A. SALMON/ R. GALLEGOS/ H. CARRASCO
Aun cuando el acuerdo entre la Secretaría de Economía federal y el
Gobierno de Chihuahua para la regularización de automóviles “chuecos”
que circulan en el estado está vigente desde hoy tras su publicación en
el Diario Oficial de la Federación (DOF), los ciudadanos deberán esperar
para poder realizar los trámites correspondientes.
Y es que todavía falta que la Secretaría de Hacienda federal emita las
reglas de operación del programa para que éste se pueda ejecutar y que
la administración estatal deposite una garantía y publique este trámite
en el Periódico Oficial del Estado, informaron agentes aduanales, la
Aduana Fronteriza de Ciudad Juárez y funcionarios estatales.
Las fuentes consultadas desconocieron cuándo se concretará este segundo paso.
El convenio para la regularización de autos “chuecos” fue publicado
ayer en el DOF y en el documento se establece que tanto fronterizos como
residentes del resto del estado podrán realizar la importación
definitiva de sus vehículos de procedencia extranjera ilegal.
En el documento se precisa que este esquema tendrá una vigencia de 180
días hábiles –seis meses– a partir de que el Gobierno del Estado se
declare listo para su implementación, luego de que lo publique en el
Periódico Oficial del Estado.
El director general de Ingresos de la Secretaría de Hacienda estatal,
César Toledo Franco, informó que tras la publicación ayer del este
acuerdo, el Gobierno del Estado asumirá facultades para verificar la
legal estancia en el país no sólo de autos de procedencia extranjera,
sino de todo tipo de mercancías.
Manuel Miramontes, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales en
la ciudad, dijo que bajo este programa se podrán importar unidades cuyo
año-modelo sea de al menos cinco años anteriores a la fecha de
importación.
Esto significa que los residentes en Ciudad Juárez podrán regularizar unidades de hasta modelos 2008, indicó.
Los residentes en el interior de la entidad podrán importar autos con
una antigüedad de al menos ochos años, anterior a la fecha en que se
efectúe la importación, es decir, desde el 2004.
Los trámites de importación se podrán realizar sin sacar el vehículo
del país, en ventanillas habilitadas por el Gobierno del Estado y el
Servicio de Administración Tributaria (SAT). Los propietarios pagarán
los derechos requeridos por el Gobierno federal, se informó, sin que se
difundiera la ubicación de los módulos para tal efecto.
Sobre el costo del trámite, Miramontes indicó que sin las reglas de
operación no se pueden calcular, pero se estiman entre 5 mil y 10 mil
pesos, según el modelo.
Estado, obligado a perseguir ‘chuecos’
El programa es una tercera oportunidad para legalizar vehículos en los
últimos tres años. En 2010 y 2011 se lanzó un esquema de fronterización,
lográndose la regularización de 15 mil 348 vehículos en el primer año y
8 mil 841, en el segundo, de acuerdo con datos oficiales.
Pero igual que ahora, los programas sufrieron retraso en su
implementación y el Gobierno del Estado anunció que al concluir los
programas realizaría decomisos de unidades no legalizadas, sin embargo
no realizó esas acciones.
Al respecto, César Toledo Franco, director de Ingresos del Estado, dijo
que tras la publicación del acuerdo en el DOF, el Anexo 8 obliga al
gobierno estatal a verificar la legal estancia de mercancías cuando ya
se encuentren en territorio chihuahuense, pero eso no implica que asuma
funciones aduaneras, ya que el cruce fronterizo seguirá a cargo del
Sistema de Administración Tributaria.
Mario Trevizo Salazar, titular de la Consejería Jurídica del Estado,
dijo que la entrada en vigor del Anexo 8 obligará tanto al Estado como a
la Federación a vigilar brechas para hacer efectivo el cierre de
fronteras al contrabando.
Asimismo, advirtieron que habrá decomiso de vehículos en cuanto termine
el decreto publicado el pasado martes. Los dueños de autos que no
entren en el decreto tendrán la oportunidad de regresarlos a Estados
Unidos para evitar un decomiso.
Toledo Franco dijo que la revisión de mercancías de presunto origen
extranjero se hará sin distingos, así sea en centros comerciales o
incluso en casas-habitación donde haya personas dedicadas a la venta de
mercancía, y se procederá al aseguramiento de las mismas si no se
muestra el pedimento de importación correspondiente.
Le falta depositar la garantía
Toledo Franco como Carlos Silveyra Sayto, subsecretario de
Gobierno en la Zona Norte indicaron que una vez que el Gobierno federal
publicó el acuerdo, ahora el Gobierno del Estado debe garantizarle que
no habrá faltantes en las decenas de miles de pagos que se harán durante
el proceso de regularización masiva de “chuecos”.
Toledo explicó que la garantía tiene por objeto que el Gobierno del
Estado le asegure a la SHCP que los dueños de autos “chuecos” pagarán el
arancel que les corresponde, de modo que, si alguno de ellos declara un
valor de su auto inferior al real, con tal de pagar un impuesto de
importación más bajo, Hacienda federal se cobrará la diferencia de ese
depósito que hará el gobierno estatal.
Silveyra Sayto agregó que, una vez que el Gobierno estatal manifieste
esa aptitud a las secretarías federales de Economía y de Hacienda y
deposite la garantía, deberá publicar el decreto en el Periódico Oficial
del Estado y a partir de entonces se dará inicio a un plazo de casi
seis meses para hacer la importación masiva.
Dijo que se espera que dicha publicación en el órgano oficial de difusión estatal se haga pronto.
Explicó que al salir en el DOF el acuerdo que establece el programa, ahora corresponde actuar al Gobierno estatal.
De acuerdo con archivos periodísticos, en el anterior proceso de
fronterización de vehículos, el Gobierno del Estado depositó una suma
cercana a los 40 millones de pesos por concepto de “Garantía aduanera”,
con los cuales el Sistema de Administración Tributaria (SAT) se
aseguraba el correcto cobro de los aranceles de importación de
vehículos.
En el anterior proceso de regularización, el Gobierno del Estado pudo
liberar hasta seis meses después de que terminó el decreto de
fronterización los cerca de 40 millones de pesos depositados, luego de
que el SAT pudo hacer auditorías y asegurarse de que no hubo un solo
caso de subapreciación de los autos.
Una vez que concluyan el proceso de regularización, los autos serán
nacionales, serán inscritos en el padrón vehicular del estado y
recibirán su dotación de placas, así como el cobro de los derechos
vehiculares que paga cualquier otro propietario.
A su vez, Mario Trevizo destacó el hecho de que el acuerdo publicado el
martes en el DOF sólo abarca a Chihuahua, pero fue gracias a que el
estado cumplió con todos los requisitos que estableció el Gobierno
federal.
El primero de ellos fue el establecer el sistema de verificación
ecológica para evitar que ingresen al país vehículos “chatarra” que se
podrían ser una amenaza para el medio ambiente.
Esa campaña de verificación inició con la contratación de una empresa
privada que ha recorrido diversos municipios de la región noroeste con
una unidad móvil en la cual revisa la carburación de los autos
“chuecos”.
El otro requisito, recién aprobado, fue la creación del Registro Público Vehicular (REPUVE).
Visto bueno de la AMDA
El Gobierno del Estado dio a conocer que este es el primer acuerdo de
regularización de “chuecos” que se implementa en el país que cuenta con
el respaldo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles
(AMDA), agrupación que siempre se había opuesto a cualquier forma de
regularización de vehículos.
A su vez, esta asociación dio a conocer que espera que con este acuerdo
se resuelva en definitiva el tema de los vehículos denominados como
“chuecos” o “chocolates”.
“Estaremos atentos a que se cumplan los compromisos externados por el
Gobierno del Estado y el Gobierno federal, es importante que al término
del mismo se prohíba la circulación a todos los vehículos que no porten
placas”, declaró Guillermo Prieto, presidente ejecutivo de la AMDA.
La Asociación destacó que los compromisos hechos públicos por el gobernador de
Chihuahua son que: todos los automóviles que circulen en Chihuahua
deberán cumplir con los requisitos tanto de seguridad como de cuidado al
ambiente, que las unidades chatarra no entrarán al país ni al estado y
que al finalizar el programa no habrá ni un vehículo sin identificar.
Es necesario que los tres órdenes de gobierno apliquen “cero tolerancia
a la comercialización de vehículos ilegales”, agregó Prieto.
Para el representante de los distribuidores de vehículos nacionales,
ningún esquema de ordenamiento del parque vehicular tendrá éxito si no
se corta de raíz el problema.
De este apoyo que dio la AMDA, Trevizo señaló que fue un reconocimiento
al estado de Chihuahua, por haber sido el único que eliminó totalmente
“y sin trampas” el cobro del impuesto a la tenencia vehicular, lo cual
impulsó la venta de autos nuevos a niveles de récord. (A. Salmón/ R.
Gallegos/H. Carrasco/El Diario)