Autoridades
estadounidenses han puesto especial atención sobre dos organizaciones dedicadas
al tráfico de personas indocumentadas en pangas, en el área de San Diego. Las
pequeñas embarcaciones, a pesar de no estar hechas para mar abierto ni para
soportar el peso de grupos de más de 12 personas, han dejado fuertes ganancias
a las bandas lideradas por César Gutiérrez García “El Soldado” y Óscar Herrera
Ortiz “El Pinky”, quienes arriesgan la vida de los migrantes en el mar. Por la
muerte de dos migrantes ahogados en una de estas balsas, son buscados dos de
estos traficantes
Le
apodan “El Soldado”, no porque haya pertenecido a las Fuerzas Armadas, sino por
su aspecto. Corte de cabello militar, poco sonriente, espalda recta. A César
Gutiérrez García, autoridades estadounidenses lo ubican como líder de una de
las principales organizaciones dedicadas al tráfico de personas por medio de
pangas y motos acuáticas en la costa de California.
A
días de concluir el año fiscal 2017, cifras oficiales indican que 105 personas
indocumentadas han sido arrestadas a bordo de estas embarcaciones y una resultó
muerta en el sector San Diego. La mayoría en manos de esta banda de
contrabandistas.
Información
obtenida por ZETA indica que la organización liderada por este hombre de 49
años de edad se compone de por lo menos diez personas e incluye a sus hijos:
César Gutiérrez y Samara Fernanda Gutiérrez. Las pangas y motos acuáticas salen
de Popotla, en Rosarito, así como de Baja Malibu y Playas de Tijuana.
Los
migrantes llegan hasta las costas de Imperial Beach, Coronado y Point Loma, en
el condado de San Diego, a 5, 17 y 20 kilómetros de distancia de la frontera,
respectivamente, donde son guiados lejos de las playas, áreas vigiladas por la
Patrulla Fronteriza, para luego abordar vehículos que los trasladan al norte de
California.
Una
vez con sus familiares o amigos, quienes comúnmente financian sus traslados,
esta organización cobra hasta 20 mil dólares por persona.
En
cada una de las operaciones de contrabando, participan por lo menos tres
personas. Una se encarga de tripular la balsa, otra más realiza los trabajos de
coordinación y la tercera es la conductora de los automóviles que trasladan a
los indocumentados.
Foto:
Archivo.- Cruzar la frontera por mar es uno de los métodos más riesgos.
Según
cálculos de agencias estadounidenses, el encargado de la lancha gana hasta mil
dólares por cruce, el conductor de vehículo 2 mil dólares y los vigilantes, quienes
comúnmente usan pequeños barcos de pesca, alrededor de 250 dólares.
Los
involucrados utilizan desde binoculares, hasta celulares y dispositivos de
geolocalización para lograr los cruces.
Otras
características de los métodos de contrabando de la organización de “El
Soldado”, han quedado documentadas por autoridades federales. Aprovechan la
medianoche y con ello, la brisa, así como los cambios de turno para llevar a
cabo sus actividades.
Y
horas antes de que las embarcaciones salgan, vigilantes son enviados al área
para advertir sobre la presencia de agentes que puedan frustrar la operación.
Mientras
tanto, los conductores de los vehículos que abordarán los migrantes, se mezclan
entre el tránsito de la zona para pasar desapercibidos. Además, de lado
estadounidense, “El Soldado” indica a ciudadanos estadounidenses que se
encarguen del traslado de indocumentados e incluso, utilizan sus carros
particulares para ello.
HIJOS DE “EL SOLDADO”, ENCARGADOS DE
RECOGER A INDOCUMENTADOS
Así
detuvieron a su hija, Samara Fernanda Gutiérrez. El 14 de junio de 2017, la
joven de 19 años de edad se encontraba en Imperial Beach, acompañada de su
novio Christopher Andrew Martínez. Los dos, ciudadanos estadounidenses. Tenían
consigo 3 mil 400 dólares en efectivo.
No
era la primera vez que Christopher Andrew era sorprendido por autoridades
estadounidenses mientras esperaba a grupos de indocumentados para trasladarlos,
actividad por la que aseguró, recibía 800 dólares, aunque reportes de
inteligencia indican que un conductor llega a recibir hasta 2 mil dólares por
operación, como ya fue señalado.
“El
Soldado” tampoco es desconocido entre autoridades federales. En 1991, purgó una
condena en prisión federal, cuando fue detenido por la Patrulla Fronteriza
mientras trasladaba a un grupo de indocumentados a través de la frontera de
Tijuana.
De
hecho, según reportes, esta organización ha utilizado diferentes métodos a
través de los años para evitar ser detenidos. Antes de utilizar el mar como vía
de acceso a Estados Unidos, guiaba a migrantes por el cerro e incluso, dentro
de vehículos.
LA PAREJA DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN
En
cuanto al resto de esta banda, una de las principales figuras es César Corona
García, quien también ya ha sido detenido y sentenciado por tráfico de personas
en San Diego. El hombre de 41 años es identificado como el intermediario con
otras organizaciones delictivas para el pago de cuotas por operación y asume el
liderazgo.
En
2006, Corona García fue detenido junto a Genaro Tapia Orozco y Antonio de Jesús
Velorio, por cargos de contrabando. En ese entonces, Corona García fue
identificado como el líder del grupo que trasladaba a indocumentados desde
Tijuana hasta Los Ángeles. El contrabandista salió de prisión el 6 de noviembre
de 2009.
Antes
de su arresto, este hombre aplicó para obtener una visa que le permitiera
cruzar a Estados Unidos en 2004, pero su solicitud fue negada. Tiempo después,
intentó cruzar por una de las garitas alegando ser ciudadano estadounidense,
pero agentes federales lo arrestaron.
Su
pareja, Gabriela Rocha González ha sido identificada como la encargada de
transportar el dinero, en carro, de regreso a México. No obstante, la mujer de
ciudadanía estadounidense, no ha vuelto a cruzar la frontera desde 2016.
Otros
integrantes de la organización son Felipe Lorenzo Corona García (hermano de
César Corona García), Sergio Partida y Yesi Bradley Pérez, reclutadores y
capitanes. También Martín López Martín y Carlos Alberto Quintana Llamas,
operadores de motos acuáticas.
De
ellos, solo Felipe Lorenzo Corona García cuenta con antecedentes penales. Salió
de prisión en 2008, tras cumplir una condena por tráfico de personas.
MORIR AHOGADO
La
madrugada del 16 de enero de 2010, un grupo de migrantes viajaba en una panga
desde Popotla hacia Estados Unidos. Lo complicado no fue atravesar la frontera,
sino lo que ocurrió cuando llegaron a San Diego.
La
balsa de nueve metros cargaba con el peso de 14 migrantes y cuatro polleros.
Una bujía y las líneas de gasolina del motor fallaron en el camino, por lo que
un grupo de hombres llegó en otra lancha y logró hacerlo arrancar de nuevo,
relataron los migrantes.
LA
LANCHA SALIÓ POPOTLA
Al
ver la playa de Torrey Pines, uno de los polleros bajó de la embarcación, pero
ordenó a los migrantes mantenerse sentados para evitar ser vistos. La
embarcación se encontraba todavía lejos de la costa. “Gracias a Dios, ya la
hicimos”, uno de los ellos dijo.
En
ese momento, el motor se apagó nuevamente y alguien gritó “¡Hay olas!”. Una
fuerte ola se impactó contra la lancha que se volcó, los cuerpos cayeron encima
de otros en el mar. Los gritos se escuchaban mientras se hundían y salían a
tomar aire.
Un
grupo de ellos logró voltear la balsa y subieron a ella, pero otra ola la
empujó y volvió a volcarse. Algunos de quienes lograron salir del agua y nadar,
narraron que quedaron sin fuerzas para seguir al guía que corría por la playa.
El
frío del agua y el esfuerzo de nadar hasta la orilla, hicieron que algunos
quedaran tendidos en la arena, hasta que elementos de la Patrulla Fronteriza
llegaron al lugar. Otros quedaron inconscientes.
Quienes
sí pudieron continuar de pie, se escondieron entre los matorrales de la playa,
pero fueron descubiertos por los agentes que habían respondido al reporte.
Faltaban
José Manuel Ortiz Ibarra, de origen mexicano y Marbilia Judith Gabriela Mejía,
de origen guatemalteco, quienes fallecieron ahogados. La mujer no llevaba un
chaleco salvavidas, como la mayoría de sus compañeros y José fue visto por
última vez, mientras intentaba sacar a Marbilia del mar.
El
grupo había llegado desde Guerrero, Zacatecas, Michoacán, la Ciudad de México,
Morelos, Jalisco y Veracruz hasta la frontera para intentar el cruce.
Según
sus testimonios, la mayoría eran citados en la Zona Centro por los polleros.
Algunos habían conseguido los números telefónicos a través de familiares y
conocidos; uno incluso relató haber obtenido el contacto por una mujer
identificada como “La Doña”, quien hacía cruces en panga, durante su tiempo en
una de las celdas de la Patrulla Fronteriza, donde permanecía después de un
intento fallido de cruce.
En
la casa donde los migrantes fueron llevados antes de cruzar, identificaron a un
hombre apodado como “El Güero”, y “Pinky” como el encargado de preguntar a cada
uno su nombre, así como los números de teléfono e información de las personas
que pagarían las cuotas por el cruce. También dijeron que parecía ser el
encargado de la operación.
Un
taxi los trasladó desde la casa de seguridad hasta una gasolinera de Rosarito,
en donde esperaron durante unas horas porque los polleros les advirtieron que
un grupo de soldados había detenido a una persona y asegurado una embarcación
en el área desde donde zarparían.
Tras
la volcadura, el cuerpo de José fue encontrado flotando en el mar junto con 29
chalecos salvavidas. Se le declaró sin vida en el hospital de la Universidad de
California, en San Diego (UCSD) Thornton, en La Jolla. El hombre de 34 años
tenía un hijo de dos años en California y una hermana a quien se le notificó de
su muerte.
Según
el reporte de la autopsia, los pulmones de José se llenaron de agua, la base de
su cerebro se congestionó y sufrió una lesión en la arteria coronaria aterosclerótica,
lo que provocó su muerte.
Marbilia
Judith Gabriela Mejía fue encontrada en la costa, una parte de su cuerpo seguía
sumergida en el agua. Fue llevada en situación crítica al hospital Scripss
Memorial, también en La Jolla. Los médicos pensaron que la chica de 18 años
sobreviviría, justo cuando se le iba a declarar muerta, su corazón comenzó a
palpitar.
Sin
embargo, la hipotermia había causado estragos. El daño cerebral era severo. Al
día siguiente, análisis médicos arrojaron que tenía muerte cerebral. El
personal del hospital mantuvo en estado de soporte mecánico a la mujer hasta
que su familia pudo ser contactada.
Marbilia
ya había vivido en Estados Unidos, donde nació su hija de entonces dos años,
pero regresó a Guatemala cuando sus padres fallecieron. Su pareja acudió al
hospital para identificar el cuerpo.
Una
trabajadora de espaldas a la malla fronteriza.
La
mujer, de acuerdo con la autopsia que se le practicó, murió a causa de una
encefalopatía hipóxico-isquémica causada por ahogamiento resucitado.
LOS RESPONSABLES PRÓFUGOS
Desde
los 16 años, a Óscar Herrera Ortiz se le detuvo por tráfico de personas en San
Ysidro. El joven, apodado “El Pinky”, tenía 21 años cuando organizó el viaje
que acabó con la vida de José Manuel Ortiz Ibarra y Marbilia Judith Gabriela
Mejía.
Herrera
Ortiz es identificado por autoridades estadounidenses como pollero en el área
de San Ysidro, en tierra, y en Tijuana, Rosarito y Ensenada, por mar.
Su
hermano, dos años menor que él, Juan Antonio Herrera Ortiz también fue
identificado como uno de los polleros a cargo del cruce de ese día y que
ayudaba en la casa de seguridad donde permanecían los migrantes. El joven había
sido detenido desde los 13 años de edad, intentado cruzar a personas
indocumentadas.
Javier
Jiménez Yocupicio, así como Fernando Figueroa Rodríguez, fueron los únicos dos
contrabandistas de personas detenidos por la Patrulla Fronteriza cuando
rescataron al resto de los migrantes. Ambos fueron sentenciados a diez años de
cárcel, en 2011.
No
solamente los hermanos Herrera Ortiz siguen prófugos, también José Benito
Estrada Flores, de 43 años de edad. El hombre fue detenido por primera vez en
1991, mientras guiaba a un grupo de migrantes indocumentados en el área de San
Ysidro. Según investigaciones federales, el hombre logró escapar el día del
accidente.
Estrada
Flores cuenta con antecedentes delictivos también en Tijuana. Ha ingresado a
prisión por lo menos en cinco ocasiones, por posesión de droga, tráfico de
indocumentados, abuso sexual y lesiones.
En
2011, un año después del hundimiento de la balsa en Torrey Pines, su pareja lo
denunció por amenazarla a sostener relaciones sexuales con ella, mientras la
apuntaba con una pistola. Además, le exigió entregarle 6 mil dólares que le
habían sido depositados para manutención de su hija.
Luego
de golpearla, la mujer acudió al ministerio público para presentar la denuncia
y el hombre fue aprehendido por agentes ministeriales.
SIN PRESUPUESTO PARA EL MURO, TRUMP
CONSTRUYE PROTOTIPOS EN SAN DIEGO
A
pesar de no contar con un presupuesto aprobado para la construcción de un muro
entre México y Estados Unidos, la administración de Donald Trump supervisa la
colocación de los ochos prototipos en San Diego, California.
De
las seis empresas seleccionadas para presentar sus propuestas, solamente dos
decidieron utilizar el espacio designado justo a 40 metros de la frontera con
Tijuana, frente a la colonia Las Torres de esta ciudad y a unos cuatro
kilómetros al Este del cruce fronterizo de Otay.
Se
trata de Texas Sterling Construction, con sede en Houston, Texas, y Cadell
Construction, con base en Montgomery, Alabama, las cuales tienen a decenas de
trabajadores en el área realizando trabajos de excavación y colocación de
cimientos.
Cada
prototipo, que debe alcanzar una altura de nueve metros y un ancho de entre
cinco y nueve metros, cuenta con un espacio de 20×20 metros para su
construcción. La mitad serán hechos de concreto y la otra mitad, de otros
materiales.
Carlos
Díaz, vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus
siglas en inglés), explicó que las cuatro compañías restantes optaron por
prefabricar los modelos en otros sitios para luego colocarlos en la zona
designada.
El
acceso al área, que se encuentra en territorio federal, se cerró desde una
distancia de tres kilómetros y en las tareas de seguridad participan la
Patrulla Fronteriza, el Departamento de Policía de San Diego, el Departamento
del Sheriff de San Diego y agencias federales.
Como
parte de los controles de acceso, cada trabajador fue revisado en las bases de
datos del gobierno federal. En el punto de acceso, oficiales revisan que los
rostros de los trabajadores coincidan con los que tienen en sus carpetas, así
como otros datos personales.
Los
prototipos deberán estar listos en un periodo de 30 días, después del cual un
comité de evaluación, integrado por la Patrulla Fronteriza y otras agencias
encargadas de seguridad nacional, seleccionará los diseños ganadores en un
plazo de 30 a 60 días.
“Esto
continúa siendo una competencia para nosotros como gobierno evaluar, ver el
diseño y las características que la industria privada está proponiendo y, una
vez que hagamos esa evaluación y proceso, escogeremos a ninguna u ocho de
ellas”, declaró el vocero de CBP.
Otras
características de los modelos es que “los agentes generales puedan ver hacia
el otro lado, que tenga cualidades para evitar que se cavara por debajo de ella
y que las personas no la puedan subir”, apuntó Díaz durante un recorrido al
sitio.
“Definitivamente
va a ser un diseño que va a ser mejor de lo que tenemos ahora mismo”, añadió.
Sin
embargo, el agente federal consideró que, de construirse el muro, éste no
detendrá por sí solo a los migrantes indocumentados, sino que se requiere de
“una combinación de recursos, hay agentes, tecnología, carreteras que les
permiten a los agentes llegar a los lugares que tienen que llegar, cada
elemento tiene su función”.
Durante
el segundo día de obra, un trabajador sufrió un accidente al caer a un hoyo de
12 metros cavado para colocar una zapata, pero Carlos Díaz aseguró que, minutos
después, regresó a sus labores, ya que no sufrió ninguna lesión.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/ INVESTIGACIONES ZETA/ LUNES, 2 OCTUBRE, 2017
12:00 PM)
