Ariana
García Bosque, abogada de Familias Unidas por la Búsqueda de Nuestros
Desaparecidos en Piedras Negras, expresó que de este caso se debe resaltar que
la afectación en mayor grado no ocurrió en Allende, sino en la zona de Piedras
Negras, donde se registraron más de mil llamadas telefónicas de auxilio durante
la temporalidad indicada.
Armando Ríos
Piedras
Negras/Ciudad de México, 19 de marzo (Vanguardia/SinEmbargo).- Tras cumplirse
siete años de la masacre de Allende, la Fiscalía General del Estado busca
reaprehender a Sergio Lozano, alcalde de Allende en la época de la matanza,
además de que cuenta con 26 órdenes de aprehensión pendientes, informó José
Ángel Herrera, fiscal especializado en personas desaparecidas en el Estado.
En
entrevista realizada en el Foro Nacional para la Implementación de la Ley de
Desaparición Forzada, el Fiscal especializado informó que se ha condenado a
tres personas por el caso con hasta 75 años de prisión, entre los cuales se
encuentran un elemento de policía y el comandante que fue enjuiciado en
noviembre pasado, así como un miembro del Cártel de Los Zetas.
Asimismo,
el Fiscal explicó que en la última semana fueron llevadas nuevas diligencias
para volver a girar una orden de aprehensión contra Lozano.
“Nosotros
tenemos la oportunidad de seguir aportando diversos nuevos medios de prueba,
para acreditar la participación de esta persona, y poder girar una nueva orden
de aprehensión”, expresó.
Lozano
fue detenido el 17 de noviembre de 2016, acusado de secuestro masivo y dar
órdenes a policías locales para no intervenir en las agresiones del crimen, sin
embargo, en febrero de 2017 fue liberado, ya que un juez no encontró elementos
para vincularlo a proceso.
Además,
fuentes de la Fiscalía General del Estado revelaron que en los próximos meses
se resolverán otras tres sentencias más, e informaron que al tratarse de
delitos graves, será difícil o nula la oportunidad de que puedan tener acceso a
uno de los beneficios del Nuevo Sistema de Justicia Penal, como el caso de una
fianza o la prisión domiciliaria.
URGEN APLICAR LA JUSTICIA
Por
su parte, Ariana García Bosque, abogada de Familias Unidas por la Búsqueda de
Nuestros Desaparecidos en Piedras Negras, expresó que de este caso se debe
resaltar que la afectación en mayor grado no ocurrió en Allende, sino en la
zona de Piedras Negras, donde se registraron más de mil llamadas telefónicas de
auxilio durante la temporalidad indicada.
Por
ello, la abogada urgió a las autoridades que este tipo de casos deben ser
claros y transparentes con la aplicación de la justicia contra los implicados,
puesto que incluso, uno de los elementos que atendían las llamadas durante
aquella época, fue ascendido al puesto de titular del área de contraloría de la
FGE en la delegación norte 1 de Piedras Negras, a pesar de haberse negado a
levantar las denuncias y atender los auxilios en su debido momento.
La
tarde del 18 de marzo de 2011, una caravana de 40 camionetas con decenas de
pistoleros abordo, entraron a la zona. Foto: Vanguardia
A
siete años de distancia las autoridades estatales han avanzado en las
indagatorias:
26 órdenes de aprehensión contra 18
personas
9 autoridades son involucradas en los
hechos por lo que son seguidas por la FGE
9 integrantes del crimen organizado son
vinculados como responsables
MANUAL PARA ENTENDER LA MASACRE DE
ALLENDE
No
fue una película hollywoodense. Fue la puritita realidad. Del 18 al 20 de marzo
de 2011, Coahuila vivió uno de sus capítulos más sangrientos de la historia
reciente: la masacre y desaparición masiva de personas en Allende, misma que se
extendió a más municipios del norte de la entidad.
A
través de distintas publicaciones en Vanguardia, Vice, Proceso, ProPublica,
National Geographic, de trabajos académicos como “El Yugo Zeta” o “En el
Desamparo”; de testimonios en cortes de Estados Unidos,relatos de familiares de
víctimas y hasta del propio gobierno, se ha logrado embonar las escenas de una
película teñida de terror, un rompecabezas mortífero, donde cada pieza es un
martillazo de coraje, frustración, de omisión, de olvido, incertidumbre y
vergüenza.
El
Manual de Escenas para entender la masacre de Allende, es una realidad que
jamás debió contarse.
Era
el sexenio de Humberto Moreira, aunque meses atrás había dejado la gubernatura
para convertirse en líder del PRI nacional. Su lugar lo ocupóJorge Torres López
y el secretario de Gobierno era David Aguillón Rosales. El gobierno se jactaba
de grandes inversiones, infraestructura vial y apoyos a los necesitados. Dos
temas vestían el aura en el estado: “estábamos hasta el cuello” de deuda y los
Zetas controlaban la entidad.
Pese
a los llamados de auxilio de los vecinos, ninguna autoridad respondió. Ni
municipal ni estatal ni federal. Foto: Vanguardia
Sin
embargo, la investigación académica “El Yugo Zeta” se refiere que en un memo de
2003, la DEA (Agencia Antidrogas estadounidense) aseguraba que Los Zetas ya
controlaban Ciudad Acuña y Piedras Negras.
EL ESCAPE
Mario
Alfonso “Poncho” Cuéllar, Héctor Moreno Villanueva y José Luis Garza Gaytán,
presuntos miembros de los Zetas, traicionaron y huyeron de Coahuila con rumbo a
Estados Unidos. En sus manos presuntamente cargaban entre 5 y 10 millones de
dólares de ganancias por el trasiego de droga y el libro de contabilidad.
Miguel
Ángel y Omar Alejandro Treviño Morales, “Z-40” y “Z-42”, les advirtieron que
devolvieran el dinero o de lo contrario matarían a toda su familia y amigos. No
hicieron caso.
Cuellar,
Moreno y Garza huyeron a Estados Unidos donde los dos primeros se convirtieron
en testigos protegidos de la DEA. Antes de partir, Cuéllar avisó a quienes
trabajaban para él que escaparan.
Las
familias, en su mayoría, vivían en la región de los Cinco Manantiales, una zona
de paso a Piedras Negras, la frontera con Estados Unidos. Unos 50 kilómetros
separan Allende de la frontera.
“Cuando
‘Poncho’ y yo nos venimos para acá, a los Estados Unidos, ellos empezaron a
matar a toda esta gente inocente, y sus familiares intentaron poner denuncias,
pero les dijeron que no les tomarían ni una y que tenían 24 horas para irse de
la ciudad”- Testimonio de Héctor Moreno, la fuente es el Informe “Control…Sobre
Todo el Estado de Coahuila” de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad
de Texas.
Los
Zetas destrozaron e incendiaron todo a su paso: casas, ranchos, negocios. Foto:
Vanguardia
LA VENGANZA
La
tarde del 18 de marzo de 2011, una caravana de 40 camionetas con decenas de
pistoleros abordo, entraron a la zona. Cerraron los accesos a la carretera como
los dueños de la carretera que eran. Comenzaron a derribar puertas, matar
gente, desaparecerlas. Hombres, ancianos, mujeres, niños. Todos eran lo mismo.
Según
Proceso, los sicarios llegaron a la alcaldía y pidieron por los registros de
catastro de todas las propiedades de los traidores y sus familias. Según el
gobierno de Coahuila, el alcalde de Allende, Sergio Lozano, y los policías,
sirvieron a los Zetas, al grado de presenciar las desapariciones y no hacer
nada.
Los
Zetas destrozaron e incendiaron todo a su paso: casas, ranchos, negocios. Para
Allende y sus habitantes era un apocalipsis causado para la naturaleza del odio
y la venganza.
Mataron
y mataron, como reses subieron cadáveres a las camionetas.
Para
desaparecerlos, mencionó Proceso, utilizaron narcofosas y “cocinas”. Una
“cocina” era el penal de Piedras Negras, donde evaporaron y tiraron al río lo
que quedó de los cuerpos.
Según
el informe “En el Desamparo” del Colegio de México —que recoge documentos
oficiales y testimonios—, el fin de semana del 18 al 20 de marzo de 2011, Los
Zetas atacaron 32 casas y siete ranchos de Allende, con la finalidad de
vengarse de Alfonso “Poncho” Cuéllar, Héctor Moreno Villanueva y José Luis
Garza. Lo que pudieron, lo demolieron con maquinaria pesada.
Allende
era un territorio pos apocalíptico
EL HORROR
Una
escena descrita en el documento “En el Desamparo”: En el rancho “Los Garza”,
(los Zetas) llevaron en un camión con redilas, tambos metálicos grandes con
diésel o gasolina.
Esparcieron
el líquido por toda la casa y la bodega donde habían amontonado los cuerpos.
Remataron antes a los que quedaban con vida.
Otra
escena del mismo documento: En el rancho Los Tres Hermanos (municipio de
Zaragoza) también mataron y cocinaron gente, utilizando otro procedimiento:
llevaron tambos y les hicieron agujeros en la parte de abajo y en los lados.
Luego echaron un muerto en cada tambo. Después bañaron los cuerpos con diésel
para enseguida prenderles fuego. Después de cinco o seis horas se cocinaron los
cuerpos. Echaron los restos en una acequia y en un pozo para que no se viera
nada.
En
el penal de Piedras Negras, que servía de guarida de los Zetas:
“Los
Zetas obligaron a 40 personas a arrodillarse y los ejecutaron a disparos en la
ciudad de Piedras Negras” –testimonio de Adolfo Efrén Tavira. Fuente: Informe
“Control… Sobre Todo el Estado de Coahuila” de la Clínica de Derechos Humanos
de la Universidad de Texas.
EL INFIERNO
Los
académicos Sergio Aguayo y Jacobo Dayán, en su investigación denominada “El
Yugo Zeta”, revelaron que la línea de emergencia 089, el C4 coahuilense,
recibió 26 reportes de Allende y mil 225 de Piedras Negras entre el 18 y 22 de
marzo de 2011.
De
las llamadas, 100 fueron para alertar 42 incendios distintos en Piedras Negras,
y nueve en Allende sobre cuatro incendios más.
Pese
a los llamados. Ninguna autoridad respondió. Ni municipal ni estatal ni
federal. Y no hay detenidos por esas omisiones.
La
escena: los llamados de auxilio de un lado del auricular. ¡Auxilio! ¡Están
quemando! ¡Están incendiando la casa! Nada. Ninguna respuesta.
El
informe “El Yugo Zeta” reproduce una llamada de auxilio al C4: ‘Persona de sexo
femenino proporciona la siguiente información: Menciona que “Allende es un
pueblo sin ley, andan incendiando casas, levantaron a mucha gente, hay muchos
desaparecidos los Zetas se los llevaron yo creo que se traicionaron unos a
otros porque hay un desorden bruto, horrible. […] Hay demasiada gente
desaparecida, hay saqueos en los domicilios. Esto ocurre desde el viernes en la
tarde y es lo mismo todas las noches’. No proporciona más datos y corta la
llamada”.
Otras
voces, la mayoría, hablan de 300 personas desaparecidas y posiblemente asesinadas.
Foto: Vanguardia
Como
dice el documento de Aguayo y Dayán: “una autoridad estatal en Saltillo supo lo
que estaba pasando en Allende. ¿Entregaron ese mensaje a los superiores? ¿llegó
hasta el Fiscal General? ¿el Fiscal lo transmitió al gobernador?”
Para
Aguayo y Dayán, más que la masacre de Allende, es más correcto hablar de “La
Tragedia del Norte de Coahuila”, por las pérdidas humanas.
EL ERROR/LA RESPONSABILIDAD
Según
la investigación periodística “Anatomía de una Masacre”, escrita por la
periodista Ginger Thompson, un agente de la DEA persuadió a un miembro de los
Zetas de entregarle los número de identificación rastreables de los teléfonos
celulares de los capos Miguel Ángel y Omar Treviño, líderes de los Zetas.
La
agencia cometió el error de compartir la información con una unidad de la
policía mexicana. No pasó mucho para que los capos se enteraran de la traición.
Allí nació la venganza.
Mario
Alfonso “Poncho” Cuéllar. Ginger Thompson escribió que Cuéllar tenía la
responsabilidad de conseguir para sus jefes “celulares nuevos cada tres o
cuatro semanas”. Y Cuéllar había asignado esa tarea “a su mano derecha”, Héctor
Moreno Villanueva, “El Negro”.
EL MONTAJE
Meses
después, cuando el ex Gobernador Rubén Moreira llegó a la gubernatura, montó un
operativo de cientos de policías estatales, federales, militares y marinos.
Entre el 26 de enero y el 5 de febrero de 2014, buscaron rastros de
desaparecidos.
Hallaron
narcofosas, contenedores agujerados donde eran supuestamente quemados los
cuerpos con diesel. Recogieron fragmentos óseos como quien colecciona conchas
de mar. En total se levantaron 66 fragmentos óseos y 68 dentales.
EPÍLOGO
El
Gobierno de Coahuila habla de la desaparición de 28 personas. La investigación
“En el Desamparo” menciona 42 desapariciones. El texto “Anatomía de una
Masacre” refiere que alrededor de 60 personas muertas o desaparecidas han sido
conectadas por familiares. Otras voces, la mayoría, hablan de 300 personas
desaparecidas y posiblemente asesinadas.
La
venganza trascendió. Un año después (marzo de 2012), un grupo de sicarios y
policías detuvo y desapareció en Allende a cuatro integrantes de la familia
Garza: una pareja y sus dos hijos, un niño de seis años y un bebe de meses.
DATOS
3 hombres presuntamente traicionaron a
líderes de un cártel.
4 días duró la masacre catalogada como
un apocalipsis.
300 personas desaparecidas, aseguran,
dejó la masacre.
LOS TESTIGOS MUDOS:
Autoridades
hallaron narcofosas, contenedores agujerados donde eran supuestamente quemados
los cuerpos con diesel.
Recogieron
fragmentos óseos como quien colecciona conchas de mar. En total se levantaron
66 fragmentos óseos y 68 dentales.
Había
también decenas de casas destruidas completamente
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CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE Vanguardia.
¿Dónde
está el dinero público y de donaciones privadas y extranjeras para la
reconstrucción del país?, ¿Quiénes manejan esas bolsas millonarias? Esto y más
se han cuestionado durante los seis meses los miles de damnificados que dejó el
sismo del 19 de septiembre, y que golpeó fuertemente a cinco estados del país,
incluida la Ciudad de México.
El
CIDE realizó un estudio para detallar que los recursos públicos federales y
estatales son administrados o vigilados por la Secretaría de Hacienda, el
Gobierno federal, Sedesol, Sedatu y Banobras. Pero detectó que, en general,
reportan falta de transparencia por lo que incluso hay riesgo de que queden en
el limbo.
En
la Ciudad de México, donde hubo señalamientos contra legisladores de la ALDF
por el secuestro del presupuesto para los damnificados, ahora la Secretaría de
Finanzas se encarga de asignarlos a las dependencias que lo requieren bajo la
vigilancia de la Comisión de Reconstrucción. La instancia se ha comprometido a
subir en línea a dónde va cada peso tanto del Fondo (5 mil millones de pesos)
como de otras fuentes –como la de contingencia (2 mil 900 millones de pesos)–.
“Como si fuera una auditoría”, dijo Edgar Amador Zamora, Secretario de Finanzas
de la capital del país.
Pero
a seis meses de la tragedia persisten muchas dudas sobre cuánto es el monto
total de la ayuda debido a un problema de comunicación y, por supuesto, a la
falta de transparencia , afirmó el autor del estudio del CIDE, Jaime Hernández.
Ciudad
de México, 19 de marzo (SinEmbargo).– Hace seis meses un temblor con intensidad
de 7.1 grados sacudió a la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México
y Guerrero. Murieron 471 personas, otros 12 millones resultaron afectados y más
de 180 mil viviendas están dañadas. Para el proceso de reconstrucción,
surgieron fondos públicos a nivel federal y estatal, así como privados. Sin
embargo, la falta de transparencia en su administración lleva a “un riesgo de
captura” de los recursos, advirtió el estudio “Reconstrucción 19S” del Centro
de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE).
Las
instancias que administran o vigilan los recursos públicos para asignarlos a
dependencias que requieren ejercerlos son la Secretaría de Hacienda, de
Gobernación, de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano,
así como Banobras, Fovissste, Secretaría de Finanzas de la capital del país y
Protección Civil estatales. Respecto a los recursos privados, es la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF) la que debe vigilar a las instituciones bancarias, así como el
Consejo Nacional de Protección Civil.
Luego
de analizar la operación de estos tres tipos de recursos, “el diagnóstico
arrojó falta de transparencia, y rendición de cuentas, lo cual lleva a un
riesgo de captura de los recursos y que los principales afectados sean los que
menos reciban el apoyo necesario”, determinó el informe.
Las
fallas son principalmente en el Fondo de Reacción Inmediata para la Ciudad de
Puebla, el Seguro de Protección contra Riesgos Catastróficos para Oaxaca y el
Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (Fogird) de Chiapas.
Jaime
Hernández Colorado, uno de los autores del estudio del CIDE, dijo en entrevista
que “si hablamos de peligro se deben englobar a todos los recursos aun cuando
los estatales están todavía a merced de un conjunto de riesgos mayores por la
naturaleza que tienen. No existe sobre ellos control de las instancias de la
Secretaría de Hacienda”.
En
el caso de los fondos de Morelos y Chiapas se utilizan de la misma manera que
los gastos ordinarios de los gobiernos estatales, “lo que abre un espacio para
la discrecionalidad y limitan la transparencia” porque, explicó, la información
llega a los ojos del ciudadano con “un desfase considerable” y ya no es posible
ejercer ningún tipo de dirección.
Respecto
a la Ciudad de México, donde hubo 5 mil 765 casas dañadas, el 22 de febrero el
Pleno de la Asamblea Legislativa (ALDF) aprobó el dictamen que reforma la Ley
de Presupuesto y Gasto Eficiente para retirar la facultad al órgano legislativo
de autorizar y vigilar el uso de 8 mil millones de pesos presupuestados para la
reconstrucción.
Los
diputados Leonel Luna Estrada, del PRD, y Jorge Romero Herrera, del PAN, ambos
de la Comisión de Gobierno, así como el perredista Mauricio Toledo Gutiérrez,
de la Comisión de Presupuesto, fueron señalados por Morena y la organización
civil Nosotrxs de “secuestrar” esa bolsa de dinero. Luego de la reforma a la
Ley de Presupuesto, la Secretaría de Finanzas, dirigida por Edgar Amador
Zamora, y vigilada por la Comisión para la Reconstrucción, se encarga del
manejo de ese fondo.
En
entrevista con SinEmbargo, Amador Zamora dijo que en total cuentan con un
presupuesto de alrededor de 6 mil 800 millones de pesos considerando las
distintas fuentes. En concreto, el Fondo de Reconstrucción que está en la
fracción primera del artículo 14 de la Ley de Presupuesto reformada son
alrededor de 5 mil millones de pesos.
“La
enmienda al artículo 14 del decreto de Presupuesto establece que lo
administraría la Secretaría de Finanzas y requeriríamos el visto bueno de la
Comisión de Reconstrucción para armar el plan, lo cual tiene todo sentido
porque la Secretaría no es experta en temas técnicos. Preferimos el concurso de
los especialistas de la Comisión para que nos validen que los proyectos que se
proponen sean los adecuados”, afirmó. “La Secretaría de Finanzas no ejerce,
asigna presupuesto y da curso al ejercicio”, reiteró.
El
monto del presupuesto del Fondo de reconstrucción se encuentra en el artículo
14, en la fracción primera que es de 5 mil millones de pesos. En el artículo 2
hay cerca de mil 200 millones de pesos asignado a cuatro dependencias: a la
Agencia de Gestión Urbana, a la Secretaría de Educación, al Invi y a la
Secretaría de Desarrollo Social. Además, en el artículo tercero de esta Ley de
presupuesto están los recursos con normas federales del FAIS para que sean
utilizados parala reconstrucción de la
CdMx.
El
total de los 6 mil 800 millones es un presupuesto que se va asignando este
2018. Las dependencias que lo están ejerciendo son las encargadas de la
reconstrucción: el Sistema de Aguas, la Agencia de Gestión Urbana, la
Secretaría de Obras, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de
Desarrollo Rural, enlistó el Secretario Amador.
Pero
también les han ido repartiendo de otras fuentes.
“Se
cuenta con un Fondo de Contingencia, que el año pasado se activó por 3 mil
millones de pesos, de los cuales comprometieron cerca de dos mil 500 millones.
Para este ejercicio 2018 se han activado 2 mil 900 millones de pesos, los
cuales también han sido comprometidos y han comenzado a ser asignados”, afirmó.
El
Secretario de Finanzas se comprometió a que se subirá en la plataforma digital
de la CDMX todo el trato presupuestal, incluyendo la asignación, la explicación
de cada dependencia de por qué requiere el monto que está solicitando para la
reconstrucción, y en qué actividades lo emplearán. También publicarán el pago
al proveedor del servicio y pondrán incluso los contratos correspondientes.
“Como
si fuera una auditoría, va a ser una revelación absoluta. Cualquier ciudadano
podrá saber los montos pagados y a quién se les dieron”, sostuvo. “En la
plataforma de la CDMX habrá una sección especial para transparencia para el
ejercicio 2017. Para el ejercicio 2018 está en curso y conforme vayamos
teniendo se va ir divulgando en el mismo formato”.
Edgar
Amador Zamora, Secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México,
explicó que en el tema de los recursos para la reconstrucción de la capital del
país, los ciudadanos conocerán con transparencia los montos pagados y quién se
le dieron. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo
EL CAOS PERSISTE
Respecto
a la iniciativa ciudadana presentada a la ALDF, Mónica Tapia, presidenta de
Ciudadanía 19S, expuso vía telefónica que la Comisión de Gobierno ya la turnó
para dictaminación a la Comisión de Desarrollo Urbano, a la de Administración,
y a la de Presupuesto.
“Estamos
a la espera. El Jefe de Gobierno (Miguel Ángel Mancera) mandó (el jueves) una
iniciativa para reformar también la Ley de Reconstrucción. Pero tiene un punto
mínimo porque la próxima semana se acabará la fecha límite para que la gente se
registre en la plataforma y si no están no son sujetos de apoyo público. Se dio
con muy poquito tiempo”, dijo Tapia.
Destacó
que además de discutir ese punto, también es urgente y necesario la
conformación de la Comisión de Reconstrucción luego de las renuncias, los
censos completos cuyo plazo terminó el 16 de marzo sin cumplirse, y la
fiscalización de los recursos.
“El
Secretario de Finanzas dijo que los 6 mil 800 millones de pesos están intactos.
Pues según yo eran 8 mil 700 millones de pesos. Ahora ya bajaron. Millones van,
millones vienen y no sabemos cuál es el monto real y cómo se está usando”,
afirmó Tapia a nombre de los damnificados.
De
acuerdo con la Secretaría de Finanzas, es porque además de los 5 mil millones
del Fondo, cuentan con otras fuentes como el fondo federal FAIS y el Fondo de
Contingencia que hacen los 8 mil millones de pesos. El investigador del CIDE,
Jaime Hernández coincidió y agregó que la CDMX tambié cuenta con un
fideiscomiso para donativos privado. Aunque hay más información respecto a
otras entidades, aseguró que sigue faltando certeza y “es un problema de
comunicación”.
El
Secretario de Gobierno de la capital del país, José Ramón Amieva, afirmó en
entrevista que en algún momento tanto la ALDF como la Secretaría de Finanzas
pueden sentarse para hacer una “conciliación númerica” porque el dinero “tiene
que ser exacto”. Documentó que la CDMX cuenta con 25 millones de pesos como
donativos recibidos en 2017, de los cuales 20 millones se destinaron a la
Fundación Slim para potenciar el dinero. El resto la Secretaría de Finanzas
tiene pendiente de asignar.
Sin
embargo, “sigue habiendo muchísimo caos, descontrol y son ya seis meses”, acusó
Mónica Tapia, de Ciudadanía 19S. “El gobierno es muy incapaz de llevar a cabo
una reconstrucción plural, con participación, efectiva y limpia”.
El
investigador del CIDE, Jaime Hernández, agregó que no existe un proceso ni
estrategia de reconstrucción, sino “acciones aisladas que no tienen coherencia
entre sí”.
MEZCLA DE FONDOS
El
estudio del CIDE “Reconstrucción 19S” alertó que tener fondos públicos y
privados operando de manera paralela levanta “una señal de alerta”, pues sin
una adecuada coordinación, se correo el riesgo de duplicidad de esfuerzos,
opacidad en el ejercicio de los recursos y poca efectividad y eficiencia en la
resolución de los problemas ocasionados por el fenómeno geológico.
A
eso se suman los recursos de partidos políticos nacionales que quisieron
“donar” y que se han reintegrado a la Tesorería de la Federación (Tesofe). Dado
que han sido reingresados a las arcas públicas federales tendrán el destino que
les asigne la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con los fondos
públicos nacionales existentes.
Los
rubros de atención previstos por estos fondos públicos y privados son para los
damnificados (apoyos productivos, fuentes transitorias de empleo, salud, entre
otros); infraestructura y bienes públicos (caminos, puentes, agua potable,
saneamiento, alumbrado, estructuras gubernamentales, entre otros), infraestructura
y bienes privados (vivienda, menaje, estructuras privadas, entre otros), zonas
naturales y zonas productivas.
Ante
las irregularidades detectadas por los investigadores del CIDE, el estudio pide
que el ejercicio de los recursos públicos y privados se haga de manera eficaz
con planeación sustentada; se apegue a un modelo participativo en labores de
vigilancia y control; se haga de forma transparente; contenga mecanismos de
rendición de cuentas para limitar los espacios de discrecionalidad y el mal uso
de los recursos; e introduzca estrategias de comunicación y buenas prácticas en
el manejo de la información.
Sobre
la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México, luego de la renuncia de
tres de sus miembros por señalamientos de opacidad en el uso de los recursos,
sigue sin reunirse.
Tras
el terremoto del 19 de septiembre pasado, un grupo de rescatistas japoneses
ayudan en las labores de rescate en los edificios del Multifamiliar Tlalpan, en
la Ciudad de México. Foto: Isabel Mateos, Cuartoscuro
Mónica
Tapia, de Ciudadanía 19S, llamó a reconformarla con nombramientos de
convocatoria abierta; que no “sean cuates” de la Secretaría de Finanzas o del
Jefe de obras o “premios de consolación” con fines políticos. También urgió a
que se haga cargo de la asignación de recursos con prioridades, las cuales no
están claras porque no hay un censo terminado ni un Atlas de riesgo
actualizados.
Sobre
el censo retardado, el Secretario de Gobierno, José Ramón Amieva, explicó que
la Ley habla de una plataforma que debe referir un censo de inmuebles, de
mercados públicos y empresas, de infraestructura urbana (escuelas y
hospitales), actividades agrícolas y cultural, los cuales “están en proceso de
integración”.
El
censo que ya se concluyó es el socioeconómico levantado por la Sedesol, el cual
arrojó a 27 mil personas en situación de vulnerabilidad, dijo Amieva.
“Lo
que nos han dicho las áreas es que se tuvieron que realizar los censos con el
personal que ya se contaba porque no hubo contrataciones adicionales. (Se hizo)
de acuerdo a la capacidad operativa que cada Secretaría tenía y fue retrasando
un poco”, aseguró. Aunque destacó que el gobierno capitalino envió otra
iniciativa a la ALDF para que el límite para tener el censo se amplíe y con
ello ningún afectado se quede sin apoyo.
FONDOS PÚBLICOS FEDERALES
Estos
fondos se han diseñado como una herramienta de apoyo monetario directo o en
especie (materiales, alimento, recursos humanos, entre otros) y se clasifican
como un subsidio o como crédito. Actualmente se mantienen en operación cinco
fondos:
1 FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)
– SHCP Y SEGOB
Marcha
de damnificados. Foto: Cuartoscuro.
El
Fonden es financiado por medio del ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF). Primero se genera un comité de evaluación de daños para su
correcta implementación y al autorizarse los recursos, la Segob y la SHCP
firman un convenio de coordinación con los gobiernos estatales o dependencias.
Finalmente, Banobras se responsabiliza de transferir los recursos autorizados
directamente a los contratistas de obra pública, prestadores de bienes y
servicios, y proveedores contratados por los gobiernos estatales o
dependencias.
Las
acciones de control, vigilancia y evaluación de los recursos del Fonden
corresponden a la SHCP, a la Segob, a la Secretaría de la Función Pública (SFP)
y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Este
órgano fiscalizador ha señalado problemas en la ejecución del Fonden por falta
de mecanismos de control y evaluación de la ejecución de los recursos, además
de acciones incompletas o nulas, y falta de evidencia sobre la información
recopilada.
2 FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO
BANCARIO A LA VIVIENDA – SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL (SHF)
A
través del Programa emergente de reconstrucción y rehabilitación de vivienda
operado por las Agencias Productoras de Vivienda (APVs) de la banca del
gobierno SHF, los damnificados pueden acceder a un crédito hipotecario de hasta
100 mil pesos, recursos que pueden ser un complemento al Fonden. Para ello, la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) debe generar el
padrón de viviendas afectadas.
Dependiendo
de los daños de las casas podrán acceder a facilidades para adquisición y
reconstrucción con tasas de interés y plazos preferenciales del 7 por ciento y
hasta 120 meses, respectivamente. Uno de los requisitos es contar con el
documento que acredite la posición de la tierra.
No
obstante, las evaluaciones oficiales sobre su implementación y resultados han
señalado fallas importantes. La Auditoría Superior ha detectado en diversas
auditorías un inadecuado control y casi nula transparencia y rendición de
cuentas de las relaciones entre la SHF, dirigida por Jesús Alberto Cano Vélez,
y los responsables directos de atender las necesidades de vivienda de los
afectados.
3 FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO – FOVISSSTE
Los
trabajadores activos del Estado tienen acceso a créditos preferenciales
mediante préstamos con garantía hipotecaria, ente ellos el tradicional que
puede ser utilizado para la adquisición de vivienda nueva o usada, construcción
en terreno propio, acciones de ampliación, reparación o mejoramiento de
vivienda o para la redención de pasivos.
El
monto máximo del crédito por otorgar está en función del salario básico mensual
del derechohabiente; el plazo máximo para el pago es de 30 años; el pago es
mensual vía nómina y la tasa de interés se calcula con base en el sueldo básico
de cotización. En el caso del sismo, se creó el Programa inmediato de reconstrucción
de vivienda (Pire) que cuenta con 15 mil millones de pesos. De acuerdo con las
convocatorias 2017 y 2018 se dieron 3 mil y 5 mil créditos, respectivamente.
Se
estableció que el monto total de los créditos para los afectados se entregaría
en tres pagos: del 50, 40 y 10 por ciento; se otorgarían 35 mil pesos para
quienes su inmueble esté inhabitable; se concederían pagos de hasta un millón
de pesos por pérdida total del bien raíz y se mantendrán sin cambio las tasas
de interés vigentes otorgadas por el Fovissste. En caso de daño parcial de la
propiedad, se planteó el otorgar una mensualidad de 5 mil pesos por seis meses
para pago de renta.
Pero
respecto a transparencia, el estudio del CIDE observó que la información
necesaria para ser sujeta a revisión se acumula, se registra y se publica en
términos cuantitativos, lo que obstaculiza el rastreo específico de las
actividades, de los beneficiarios y de los logros obtenidos.
Damnificado
en Oaxaca. Foto: Cuartoscuro.
4 FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE
HABITACIONES POPULARES (FONHAPO) – SEDATU
El
Programa de Apoyo a la Vivienda (PAV) de este fideicomiso apoya a los hogares
en situación de pobreza patrimonial, mediante la entrega de subsidios para su
aplicación en materia de vivienda. El requisito es que no deben tener acceso a
ningún tipo de crédito bancario o laboral y para activarlo se debe emitir la
Declaratoria de Desastre y poner primero en marcha el Fonden.
No
obstante, el PAV no ha sido identificado por el Gobierno Federal como un medio
de ayuda para la reconstrucción actual, expuso el estudio. Asimismo, las fallas
detectadas por la ASF en su uso previo señalan que no se cumplieron sus objetivos
y, como en el resto de la operación de los fondos públicos federales, una vez
que son entregados a los ejecutores de gasto se disuelve la línea del
seguimiento y la evaluación. Los administradores se convierten en meros
dispersores del recurso y ante la corresponsabilidad se ganan espacios para
evitar la responsabilidad.
5 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) – SEDESOL
Se
responsabilizó a la Sedesol como coordinadora del fondo y fue clasificado en
dos: el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), y el Fondo de
Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal (FISMDF). Mediante el FISE pueden ejecutarse obras y acciones
orientadas a beneficiar a las poblaciones con mayor rezago social.
La
Sedesol propone el monto por repartir y la Cámara de Diputados analiza y en su
caso, aprueba para su publicación oficial en el PEF. Una vez publicado el
monto, la SHCP lo distribuye entre los estados conforme lo señala la Ley de
Coordinación Fiscal. Los gobiernos estatales por su parte deben enviar el 50
por ciento de los recursos a las denominadas zonas de atención prioritaria y el
resto a los municipios con los dos mayores grados de rezago social o en pobreza
extrema.
Sin
embargo, “se han detectado casos en los que los recursos del fondo se traspasan
a otras cuentas para cubrir otros gastos, se ejecutan acciones y obras fuera de
los rubros establecidos por su normativa o bien que no benefician a la
población objetivo, no se cuenta con la documentación comprobatoria de los
gastos, se efectúan pagos en exceso, conceptos de mala calidad, e identifican
obras pagadas no ejecutada”, enfatizó el informe del CIDE.
FONDOS PÚBLICOS ESTATALES
También
son bolsas de dinero público, que en su mayoría operan con los fondos que se
transfieren de la federación, pero que suman también recursos de la entidad.
Son seis en total:
1 FONDO DE RECONSTRUCCIÓN DE ENTIDADES
FEDERATIVAS (FOREF)– BANOBRAS
La
Segob, en conjunto con la SHCP, integró el Foref como un fideicomiso con
Banobras por medio del cual ofrecieron a los estados afectados un esquema
crediticio a largo plazo por 20 años.
A
diferencia del Fonden y dada su naturaleza financiera, el Foref no plantea
tiempos específicos para su contrato debido a que para ello previamente los
estados deben solicitar permiso al Congreso estatal. Banobras, dirigido por
Alfredo Vara Alonso, es el responsable de realizar las inspecciones que
considere pertinentes para verificar el cumplimiento de las acciones asociadas
al crédito.
Pero
la información que se publica es la que por obligación incluyen los gobiernos
estatales en sus cuentas públicas como deuda, lo que afecta a la rendición de
cuentas de este fondo, determinó el CIDE. Asimismo, el fondo representa riesgos
tanto financieros como de desempeño por parte de los acreedores que se molestan
ante la falta de mecanismos claros y oportunos de supervisión, evaluación,
transparencia y rendición de cuentas.
2 FONDO DE ATENCIÓN A LOS DESASTRES
NATURALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO (FONADEN) – SECRETARÍA DE FINANZAS
Damnificados
en el Zócalo de la CDMX. Foto: Cuartoscuro.
Para
poder acceder a los recursos de este fondo la Secretaría de Salud o de
Protección Civil debe solicitar al Comité de Evaluación de Daños la propuesta
del monto necesario, acompañado de la documentación que la instancia en
cuestión considere suficiente, de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera.
Como
mecanismo de seguimiento para la estrategia de recuperación se creó la Comisión
para la Reconstrucción, cuyo primer director, Ricardo Becerra, decidió
renunciar al señalar que la ALDF los puso al margen de las decisiones sobre el
uso de los recursos. Actualmente Raúl Esquivel, el Jefe Vulcano, es el
subcomisionado para la Reconstrucción. “Tiene una trayectoria impecable al
servicio de la comunidad, pero no sé si sepa de censos y de fiscalización de
recursos”, aseguró Mónica Tapia, de Ciudadanía 19S.
La
rendición de cuentas del Fonaden CDMX recae en la Secretaría de Finanzas,
dirigida por Edgar Amador, la cual está encargada de informar sobre aspectos
relevantes de su ejercicio y las obligaciones deben cumplirse por medio de la
ventana de transparencia del gobierno de la CDMX.
Adicionalmente,
se creó la plataforma Reconstrucción CDMX, en donde se encuentran los
documentos de declaratoria e informes de afectación. Estos mecanismos, si bien
son una base mínima para la transparencia y rendición de cuentas de los
recursos que se ejerzan en la estrategia de reconstrucción, requieren de mayor
puntualidad y actualización permanente, urgió el CIDE.
3 FONDO DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA
CIUDAD DE PUEBLA
Este
fondo se creó en el marco de los sismos de septiembre de 2017. Su objetivo es
la atención inmediata con una bolsa de hasta 50 millones de pesos, alimentada
de recursos estatales y del Fondo de Infraestructura Social Municipal.
La
Contraloría Municipal, donde el panista Luis Banck es Alcalde, es la instancia
encargada de la vigilancia en el ejercicio de los recursos. Sin embargo, eso no
permite afirmar que las reglas del fondo establecen mecanismos de
transparencia, rendición de cuentas o participación ciudadana, observó el CIDE.
4 ÓRGANO DESCONCENTRADO UNIDOS POR
MORELOS – INFONAVIT Y FOVISSSTE
Creado
luego del 19 de septiembre, este órgano desconcentrado de Morelos ha planteado
como mecanismos de identificación de estrategias y planeación la instalación de
mesas de trabajo con el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los
Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste). Pero carece de
mecanismos de seguimiento.
El
Comité Técnico del órgano desconcentrado debe garantizar la transparencia y
rendición de cuentas de las acciones y recursos ejercidos. El manejo y
disposición de los recursos económicos serán transparentados y publicados en
Internet con el formato de datos abiertos y la Comisión Estatal de Evaluación
del Desarrollo Social es la encargada de llevar a cabo el monitoreo y la
evaluación de la estrategia estatal y las acciones de órgano.
5
Seguro de Protección contra Riesgos Catastróficos para Oaxaca – Protección
civil estatal
Este
Seguro de crédito cuenta con una bolsa de 60 millones de pesos, pero solo se
activan sólo una vez que se han aprobado los recursos del Fonden para la
atención de desastres en Oaxaca, que a su vez se tarda. Este seguro tiene
vigencia a julio de 2018 y está respaldado por Agroasemex.
El
seguimiento de los recursos es responsabilidad de la Coordinación Estatal de
Protección Civil (CEPCO), dependencia que también asegura su vigencia. No
obstante, el estudio no encontró evidencia acerca de los mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas a los que están sujetos los recursos del
seguro.
6
Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (Fogird) – Protección
civil de Chiapas
El
Fogird es un fideicomiso constituido a partir del Presupuesto de Egresos de
Chiapas de 2017, basado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios. La Secretaría de Protección Civil será la
encargada de llevar el control de los recursos asignados y tiene la obligación
de informar sobre el avance en el ejercicio de éstos. Sin embargo, no se
encontró evidencia de que existan mecanismos específicos de transparencia y
rendición de cuentas del fideicomiso.
FONDOS PRIVADOS
La
Fundación Carlos Slim entregó una bolsa económica de 2 mil 467 millones de
pesos para la reconstrucción de los estados afectados. Foto: Cuartoscuro.
Empresas
nacionales e internacionales, gobiernos extranjeros, celebridades y personas
físicas donaron a través de instituciones bancarias, fideicomisos privados,
organizaciones de la sociedad civil y plataformas de financiamiento colectivo
(crowdfunding).
La
transparencia en estos fondos se complica, dijo el investigador del CIDE, Jaime
Hernández Colorado. “Existe un volumen de recursos sobre el que no hay
información de ningún tipo”, aseguró.
Se
han identificado dos fideicomisos privados relacionados con la reconstrucción
con registro de donatarias autorizadas, que han reportado información al
Servicio de Administración Tributaria (SAT) al 31 de octubre de 2017: el
Fideicomiso Fuerza México que constituyó el Consejo Coordinador Empresarial y
el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México.
De
acuerdo con datos reportados por Transparencia Presupuestaria de la SHCP y por
el reporte de transparencia de donatarias autorizadas al 31 de octubre del SAT,
el Fideicomiso Fuerza México recibió en total 51 millones de pesos de gobiernos
extranjeros y 64.7 millones de pesos de donantes mexicanos.
Además
están los fondos para la reconstrucción de aseguradoras y empresas; de
organizaciones de la sociedad civil con un total de 942 millones de pesos; y de
instituciones bancarias. Al menos se concentraron 2 mil 864 millones de pesos
en instituciones bancarias. Además hay otros 2 mil 25 millones que recibieron
organizaciones registradas ante el SAT, de acuerdo con elestudio “Reconstrucción 19s” del Programa
Interdisciplinario de Rendición de Cuentas (Pirc) del CIDE.
La
opacidad fue por parte de Scotiabank, Ayuda Santander, Intercam Banco, Multiva
y HSBC. En contraste, Banorte, Bancomer, Banamex, Banco Azteca e Inbursa
ofrecen la información.
La
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (CONDUSEF) es la instancia responsable de vigilar y se asegurar de
la correcta ejecución de todos los servicios y esquemas de apoyo que ofrecen
las instituciones bancarias a los damnificados.
Por
parte de dos de los hombres más ricos de México, Fundación Azteca –de Ricardo
Salinas Pliego– recaudó 63.5 millones de pesos, y Fundación Slim –de Carlos
Slim Helú– reportó una recaudación de 2 mil 467 millones de pesos, los cuales
administrará directamente y ejecutará en proyectos de ayuda humanitaria para
los damnificados.
Foto: Antonio de Jesús Cervantes G..-
José Antonio Agúndez Montaño, ex Alcalde de Los Cabos fue manipulado por los
intereses de su hermano, Narciso Agúndez, ex Gobernador de BCS para beneficiar
a ciertas empresas en su administración
Desde grúas, patrullas, cascos
antimotines, motocicletas y chalecos antibalas, en tiempos de la cumbre
económica en Los Cabos, arrojaron una inversión de 25 millones de pesos. Ahora,
autoridades desconocen el paradero de lo que se adquirió
El 18 y 19 de junio de 2012,
el municipio de Los Cabos fue sede de la cumbre del Grupo de los 20 (G20), en
referencia a las potencias mundiales que se encuentran entre los primeros 20
lugares. A dicha cumbre asistieron los representantes de países como Estados
Unidos (Barack Obama), Alemania, Canadá, Italia, México, Francia, entre otros.
Para enfrentar tan grande
compromiso, el gobierno mexicano y el estadounidense exigieron fuertes medidas
de seguridad, por ello se requirió una inversión de más de 25 millones de
pesos.
El XI Ayuntamiento de Los Cabos
estaba bajo el poder de José Antonio Agúndez Montaño, quien convocó a su Comité
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, integrado por:
*José Antonio Agúndez Montaño (presidente municipal)
*Oswaldo Murillo Martínez (síndico municipal)
*Guillermo Marrón Rosas (secretario general)
*Gerardo Manríquez Amador (tesorero general municipal)
*Edilberto Graciano Chávez (oficial Mayor)
*Alejandro Rosas Cañedo (director general de
Asentamientos Humanos y Obras Públicas)
*Héctor Alejandro Arechiga de la Peña (contralor
general municipal)
*Reynaldo Zatarain Valera (VIII regidor)
*Gustavo Castro Sánchez (director general de Servicios
Públicos)
*María Verónica Olvera Guevara (directora municipal de
Administración)
ZETA pudo obtener a través de
una solicitud de información y juicio ganado ante el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
(ITAI) al Ayuntamiento de Los Cabos, toda la documentación existente en cuanto
a la adquisición de equipamiento para el G20, elementos que bien pudo haber
servido para atender la demanda de inseguridad que se vive actualmente.
En Los Cabos, nadie sabe qué
ocurrió con ese equipamiento que se adquirió para atender la Cumbre, solo por
medio de documentos se sabe de su existencia, pero físicamente nadie sabe dónde
quedó.
Foto: Antonio de Jesús Cervantes G.-
José Antonio Agúndez Montaño, ex Alcalde de Los Cabos fue manipulado por los
intereses de su hermano, Narciso Agúndez, ex Gobernador de BCS para beneficiar
a ciertas empresas en su administración
Los documentos relatan lo
siguiente:
Siendo las 14 horas y 40
minutos del 15 de mayo de 2012, se desarrolló la tercera sesión extraordinaria
correspondiente al Ejercicio 2012. El comité se reunió para tomar en cuenta un
único punto, el de la “adquisición de equipamiento de seguridad pública para el
evento de la Cumbre G20 a realizarse en el municipio de Los Cabos, Baja
California Sur, los días 18 y 19 de junio de 2012”.
El recurso extraordinario sería
otorgado por la Federación a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores;
esto por la cantidad de 25 millones de peso, recurso que sería utilizado para
“garantizar la seguridad de los representantes de las principales economías
desarrolladas y emergentes del mundo durante la Séptima Cumbre de Líderes,
denominada G20”, expresan los documentos.
En un convenio entre el
secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, gobierno de
Baja California Sur y el Municipio de Los Cabos, el 8 de mayo de 2012, se
consideró equipamiento como:
También “se adquieran
adicionalmente 100 kits de protección para el Grupo Antimotines”, los recursos
se obtendrían al optimizar los 25 millones de pesos de la Federación para
equipar a los agentes.
Una segunda adquisición
provendría del Programa Subsemun Ejercicio 2012, luego de un convenio signado
con las mismas instituciones, el 29 de febrero del mismo año: vehículos de
doble Cabina, acondicionados como patrullas, por dos millones 467 mil 400
pesos; chalecos antibalas, por un millón 250 mil pesos; impresoras de alto
rendimiento, por los 30 mil pesos; en total arroja una cifra de tres millones
747 mil 400 pesos.
La adjudicación de las
contrataciones se dio mediante un procedimiento de adjudicación directa;
celebrada la convocatoria en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dando como resultado, por
unanimidad, la aprobación del único punto del orden del día.
LAS IRREGULARIDADES
“Para ese evento se
instalaron gran cantidad de equipos de seguridad, cercos perimetrales, arcos
para la detección de armas, cámaras de seguridad; se equiparon a los cuerpos de
seguridad, tanto local como federal, incluso llegó una avanzada del Gobierno de
Estados Unidos para monitorear las medidas de seguridad, pues venía su
Presidente en turno, Obama. Todo el corredor turístico contaba con equipos de
videovigilancia de la Policía Federal, incluso se instalaron centros de mando;
el municipio instaló un C2, pero la verdad ahora no veo la operación que tenía,
creo que todo el equipo fue retirado”, refirió una fuente protegida sobre el
tema de equipamiento para el G20.
Por ello se sospecha que
ocurrieron irregularidades que son latentes en la documentación de la cuenta
del propio XI Ayuntamiento de Los Cabos, referente a la adquisición del
“Sistema de Videocámaras para Vigilancia y Monitoreo Vial”. En dicha
adquisición, la documentación es clara; en esa compra no hay firma del
apoderado legal en el contrato por la Empresa Grupo Comercial KAR, S.A. de
C.V., denominado “Proveedor” en este movimiento, tampoco el recibo.
Además no existen facturas en
la transacción. El representante legal de la empresa, Enrique Karchmer Lask,
acredita a la empresa con la Escritura Pública 52,392, con fecha del 16 de
enero de 2012, casualmente meses antes de que se celebrara el contrato.
En el caso de las siete
motocicletas Harley Davidson que fueron adquiridas, el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Ayuntamiento de José Antonio Agúndez Montaño
aprobó un recurso de dos millones 590 mil pesos. En el contrato se acordó entre
las partes, un total de dos millones 781 mil 62 pesos y 26 centavos; sin
embargo, la facturación final fue de dos millones 949 mil 986 pesos y seis
centavos; es decir, 359 mil 986 pesos y seis centavos por encima del
presupuesto.
Se adquirieron 10
transportadoras individuales SEGWAY, modelo patrulla, de manera que se
realizaron dos depósitos por 669 mil 817 pesos y 64 centavos, facturas 1325 y 1327
a SEGWAY de México S.A. de C.V. Sin embargo, existen irregularidades en el
recibo y el contrato, ambos carecen de la firma del representante de la
empresa; además se realizó un pago adicional de 92 mil 388 pesos y 64 centavos
que no fueron comprobados.
“Ya no sirve ninguno de estos
aparatos que se veían bien en la Cumbre. Después de eso dejaron de funcionar o
los tienen guardados, pero ya no se vieron en las calles”, dijo la fuente
protegida.
El Ayuntamiento consideró
urgente la compra de una grúa con plataforma, la cual se adquirió por un millón
116 mil 660 pesos. El presupuesto se elevó 126 mil 660 pesos más; además, el
contrato no cuenta con la firma del proveedor: Camionera del Pacifico, S.A. de
C.V.
Definitivamente, para la
compra-venta de 100 cascos y escudos antimotines, así como del equipamiento
para cada uno de los elementos, siendo estos: petos, coderas, antebrazos,
rodilleras, etc. José Antonio Agúndez Montaño se olvidó del contrato para dicha
adquisición; no hay documentos que den fe de la existencia de dicha empresa. No
cuenta con firma el recibo, así como tampoco del contrato.
La compra se había
establecido en 450 mil pesos, pero resultó un recibo de un millón 100 mil 760
pesos, es decir, más de 650 mil pesos de lo presupuestado. Los depósitos se
hicieron a nombre de Ana Lilia Camacho Favela para la empresa de Chihuahua:
“Optimagen”.
Además, con el recurso del
Subsemun 2012, se consideró la compra de más chalecos antibalas por un millón
250 mil pesos, los cuales no están sostenidos ni justificados en documentos,
tampoco la compra de impresoras de alto rendimiento, por un valor de 30 mil
pesos.
Foto: Antonio de Jesús
Cervantes G..- Grupo Comercial KAR recibió 9 millones 400 mil pesos por el
concepto de Configuracion e Instalacion de Sistema de Videovigilancia G20, los
movimientos interbancarios se hicieron aun cuando el XI Ayuntamiento de Los
Cabos no recibió facturas
El gasto real sostenido con
documentos y contratos revela que de los 25 millones de pesos que se bajaron a
través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se gastó esa misma cantidad
más 786 mil 62 pesos y 23 centavos.
Sin embargo, si se le resta
la adquisición de equipos que carecen de contratos o de facturas de la
compra-venta, se podría suponer que al menos 10 millones de pesos están
perdidos al no poderse comprobar que hayan sido utilizados para el pago de
servicios y quizá estén involucrados en operaciones simuladas.
Están también los documentos
sin firmas en recibos y contratos, lo cual aumenta aún más la cifra de recursos
que al parecer fueron bajados e “invertidos” o “justificados” de manera
irregular.
En una auditoría externa,
presentada en 2012 por el CP Gerardo Lozano Dubernard, el Ayuntamiento de Los
Cabos tuvo un Ejercicio Real por el concepto de Seguridad Pública G20, por 28
millones 44 Mil 37 pesos; todo fue reclasificado como Excedente No Autorizado.
Se hizo la compra de equipo
para 100 agentes antimotines, la compra se hizo sin contrato de por medio y la
compra se excedió por más de 650 mil pesos en la administración de José Antonio
Agúndez Montaño
Coincidentemente, durante ese
periodo en que se realizaron las compras y adquisiciones irregulares, Narciso
Agúndez Montaño, hermano del Presidente Municipal, Tony Agúndez, se encontraba
recluido y pagó una fianza y a abogados para abandonar la cárcel del Centro de
Reinserción Social (Cereso) de La Paz.
LOS CABOS AL DESCUIDO DE GOBIERNOS
“Esto es un asunto de
números. Los resultados se miden por números más allá de las cosas, podemos
hablar de que en los últimos 45 días ha habido solo dos asesinatos relacionados
por narcomenudeo o delincuencia organizada. Estamos hablando de un número
bastante aceptable para Los Cabos. Esto es resultado no de ahorita, sino de un
año o más de trabajo en el que intervienen elementos de la Marina, Sedena,
Policía Federal y la suma de los trabajos locales”, reconoció Julio Castillo,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Los Cabos.
Pero Los Cabos, desde octubre
de 2016, se había colocado en medio de una lucha entre miembros vinculados a
los Cárteles de Sinaloa y Jalisco, situación que en algún momento se iba a
salir de control y a estas alturas solo se puede hablar de una contención de
seguridad.
La falta de prevención y la
simulación, presente en gobiernos anteriores, surgieron a la luz, mostrando lo
colapsado de la estrategia de seguridad, lo cual sugiere la necesidad de crear
medidas emergentes para sostener a uno de los destinos más importantes de
México.
La falta de visión y
compromiso con los ciudadanos se veía muy clara en la administraciónde José Antonio Agúndez Montaño, quien
gobernó Los Cabos de 2011 a 2015; su paso por la administración pública cabeña
dio mucha ventaja a las fuerzas criminales: cuerpos de seguridad sin
capacitación, equipamiento ni equipo tecnológico para proteger la ciudad.
Pese al descuido que por años
sufrió la ciudad, empresarios de Los Cabos han puesto de su parte para mejorar
al destino.
“La prueba está en que
seguimos apoyando para que Gendarmería esté aquí, que inició cuando los
momentos estaban difíciles y se tenía que reaccionar, apoyando con la
construcción de un cuartel de marinos para que pueda haber aquí por la falta de
instalaciones, y nadie se había puesto a pensar en eso. Esto nos dio
oportunidades de ver dónde estábamos débiles, qué es lo que estábamos dejando
de hacer, los anteriores gobiernos que no pensaron en esto y la sociedad misma
estamos aprendiendo de ello y de las circunstancias”, lanzó Julio Castillo.
Por ello fueron los mismos
empresarios quienes iniciaron programas de instalación de equipos de
videovigilancia en San José del Cabos y Cabo San Lucas, ante la falta de
interés del mismo municipio; sin embargo, de contar con un equipo al que se le
invirtió y supuestamente se instaló en la ciudad, hoy resulta necesario volver
a colocar uno nuevo.
“Se ha estado colocando
videovigilancia en todo el corredor turístico por parte del gobierno del
Estado, un sistema de vigilancia que está conectado al C4. Grupos Empresariales
como es Amigos de Cabo San Lucas, un grupo de empresarios comerciantes de la zona
centro de San Lucas, están haciendo equipos de videovigilancia para cubrir la
demanda y han invertido en cámaras en la zona donde ellos están, buscado
conectarse al C2 o al C4 para que tengan imagen. De igual manera, Colonos del
Médano, empresarios de esa zona del Médano, también invirtieron de 14 a 20
cámaras”, refirió por parte del CCE de Los Cabos.
Afirman que los problemas de
inseguridad no aparecieron de la noche a la mañana, pues estos responden al
atraso y falta de atención por parte de las autoridades correspondientes: “ni
el mal es producto de una maldición, ni la solución de magia; ambas tienen una
causa y generalmente este tipo de causas son de largo plazo, se generan en el
largo plazo, tanto la solución como el problema”, agregó.
Lo cierto es que para los
empresarios, tanto el Ayuntamiento de Los Cabos como el gobierno del Estado, no
han invertido en la sustentación de la seguridad, sobre todo de este municipio.
Hoy, el mal gobierno de otras administraciones es un reflejo de la actualidad.
El presupuesto de 25 millones
para la adquisición de equipo y tecnología de seguridad para la cumbre del G20,
fueron recursos bajados de la Federación al municipio de Los Cabos, de ese
recurso al menos 10 millones no se puede sostener la compra con documentos
“Años que no se invirtió, es
increíble que a la fecha ningún gobierno haya hecho una academia en forma para
capacitar policías; es increíble que a la fecha no tuviéramos una depuración
policial, que no hubiera depuración en las policías, que no se haya invertido
en capacitación, cuando los policías se contrataban sin ningún requisito, al
compadre, al amigo; así se formó la policía, quizá porque en ese tiempo no se
tenía la globalización y estos tiempos de seguridad más complejas que tenemos,
hoy que nadie lo pensó”, expuso el presidente del CCE de Los Cabos.
Cómo descuidar un municipio
rico en turismo, en una población trabajadora, riquezas naturales, José Antonio
Agúndez lo supo hacer, solo vieron lo que podría ocurrir en su momento y jamás
fueron visionarios de lo que pudiera pasar más adelante.
“No hubo un gobierno que
pensara que esto a la larga va a generar intereses, o va a ser más complejo.
Obviamente no se hizo; se combina esta situación de tiempos de descuido en
inversión, se combina con una situación nacional en términos de una lucha entre
grupos de la delincuencia organizada, y bueno, se forma el caldo perfecto para
que se dé lo que se dio”, recalcó Julio Castillo.
Pero la pregunta que la
población se sigue haciendo es: ¿dónde quedó el equipamiento comprado para la
Cumbre del G20? Lo cierto es que nadie ha sabido dar santo y seña del paradero
de estos equipos, instalados por el C2 de San José del Cabo, la Policía Federal
y la avanzada de seguridad que persiguió cada uno de los países que participaron
en el G20, con duración de una semana. Los Cabos se quedó sin equipo y sin
recursos. “Hace falta inversión en tecnología en términos generales, que es
algo que también se dejó de hacer en todos estos años; estamos hablando de que
todas estas debilidades que son producto de cosas que se dejaron de hacer y una
de ellas es la inversión en tecnología, no solo videovigilancia; estamos
hablando de tecnología en materia de prevención y desde luego uno de los rubros
es videovigilancia; y sí, desde luego hay una gran oportunidad. Hay un gran
rezago en este sentido”, finalizó el presidente del CCE de Los Cabos.
