De 300 familias asentadas en la zona costera de Xayacalan, sólo quedan
treinta
De los dirigentes comunales de esa región de Michoacán sólo queda vivo Santos
Leyva
Blanche Petrich/ La Jornada
La minuta de la última reunión que sostuvieron las autoridades
federales y del estado de Michoacán con los líderes comunitarios de Ostula para
intentar frenar la acción criminal de los grupos armados que asuelan la región
costera, el pasado 28 de noviembre en Morelia, lleva al calce las firmas
vacilantes de Trinidad de la Cruz Crisóstomo y Santos Leyva, septuagenarios
líderes del movimiento indígena nahua que por décadas mantuvieron vivo el anhelo
de recuperar los territorios que les habían sido despojados en las riberas del
municipio de Aquila.
Santos Leyva fue presidente de bienes comunales. Su hijo, Pedro Leyva,
destacó en el liderazgo en años recientes y había llevado la causa a otros
espacios de resistencia, como el Congreso Nacional Indígena y el Movimiento por
la Paz con Justicia y Dignidad. El 6 de octubre fue asesinado. Resultó la
víctima número 27 del implacable proceso de exterminio que padece ese pueblo que
había resuelto, tres años antes, fundar un nuevo centro poblacional, al que
bautizaron Xayacalan (
Lugar de las máscaras), derivado de su danza ritual de los xayakates.
Santos Leyva, ya mayor, con la vista cansada y una sucesión de duelos en el
corazón, es el único que queda vivo de toda una generación de autoridades
comunitarias que han caído una tras otra.
El último en ser asesinado fue Trinidad de la Cruz, firmante de la minuta.
Tenía 73 años. Había sobresalido por su activismo en favor de las guardias
comunales que se integraron, siguiendo el modelo de las policías comunitarias de
San Luis Acatlán. Fue secuestrado, torturado y muerto apenas ocho días de la
reunión referida. Él es el número 28.
Dicha minuta revela la incapacidad de las fuerzas de seguridad federales y
locales para hacer frente a las bandas armadas relacionadas con el narcotráfico
que disputan el control de la región.
Díganos qué es lo que van a hacer
A la reunión que se celebró en la Secretaría de Seguridad Pública
de Michoacán asistieron funcionarios de las secretarías de Gobernación y de la
Defensa Nacional, del Ministerio Público Militar de la 21 Zona Militar y del
gobierno de Leonel Godoy.
Ahí, don Trini y don Santos explicaron que las incursiones de
caravanas de tres o cuatro vehículos con hombres fuertemente armados no había
cesado. Identificaron las comunidades de donde salían: La Placita (donde radican
los presuntos propietarios que disputan las tierras a los indígenas en
tribunales agrarios), El Faro, Aquila, Chayacalan, Rancho Los Mendoza y La
Playa.
Expresaron que las medidas cautelares emitidas anteriormente por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para localizar a cuatro paisanos
desaparecidos y proteger la vida de otros amenazados no habían tenido ningún
efecto. Y pedían expresamente que cuerpos de seguridad combinados y rotativos
–para evitar la corrupción, hicieron hincapié– realizaran rondines, ofreciendo
además garantías a las guardias comunales. Para resolver estas peticiones se
estableció otra mesa de negociación.
Esta instancia ya no fue a ningún lado. Es público cómo fue asesinado ocho
días después don Trini.
Con nombres y apellidos
Algo similar sucedió en septiembre. Pedro Leyva asistió a una
audiencia con la relatoría de la CIDH para evaluar los avances en el
cumplimiento de las medidas cautelares que había ordenado el organismo
interamericano en septiembre de 2010. La reunión fue en la Secretaría de
Gobernación.
La intervención de los representantes de Ostula fue dura. Afirmaron
que el Estado mexicano había sido omiso; que a las 11 muertes y una desaparición
forzosa, que se contaban ya al momento de la emisión de las órdenes de
protección, se habían sumado en un año 16 asesinatos y tres desapariciones más.
Identificaron ante las autoridades presentes a los principales perpetradores de
estos crímenes, con nombres y apellidos.
Las autoridades alegaron que el Ministerio Público no podía actuar si la
comunidad no presentaba denuncias.
Los representantes de la comunidad
demostraron que sí habían levantado demandas pero que la procuraduría estatal
sólo tenía abiertas tres averiguaciones previas.
Señalaron que por la
inseguridad imperante tenían que trasladarse hasta el Ministerio Público de
Coahuayana, donde, sospechaban, las autoridades estaban coludidas con los
delincuentes.
Y tenían un ejemplo irrebatible: uno de los cuatro desaparecidos
de la comunidad es el adolescente Enrique Domínguez, de 17 años, que fue
levantado cuando iba camino a Coahuayana con varios familiares a darle
seguimiento a la denuncia por la desaparición de otros tres.
Díganos qué es lo que van a hacer, habría exigido Pedro Leyva.
Los
representantes de la CIDH constataron que las autoridades no habían presentado
ningún avance positivo en sus obligaciones.
Después de la reunión en Gobernación, Pedro Leyva asistió a una de las
asambleas de los lunes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en el
local de Servicios y Asesoría para la Paz, (Serapaz).
De ahí volvió a Xayacalan,
con la idea de estar de regreso el 14 de octubre, ya que él integraba el grupo
que iba a dialogar con el presidente Felipe Calderón por segunda vez en el
castillo de Chapultepec. Fue abatido el 6 de octubre.
Hoy en día la población de Xayacalan está diezmada. De las 300 familias que
se habían asentado en la zona costera quedan 30; las demás se han exiliado en
los pueblos vecinos.
No queda vivo ningún dirigente, excepto Santos Leyva.
Incluso sus representantes y abogados viven con medidas extremas de seguridad,
lo que les impide estar presentes en las oficinas del Ministerio Público y en
los juzgados, exigiendo la justicia que se les niega.
Don Trini fue enterrado el 10 de diciembre, pero no en sus tierras,
sino en la vecina playa La Ticla.
Ahí sí, fuertemente custodiado por elementos
del Ejército. Los días 11 y 17 de diciembre, superando el miedo, la comunidad
realizó dos asambleas y pidió que la Marina entrara de inmediato a hacer
rondines.
El domingo 18, después de años de ausencia, entró a Xalacayan el
primer pelotón de marinos.
Eso sólo resuelve la situación más crítica, aplaca un poco el miedo. Pero falta la solución de largo plazo. Mientras, no hay la certidumbre necesaria para que comuneros y gobierno puedan continuar con el proceso agrario.
