Ningún quejoso respondió a los requerimientos del MP Federal que,
de acuerdo con un documento en poder de MILENIO, determinó el “no
ejercicio de la acción penal”.
El ex gobernador en la platica que tuvo con Ciro Gómez Leyva
en MILENIO Televisión, donde defendió la validez de la grabación.
Rubén Mosso
MILENIO tuvo acceso a la consulta que presentó Ignacio Sandoval
Alviso, agente del Ministerio Público Federal, titular de la Mesa XII de
la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, adscrito a la
Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por
Servidores Públicos y Contra la Administración de la Justicia, en la que
determinó:
“…es importante señalar que en el caso no existe un solo medio
probatorio del que se desprendan indicios de la probable
responsabilidad del ciudadano Humberto Moreira Valdés en la comisión de
los referidos ilícitos, ni tampoco se cuenta con imputaciones, de
ninguna índole, que permitan sostener las mencionadas acusaciones, es
decir no existen probanzas documentales, ni testimoniales, de las que se
desprenda su pretendida participación en estos hechos”.
La consulta fue presentada a diputados federales del PAN, así como ex
síndicos de dicho partido en Coahuila, porque ellos aseguraron que
durante la gestión de Moreira se cometieron actos presuntamente
constitutivos de delito para contraer dicho endeudamiento.
Sin embargo, la resolución emitida el 18 de mayo del presente año por
el agente del Ministerio Público Federal de la Subprocuraduría de
Investigación Especializada en Delitos Federales no fue impugnada.
Además, esos legisladores, que ejercían como diputados locales al
momento de la denuncia (Mario Alberto Dávila Delgado, Esther Quintana
Salinas y el ex síndico de la Administración Municipal de Frontera,
Rodrigo Rivas Urbiba), no respondieron a los requerimientos que en su
momento les hizo la PGR, porque estaban en campaña en busca de una curul
federal.
“Por lo anterior, a fin de no retrasar la procuración de justicia y
vulnerar alguna garantía individual, es que dentro de la presente
averiguación previa PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XII/004/2012 y su acumulada
PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XXXII/009/2012 es procedente determinar proponer el
no ejercicio de la acción penal al actualizarse la causa de extinción
del delito…”, dice la consulta firmada por el agente del Ministerio
Público Federal y avalada por el encargado de la fiscalía de Delitos
Cometidos por Servidores Públicos, Roberto Alejandro Ruiz Rubio.
En las averiguaciones previas se hace mención de cada una de las
imputaciones contra el ex gobernador, en donde de manera reiterada sus
acusadores alegan que durante la administración 2005-2011 “se incrementó
exponencialmente la deuda”.
Y que después de “realizar una serie de investigaciones” y
“constatar” ciertos hechos se percataron que se podían constituir una
serie de delitos contemplados en el Código Penal Federal.
En febrero de este año, la PGR informó públicamente que se documentó
un presunto fraude por más de 5 mil 300 millones de pesos, en el que
participaron autoridades estatales y federales.
Pero los quejosos indicaron que dicho endeudamiento ascendía a 35 mil 540 millones de pesos.
Cabe mencionar que la PGR inició las averiguaciones por la
presentación de cinco denuncias, por la obtención de igual número de
créditos, con documentos falsos, otorgadas al gobierno del estado,
cuatro de ellos durante la gestión de Humberto Moreira.
Entre esas se encuentra las que pidió indagar la Procuraduría Fiscal de la Federación que encabeza Javier Laynez Potisek.
Incluso en entrevistas que concedió el procurador fiscal, dijo que la
Secretaría de Hacienda descubrió cinco créditos con instituciones
bancarias distintas donde se detectó la misma forma de operar, es decir,
con documentación falsa.
Subrayó que las irregularidades ocurrieron en diciembre de 2009; en
julio, septiembre y diciembre de 2010, y marzo de 2011. Es decir, cuatro
durante la gubernatura de Moreira, que sumaban 4 mil 300 millones de
pesos.
Desde febrero de este año, la PGR dejó en claro que no había pruebas
que relacionaran al ex gobernador con la pesquisa, pero investigaba cada
una de las denuncias.
También dio a conocer que emitió una alerta migratoria y solicitó el
apoyo de Interpol para capturar a cinco ex funcionarios del gobierno de
Coahuila presuntamente involucrados en la contratación de deuda pública,
créditos que obtuvieron a través de documentos falsos que supuestamente
facilitaron dos funcionarios de la Secretaría de Hacienda.
Cuatro de estos ex servidores públicos ya habían sido capturados por
la Fiscalía General de Coahuila y posteriormente se les inició un
proceso en el juzgado Segundo Penal de Primera Instancia en Saltillo,
pero el delito que se les imputó no era grave, motivo por el cual
alcanzaron la libertad bajo fianza a fines de octubre de 2011.
Ellos son el ex titular de la Tesorería General de Coahuila, Miguel
Ramón Rodríguez Flores; el ex secretario ejecutivo del Servicio de
Administración Tributaria de ese estado, Héctor Javier Villarreal
Hernández; el ex administrador general de política públicas del Satec,
Sergio Ricardo Fuentes Flores, y el ex sub administrador de Políticas
Públicas del Satec, Enrique Ledezma Sánchez.
* * *
FORMALMENTE ACUSADOS, SOLO DOS: PROCURADOR FISCAL
De las cinco denuncias que se presentaron a la Procuraduría General
de la República (PGR) por la falsificación de documentos sobre la
contratación de deuda en Coahuila, solo hay un ex funcionario de la
Secretaría de Hacienda implicado, afirmó el procurador fiscal de la
Federación, Javier Laynez.
En entrevista, reconoció que las denuncias se han dirigido a ex servidores públicos de Coahuila.
A la fecha son dos funcionarios formalmente acusados: el ex titular
del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila
(SATEC), Javier Villarreal, y el ex director de deuda pública de
municipios y entidades federativas de la SHCP, Jaime René Jiménez.
“Aportamos las pruebas que tenemos, los bancos hacen lo propio,
igualmente la PGR pide la información correspondiente a Coahuila, y así,
una vez que se acredite la falsificación de estos documentos pedirle al
juez una orden de aprehensión contra quien haya participado en esos
mecanismos”, enfatizó.
Recientemente se pidió la posición de la Secretaría de Hacienda
respecto a la implicación de Jaime René Jiménez, a lo que la vocera de
la dependencia, Pola Strauss, se concretó a responder “queremos ser muy
claros: que desde un inicio la Secretaría de Hacienda comenzó
investigaciones tanto dentro como fuera, y finalmente es competencia de
la Procuraduría Fiscal”.
(Redacción/México)
(Redacción/México)
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