Archivos desclasificados de la Policía Federal y la PGR advierten que
un número imposible de definir de personas han sido eliminadas de la
faz del país, disueltas en lo que solo puede describirse como “centros
de procesamiento”. Fosas clandestinas. Sitios de destrucción química y
mecanizada de cuerpos. Cabezas sin dueño y extremidades huérfanas.
Osamentas. Cadáveres que fueron dañados a propósito para que nunca se
les pueda identificar. Un resumen de la barbarie que se configura en
herida permanentemente abierta. Al final del sexenio, incontables
personas han sido víctimas de una de las acciones más atroces que pueda
emplear el crimen organizado: la anulación.
En paralelo a la cifra global de personas que han sido enviadas a la
fosa común (MILENIO 28/10/12), cientos de cuerpos de víctimas de
homicidio han tenido otros destinos, desde formar parte de esfuerzos de
propaganda e intimidación del narcotráfico hasta peor aún, integrarse a
la lista de los borrados: hombres y mujeres a las que se trató de
desaparecer en fosas clandestinas o destruyendo sus restos. Una práctica
terrible que, en muchas ocasiones, ha tenido éxito.
Una investigación de MILENIO, basada en archivos policiales y medio
centenar de solicitudes de transparencia presentadas ante autoridades
estatales y federales permite rastrear el ascenso y expansión de
tácticas de desaparición forzada por parte de la delincuencia a lo largo
del sexenio. Es un fenómeno que toma velocidad en 2009 y 2010 y llega a
cifras récord en 2011 y 2012.
Archivos desclasificados de la Policía Federal y la PGR advierten que
un número imposible de definir de personas han sido eliminadas de la
faz del país, disueltas en lo que solo puede describirse como “centros
de procesamiento”: espacios creados por el crimen organizado para,
literalmente, desaparecer todo rastro de sus víctimas.
La práctica, que salió a la luz en 2009 con el descubrimiento en
Tijuana de un predio utilizado para desaparecer los cuerpos de
asesinados —se estima que alrededor de 300 personas tuvieron ese fin
ahí—, es más extendida de lo que se cree y abre un enorme hueco en la
posibilidad de identificar a todos los desaparecidos del sexenio.
Datos entregados a este diario vía la Ley Federal de Transparencia
revelan que el gobierno federal ha documentado la existencia de al menos
15 sitios para la destrucción de cuerpos en 11 estados y el Distrito
Federal (INFOMEX/Policía Federal/ 041310081112). Dentro de ese total se
encuentran dos contabilizados por la Procuraduría General de la
República (INFOMEX/PGR/0001700170612).
Los sitios descritos en ambas respuestas de transparencia no
pertenecían a delincuentes comunes y corrientes. En específico, la
petición de información se refería a centros hallados “en el combate al
crimen organizado”, de los cuales dos fueron ubicados por fuerzas
federales en Ciudad Juárez, Chihuahua; uno en Pachuca, Hidalgo; uno en
Puente de Ixtla, Morelos; tres en el Distrito Federal; uno en Durango,
Durango; uno en Acapulco, Guerrero; otro en Piedras Negras, Coahuila;
uno más en Villagrán, Guanajuato; y uno último en Uruapan, Michoacán. De
dos más, se desconoce la locación exacta.
Subsecuentes peticiones de información para ampliar los datos sobre
estos sitios —número de restos hallados, mecanismos de destrucción
desglosados, direcciones exactas— están aún pendientes en el sistema de
transparencia de la Policía Federal.
Pero de las descripciones que ya hay —entre ellas la utilizada por
esa corporación para referirse al sitio hallado en Piedras Negras en
junio de 2011— se puede adquirir una idea de lo difícil que será no sólo
identificar los restos, sino calcular con precisión cuántas víctimas
terminaron en estos centros, que pueden ser tan extensos como el predio
de Tijuana o tan pequeños como un simple tambo repleto de combustible.
“Cantidad de cuerpos encontrados: se desconocen. Cantidad de partes
humanas: se desconoce. Método utilizado para la destrucción: disuelto.
Tambos agujereados. Botones metálicos de pantalón y restos de lo que
podrían ser huesos humanos muy pequeños”, se expone en el expediente del
sitio de Coahuila.
En el mismo sentido, los casos de cadáveres destruidos o mutilados
intencionalmente para eliminar sus identidades también han sufrido un
incremento. Es posible dar cuenta de este salto debido a que la División
de Seguridad Regional de la Policía Federal mantiene un meticuloso
banco de datos sobre cuerpos hallados por todo el país en circunstancias
inusuales, sometidos a distintos métodos para evitar su identificación.
Es decir, borrarles.
Estos casos han pasado de 37 en 2008 a 255 en 2012. Coahuila registra
cinco. El Distrito Federal, tres. Durango, donde incluso se ha
descubierto el uso de maquinaria para acelerar la destrucción de
cadáveres, tiene 23 casos. Nuevo León lleva 13. Sinaloa, 30, y Veracruz,
hasta el momento, 19.
De la información se desprende un dato adicional. La entidad en la
que más se recurre a tácticas hiperviolentas no está en la frontera: es
Morelos, particularmente Cuernavaca y Cuautla, que se han convertido en
el epicentro nacional de esas prácticas. Las fuerzas federales han
documentado en ambas ciudades 50 intentos por borrar las identidades de
cadáveres o desfigurarles en extremo.
Al mismo tiempo, otro método utilizado para tratar de desaparecer
cuerpos ha despegado casi verticalmente. Es el de las fosas
clandestinas, cuyos casos más emblemáticos son los de Durango y
Tamaulipas. Pero esa es una práctica que hoy es casi nacional. Cientos
de personas enterradas han sido halladas por fuerzas de seguridad en 27
de 31 estados.
De seis fosas clandestinas contabilizadas por la PGR en 2007 se pasó a
84 en 2011, el grueso concentradas en Durango, Chihuahua y Guerrero.
Pero hay más cifras que complementan los datos de la procuraduría:
confrontada con reiterados hallazgos, la Secretaría de la Defensa
Nacional también comenzó a contabilizar el número de cuerpos recuperados
en 2011.
Desde ese año, el Ejército tiene documentadas operaciones para el
salvamento de 160 cadáveres a los que se trató de enterrar y desaparecer
en el desierto o la selva, en carreteras y campos despoblados o en
viviendas utilizadas como casas de seguridad. La Marina, en tanto, lleva
registros de 12 fosas clandestinas descubiertas por sus elementos,
mientras que la Policía Federal calcula 56.
Y esos son solo los números federales. Algunos estados han iniciado
sus propios conteos, según se pudo obtener de las solicitudes de
información que no fueron rechazadas por las procuradurías estatales, el
grueso de las cuales se negó a proporcionar datos al respecto.
Pero de las que sí contestaron sobresale la procuraduría de
Chihuahua, que posee un registro sumamente detallado del número de
cuerpos hallados en fosas clandestinas de 2007 a la fecha en esa, la
entidad más afectada por la violencia en el sexenio.
En total, 168 cadáveres fueron descubiertos, según se desprende del
oficio UIFGE I-303-2012, en el que se incluyen los nombres de predios,
carreteras y lotes baldíos usados para ese fin, que no es otro que
desaparecer un cuerpo. Muchos de esos registros pertenecen, por
supuesto, a Ciudad Juárez.
La dependencia chihuahuense ha contabilizado también cuerpos
“calcinados por completo en un intento por dificultar su
identificación”. Son 92, de los que 50, nuevamente, pertenecen a Juárez.
Zacatecas ha hecho lo propio y ha llevado sus datos a otro nivel. Su
procuraduría tiene ahora un banco de información de cadáveres a los que
se les destruyeron las huellas dactilares con ácido o calcinación para
imposibilitar, al menos por esa vía, su identificación. En 2006 solo
seis personas cayeron en esa categoría, pero para 2011 la cifra casi se
había multiplicado por 7: 42 cadáveres no tenían las yemas de los dedos.
Con datos actualizados hasta agosto, 2012 ya rompió esa cifra, con 43
personas no identificables, sobre todo en los registros de Plataforma
México.
Hay otros casos dentro de este complejo y amplio panorama de no
identificados. Miles de mexicanos eludieron la fosa común pero
terminaron en los anfiteatros anatómicos de las escuelas de medicina.
Sus cadáveres, sin identificar, fueron donados después de que nadie les
reclamara de los servicios médicos forenses. 2 mil 11 cuerpos han sido
entregados para estudio de la ciencia, la mayor parte en el Distrito
Federal.
Los documentos de todas las solicitudes, en las que se incluyen las
direcciones de las fosas clandestinas halladas, estarán disponibles para
la consulta del público en milenio.com.
Mapa de la hiperviolencia
Para esta investigación, que se hizo de forma simultánea al esfuerzo
de contabilizar el número de personas enviadas a fosas comunes
(publicado por este diario hace dos semanas), se presentaron durante
tres meses solicitudes de transparencia ante secretarías de Seguridad
Pública, procuradurías generales y tribunales superiores de Justicia de
29 estados y el Distrito Federal, además de dependencias federales como
el Cisen, la PGR, Policía Federal y las secretarías de Seguridad
Pública, Defensa Nacional y Marina.
En algunos casos, nuevamente hubo estados que buscaron clasificar la
información o dificultar el acceso a los datos, como Veracruz,
Aguascalientes y el Estado de México, cuya Agencia de Seguridad Estatal
reconoció solo haber encontrado siete cuerpos en fosas, mientras que la
procuraduría dijo nunca haber concentrado datos de esa naturaleza.
Por su lado, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
argumentó no tener información de fosas clandestinas o decapitaciones,
misma respuesta que la Secretaría de Seguridad Pública, esto pese a que
ambas instancias cuentan con estadísticas altamente detalladas en muchos
otros rubros de homicidio.
Pero esas omisiones fueron subsanadas con los datos de dependencias
federales, que llevan registros separados de los gobiernos estatales. De
ahí se desprende, por ejemplo, que en el DF la Procuraduría General de
la República ha contabilizado 22 decapitados y una fosa clandestina.
El sexenio que fenece registra algunas de las peores brutalidades de
las que se tenga memoria, sin que exista un registro global de ellas.
Pero la investigación documental abre la oportunidad de establecer no
solo el avance de la práctica de la desaparición forzada, sino trazar
también un mapa de cómo la hiperviolencia se ha extendido en el país
desde que en septiembre de 2006 seis cabezas humanas fueran lanzadas a
la pista de baile de un centro nocturno en Uruapan, Michoacán.
Es una versión a nivel cártel de la doctrina militar estadunidense de
sobrecoger a un enemigo mediante el shock and awe, aterrar y
sorprender. Así, los datos obtenidos añaden una dimensión adicional a
las cifras que apuntan a que el número de homicidios ha descendido. Si
las ejecuciones van hacia abajo, la intensidad con la que el crimen
organizado perpetra actos violentos —lo que puede catalogarse como
hiperviolencia— va en sentido contrario, en aumento.
Si en 2006 hubo 32 decapitaciones en 13 estados, para 2011 la
práctica se había extendido a 99 por ciento del país, con 488 casos en
29 entidades, según registros federales. Sumados a datos estatales
también obtenidos vía las leyes locales de transparencia, 2 mil 354
personas han sido decapitadas por todo México.
Por estados, la entidad que acapara el mayor número de decapitaciones
es Guerrero, con 308 casos documentados por autoridades federales y la
Procuraduría General de Justicia. Le sigue Nuevo León, donde 303
personas han sufrido esta tortura. De ellas, 62 fueron enviadas a la
fosa común sin haber sido identificadas.
En tercer sitio se halla Chihuahua, con 285 decapitaciones, y después
Durango y Tamaulipas, cada uno con 215 y 131. En total, el número de
personas que fueron decapitadas y que no pudieron ser identificadas,
según información de los servicios médicos forenses estatales, fue de
124.
***
Muertos sin reclamar
-Hace dos semanas, MILENIO publicó una amplia investigación de
transparencia enfocada a determinar el número de personas que han sido
enviadas a la fosa común este sexenio. Después de presentar más de 450
solicitudes de transparencia y de requerir datos a servicios médicos
forenses, procuradurías de justicia de 27 entidades y las
administraciones de panteones municipales, se pudo calcular una cifra
conservadora de 24 mil 102 personas inhumadas bajo las siglas NN, Ningún
Nombre.
De acuerdo con esa investigación, Veracruz encabeza los listados de
personas sin identificar en cementerios locales, seguido por Nuevo León,
Guanajuato, Sonora y Chihuahua. Por ciudades, las que registraron una
mayor incidencia fueron Veracruz, Monterrey, Xalapa, Hermosillo y
Villahermosa. Estados con altas tasas de violencia como Tamaulipas,
Guerrero, Estado de México, Sinaloa y Michoacán no dieron datos
completos por lo que se estima la cifra final es muy superior.
Esta investigación, titulada “Los Ningún Nombre del sexenio” sigue disponible en milenio.com.
Los datos entregados permitieron establecer que el número de
cadáveres sin recuperar de las planchas de los forenses estatales se
incrementó sustancialmente hacia finales del sexenio.
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