Dos madres del país, sin una relación
previa, son unidas por el drama de la desaparición de sus hijos en Coahuila. En
el camino, ambas se enfrentan al muro de la impunidad policiaca y arman, ya
juntas, un rompecabezas que señala a las autoridades como cómplices de la
desgracia no sólo de sus muchachos, sino de decenas y decenas de personas que
han sido privadas de su libertad forzadamente. Un reciente informe sobre
crímenes de lesa humanidad en México, realizado por la organización Open
Society, reportó que desde el 2006 el número de personas desaparecidas en el
país ha ido en ascenso. Durante la presentación se hizo especial énfasis en
Coahuila, un estado marcado por la colusión y la ausencia de las autoridades.
Adriana Moreno, madre de Adrián detalló
que la desaparición de su hijo sigue en la impunidad. Foto: Cuartoscuro
PRIMERA DE UNA SERIE
Ciudad de México, 14 de junio
(SinEmbargo).– Un grupo de hombres viaja por la carretera hacia Torreón,
Coahuila, en la madrugada de un lunes es detenido por la policía del municipio
Francisco I. Madero, Coahuila. Las sospechas sobre la policía aparecen cuando
los elementos armados intentan justificar la detención bajo el pretexto de que
se trasladan en un vehículo robado: un Jetta 2008 color blanco. Mientras el
conductor discute con los cinco elementos que les retienen, dos de los
viajeros, Óscar German Herrera Rocha y Sergio Arredondo Sicairos, llaman a sus
esposas. Son las cinco de la mañana y al otro lado del teléfono, en Sinaloa,
ellas no pueden más que escuchar como los policías les obligan a terminar las
llamadas.
La escena asemeja ser una
réplica de lo sucedido un mes y cuatro días antes, suponen ahora las familias
con base a una declaración judicial. La madrugada del 11 de mayo del 2009,
también lunes, una panel es interceptada en el mismo tramo: una cuchilla entre
la entrada al municipio Francisco I. Madero conocida como “Caballo Blanco y una
gasolinera, a menos de 300 metros de la Comandancia Municipal. Heber Eusebio
Reveles Ramos, José María Plancarte y Adrián Rodríguez Moreno, los hombres a
bordo, son desaparecidos, un destino similar al tendrán los cuatro detenidos
del 15 de junio.
En ambos grupos, por
coincidencia, hay madres en Tijuana, Baja California. Rosario Villanueva Rocha,
madre de Óscar detenido por presuntos policías en el grupo del 15 de junio, y
Adriana Moreno, madre de Adrián, uno de los detenidos del 11 de mayo. Sin
conocerse, las dos madres buscan cada una por su cuenta la ayuda de las
autoridades de la Fiscalía del municipio fronterizo. Los servidores públicos
las rechazan bajo el argumento de que no existe coordinación entre las
Procuradurías de Justicia de los estados.
Ante esta imposibilidad, las
denuncias tardarán unos días más en fincarse. Y con el paso de los días ambas
madres viajan a Coahuila a investigar lo sucedido en Francisco I. Madero, un
pueblo de la Comarca Lagunera, con no más de 26 mil habitantes.
El 15 de mayo, Alfredo, uno
de los hermanos de Heber Reveles, desaparecido el 11 de mayo, interpone una
denuncia en Coahuila.
“Nunca pensamos que fuera una
desaparición. Porque cuando te pasan estas cosas no haces conciencia”, dice
Adriana Moreno.
En el otro caso, el 15 de
junio, Villanueva logra denunciar diez días después la desaparición de su hijo
y otras tres personas en Saltillo, no sin antes ser rechazada por la
Subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR) localizada en
Torreón, que se negó a recibir el caso.
Villanueva puso cartulinas
por todo el municipio con los rostros de los desaparecidos. En negocios, en
locales, en sitios que asegura tuvo el cuidado de evitar que los papeles “se
volaran”. Pero las horas corrieron, y pasados los días ninguno de los 26 mil
habitantes del lugar llamó para aportar algún rastro de su paradero.
CASO 11 DE MAYO
Un joven identificado como
Omar García del ejido Compuertas de Francisco I. Madero se ha dedicado a
trabajar desde hace una semana con una panel. Durante el día ofrece la pantalla
y el estéreo del vehículo; en la noche, la maneja y hace rondines. Su misión:
dar aviso de quién entra y sale del municipio.
Alfredo Reveles se queda en
ese municipio y se moviliza para dar con el paradero de su hermano.
“Se quedó un mes, a diario
hacía recorridos y él bajo estas investigaciones se convierte uno en
rastreador”, narra Adriana Moreno.
A pesar de dar aviso a la
policía local, las autoridades han sido negligentes para dar con ellos. Pero
diez días después los esfuerzos familiares son suficientes como para encontrar
la panel, aparentemente abandonada a una cuadra de la casa de Omar, en el ejido
de Compuertas –muy cerca de Santo Niño–, donde los tres jóvenes salieron
después de visitar a su familia.
La policía no llegará al
sitio sino hasta cinco días después, para confirmar que no hay nadie dentro del
vehículo. Tickets y restos de aluminio de almuerzos que prepararon sus esposas…
es todo lo que se reporta.
En una declaración
ministerial de García, registrada el 15 de octubre de ese año, él afirma que
trabajaba para un policía local responsable territorial, que se halla junto a
otro elemento de nombre Ascensión, aseguraron los familiares de las víctimas.
“Omar sí vio a las personas
sometidas, esa misma noche. Nomás declaró que de ahí la policía se los llevó
rumbo a San Pedro, y al otro día le entregó la panel”, dice Adriana Moreno. Sin
embargo, hasta el momento no hay autoridades detenidas que carguen por delitos
ocurridos esa madrugada.
CASO 15 DE JUNIO
Un mes después, las
indagaciones derivadas de la denuncia de Villanueva conllevan a la detención de
35 policías preventivos de Francisco I. Madero. Cinco de ellos quedan
arraigados por la Fiscalía estatal: Édgar Iván Hernández Astorga, Sergio Ríos
Solís, Abel Gaytán Calderón, Ascensión Salinas y Óscar Gerardo López.
Después, la PGR detiene a
cuatro mandos policiales, entre ellos Gabriel Mascorro Torres, director de la
Policía Municipal, y Juan Manuel Silvestre Castañeda, subdirector de la
corporación.
Sobre los hechos, los medios
locales reportaron que durante las capturas el Alcalde priista Nicolás Muñiz
Domínguez se ausentó del ojo público.
La madre de Óscar viaja a San
Pedro, un municipio a 40 minutos de camino donde los preventivos habían sido
trasladados, con el fin de encararlos y obtener más información. Lo que
encuentra, afirma, le indignó: los gendarmes cumplían con la cuarentena en un
hotel.
“Estuvieron 40 días
arraigados en un hotel con aire acondicionado y televisión a color, ellos no
estaban ahí precisamente sufriendo. No estaban ellos siquiera esposados,
estaban con mucha vigilancia, pero no esposados”, recuerda Villanueva.
En su primera declaración,
Abel Gaytán Calderón, uno de los agentes, acepta tener nexos con el crimen
organizado. Los elementos aseguraron haber entregado a los cuatro jóvenes al
grupo armado Los Zetas. Una práctica, dijeron, a la que se dedicaban para
obtener dinero.
Villanueva, entonces,
solicita a las autoridades de la Fiscalía de San Pedro poder hablar con Gaytán
Calderón. El encuentro se da en un cuarto del edificio.
“Me dijo que me esperara, que
todo estaba muy caliente, y que estaba amenazado de muerte”, relata Villanueva.
Al finalizar el arraigo, los
nueve policías son consignados. Sin embargo, en ese momento las versiones de
los agentes cambian al unísono: argumentan haber sido torturados para declarar
en un primer momento.
“Yo les creería si los
hubiera visto. Pero yo los vi y no tenían ningún tipo de señal de tortura,
andaban en short y sin camiseta en el hotel y no tenían estas señales”, precisa
Villanueva.
Un segundo encuentro de
Villanueva con Gaytán refrenda un cambio de versión de lo sucedido y en donde
los policías se desmarcan de cualquier responsabilidad.
“Cuando lo consignaron me
encontré otra persona completamente diferente a la que me había encontrado un
mes antes. Me dijo que no era cierto, que él no me había dicho eso, que yo lo
había amenazado de muerte, cosa que por supuesto no es cierto”, dice la madre.
LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD
El entonces Procurador General de
Justicia de Coahuila, Jesús Torres Charles. Foto: Paola Hidalgo, Cuartoscuro
La muerte de uno de los
presuntos implicados dejó el caso con ocho detenidos, y se espera que sean
sentenciados este año. Pero en cuanto al paradero de los siete desparecidos de
ambos casos, la Fiscalía estatal ha sido incapaz de dar mayor información.
Los hallazgos más importantes
del caso se debieron al trabajo independiente de las familia. En el caso de la
panel hallada, donde viajaban tres personas el 11 de mayo, las autoridades no
desarrollaron la verdad de los hechos, aun habiendo una persona que declarase
la implicación de la policía: Omar García.
En cuanto a los cuatro
jóvenes empresarios del 15 de junio, la presión sirvió para detener a los
elementos de las fuerzas de seguridad pública local, pero una vez detenidos las
autoridades no desarrollaron una investigación para hallar a los desaparecidos.
“La ineptitud con la que
actuaron provocó el enojo con el que vivimos las familias, pero al final de
cuentas lo que nos interesaba a nosotros era encontrar a los muchachos, cosa
que no encontramos en ningún momento”, afirma Villanueva.
Uno de los encargados
generales de llevar este caso fue el Fiscal estatal, Jesús Torres Charles.
“Para ciertas situaciones
mostraba accesibilidad, pero en otras se bloqueaba. Intentamos en nuestras
posibilidades saber lo que pasó, pero fue muy difícil porque Saltillo está a
más de cuatro horas de donde sucedió la desaparición”, expone Villanueva.
Después de tres años en el
puesto, Torres Charles dio un paso al costado el 17 de febrero del 2012,
después de haberse envuelto en un escándalo: su hermano Humberto Torres Charles
fue acusado de tener vínculos con el narcotráfico. Tras las primeras
investigaciones que recayeron también sobre él y su probable relación con
criminales, Jesús Torres se dio a la fuga. Dos años después, un Juez federal lo
exculpó, y el ex Fiscal volvió a aparecer públicamente en el estado.
LOS ZETAS Y LAS
DESAPARICIONES
La incursión de grupos armados
delictivos se dio por el desamparo de las autoridades, dijeron familiares.
Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro
El 7 de junio pasado un
informe de la organización internacional Open Society apuntalaron la
participación del narcotráfico, en especial de Los Zetas, en la oleada de
desapariciones en México. Y así también lo dice la experiencia de las familias.
Villanueva dice que en
retrospectiva hay situaciones de violencia que han quedado más claras después
de los hechos.
“Hemos logrado concluir la
enemistad que hay entre los grupos delictivos de Los Zetas, con la gente de
Sinaloa, ellos tenían la consigna de que si pasaban carros con placas de
Sinaloa se fueran detenidos. Entonces, resulta que a nuestros muchachos les tocó
pasar precisamente en el peor momento. Venían de Piedras Negras, pero el carro
portaba placas de Sinaloa”, comenta.
Durante la presentación del
informe de Open Society, Blanca Martínez Bustos, integrante de la organización
Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, enfatizó los gravámenes que sufre
Coahuila.
“Pudimos constatar cómo el
desarrollo de esta estrategia y esta práctica de desaparición es uno de los
componentes del control de población y de control del Estado, que no se puede
dar sino es por la facilitación del Estado. En el Centro Fray Juan de Larios
registramos –del 2007 al 2015– 494 personas desaparecidas, en 164 casos
registrados. Esto quiere decir que la mayoría de la gente que desapareció en
Coahuila lo hizo en grupo”, dijo ante el auditorio.
Las familias de las siete
personas desaparecidas del 11 de mayo y el 15 de junio apuntaron el papel que
jugó el Gobernador priísta Humberto Moreira Valdés en esos tiempos.
“Yo no tengo ninguna opinión,
pero sí creo que en el involucramiento o las facilidades que ellos le dieron a
la delincuencia organizada fue lo que facilitó que ocurrieran todas las
tragedias en Coahuila y en el país. Las autoridades están desamparando a la
sociedad civil y no hay una respuesta seria y contundente cuando pasa una
situación como esta”, considera la madre de Óscar.
“Ya pasó mucho tiempo,
queremos seguir intentando, no sabemos qué es lo que vaya a pasar, por ahorita
es mantenernos a flote”, dijo.
(SIN EMBARGO.MX/ JUAN LUIS GARCÍA
HERNÁNDEZ/ JUNIO 14, 2016 - 12:05 AM)
