MEDIOS
DE COMUNICACIÓN. Cómplices de la impunidad en caso Ayotzinapa.Multiportada
ayotzinapa
Durante
un año la gran mayoría de medios de comunicación, columnistas y periodistas en
México se plegaron a la versión oficial dada por el gobierno de Enrique Peña
Nieto sobre el caso del ataque perpetrado contra más de 100 estudiantes de la
escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre
de 2014.
Sin
siquiera cuestionar lo que afirmaba la PGR, lo repetían aunque no tuviera
sentido ni pruebas. Lo repetían reproduciendo los pedazos de expediente que la
PGR, encabezada por Jesús Murillo Karam, dispersó por aquí y por allá,
envenenando la verdad, para que nadie pudiera hallarla. Aunque la gran mayoría de los testimonios con
los que la Procuraduría fabricó la “verdad histórica” incluían quejas de los
supuestos perpetradores confesos o sus confesiones, no tenían ningún sentido ni
conexión unas con otras.
Se
lanzó incluso una campaña para criminalizar a los estudiantes, repitiendo
testimonios obtenidos bajo tortura de que los estudiantes habían sido pagados
por un grupo criminal para ir esa noche a Iguala, con supuestos integrantes del
grupo criminal de Los Rojos en los autobuses. Muchos medios repitieron y
repiten esa versión que se contradice absolutamente con el testimonio de los
choferes de los cinco camiones en los que viajaron los estudiantes.
En
el estilo de periodismo más lacayo, los principales periódicos, noticieros de
radio y televisión del país omitieron ir directamente al lugar de los hechos y
verificar si la información de la que los alimentaba afanosamente la PGR, era
auténtica o no. Prácticamente nadie fue al lugar de los hechos a investigar ¿A
qué iban los estudiantes a Iguala?, ¿A qué hora terminó el evento político del
alcalde José Luis Abarca y su esposa? La clave A5 con la que según la PGR se
usaba para identificar a Abarca ¿Era una
clave del mundo criminal, o es la clave que obligatoriamente usan todas las
policías municipales del país, para referirse a quien ocupe la presidencia
municipal?, ¿Era la policía municipal la única y principal fuerza pública en
Iguala o era sólo un apéndice de otras fuerzas que están en Iguala, como la
base de Operaciones Estratégicas de la PGR, la base de la Policía Federal, el
27 Batallón de Infantería y la base de la Secretaría de Seguridad Pública
Estatal?
Como
en los tiempos de 1968, tras la masacre estudiantil del 2 de octubre, la gran
mayoría de los medios de comunicación han sido cómplices de la impunidad que
persiste en el caso.
Hace
una semana, después del aniversario del ataque, la PGR abrió la versión pública
de los expedientes. Desde entonces han ocurrido dos fenómenos. Los medios y
periodistas más oficialistas se asoman al expediente, toman pedazos y repiten
las historias falsas de las que está plagada la averiguación previa. Por
ejemplo, hay quienes insisten en la existencia de los supuestos poderosos
bélicos, un presunto grupo omnipotente de la policía municipal de Iguala que
supuestamente hacía temblar de miedo a la sociedad y seguramente a todos los
elementos de las bases de la PF, PGR, CISEN y el 27 Batallón de Infantería que
estaban en la misma ciudad. El grupo de
los bélicos fue disuelto hace más de dos años y todo el equipo antimotines de
los policías municipales que prácticamente no tenían entrenamiento, fue
quemado.
O
por ejemplo hay quienes, para alimentar la idea de que los estudiantes iban
acompañados de criminales y entonces justificar la infamia, especulan que unas
supuestas camionetas Urban blancas iban custodiando los camiones durante su
trayecto, y vuelven a repetir que los criminales arrojaron en la central de
autobuses tres cuerpos sin vida. Todo esto siempre citando las declaraciones de personas torturadas.
Desde
el comienzo de este caso toda esa información falsa la fui desechando parte por
parte. Desde el mes de noviembre tuve acceso al expediente abierto por la
Procuraduría General de Justicia de Guerrero y de la PGR. Hubo que ir a Iguala
a preguntar a la Central y en las calles, ni cadáveres ni Urban blancas con
sicarios a bordo. Ahí en las calles era claro desde un inicio que había sido un
operativo de estado.
Otros
medios, como si descubrieran el hilo negro,
tratan de sorprender a sus lectores o audiencias y señalan como nueva
información que desde diciembre al 18 de septiembre esta periodista publicó en
la revista Proceso, Telemundo, Univisión y The Huffington Post, entre otros
medios. Para no reconocer sus errores en
la cobertura del caso ni siquiera hacen referencia a que esa información ya fue
publicada.
Esos
medios dijeron esta semana que termina, como novedad, que los militares del 27
Batallón declararon ante la PGR y admitieron el monitoreo a los estudiantes.
Otros señalan que Patricio Reyes Landa, Jonathan Osorio, Sergio Reyes y Felipe
Rodríguez Salgado fueron brutalmente torturados antes de confesar que habían matado
y quemado a los estudiantes en el basurero de Cocula. Cremación que el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) ya descartó que hubiesen
siquiera podido ocurrir.
El
periodismo de investigación requiere no solo de disciplina sino paciencia. En
casos como el de Ayotzinapa significa ir contracorriente no solo respecto al
poder del estado sino de los mismos medios que se convierten en sus
voceros. La búsqueda de la verdad es la
esencia del periodismo y quien no la busca, no tiene justificación.
En
el expediente de la averiguación previa de la PGR hay pistas de lo que pasó en
Iguala esa noche, pero las respuestas no están ahí en los papeles, las
respuestas siguen estando en la calle, en los cientos de personas que los
presenciaron y el gobierno de Peña Nieto lo sabe. Es por eso que a mediados de
septiembre la PGR se presentó en las principales calles donde ocurrió el ataque
para hostigar a los vecinos, intimidarlos y obligarlos a presentarse a declarar
y que si no se presentaban iban a girar una orden de presentación o de arresto
en su contra. Eso provocó que asustados algunos comenzaran a borrar videos o
fotos que tenían, o preferir decir que no sabían nada. Para ellos más que para
nadie es peligroso declarar ante una autoridad que representa al mismo gobierno
que encabezó los ataques esa noche.
REBELIÓN EN ALMOLOYA
La
protesta en el Cefereso No. 1 El Altiplano, encabezada por los internos del
módulo 1, dada a conocer en esta columna el domingo pasado, fue reventada el
miércoles 30 de septiembre con un operativo en el que intervino la PF, el
Ejército y la Marina. Sin reconocer
abiertamente la crisis que estuvo a punto de convertirse en motín, el gobierno
federal extraditó o cambió de prisión a los presos más peligrosos. Extraditaron
a Estados Unidos a Edgar Valdez Villarreal, alias la Barbie, veterano en las
revueltas dentro del penal, y a 12 presos más. Y cambiaron a otros penales a
Mario Cárdenas Guillén, Omar Treviño Morales, Teodoro García Simental, Miguel Guzmán Loera (hermano del Chapo), y a
Juan José Esparragoza Jiménez, hijo de Juan José Esparragoza Moreno, alias el
Azul.
El
operativo en el que se afirma hubo violencia no sólo fue un escarmiento a los
internos, sino el reconocimiento tácito de que El Altiplano no es más un penal de
máxima seguridad. El Chapo vulneró toda la prisión unas semanas después de que
ingresó en febrero de 2013. Ojalá el gobierno de Enrique Peña Nieto hubiera
querido controlarlo como controló en un solo día a más de 20 presos de alta
peligrosidad.
(RIODOCE/
Anabel Hernández/ 4 octubre, 2015)
