 la “publicidad
cooperativa”, que es la realizada en conjunto con estados de México que lanzan
campañas de promoción turística.
Se estudió una
muestra aleatoria de 10 de los 23 convenios para el mercado español –481 mil
389 euros–, seis de los cuales “carecen del contrato para formalizar el convenio
de participación cooperativa y la aportación de cada uno de los socios (Estados
y federación)”, apuntan.
Además los convenios
carecen del “plan de medios de comunicación” en los que se publicaron dichas
campañas promocionales; Caraza autorizó variaciones en los medios a invertir,
en la difusión, la cantidad de inserciones y el monto de dicha inversión, sin
que hubieran formalizado las minutas correspondientes, y prácticamente en
ninguno de los planes cooperativos se identifican el funcionario y el proveedor
que los firmaron.
El 31 de diciembre
de 2010 la parte auditada respondió que la Dirección Ejecutiva de Relación con
Destinos y Socios solicitó a McCann Erickson la copia de los convenios
observados, de los cuales a esa fecha sólo se habían entregado tres y faltaban
siete; es decir que trataron de solucionar la inconsistencia tres años después
de ejecutado el plan publicitario.
La misma empresa
incumplió en el segundo semestre de 2006 una serie de contratos de publicidad
de diversos convenios cooperativos, como la campaña Viva Tours/Ruta de los
Dioses, por 4 mil euros, para publicarse en la revista Máxica; pese a que esta
publicación es propiedad del CPTM, no se contaba con la factura
correspondiente.
En otra campaña para
el mercado europeo encargada a McCann Erickson por 50 millones 823 mil 775
pesos, el expediente relativo a 19 campañas destinadas al mercado español no
tenía las facturas de los medios en los que se publicaron las inserciones y “se
pretendió cubrir esta falla con facturas de otros operadores turísticos y con
cartas dirigidas a McCann Erickson”, lo cual va “en contravención de lo
establecido en la cláusula sexta del contrato de prestación de servicio”.
Por todo ello el OIC
evaluaba llevar a cabo “acciones jurídicas en contra de la agencia de
publicidad por los incumplimientos observados, incluyendo un procedimiento de
sanción a proveedores”.
El contrato de
publicidad 66/2007 que se otorgó a Grupo Eñe de Comunicación para las campañas
de publicidad para los segundos semestres de 2007 y 2008 –21 convenios por 952
mil 420 euros– incurrió en las mismas fallas que la empresa antes citada o se
encontró que algunas facturas se emitieron antes de la firma del convenio y del
pago, como sucedió en la campaña Michoacán/CPTM, por 8 mil 400 euros, contraviniendo
disposiciones de la Secretaría de Hacienda.
Invitados especiales
En la participación
del CPTM en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) en 2007 y 2008
el gasto se disparó “hasta en 73% de un año a otro” y los procesos de
contratación de servicios están plagados de inconsistencias.
La contratación para
el montaje y desmontaje del módulo de México en ambas ediciones de la Fitur se
llevaron a cabo “a través de correos electrónicos y propuestas informales”; “se
carece de estudio de mercado para ver si los precios cotizados son razonables”
y se carece de bases técnicas formales que sirvan para evaluar las propuestas.
En la de 2007 el
CPTM adjudicó el contrato a la empresa Molinare Madrid por 260 mil euros, pese
a que sólo cubría 34 de las 39 exigencias técnicas exigidas. El expediente de
este contrato contenía un cuadro de evaluación de propuestas que carece de
formalidad y los presupuestos se presentaron de manera “inconsistente”.
Ese año el consejo
hizo gastos adicionales por 24 mil 400 euros “por concepto de banquetes,
distribución de materiales, comisiones bancarias por transferencias y reparto
de la revista Máxica en Fitur, los cuales no fueron contratados de forma
integral” y esos gastos se registraron indebidamente en la partida relativa a
“exposiciones”.
Los auditores
descubrieron que se realizaron actos sociales para “empresarios importantes de
España del sector turístico” con Felipe Calderón, para lo cual “se hicieron
invitaciones a los directivos de empresas que prestan sus servicios en
publicidad, encontrando que se invitó al presidente de un club de futbol de la
liga española, sin justificación”.
La auditoría
identificó que el invitado fue Carlos Mouriño Atanes, padre de Juan Camilo
Mouriño y presidente del Real Celta de Vigo. Caraza justificó ante el OIC que
este empresario “fue invitado por indicación expresa de la Presidencia de la
República, por conducto del embajador Gabriel Jiménez Remus”.
En la Fitur de 2008
se contrató para montar y desmontar el módulo de México a Grupo Eñe
Comunicaciones –pese a las deficiencias en el contrato de publicidad arriba
descrito–, cuya propuesta fue más cara que la de sus competidores: Bauhauss y
Molinare.
Pese a que esta
última cumplía con el mayor número de requisitos técnicos y presentó un
presupuesto de 307 mil euros, CPTM otorgó el contrato a Grupo Eñe con un
sobreprecio de 13 mil euros. La propuesta de la empresa ganadora incluía el
costo del consumo de energía eléctrica del módulo, pese a que el consejo ya
había pagado 2 mil 500 euros por ese servicio a la Institución Ferial de
Madrid, donde se celebró la Fitur, señaló la auditoría.
Se identificaron
pagos por casi 30 mil euros por “gastos de banquetes, distribución de
materiales, comisiones bancarias por transferencias, edecanes pagadas con
presupuesto de la oficina del CPTM de Madrid”, que están mal clasificadas y no
corresponden con los gastos de las ferias.
Las respuestas a
casi todas las observaciones del OIC recurren a un lenguaje burocrático que,
sin embargo, en pocos casos aclaran las observaciones. Un caso es la respuesta
que Caraza envió el 11 de febrero de 2009, donde argumenta que si no se hacen
contratos integrales es porque los actos de promoción “necesariamente implican
la contratación de diversos proveedores que forman y enriquecen el evento”,
porque el propósito de la oficina es “que se posicione a nuestro país y la
Marca México” para “transmitir una imagen atractiva y llamativa de nuestro
país”.
Sin embargo los
auditores contra argumentaron señalando que los contratos de Fitur “no aseguran
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás”.
Un caso del que el
corresponsal tuvo conocimiento fue el contrato 794 que se otorgó a la empresa
JC Decaux para elaborar una lona de promoción de la campaña Chichén Itzá-Nueva
Maravilla del Mundo, que tuvo un costo de casi 58 mil 500 euros, que sin
justificación se pagó en dos partes, una en la oficina de Madrid y otra en la
oficina de Londres.
Los auditores
encontraron que no se realizó cotización adicional para ver si el servicio
estaba dentro del mercado; no obstante “la lona promocional fue desechada por
falta de espacio para su almacenamiento y por los costos del proveedor para su
conservación en sus instalaciones”.
Los auditores
exigieron la documentación que justificara la baja de dicho material
publicitario y la justificación para un pago compartido entre las oficinas de
Madrid y Londres”. En respuesta, la funcionaria remitió cartas de costos
proporcionadas por otras empresas, Publicis Dialog y Grupo Eñe, “con las
cuales”, alega, “se acredita que el precio de la lona es acorde con los precios
del mercado” y, según su dicho, con ello se “han realizado las justificaciones
correspondientes”.
(PROCESO/ Alejandro Gutiérrez/ 21 de febrero de 2013)
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