Héctor
Froylán Campos Macías
Confieso que el gobernador Guillermo
Padrés Elías y toda su camarilla de colaboradores me traen –parafraseando al
amigo y colega Arturo Soto— más enredado que una “maruchán”.
En serio: la sarta de argumentos y
declaraciones que han venido esgrimiendo para explicar y justificar la gravosa
carga impositiva en el presente ejercicio fiscal, lejos de aclarar el seso y
despejar dudas ha provocado un efecto radical, contrariamente distinto a los
fines que persigue el gobierno.
Pero si el propósito del sermón es
abrumar a la opinión pública con datos e historias en las que invariablemente
se mezclan verdades a medias o mentiras completas, mucho temo que lo han
conseguido.
Y créame que el viernes pasado fue el
acabose. El gobernador Padrés acudió muy temprano a la cabina de radio donde
transmiten su noticiero matinal Sergio Romano y Soledad Durazo, ambos
respetables y respetados profesionales de la comunicación.
En la entrevista se abordaron diversos
tópicos. Más profuso, sin duda, fue el polémico tema de los impuestos y todo lo
que gravita alrededor. Era evidente que el Ejecutivo quería decir algo con
respecto a lo ocurrido en la víspera en el Congreso.
Como se sabe, el día jueves,
legisladores integrantes de las comisiones unidas de Hacienda votaron por
mayoría los dictámenes de sendas iniciativas de reforma a la legislación
hacendaria que derogan todo el articulado relativo a la denominada Contribución
al Fortalecimiento Municipal (COMUN) que no es otra cosa mas que el impuesto
que grava la tenencia y uso de vehículos en Sonora.
Dichas propuestas habían sido
presentadas por los diputados del PRI y PRD, Humberto Jesús Robles Pompa y Carlos
Navarro López. Las motivaciones que orillaron a la mayoría de legisladores
priistas y del Verde Ecologista a votar favorablemente los resolutivos son
harto conocidos.
Con este lance, la oposición congresista
–a excepción de Navarro López y Abel Murrieta, los únicos que hicieron público
su rechazo en el pleno— intenta enmendar la equivocada decisión que tomaron en
diciembre al avalar la suscripción de los dictámenes del paquete fiscal para
que fuesen llevados y votados en el pleno sin mayor discusión, ni trámite.
Sería una omisión imperdonable el no
advertir que en esta acción subyace un objetivo eminentemente
político-electoral. Capitalizar y encauzar con tino el malestar ciudadano que
generan las políticas gubernamentales que golpean donde más le duele a la gente
–el bolsillo, principalmente— suele ser una estrategia políticamente rentable
en la lucha por el poder. en el Valle del Yaqui no nos dejaran mentir.
El asunto es que la puesta en escena de
quienes ahora pretenden desandar lo que ya es un hecho legalmente consumado, es
una comedia extemporánea y de ficción que solo alienta falsas expectativas
entre los inconformes con las desproporcionadas cargas tributarias y
descomunales aumentos en los servicios que presta el gobierno.
En primer lugar, no cuentan con los
votos necesarios para que se valide en el pleno legislativo. Y en el hipotético
caso de que los representantes del PANAL y PRD,
Ismael Valdéz López e Hilda Alcira Chang Valenzuela, fieles
incondicionales del gobernador Padrés, decidieran cambiar de parecer y votaran
a favor del dictamen para abolir la tenencia vehicular, pues al Ejecutivo le queda todavía una carta
por jugar: el veto.
Es decir: el futuro de la propuesta que
busca echar abajo impuestos y aumentos, definitivamente está en chino. El
mandatario lo ha machacado en reiteradas ocasiones: no hay reversa.
Pero volviendo al comentario inicial de
este despacho, lo que me carga echo bolas, es la perorata con la que Padrés
Elías ha venido combatiendo los reclamos de la ciudadanía que se opone al pago
de los tributos.
La decisión –digamos virtual, por
llamarle de alguna manera— que asumieron los legisladores de las comisiones de
Hacienda provocó un arranque de pesimismo y desastre en la visión del
Ejecutivo, el mismo que a finales del 2011 echaba campanas al vuelo con la
“histórica” renegociación de la deuda, con lo cual supondría uno quedaría
saldada la necedad de seguir utilizándola como fuente de todos nuestros males.
Lo que expuso en la entrevista con
Sergio Romano y Soledad Durazo, es una suerte de holocausto económico el que
podría ocurrir si el Estado deja de recaudar el COMUN: dos mil empleados a la
calle; no más uniformes escolares; adios al agua del acueducto; cero obras de
infraestructura; apoyos al agro, ni pensarlo; ni una vivienda más; paralizado
el arreglo de escuelas; sin ingresos las universidades; despido de policías;
apoyo para adultos mayores y jefas de familia, olvídense; etcétera, etcétera.
Eso me da tristeza, repetía Padrés con
ganas de que quienes lo escuchaban, le creyeran. Así no… Es cuanto.
(DOSSIER
POLITICO/ Héctor Froylán Campos Macías / Dossier Político/ 2013-01-21)
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