Marcela Turati
Fue acusado de la desaparición forzada de 143 personas en la guerra
sucia en Guerrero durante los gobiernos de Luis Echeverría y José López
Portillo (Proceso 1282 y 1356).
Además de tortura, se le acusó de haber participado en “los vuelos de la
muerte”, que consistían en arrojar al mar desde aeronaves a campesinos acusados
de formar parte de la guerrilla.
La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado
(Femospp), disuelta a finales del sexenio de Vicente Fox y encabezada entonces
por Ignacio Carrillo Prieto, abrió una averiguación previa contra el militar por
su presunta responsabilidad en esas desapariciones, pero declinó a favor del
fuero militar. Los tribunales castrenses absolvieron al acusado.
En el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre al
menos 482 casos de desaparecidos durante la guerra sucia, la mayoría de
Guerrero, aparecían 50 personas que colaboraron con Acosta Chaparro cuando era
director de todas las corporaciones policiacas del estado.
El general todavía operó oficialmente en el sexenio de Carlos Salinas, cuando
fue integrado a la efímera coordinación de Seguridad Nacional, al mando del ya
fallecido Arsenio Farell Cubillas.
En el sexenio de Ernesto Zedillo se le vinculó con la matanza de 17
campesinos, el 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, donde
décadas antes fue jefe policial del gobierno de Rubén Figueroa Figueroa,
secuestrado por la guerrilla de Lucio Cabañas en 1974.
El entonces secretario de asuntos jurídicos del PRD y posteriormente
procurador de Justicia de la Ciudad de México, Samuel del Villar, exigió la
declaración del general brigadier con base en un video con las declaraciones de
Virgilia Galeana García, quien señala la presencia de Acosta Chaparro en el
lugar de la matanza, y al que señaló de haber estado “camuflado” con un traje de
la Policía Judicial del Estado. La denuncia no prosperó.
En 1990, el general brigadier plasmó sus conocimientos sobre la guerrilla en
el estudio titulado Movimiento subversivo en México, de más de 300
páginas, con listas, gráficas y análisis sucintos de la guerrilla mexicana, que
abarcaba algo más de tres décadas.
Según su escrito, hasta 1981 los cuerpos de seguridad e investigación,
encargados de mantener el control sobre los factores subversivos en el país,
desempeñaron una labor de neutralización efectiva, ya que prácticamente fueron
exterminados los focos de insurrección que representaron una serie de problemas
entre 1973 y 1977.
Como general brigadier, en 1995 entregó sus archivos al Estado Mayor de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la que luego editó en un tomo de 300
páginas como Manual de ambientación sobre el levantamiento zapatista
(Proceso 978).
La parte final, de 30 páginas, a manera de epílogo, la dedicó al EZLN y
criticó la incapacidad de los servicios de inteligencia por no haber detectado
las maniobras de entrenamiento de los zapatistas.
El escritor Ricardo Garibay, en su libro Fascinante y terrible
Acapulco, describió así a Acosta Chaparro:
“El teniente coronel no bebe gota de alcohol; su gente dice que es durísimo
pero justiciero; sabe la Biblia sobre los delincuentes, mafias de drogas y
activistas de todas denominaciones; le va a sus manos y a nadie más, lo cual
significa que confía sólo en su memoria y destreza, y es capaz de sacarle el
hilo en unos cuantos minutos a un intríngulis criminal, o de ver conexiones
secretas entre 20 sucesos aislados de una maraña guerrillera…”
Desde 1984 su nombre comenzó a ser vinculado al narcotráfico, primero en
documentos de la DEA y del FBI (Proceso 483), y después por el
Departamento de Justicia estadunidense, cuando se le señaló como protector del
presunto tráfico de estupefacientes y lavado de dinero destinado a las cuentas
de Mario Ruiz Massieu en el Texas Comerce Bank.
La carrera de Acosta Chaparro como militar experto en antisubversión se
interrumpió cuando fue encarcelado en el 2000, acusado de narcotráfico.
El 30 de agosto de ese año fue detenido junto con el general Francisco Quirós
Hermosillo y enjuiciado por un Consejo de Guerra, bajo el cargo de tener
vínculos con el narcotráfico.
Ambos habían participado en la Brigada Blanca antiguerrillera a principios de
la década de los setenta.
Antes habían estado en la Escuela de Paracaidistas y
posteriormente en la Sección Segunda del Estado Mayor Presidencial.
Tiempo después, fueron comisionados en la Dirección Federal de Seguridad, la
policía secreta encargada el espionaje, la represión y la tortura de las
personas considerada subversivas.
En 1974, como miembros de un agrupamiento especial creado para resolver el
secuestro del entonces senador Rubén Figueroa, fueron enviados al estado de
Guerrero.
Para entonces, llevaban ya 10 años de trabajar de manera estrecha en
Inteligencia Militar. Posteriormente Acosta Chaparro se quedó como jefe de la
policía del gobernador Rubén Figueroa hijo, era, decían “la pistola de Figueroa
Figueroa”.
Fue en el crepúsculo del gobierno de Ernesto Zedillo, y cuando el gran amigo
de ambos, el general Enrique Cervantes Aguirre, era secretario de la Defensa,
fueron acusados de tener vínculos con el cártel de Juárez.
La Procuraduría de Justicia Militar los detuvo resultado de una investigación
iniciada en 1988 por la Procuraduría General de la República –averiguación
previa PGR/056/96–, cuyo desglose fue turnado a la Procuraduría Militar en julio
de 1999.
Tanto Quirós Hermosillo como Acosta Chaparro aparecían en la indagatoria
SC/003/99/E de la Procuraduría de Justicia Militar como presuntos responsables
de haber brindado protección al cártel de Juárez, entonces encabezado por Amado
Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos.
En el desglose turnado a la Procuraduría de Justicia Militar, además de los
señalamientos que los involucró con el narcotráfico, se les culpó de ejecuciones
extrajudiciales que datan de cuando estuvo al frente de las policías de
Guerrero, con Figueroa Figueroa, donde actuó contra lo que quedaba de la
guerrilla, y de su paso por la Brigada Blanca.
Testimonios de militares y civiles a la Procuraduría General de Justicia
Militar, integrados al expediente SC/034/2000/IV/IE-Bis, confirmaron la forma
como en los años setenta los guerrilleros o sus simpatizantes, capturados por
militares, eran tiroteados y arrojados al mar desde un avión, algunos de ellos
todavía con vida.
Los cadáveres eran depositados en bolsas de lona, rellenas de piedras, y
subidos a un avión tipo Arava, matrícula 2005, del entonces escuadrón 301.
El expediente les fue abierto por el delito de homicidio calificado de 143
personas por las campañas armadas en Guerrero, cuando Acosta Chaparro estaba
adscrito a la Brigada de Fusileros Paracaidistas y, posteriormente, comisionado
en la dirección de la policía estatal.
Era de conocimiento popular que en los pozos de Copacabana o debajo del
desarrollo turístico de Punta Diamante, construido sobre lo que fue el
fraccionamiento Copacabana, en Acapulco, había cadáveres de personas que nunca
fueron identificadas y cuyas muertes fueron atribuidas a los colaboradores de
Acosta Chaparro.
“Todo mundo sabía que los que hacían eso eran judiciales, al mando de Mario
Arturo Acosta Chaparro, como (Herminio Díaz) Tumalán y otro llamado
Mario Hernández, apodado Zorrillo”, recordaba entonces Salvador
Zacarías Flores, líder del PRD que en su juventud fue aficionado al surfing y
que tuvo la oportunidad de ver restos humanos en esa área.
Para fundamentar las acusaciones contra los militares por hechos sucedidos
durante la guerra sucia –concretamente en el periodo en el que Acosta
Chaparro fue el encargado de las corporaciones policiacas en Guerrero, cuando
era gobernador Rubén Figueroa Figueroa (1975-1981)–, la investigación castrense
recurrió al menos a diez militares que declararon haber sido testigos de los
asesinatos presuntamente cometidos por ellos.
El testigo protegido, Gustavo Tarín Chávez, exmilitar que colaboró con Acosta
en Guerrero, y después en Veracruz, contó: que Quirós y Acosta escogían a los
detenidos que eran sentados en una silla, donde se les decía que les iban a
sacar la “foto del recuerdo”. Y que se les disparaba en la nuca con una pistola
calibre .380, a la que Quirós nombró “la espada justiciera”. Que los cuerpos
eran metidos en bolsas de lona y se colocaban en el Arava, a veces 12, 14 o 16
cadáveres, y eran lanzados al mar.
El declarante acusó directamente a Acosta Chaparro: “Habrá ejecutado
personalmente a unas 200 personas, por supuesto, con la autorización del general
Quirós Hermosillo”.
Para los familiares de desaparecidos el general es el demonio.
La fundadora del Comité Eureka Prodefensa de Presos, Desaparecidos y
Exiliados Políticos de México, Rosario Ibarra de Piedra, lo señalaba por la saña
con que torturaba.
“Ellos saben exactamente dónde están los desaparecidos; ellos tienen que
responder a la nación. De nuevo los señalamos con índice acusador y queremos que
todo el pueblo lo haga junto con nosotros”, dijo entonces a
Proceso.
Informaciones publicadas en el semanario corroboraron no sólo la presunta
responsabilidad del militar en desapariciones ocurridas durante el tiempo en que
participó en la Brigada Blanca, comisionado por el Ejército Mexicano, sino en
las registradas durante el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa.
Tras el juicio, ambos oficiales fueron sentenciados a 30 años de prisión y
luego de una apelación obtuvieron una reducción de 15 años a su condena. Quirós
Hermosillo murió en noviembre de 2006 sin que se terminara el proceso penal, por
lo que técnicamente no quedó firme la acusación en su contra.
Acosta Chaparro purgó poco menos de la mitad de la sentencia. Seis años y 10
meses después de su reclusión, el 29 de junio de 2007, abandonó su celda del
Campo Militar Número 1 gracias a un amparo definitivo que le concedió la
justicia federal.
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito determinó
que ni la PGR, a cargo entonces del general Rafael Macedo de la Concha, ni la
Procuraduría de Justicia Militar le probaron el delito contra la salud “en su
modalidad de colaboración de cualquier manera al fomento para posibilitar el
tráfico de narcóticos (cocaína y mariguana)”. Tampoco los delitos de cohecho y
asociación delictuosa.
Siempre fue vinculado a los hechos más oscuros de México. Por ejemplo, un mes
después del asesinato del periodista Manuel Buendía, la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal (PGJDF) reveló que se investigaba a personal que
laboraba bajo las órdenes de Acosta Chaparro.
Posteriormente, entre las líneas de investigación abiertas por la PGJDF en el
caso del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, una de las
líneas de investigación señalaba al general entonces recluido en el Campo
Militar Número 1 por su presunta vinculación con el cártel de Juárez.
La PGJDF buscó establecer si desde la prisión militar Acosta Chaparro ordenó
el asesinato para “perjudicar la imagen” del procurador general de la República,
Rafael Macedo de la Concha.
La cercanía de Acosta Chaparro con el actual secretario de la Defensa
Nacional, Guillermo Galván Galván, de quien fue compañero en el Colegio Militar,
implicó su reivindicación pública y la recuperación de su grado.
El 23 de abril de 2008, en el Campo Militar Número 1, donde pasó casi siete
años en prisión, la Sedena organizó una ceremonia privada para enaltecer la
labor de 23 oficiales y condecorarlos por su condición de retiro. De ellos, 13
fueron generales que sirvieron más de 45 años en el Ejército; en esa lista
destacó Acosta Chaparro.
Oficialmente, para la Sedena era un general retirado sin vínculos con
inteligencia militar en el sexenio de Felipe Calderón.
En la práctica no era
así, pues por décadas tuvo acceso a información proveniente de la Sección
Segunda del Estado Mayor de la secretaría y nunca dejó de tener contactos con el
aparato político, incluidos los que en su momento fueron opositores, como Diego
Fernández de Cevallos, quien fue secuestrado el pasado 15 de mayo.
Fue la familia del panista la que lo buscó para que investigara el plagio por
su experiencia en contrainsurgencia.
Tres días después de la desaparición del político, Acosta fue atacado con
arma de fuego en la Ciudad de México. Su convalecencia duró casi medio año.
El militar no se conformó con la condecoración de general en retiro que
recibió en abril de 2008, luego de que fuera exonerado de los graves cargos de
narcotráfico y crímenes de lesa humanidad.
Desde marzo de ese año, un mes después de su retiro, emprendió una
contraofensiva judicial contra el Ejército y, como en los otros juicios, los
tribunales lo favorecieron.
A principios de octubre de 2007, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia
Administrativa del Distrito Federal le concedió un amparo en contra del
procedimiento de su retiro.
Acosta Chaparro le reclamó a la Sedena la restitución de los haberes
retenidos durante los casi siete años que estuvo preso, acusado de proteger al
cártel de Juárez.
Pero al tiempo que litigó contra la Sedena, se convirtió en
asesor del general Galván en la Sección Segunda del Ejército, es decir, en el
área encargada de la inteligencia militar.
Luego de que fuera exonerado de los cargos de narcotráfico y crímenes de lesa
humanidad, reapareció en el gobierno de Calderón con una encomienda: pactar con
integrantes del cártel de La Familia michoacana la entrega de los “responsables”
del atentado con granadas de Morelia en 2008, así como construir puentes entre
el gobierno y varias organizaciones delictivas, “incluidos líderes de Los Zetas
y del cártel de Sinaloa”.
Gracias a su amistad con Galván le tocó ser emisario federal –en su condición
de asesor del gobierno calderonista en materia de inteligencia– para negociar
con los líderes de las mayores organizaciones del narcotráfico en el país,
incluido Joaquín El Chapo Guzmán.
Entre 2008 y 2009, el militar experto en operaciones encubiertas se reunió
con los jefes de La Familia Michoacana, Los Zetas, la organización de los
Beltrán Leyva, el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa.
Esos movimientos fueron detectados por los servicios de inteligencia de
Estados Unidos en México. Incluso, las autoridades de ese país tienen un video
de la reunión del emisario del gobierno de Calderón en Matamoros, Tamaulipas,
con el jefe de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca.
Después de su encuentro con La Familia, la segunda encomienda del general en
retiro fue poco después, a principios de octubre del mismo 2008. Debía buscar a
Los Zetas, cuando el grupo fundado por desertores de elite del Ejército aún era
el brazo armado del cártel del Golfo. Antes de hablar con el jefe de Los Zetas,
El Lazca, el general Galván le dijo a Acosta Chaparro: “Me ordenaron
que no me mueva porque tú ya estás operando”.
“Se reunió en Matamoros no sólo con El Lazca, sino también con
Miguel Ángel Treviño Morales, El Z 40. Para el día de la reunión, los
jefes de la organización delictiva le pidieron al general una tregua del
gobierno federal.
“El siguiente encuentro de Acosta Chaparro fue con Vicente Carrillo, jefe del
cártel del Juárez, y líderes de La Línea, el grupo armado de esa organización
delictiva, a la que El Chapo Guzmán le disputa el control de Ciudad
Juárez.
“La última gestión del general retirado fue con El Chapo Guzmán, el
jefe más conocido del cártel de Sinaloa”, como fue reseñado por la periodista
Anabel Hernández en su libro Los señores del narco
(Proceso 1778)”.
A raíz de que en 2010 sufrió un atentado cuando comenzaba a investigar el
secuestro del panista Diego Fernández de Cevallos, desapareció de la escena
pública
Otros antecedentes
Acosta Chaparro Escapite, quien nació el 19 de enero de 1942 en el Distrito
Federal, decidió ingresar en 1959 al Colegio Militar. Había egresado del colegio
Francés Hidalgo, donde estudió la secundaria. En 1962 egresó como subteniente y
quedó comisionado, entre el 1 de enero y el 28 de febrero, en el cuartel general
del Cuerpo de Guardias Presidenciales. El 16 de agosto de ese año pasó al 35
Batallón de Infantería, donde recibió su grado de teniente el 20 de noviembre de
1965.
A principios de 1967, entre el 9 de enero y el 4 de febrero, Acosta Chaparro
efectuó el curso de policía militar de adiestramiento y táctica.
Y de febrero de 1967 al 15 de marzo de 1969 estuvo en el Batallón de Policía
Militar.
El 20 de noviembre de 1968 fue ascendido a capitán segundo.
De marzo de
1969 al 15 de julio de 1970 estuvo adscrito al Segundo Batallón de Policía
Militar dependiente del Estado Mayor de la Defensa.
Fue en esa adscripción donde realizó los cursos de paracaidista y de fuerzas
especiales, entre el 28 de febrero y el 26 de junio de 1970, en Fort Bragg,
Carolina del Norte, para realizar su curso de fuerzas especiales y graduarse
como boina verde.
Al dejar el Batallón de Policía Militar, pasó a la ayudantía del secretario
de la Defensa, general Marcelino García Barragán, hasta el 30 de noviembre de
1970.
De ahí fue enviado al Primer Batallón de la Brigada de Fusileros
Paracaidistas, donde estuvo hasta el 15 de julio de 1971. El 20 de noviembre de
ese año, ascendió a capitán primero por “selección”.
El 16 de julio de 1971, pasó al cuartel general de la Brigada de Fusileros
Paracaidistas, en la que estuvo hasta el 15 de diciembre de 1977. En este lapso,
su hoja de servicios registra una anotación en el apartado de “Campañas y
Acciones de Guerra”.
De orden verbal del secretario de la Defensa Nacional, fue destacado a la 27
zona militar, donde en coordinación con autoridades de la PGR, cooperó en la
destrucción del grupo del guerrillero de Lucio Cabañas.
Esta acción le valió su ascenso. El 20 de noviembre de 1974, por acuerdo del
presidente de la República Luis Echeverría, fue ascendido a mayor de Infantería
y condecorado. Quedó al frente de la campaña antiguerrilla durante la
gubernatura de Figueroa Figueroa.
El 17 de marzo de 1981 tomó posesión de la Dirección General de Seguridad
Pública del Estado de Veracruz; posteriormente, sin dejar de estar comisionado
pasó a la planta del cuartel general de la brigada de Fusileros Paracaidistas y
por último a la planta del Estado Mayor de la Defensa Nacional, del 16 de
diciembre de 1977 al 15 de junio de 1983.
El 1 de noviembre de 1977, por acuerdo del presidente José López Portillo,
había sido ascendido a teniente coronel.
El 20 de noviembre de 1983, López Portillo lo ascendió a coronel. El 16 de
junio de ese año se había reincorporado como jefe de la Policía Judicial
Militar, cargo que ocupó hasta enero de 1984, cuando fue nombrado comandante del
68 Batallón de Infantería; en agosto pasó con el mismo cargo al 65 Batallón.
A finales de los años ochenta alcanzó el grado de general brigadier. Estaba
por retirarse, en octubre de 2000, cuando fue detenido acusado de recibir dinero
del narcotráfico.
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