En medio del caso internacional de
corrupción que tiene en los tribunales a ex presidentes de Brasil y de Perú,
así como a funcionarios de otros 10 países, la PGR y la Secretaría de la
Función Pública apenas comienzan a integrar sus indagaciones sobre los
señalamientos directos contra el exdirector general de Pemex. Hasta ahora
cuentan con lo que se ha publicado en los diarios y con oficios burocráticos,
afirma el abogado de Emilio Lozoya Austin, Javier Coello Trejo.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
De acuerdo con la defensa del ex funcionario y documentos internos de la
Procuraduría General de la República (PGR) obtenidos por Proceso, el Ministerio
Público no se ha movido gran cosa para indagar el papel de Pemex en el
escándalo que desde hace ocho meses destapó el Departamento de Justicia de
Estados Unidos y que involucra a la petrolera mexicana, según las
investigaciones en ese país y en Brasil.
La PGR tiene una carpeta de
investigación con oficios burocráticos de solicitud de información, recortes de
periódicos, copias de tres contratos de Pemex con Odebrecht y declaraciones de
19 funcionarios de la empresa estatal, pese a que la justicia estadunidense
califica el caso de corrupción trasnacional como el mayor de la historia.
Eso fue con lo que se
encontró Emilio Lozoya Austin el jueves 17, cuando acudió a la PGR, a decir de
su abogado, Javier Coello Trejo, y que lo llevó a declarar ante la prensa que
no hay ni una sola prueba en su contra.
La PGR no ha tenido prisa por
investigar y está a la espera de la información que le quieran dar los
gobiernos extranjeros que investigan la trama internacional.
La lentitud de la
procuraduría fue evidenciada por el mismo Lozoya en su afán de deslindarse del
caso de corrupción en el que están implicados funcionarios de una docena de
países y que ha derivado en procesos judiciales incluso contra los
expresidentes Lula da Silva, de Brasil, y los de Perú, Alejandro Toledo y
Ollanta Humala.
En México, la escenificación
ha reemplazado las investigaciones. El jueves 17 Lozoya y la PGR protagonizaron
un acto anticlimático después de que los periodistas Alejandra Xanic e Ignacio
Rodríguez Reyna, integrantes del colectivo de periodistas Quinto Elemento Lab,
dieron a conocer en este semanario (Proceso 2128) los señalamientos de tres
exdirectivos de Odebrecht, entre ellos el exrepresentante de la compañía en
México, Luis Alberto de Meneses Weyll, sobre las supuestas “propinas” por 10
millones de dólares entregadas por la constructora al exfuncionario mexicano a
cambio de que le otorgara contratos de Pemex.
Lo que ocurrió en la PGR
confirma que el exdirector de la petrolera está a salvo en las indagatorias,
como declararon a la prensa Lozoya y Coello Trejo después de presentarse a la
audiencia. A pesar de que pidió desde mayo que lo citaran a declarar, Lozoya
decidió acogerse al artículo 20 de la Constitución para no declarar nada al
principio. Sólo iba por la carpeta de investigación.
Coello Trejo, subprocurador
de la PGR en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando fue conocido como
El Fiscal de Hierro, explica en entrevista que el citatorio les llegó el lunes
14, después de la publicación del mencionado reportaje en este semanario. Según
él, comprobaron que en la carpeta judicial del caso Odebrecht no hay nada que
implique a Lozoya.
Asegura que en la carpeta hay
oficios “de hace dos o tres meses” en los que la PGR le pide información a
Brasil, sin que haya respuesta. Dice que está la denuncia en la que Pemex le
entrega a la procuraduría los contratos que firmó Pemex Transformación
Industrial con Odebrecht.
“Lo que hay es una serie de
notas periodísticas. Están las declaraciones de 19 funcionarios de Pemex y
varios oficios de hace dos o tres meses en donde la PGR le solicita a la
fiscalía de Brasil que le mande lo que exista dentro del proceso en contra de
Odebrecht”. Pero hay un convenio de confidencialidad de la justicia brasileña
con la constructora.
También hay peticiones de la
PGR a los fiscales y procuradores de Perú y Colombia, “pero al día de la
comparecencia, ninguno había contestado”. La PGR pretende saber si existen los
mismos elementos de prueba y si hay alguna relación con Pemex, explica Coello
Trejo.
Añade que los 19 funcionarios
citados son quienes participaron en los estudios de análisis de costo, los
titulares de varias áreas, así como los consejeros independientes. “A ellos
–detalla– se les interroga sobre tres contratos; dos de ellos en Tula y otro
que no se concretó”.
Añade que, en una
declaración, “el Ministerio Público le pregunta a uno de los funcionarios que
comparecieron si recibió instrucciones del licenciado Lozoya para otorgar dicho
contrato, y contestó que no”.
MP BAJO SOSPECHA
Pese a la versión de su
abogado, los señalamientos contra Lozoya siguieron llegando desde el
extranjero. Al mismo tiempo que recibía el citatorio de la PGR, el lunes 14 se
conoció información detallada sobre los alegados depósitos de Odebrecht a
Lozoya a través de empresas offshore, según una publicación del periodista Raúl
Olmos, de la organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Según la
defensa de Lozoya, se trata de datos falsos que pueden ser objeto para una
demanda por daño moral.
Experto en la creación de
sociedades internacionales de inversión y mencionado en la revelación
periodística global conocida como Panama Papers, en la que participó este
semanario, Lozoya se ha presentado hasta ahora, de la mano de la PGR, como
víctima de esos señalamientos, a falta de evidencia ministerial en México.
El 21 de diciembre del año
pasado el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que había llegado
a un arreglo económico con Odebrecht y su filial Braskem para pagar 3 mil 500
millones de dólares de multa por el caso más grande de soborno internacional en
la historia.
Según la acusación, entre
2001 y 2016 Odebrecht pagó unos 439 millones de dólares en sobornos a cambio de
obtener proyectos de construcción por mil 400 millones de dólares en 12 países:
Brasil, Angola, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala,
México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.
En la acusación radicada en
la Corte federal del Distrito Este de Nueva York se asegura que entre 2010 y
2014 Odebrecht hizo “pagos corruptos” por 10.5 millones de dólares a
funcionarios mexicanos para obtener contratos y esos sobornos le redituaron
beneficios por más de 39 millones de dólares
Precisa que, en octubre de
2013, Odebrecht acordó sobornar “a un funcionario de alto nivel de una empresa
mexicana estatal” a cambio de ayudar a la constructora para ganar un proyecto.
Señala que entre diciembre de 2013 y finales de 2014 Odebrecht, “a través de su
División de Operaciones Estructuradas”, pagó a ese funcionario 6 millones de
dólares.
Los detalles de esos
supuestos pagos a Lozoya fueron entregados por Luis Alberto de Meneses, como
testigo colaborador, a la justicia brasileña, según la mencionada publicación
de Proceso.
A pesar de las acusaciones
desde el exterior, lo único evidente hasta ahora es la dilación de la PGR. Su
titular, Raúl Cervantes Andrade, y el exdirector de Pemex, formaron parte del
equipo de campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, año en el que, según De
Meneses, Lozoya Austin recibió dinero de la compañía brasileña. Lozoya fue
encargado de asuntos internacionales, y Cervantes, de asuntos jurídicos.
Pasaron casi cuatro meses
para que la PGR empezara a recabar información fuera del Ejecutivo federal. Fue
hasta el pasado 4 de abril que el Ministerio Público Federal requirió a la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano fiscalizador del Congreso de
la Unión, informes sobre la presencia de la empresa brasileña en México.
En esa fecha el Ministerio
Público adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos
Federales le envió un oficio al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la
ASF para indagar “con carácter urgente y confidencial… si la persona moral
Constructora Norberto Odebrecht y/o alguna de sus filiales ha tenido contratos
en alguna entidad de la República Mexicana, estatal o municipal”.
Así de general fue la
petición hecha por la agente del Ministerio Público encargada de investigar el
caso Odebrecht en México, Silvia Nathalie García Ocampo. Ella fue acusada por
el abogado Paulo Díez de haberle sembrado un arma para detenerlo el 7 de
septiembre de 2015, en el contexto de la confrontación del litigante con la
constructora española OHL, de la que el exdirector general de Pemex fue
empleado antes de incorporarse a la campaña presidencial de Peña Nieto.
Un mes después, la inacción
de la PGR fue exhibida por el propio Lozoya en una carta dirigida a Cervantes
Andrade y firmada de recibido por la oficina del procurador el 16 de mayo de
este año. En la misiva, que tiene el sello del despacho de Coello Trejo, el
exdirector de Pemex aseguró que se dio por enterado de las investigaciones
contra Odebrecht en México en el mes de abril por información pública y
declaraciones de funcionarios gubernamentales.
Después de un repaso de su
vida académica y profesional, en el que omitió su paso por OHL, Lozoya aseguró
que estaba “ubicable y localizable” en la Ciudad de México, “a disposición de
cualquier autoridad local o federal para cualquier acto en que se requiera mi
presencia”. Además de los datos de sus abogados, da como referencia su actual
trabajo como director general de Makech Capital, un fondo de inversión al que
ubicó en Prado Sur 274, en las Lomas de Chapultepec.
A fin de aclarar su actuación
como director de Pemex “y para evitar que se genere una persecución política en
mi contra”, le pidió al procurador que lo citara a comparecer para comprobar
“si existe en mi contra alguna imputación y en su caso el contenido de la
misma” por el caso Odebrecht.
La PGR siguió sin actuar.
Después de que Proceso difundió el domingo 13 la información que también
circuló en Brasil sobre los señalamientos directos contra Lozoya por parte de
tres ex ejecutivos de Odebrecht, el Ministerio Público Federal decidió citar a
Lozoya el pasado jueves 17.
“INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA”
En la víspera de su
comparecencia, la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de la ex procuradora
Arely Gómez, dio a conocer que desde junio había iniciado “una investigación
administrativa” contra Lozoya, a quien el aspirante independiente a la
Presidencia, Emilio Álvarez Icaza, señaló de interceder para adjudicarle
concesiones y proyectos a OHL.
Según la denuncia de Álvarez
Icaza ante la SFP el 15 de mayo, presuntamente hubo “colusión, coalición y
peculado” de funcionarios del gobierno federal, incluido Lozoya, a favor de
OHL, y derivó en beneficios para la campaña del priista Alfredo del Mazo para
gobernador del Estado de México.
Coello Trejo asegura que en
el caso Odebrecht “los contratos fueron perfectamente otorgados. Todos creen
que desde el inicio la obra fue adjudicación directa, pero no, hay una
convocatoria en la que participaron 10 empresas.
“Pero allí el director de
Pemex no tiene nada que ver, él es el director general. No es quien firma los
contratos ni el que da visto bueno si se contrata o no. Son los consejos de
administración de las subsidiarias cuando los montos de los contratos no
exceden de cierta cantidad; cuando exceden tienen que ir al consejo de
Administración de Petróleos Mexicanos. En este caso, como fueron menos de 150
millones de dólares, el consejo de administración de la subsidiaria Pemex
Transformación Industrial, integrado por las secretarías de Hacienda, Energía,
Economía, la Auditoría Superior de la Federación y los empleados de Pemex, como
directores y gerentes, son quienes realizaron el trabajo”, explicó.
Al final quedaron tres
empresas: ICA-Fluor, Saipem y Odebrecht, “pero sucede que no le dan el contrato
a Saipem porque tenía problemas con obras que no había terminado, y de acuerdo
con la ley no le puedes dar contratos a alguien que tenga contratos pendientes
de entregar. Ica Fluor se baja de la licitación y la única que quedaba era
Odebrecht, por eso el Consejo de Administración de la subsidiaria autorizó”.
Cuando la ASF y la SFP
auditaron estos contratos y el procedimiento de asignación, no encontraron ningún
problema, dice el litigante.
Sobre la experiencia de
Lozoya para mover recursos a través de fondos de inversión, Coello dice: “Él
fue miembro de consejos de administración de empresas mundiales, es una gente
muy preparada. Pero eso no quiere decir que él haya abierto cuentas. Vivía en
Estados Unidos y viene invitado por el licenciado Peña para unirse a su campaña
en el aspecto internacional”.
Además, observa, “aquí viene
un contrasentido entre lo que dice De Meneses y lo que leí en la revista Proceso,
cuando dice: ‘Nosotros sabíamos que él iba a ser director de Pemex’. El mismo
Lozoya no sabía eso.
–¿Pudo llegar ese dinero a la campaña presidencial?
–No hagamos juicios de valor,
no especulemos, es nuestro presidente. Yo no tengo ninguna razón para pensar,
ni siquiera imaginarme eso; no se hubiera arriesgado. Vivimos en un estado de
derecho. Existen leyes, procedimientos. Lo que no se debe hacer es lapidar,
denostar a una persona mientras no haya una prueba fehaciente, técnica y
jurídica que lo acredite.
Insiste: “Esperemos a que la
procuraduría investigue y no reventemos algo que lapida y acaba con un hombre.
¿Qué va a pasar si se determina que no hay dinero que le hayan entregado a él?
Hasta ahora todo ha sido mediático. Por eso quiero una copia completa de la
carpeta. Que investiguen quién sacó el dinero de la cuenta de destino y allí se
acabó el caso”, asegura.´
Este reportaje se publicó en la edición 2129 de la
revista Proceso del 20 de agosto de 2017.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Y PATRICIA DÁVILA/23 AGOSTO, 2017)
