No solo hay operadores del crimen organizado, sino también ex
funcionarios del Ministerio Público federal, de la Secretaría de
Seguridad Pública federal y del Ejército.
Rubén Mosso
México • La Procuraduría General de la
República (PGR) gastó más de 150 millones de pesos en los últimos 15
años para mantener a casi 500 testigos colaboradores que son la base de
averiguaciones previas relacionadas con delitos de delincuencia
organizada.
Tan solo en la gestión de Felipe Calderón, el Ministerio Público
Federal desembolsó aproximadamente 60 millones de pesos para el sustento
de estas personas y renta de inmuebles, de acuerdo a respuestas de
información con base a la Ley Federal de Transparencia.
En esa administración los testigos cobraron auge, sobresaliendo 15 de
ellos, 12 de los cuales son delincuentes confesos y uno víctima, este
último que contribuyó a la detención de un ex funcionario del norte del
país.
La PGR los llama Jennifer, Pitufo, Güicho, Mateo, Tigre, María Fernanda, Rambo, Felipe, Ricardo, Sebastián, Orión, Renata, Carolina y Zajed.
Entre ellos no solo hay operadores del crimen organizado, sino
también ex funcionarios del Ministerio Público Federal, de la Secretaría
de Seguridad Pública federal y del Ejército, a quienes se les dio un
trato especial con el propósito de delatar a sus cómplices.
Lo extraordinario es que muchos aseguran haber presenciado o enterado
de los tratos que realizaron sus jefes con políticos, generales,
abogados y ex trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Muchos de sus comentarios resultaron pocos creíbles, ya que se situaron hasta en dos o más organizaciones criminales rivales.
Zajed fue el testigo que dio origen en 2009, al caso denominado el michoacanazo,
en el que se capturó a casi 40 servidores públicos del gobierno de
Michoacán, entre ellos alcaldes, de quienes aseguró tenían relación con
el cártel de La Familia Michoacana.
El asunto se convirtió en el mayor fracaso de la PGR, pues todos
recuperaron su libertad, al no existir pruebas que los ligaran con el
narcotráfico.
A pesar de ello, la PGR volvió a utilizar a Zajed en 2010 para detener al ex alcalde de Cancún, Gregorio Sánchez, Greg, pues con sus dichos, y los del testigo Güicho, lo señaló de tener nexos con Los Zetas y de participar en el tráfico de indocumentados. Greg recobró su libertad en julio de 2011.
Otro de los testigos es el que tiene nombre clave Pitufo,
quien en 2008 sirvió para investigar y detener al ex coordinador de
Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, Javier Herrera
Valles, de quien dijo recibía pagos para proteger actividades delictivas
de miembros del crimen organizado en Tamaulipas. Hace unos meses, el ex
coordinador fue absuelto por un juez federal.
El Pitufo también declaró contra Arturo Herrera Valles,
comandante de la Policía Federal en Tabasco, hermano de Javier, al que
relacionó con un cártel contrario.
Los dichos del testigo llevaron a la cárcel, en 2010, al cubano Boris
del Valle Alonso, asesor de Seguridad Pública de Greg Sánchez, a quien
vínculo con Los Zetas y de participar en el crimen del general Mauro
Enrique Tello Quiñones.
El mismo Pitufo, junto Jennifer, hicieron que el
ex secretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare y a otros
generales más, terminaran este año en la cárcel por presuntos nexos con
el cártel de Los Beltrán Leyva.
También declaró en la investigación contra el ex gobernador de
Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, contra quien se giró una orden
de aprehensión en agosto pasado, por supuestos nexos con Los Zetas y el
cártel del Golfo.
JENNIFER, LA ESTRELLA
No obstante, la estrella de la PGR se llama Roberto López Nájera un ex abogado al que llaman Jennifer,
y quien logró llevar a prisión a casi todos los jefes de la entonces
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada, entre ellos a su titular Noé Ramírez Mandujano, además de
mandos del Ejército y de la SSP.
Este ex litigante también proporcionó información para ubicar a los principales líderes del cártel de Los Beltrán Leyva, y al mayor Arturo González Rodríguez, quien “alardeaba” ser sobrino de Arturo Riviello Bazán, ex titular de la Sedena.
Al mayor lo señaló de vender información del área de Inteligencia y Planeación de la dependencia.
Jennifer trabajaba para Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. También se convirtió en el principal denunciante de los generales Tomás Ángeles y Roberto Dawe González.
Otro de los que gozó de grandes privilegios fue Sergio Villarreal Barragán, El Grande, segundo al frente del cártel de Los Beltrán Leyva.
Con el nombre clave Mateo, declaró contra el secretario de
Seguridad Pública de Morelos, Luis Ángel Cabeza de Vaca Rodríguez, y
contra del general Tomás Ángeles.
Uno de los beneficiados también fue el ex mando de la SSP federal, Edgar Enrique Bayardo, con nombre clave Tigre, quien confesó estar involucrado con el capo del cártel de Sinaloa, Reynaldo El Rey Zambada, a quien brindaba protección, y que delató a sus compañeros que protegían a Los Beltrán Leyva.
De acuerdo a los oficios DGPDSC/UEAI/2118/2006 y
DGPDSC/UEAI/5364/2007, de 1997 a 2003, 252 personas decidieron ser
testigos protegidos, mientras que de 2004 a 2007, 174 sujetos hicieron
lo mismo, respectivamente.
Según la PGR, hasta 2003 se dispuso de 36 millones 885 mil 883.78
pesos, dinero que representa el gasto que se utilizó para la manutención
y seguridad, el cual no contempla solo a dichos testigos, “sino a todas
aquellos que garanticen la seguridad de la presencia de éste en el
proceso...(para evitar) vulnerar la comparecencia del testigo en las
diligencias…”
En tanto que de 2004 a 2007, se gastaron 36 millones 295 mil 744.24
pesos, además de 12 millones 456 mil 379 pesos para arrendamiento, los
cuales suman 49 millones 360 mil 484 pesos 16 centavos.
En 2008 se gastaron 15 millones 123 mil pesos; en 2009, 20 millones 197 mil pesos y en 2010, 14 millones 825 mil pesos.
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