miércoles, 7 de febrero de 2018

QUEMAN VEHÍCULOS TRAS ENFRENTAMIENTO EN REYNOSA; 4 HERIDOS DE BALA

Grupos de la delincuencia organizada chocan en la madrugada en la colonia Ramón Pérez García



Queman vehículos tras enfrentamiento en Reynosa; 4 heridos de bala

Ocho vehículos asegurados -dos quemados- fueron abandonados con armas, cartuchos, cargadores y granadas  en su interior, tras un enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada, en la colonia Ramón Pérez García. La Marina, Ejército y Policía Estatal los aseguraron.

Protección Civil sofocó las llamas de los automóviles. Versiones señalaban personas muertas, pero las autoridades no lo confirmaron.

Cuatro heridos de bala, entre ellos una pareja, ingresaron al Hospital General, dos de ellos graves de inmediato al quirófano.

Las clases fueron suspendidas en las escuelas Ponciano Arriaga, Secundaria 45 y una Telesecundaria de la zona.

VERSIÓN OFICIAL:

Situación en #Reynosa de acuerdo a reportes preliminares de corporaciones de seguridad federales y estatales. 11:00 hrs. pic.twitter.com/QWgA36q9If

— VoceriaSeguridadTam (@VoceriaSegTAM) 7 de febrero de 2018


(EL MAÑANA DE REYNOSA/ STAFF/ 07 / FEBRERO / 2018 - 09:08 A.M)

REYNOSA ES UN CAMPO DE GUERRA: REPORTAN BALACERAS, BLOQUEOS, PERSECUCIONES, DETONACIONES…


Los enfrentamientos armados entre grupos del crimen organizado son ya una constante en Reynosa, donde apenas en enero pasado narcobloqueos y detonaciones paralizaron la ciudad.

Esta mañana, elementos de la Policía Federal y de la Marina realizaron un operativo en varias zonas de Reynosa.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- Reynosa, Tamaulipas, amaneció este miércoles con una serie de balaceras, persecuciones y bloqueos entre grupos de la delincuencia organizada, causando pánico entre los ciudadanos.

De acuerdo con lo reportado en redes sociales,  los enfrentamientos iniciaron alrededor de las 6:00 horas y abarcaron las colonias Ramón Pérez García, Arecas, Arco Iris, Jarachina Sur, San Pedro y Juárez sector 5 y 2.

El enfrentamiento en la Colonia Arco Iris ocurrió cerca de una secundaria, por lo que padres de familia y estudiantes decidieron alejarse del lugar.

Vecinos del sector reportaron un cuerpo tendido en el pavimento, pero cuando llegó personal de la Policía Ministerial Investigadora y del Servicio Médico Forense (Semefo) no encontraron más que rastros de sangre.

Elementos de la Policía Federal y de la Marina realizaron un operativo en dichas zonas, donde las confrontaciones duraron cerca de dos horas.

El Gobierno de Tamaulipas informó que personal de la Octava Zona Militar aseguró armas, cargadores, cartuchos y vehículos, así como dosis de polvo blanco con las características de cocaína y 21 mil litros de hidrocarburo en diversas acciones realizadas en brechas localizadas en las inmediaciones del río Bravo.

A través de un comunicado señaló que “al intensificar durante las últimas 48 horas el patrullaje y la búsqueda de indicios delictivos, los elementos del Ejército Mexicano detectaron escondrijos en lugares baldíos que estaban ocultos entre maleza seca y basura. Tres personas fueron detenidas en flagrancia”.

El arsenal decomisado consiste en 17 fusiles de asalto conocidos como cuernos de chivo, 2 fusiles Barret calibre .50; 2 minas antipersonal, 1 aditamento lanza granadas, una pistola calibre 38 especial, 2 placas balísticas para chaleco, 55 cargadores y mil 458 cartuchos para fusil; 5 vehículos, una pipa cisterna, 45 dosis de polvo blanco con características de cocaína, y un radio de comunicación.

A través de Twitter, los ciudadanos reportaron también bloqueos con vehículos y llantas incendiándose en el sur y poniente de la ciudad.

Tras el arribó de las fuerzas armadas, los comandos se retiraron de las zonas, dejando decenas de casquillos percutidos, así como calles y avenidas bloqueas.

En el enfrentamiento se habrían utilizado armas de grueso calibre y hasta granadas, según los reportes.

En redes sociales atribuían los choques armados a una serie de levantones y secuestros orquestados contra supuestos halcones de una célula criminal que busca el liderazgo de la plaza, así como por el arribo de un grupo originario de Matamoros y conocido como Los Scorpions.


(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / FEBRERO 7, 2018, 11:40 AM)

VIDEGARAY AYUDÓ A CHINA A GANAR EL TREN MÉXICO-QUERÉTARO, REVELA INVESTIGACIÓN DE ARISTEGUI NOTICIAS


Once días antes de que se otorgara la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro al Gobierno de China, Luis Videgaray encabezó un grupo de trabajo con los chinos cuando todavía era Secretario de Hacienda, información que las autoridades nunca mencionaron, reveló una investigación de Aristegui Noticias.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).– Luis Videgaray Caso encabezó un grupo que trabajó con el Gobierno de China once meses antes de que el Gobierno federal publicara la licitación para construir el Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, la cual ganaron los chinos, reveló una investigación de Aristegui Noticias.

De acuerdo con el reportaje del periodista Sebastián Barragán, el 3 de noviembre de 2014 el Gobierno de China ganó la licitación para realizar la obra junto con las empresas mexicanas Constructora y Edificadora GIA, Prodemex, GHP Infraestructura Mexicana y Constructora Teya, la última propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de la llamada “Casa Blanca” y de la residencia que Videgaray le compró en Malinalco, en el Estado de México.

La investigación destacó que la participación de Luis Videgaray en el “Grupo de Trabajo de Alto Nivel” para concretar la licitación del tren México-Querétaro no se menciona en las más de 60 mil hojas del expediente que elaboró Virgilio Andrade en el año 2015 cuando fue nombrado titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para investigar un presunto conflicto de interés del Secretario.

Luis Videgaray, entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP),  fue exonerado de conflicto de interés porque no intervino en ninguna etapa del proceso de contratación, según el expediente de la Secretaría de la Función Pública.

Tampoco se menciona en el informe de la Comisión Especial investigadora que realizó el Congreso de la Unión ni en las comparecencias a las que fue citado Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), principal encargado del proyecto, refirió la investigación de Aristegui Noticias.

¿CÓMO FUE LA REUNIÓN DE ALTO NIVEL?

De acuerdo con la investigación, en septiembre de 2013, la Secretaría de Hacienda firmó un “Memorando de Entendimiento sobre Promoción de Inversión” con el gobierno de China, en la ciudad de San Petersburgo, Rusia, previo a un encuentro del G20.

“Luis Videgaray, como titular de Hacienda, copresidió el grupo con Xu Shaoshi, de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, que es parte del Consejo de Estado de la nación asiática”, mencionó el reportaje.

Un documento obtenido por  Aristegui Noticias reveló que  el “proyecto principal” del Grupo de Trabajo de Alto Nivel fue desarrollar el Tren de Alta Velocidad México-Querétaro y presentar una propuesta técnica y económica ante SCT.

“El 20 de marzo de 2014, con los esfuerzos del grupo de Trabajo” donde participó Luis Videgaray, el gobierno chino comisionó a dos empresas paraestatales la “planificación, diseño y financiamiento del proyecto”, dice el documento al que tuvo acceso el sitio de noticias digital.


(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / FEBRERO 7, 2018, 10:29 AM)

LAS CUENTAS PENDIENTES DE HACIENDA CON EL GOBIERNO DE CORRAL


Cuatro convenios fueron firmados en diciembre pasado; sólo uno se cumplió.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) formalizaría este miércoles el depósito de los 900 millones de pesos que adeuda al estado de Chihuahua, por convenios pactados en diciembre pasado, anunció el gobernador de esa entidad, Javier Corral.

El martes dijo que habló con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, quien le informó sobre la programación de un encuentro para este día, entre funcionarios de Hacienda y de Chihuahua.

Corral rechazó que los 900 millones de pesos comprarán el “silencio” contra la corrupción y la entrega del imputado, Alejandro Gutiérrez.

¿Pero qué es lo que acordó Chihuahua con Hacienda que no cumplió?

El titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda, Isaac Gamboa Lozano, firmó el 14 de diciembre convenios de Fortalecimiento Financiero y Desarrollo Regional.

El primero ascendía a 44 millones 777 mil 676 pesos.

El segundo convenio era por 20 millones 427 mil 685 pesos.

Y el tercero, con el monto más alto, era de 700 millones de pesos. 

Hubo un cuarto por el que se comprometió la entrega de 35 millones trescientos treinta y cuatro mil setecientos treinta y siete pesos.

De los cuatro, sólo el segundo fue cumplido. Tras ello, el gobierno de Corral acusó que la detención del ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, frenó los depósitos.

Es decir, se quedaron a deber aproximadamente 780 millones de pesos.

El pasado fin de semana, en el acuerdo con Segob se comprometió lo siguiente:


(Ve todos los acuerdos)

Ayer, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, se comprometió a cumplirlo:

Los #Acuerdos suscritos entre la @SEGOB_mx y el Gobernador @Javier_Corral @GobiernoEdoChih son honorables y se cumplirán, como se acordó, en absolutamente todos sus términos. pic.twitter.com/QznJsFyBkW

— Alfonso Navarrete (@navarreteprida) 6 de febrero de 2018



(ARISTEGUI NOTICIAS/ REDACCIÓN AN/ FEBRERO 7, 2018 10:01 AM)

ASÍ FUE LA PARTICIPACIÓN DE VIDEGARAY EN EL CONSORCIO CHINO (DOCUMENTO)


El ganador de la fallida licitación del Tren México-Querétaro reclama al gobierno federal el pago de 11 mil millones de pesos. Aquí describen todos los motivos.

El consorcio chino que ganó la licitación del Tren México-Querétaro presentó una serie de pruebas sobre su participación en el proceso que se canceló tras el reportaje La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto.

El objetivo de China Railway Construction es obtener el pago de 600 millones de dólares, lo que representa 11 mil millones de pesos al tipo de cambio vigente en octubre de 2015.

El documento revela que Luis Videgaray, como secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), participó en un “Grupo de Trabajo de Alto Nivel” con el gobierno chino, cuyo “Proyecto Principal” fue desarrollar el tren, 11 meses antes del lanzamiento de la licitación de la SCT.

Aquí puedes leer el reportaje que describe esta relación, nunca revelada en las investigaciones oficiales.

La principal fuente del reportaje es el documento titulado: “Aviso de intención de someter la reclamación a arbitraje y del comienzo del periodo para celebrar consultas amistosas o negociaciones, conforme al artículo 12 del acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República popular China para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones”.

Como lo reveló este medio en noviembre de 2017, se trata de un proceso previo al arbitraje internacional y representa el inicio de negociaciones amistosas para solventar el problema.

En esencia, el consorcio chino reclama los siguientes puntos:

Que la cancelación fue abrupta y se realizó aunque la SCT defendió la transparencia del proceso.

Que SCT anunció la cancelación de la firma del contrato mediante un comunicado.

Que oficialmente fueron notificados de la cancelación 26 días después.

Que la segunda licitación cancelaba sus derechos como ganadores del primer proceso.

Aquí puedes consultar una línea del tiempo sobre la licitación, el reportaje sobre la Casa Blanca y una serie de elementos que complementan la participación de Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto.


(ARISTEGUI NOTICIAS/ SEBASTIÁN BARRAGÁN/ FEBRERO 7, 2018 8:11 AM)

EN LA GUAJIRA VENEZOLANA, LOS NIÑOS ABANDONAN LA ESCUELA PARA VENDER GASOLINA


El comercio ilegal de combustible se ha convertido en una vía de escape a la pobreza y el hambre en esta árida zona fronteriza con Colombia, donde el clima extremo hace casi imposible la agricultura y la ganadería, y la deserción escolar supera el 30 por ciento.

LOS FILÚOS, La Guajira. — En este centro poblado de Paraguaipoa, la capital de La Guajira venezolana, todo huele a gasolina. Eso es Los Filúos: un enclave de tierra árida a menos de 20 kilómetros de la frontera con Colombia y a dos horas de viaje de las torres de extracción de petróleo del lago de Maracaibo.

Para los 4000 habitantes de Los Filúos, donde el calor extremo y la falta de lluvias hacen casi imposible la agricultura y la ganadería, el contrabando de gasolina es una alternativa de subsistencia. Y también un problema para el futuro.

En una esquina del pueblo, al lado de varias garrafas amarillentas, Álvaro agitaba con la mano un embudo hecho con el pico de una botella de plástico y un tubo de goma para llamar a los clientes. Viste un pantalón gastado de color indefinible, arremangado, que deja ver unas piernas demasiado flaquitas para sus 13 años, y una camiseta raída con manchones negros. Lleva otra de manga larga debajo y una amarrada en la cabeza que lo protegen del sol de La Guajira, donde las temperaturas llegan a los 40 grados. Allí, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Álvaro y otros muchachos como él se ganan la vida llenando o sacando combustible de cuanto carro consigan.

PDVSA, la empresa petrolera estatal, ha calculado que del país salen 100.000 barriles de gasolina de manera ilegal. En la frontera con Colombia, y especialmente en la parte que comparten el departamento de La Guajira con el estado Zulia, se hace evidente el paso de combustible, así como la venta ilegal dentro del mismo territorio venezolano. A pesar del aumento anunciado por el presidente Nicolás Maduro en febrero de 2016, la gasolina sigue siendo la más barata del mundo. Llenar un tanque en Venezuela cuesta 1,20 dólares. Del lado colombiano sale alrededor de 28 dólares.



Una fila de taxis junto a la vía principal a la altura de Paraguaipoa, Venezuela. Esta localidad venezolana, el ú“ltimo punto antes de cruzar la frontera con Colombia, es desde hace años un lugar dedicado íntegramente al comercio y flujo de personas entre los dos países. Credit Santi Donaire para The New York Times en Español

Maduro anunció en diciembre la decisión de vender gasolina a precios internacionales en la frontera para evitar el contrabando; pero sigue siendo un negocio lucrativo en esa tierra donde no hay muchas opciones para salir adelante.

El salario mínimo en Venezuela es de 40.638 bolívares (unos 58,81 dólares si se calcula al cambio controlado por el gobierno; 11,16 si se hace con el valor del dólar en el mercado negro). Un dinero que se vuelve sal y agua con especial rudeza en la frontera, donde todo es más caro. Un kilo de arroz, por ejemplo, alcanza los 3000 bolívares: más del siete por ciento del salario mínimo.

El gobierno mantiene el control cambiario desde 2003 para evitar la fuga de divisas. Desde entonces, es el único que puede conceder dólares de modo legal para todo: desde importar cualquier mercancía hasta para viajar al extranjero. La tasa de cambio, a 690,98 bolívares por dólar, la fija el gobierno. En paralelo, surgió un mercado ilegal cuya tasa cambia diariamente y que se ha disparado en los últimos dos años (al momento de escribir esta nota el cambio en el mercado negro es de 3640,29 bolívares por dólar).

El contrabando de gasolina es un negocio de doble vía. Por un lado están los usuarios que llenan el tanque de su vehículo en estaciones legales, donde pagan por un tanque de 50 litros unos 250 bolívares (menos de 10 centavos de dólar al precio del mercado negro). Al vender ese combustible en los puestos irregulares, ganan entre 8000 y 12.500 bolívares (entre 2 y 3,5 dólares al precio del mercado negro). Esa misma gasolina es la que compran después quienes llenan el tanque en los puestos ilegales, ya sea para evitar las largas colas que se forman en las estaciones o, en el caso de los colombianos, para beneficiarse de la diferencia de precio. Llenar un tanque de contrabando puede costar entre 17.000 y 25.000 bolívares (entre 4 y 7 dólares aproximadamente).

En un día de trabajo como pimpinero —el que saca o carga gasolina de los coches— se puede ganar hasta 12.000 bolívares. Es la escala más baja de un negocio diversificado: está quien llama a los carros para que vacíen el tanque, quienes la sacan, los que almacenan, quienes cuidan el camión cargado de bidones y quienes lo llevan hasta Maicao, en Colombia. Todos tienen su puesto en el negocio. Incluso los niños, que suelen trabajar para sus familiares o para conocidos que participan en el negocio. En cada puesto puede haber de tres a cinco niños. Solo en Los Filúos, la cantidad de adolescentes y preadolescentes que trabajan con el contrabando de gasolina se cuenta por docenas.



Un niño saca gasolina con una manguera de un carro y la almacena en bidones en Paraguaipoa, Venezuela. El contrabando de gasolina se ha convertido en una actividad tan masiva que se realiza diariamente a plena luz del d퀙a. Credit Santi Donaire para The New York Times en Español

‘SAL, NOS ESTAMOS MURIENDO DE HAMBRE’
“La primera vez que tuve que chupar de la goma para sacarla de un carro fue horrible, se me quedó todo el sabor en la boca. Daba igual lo que comiera, todo me sabía a eso. Ya me estoy acostumbrando. Como cornflei y se me quita el sabor”, cuenta Álvaro, que lleva muy poco en el negocio.

Sus compañeros —Yoel, de 17 años, y Ronaldo, de 16 (los nombres reales de los niños y adolescentes que dieron su testimonio han sido cambiados para proteger su identidad)—  ya tienen casi diez años en esto, lo suficiente como para restarle importancia a esa primera vez. “Eso es normal, uno mete la manguera en el carro, agarra y normal… Uno no siente nada. Bueno, a veces, depende del tanque que carga el carro. Si viene muy caliente, ahí uno sí siente el olor”, dice Ronaldo.

A veces, es inevitable que la gasolina les caiga en el cuerpo. O en la boca. “No nos da miedo”, dice Ronaldo, respondiendo a una pregunta que no se le ha hecho, y se justifica: “Uno no piensa en si le hace daño o no a la salud, en qué le puede pasar en la garganta, boca, estómago. Algunos van al médico. Yo no he ido a nada, uno ya está acostumbrado. Uno piensa en vender y agarrar los cobres (dinero)”.

Yoel y Ronaldo dudan unos segundos cuando se les pregunta por qué empezaron en el negocio. El primero en reaccionar es el mayor, Yoel, que lanza un argumento de peso al que el resto se une: “Comprar ropa”. Sus prendas gastadas y sus sandalias con agujeros lo contradicen, pero antes de que entren nuevas dudas, Yoel vuelve a hablar. “Para comprar lo que uno necesita, ropa, zapatos… Quería los cobres míos. Y sí se hace plata, y ahora más, ojo. Un día bueno se ganan 12.000, 15.000 bolívares diarios, aparte de los gastos. La cosa es vender, vender, vender”.



Álvaro (nombre ficticio), un niño venezolano de 13 años, posa junto a sus herramientas de trabajo para el contrabando de gasolina: una garrafa y un embudo artesanal unido a un trozo de manguera, en Los Filúos, Paraguaipoa, Venezuela. Credit Santi Donaire para The New York Times en Español

Ronaldo, que se ha quedado pensativo sobre sus motivos, matiza: “Y para la casa, que también hay que ayudar y colaborar con el almuerzo”. Álvaro cuenta sus verdaderas razones cuando los otros compañeros se alejan. Su madre, con la que no vive, lo sacó de la escuela porque no tenía suficiente dinero para comprar los útiles ni la ropa. “Estoy con mi abuela, ella no trabaja. Depende de mí el dinero de la casa. Llevo 6.000, 4.000 al día. Mi abuela me regañaba porque cuando me sacaron de la escuela no iba a la calle. “Vete, sal, nos estamos muriendo de hambre”, me decía. Empecé en esto porque pasaba mucha hambre y no tenía nada de comer”.

LAS AULAS VACÍAS

En Venezuela no hay cifras oficiales de deserción desde hace unos años. Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) son del curso 2011/2012 y muestran que 27.778 niños entre educación primaria y media dejaron de estudiar en el estado Zulia. No desglosan los motivos, ni cuál es la proporción en que afecta a la comunidad indígena.

El Sindicato Unitario de Magisterio del Estado Zulia (SUMA) estima que para el curso 2016/2017 la deserción llegó al 60 por ciento. Para Neida González, responsable de la Escuela Bolivariana Luis E. Palmar de Los Filúos, las cifras son mucho más exactas: hay 178 alumnos registrados en su centro y solo acuden entre 90 y 120; es decir: el ausentismo escolar es de entre el 32 y el 50 por ciento.



Un aula vac퀙a en la escuela de Los Filúos, en La Guajira venezolana. Desde hace años no existen cifras oficiales de deserció€”n escolar en Venezuela. Los ú“ltimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estad퀙stica (INE) son del curso 2011/2012. Credit Santi Donaire para The New York Times en Español

De los que van a clase, muchos lo hacen de modo puntual por los beneficios, “llegan el día que saben que se va a repartir, por ejemplo, los morrales (mochilas que da el gobierno)”, dice González. Otros, por algo mucho más simple: “Vienen más para comer que para aprender”. Todos los días, alrededor de las 9:00 a. m. reparten una merienda. Hoy tocan bollitos de harina de maíz partidos en trozos con margarina encima y jugo de sandía. Los niños comen en sus pupitres mientras la maestra habla de lo importante que es una alimentación saludable, con frutas y verduras.

Ir a la escuela para echarle algo al estómago ha pasado siempre, pero en el último año aumentó por la escasez que impera en el país. “Hay niños que se desmayan, que lloran porque tienen hambre”, explica González. El ausentismo también es algo que se ha visto siempre, “pero desde hace cuatro años para acá, el fenómeno es muy fuerte”.

En el curso anterior fue tan marcado, cuenta la docente, que la policía tuvo que ir por los niños casa por casa. Muchos niños abandonan las aulas porque sus padres no pueden costear cuadernos, ni camisetas. “La mayoría que se va lo hace para vender gasolina, aunque ahora se ha diversificado y vende arroz, harina, lo que sea”.

Ahora, una tarde de noviembre de 2016, en una esquina de Los Filúos, Álvaro, Yoel y Ronaldo hablan sobre su futuro. Todos dudan sobre si quieren seguir como pimpineros. “Para toda la vida, no sé. Me gustaría pasarme a otro trabajo, así igualito, pero tener más dinero, dentro de lo mismo. Comerciante o algo así”, dice Yoel. Álvaro lo tiene claro: “Quiero estudiar, quiero hacer casas”.

Los tres se alejan, sus embudos artesanales en la mano, las sandalias roídas, los pantalones manchados, el paso apurado hacia su puesto de trabajo entre garrafas bajo el sol de La Guajira, donde todo, incluso ellos mismos, huelen y piensan en gasolina.


Un grupo de niñ€“os y adolescentes venezolanos venden gasolina de contrabando al atardecer en Paraguaipoa, Venezuela. Credit Santi Donaire para The New York Times en Español



(THE NEW YORK TIME EN ESPAÑOL/ ALICIA HERNÁNDEZ/ 9 DE FEBRERO DE 2017)

CADA AÑO, 213.000 ARMAS LLEGAN ILEGALMENTE A MÉXICO DESDE ESTADOS UNIDOS, SEGÚN UN INFORME


Un policía vigila la escena de un crimen en Guerrero, el 25 de enero de 2018. Un informe del Center for American Progress revela que, entre 2011 y 2016, al menos 106.000 armas fabricadas en Estados Unidos estuvieron vinculadas con actividades delictivas perpetradas en México. Credit Francisco Robles/Agence France-Presse -- Getty Images

CIUDAD DE MÉXICO — José Antonio Tizapa tiene pocas certezas sobre la desaparición de su hijo. A sus 50 años lucha por continuar con su vida mientras busca respuestas, pero le cuesta creer que después de cuarenta meses de investigaciones, marchas, reuniones, lágrimas y desaliento todavía no se sepa qué pasó con Jorge Antonio Tizapa Legideño, su hijo de 20 años que desapareció en Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 junto con 42 de sus compañeros.

Sin embargo, Tizapa explica que el uso de armas estadounidenses durante ese día es uno de los hechos que suele recordar con amargura: “Las armas usadas en la desaparición de nuestros hijos, sobre todo las de los policías municipales, a través de la Sedena, son fabricadas en Estados Unidos. Y es probable que las usadas por los delincuentes también”.

Las preocupaciones de Tizapa consiguen eco en Beyond Our Borders, el más reciente informe del Center for American Progress, una organización estadounidense que se encarga de la investigación y defensa de políticas públicas. En este reporte los investigadores citan los registros de la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos que revelan que, entre 2011 y 2016, al menos 106.000 armas fabricadas en Estados Unidos estuvieron vinculadas con actividades delictivas en México.

De esa cifra, 74.200 fueron compradas legalmente en territorio estadounidense, pero el informe también señala que cada año cerca de 213.000 armas de fuego son transportadas ilegalmente hacia territorio mexicano.

“Estados Unidos tiene la obligación moral de mitigar su participación en el incremento de la violencia letal en el extranjero”, comenta Chelsea Parsons, coautora del reporte. “Aunque existen muchos factores exclusivos de cada nación que afectan las tasas de delitos violentos, Estados Unidos podría hacer más para reducir los riesgos que plantean las armas de fuego estadounidenses que cruzan la frontera y que se usan para perpetrar delitos en los países cercanos”.

En 2017, México alcanzó su nivel más alto de homicidios en los últimos veinte años, con una tasa de 20,5 homicidios por cada 100.000 personas. Los investigadores sostienen que, aunque esa cifra en parte se debe a los altos niveles de impunidad con el comportamiento delictivo, el acceso a las armas de fuego también ha sido un factor clave en el aumento de los homicidios. En 1997, el 15 por ciento de los homicidios sucedidos en México fueron cometidos con armas de fuego; sin embargo, el año pasado ese porcentaje aumentó hasta el 66 por ciento.



Armas que fueron entregadas durante un programa de desarme voluntario organizado por el gobierno mexicano con el apoyo del Ejército y la Iglesia católica, en Ciudad de México, el 22 de enero de 2018. En 2017, México alcanzó su nivel más alto de homicidios en los últimos 20 años, con una tasa de 20,5 homicidios por cada 100.000 personas. Credit Carlos Jasso/Reuters

“Las autoridades estadounidenses siempre denuncian el flujo de drogas provenientes de México, pero casi no se habla del flujo de armas estadounidenses que favorece la violencia y el dominio de las estructuras delictivas en México”, explica Eugenio Weigend, otro de los investigadores del estudio. “En el tema de las armas la responsabilidad recae principalmente en Estados Unidos porque de ahí vienen, ahí se producen”.

El informe también señala que solo entre 2014 y 2016, más de 33.000 armas de fuego estadounidenses fueron recuperadas en investigaciones criminales en México. Esa cifra excede el número de armas recuperadas durante el mismo periodo en la mayoría de Estados Unidos, exceptuando los estados de California, Florida y Texas. Según la investigación, el uso de armas de fuego durante los robos violentos también ha aumentado. En 2005, el 58 por ciento de los robos se cometieron con armas de fuego pero en 2017, esa cifra aumentó a 68 por ciento.

“Una de las razones que explican el aumento de la violencia en México es el incremento de la letalidad del crimen organizado gracias a las pocas barreras institucionales, en ambos lados de la frontera, para conseguir armamento proveniente de Estados Unidos”, explica David Ramírez de Garay, investigador de México Evalúa, un centro de análisis de políticas públicas. “Por ello, esperamos que el tráfico de armas sea un tema rector de la agenda binacional y demandamos que los aspirantes a la presidencia incorporen de manera seria y responsable una política de desarme en sus propuestas de seguridad”.



Miembros de la policía forense salvadoreña en la escena de un crimen en San Salvador, el 19 de enero de 2017. De 2014 a 2016, el 49 por ciento de las armas de fuego recuperadas en El Salvador fueron compradas originalmente en Estados Unidos, reseña un reporte del Center for American Progress. Credit Marvin Recinos/Agence France-Presse -- Getty Images

LOS EFECTOS EN AMÉRICA CENTRAL

El reporte también muestra que las armas estadounidenses atizan la violencia letal en varios países centroamericanos como El Salvador, Honduras y Guatemala. Aunque los investigadores advierten que gran parte de esa problemática es una consecuencia del tráfico de drogas relacionado con las pandillas, también sostienen que otros factores como la corrupción en las instituciones gubernamentales, la desigualdad de ingresos, la impunidad de los delincuentes y la herencia de los conflictos bélicos, han desestabilizado a toda esa región.

“Armas que originalmente se compran en Estados Unidos, luego son utilizadas en países vecinos para cometer un delito al menos cada 31 minutos. Para sacar las armas, los traficantes explotan las mismas lagunas en las leyes estadounidenses que facilitan el tráfico ilegal de armas domésticas”, afirma Parsons.

De 2014 a 2016, el 49 por ciento de las armas de fuego recuperadas en El Salvador fueron compradas originalmente en Estados Unidos, reseña el reporte. De manera similar sucedió con el 45 por ciento de las armas incautadas en Honduras y el 29 por ciento de Guatemala.



Una manifestante pega un billete hondureño junto a las cruces que representan a las personas fallecidas en los recientes episodios de violencia sucedidos después de las elecciones presidenciales, en enero de 2018. Credit Fernando Antonio/Associated Press

Otros países centroamericanos también sufren las consecuencias del uso de las armas de fuego estadounidenses en los delitos. El informe detalla que de 2014 a 2015, el 57 por ciento de las armas recuperadas y rastreadas en Costa Rica fueron fabricadas en Estados Unidos, de 2014 a 2016 se detectó la misma situación con el 51 por ciento del armamento conseguido en Belice y el 47 por ciento de las armas incautadas en Panamá.

De 2014 a 2016, 50.133 armas que se produjeron en los Estados Unidos fueron recuperadas como parte de investigaciones criminales en quince países de América del Norte, América Central y el Caribe. “Las personas adquieren legalmente ese armamento en Estados Unidos y luego se importa con mucha facilidad a México y otros países, lo que permite el incremento de la violencia”, explica Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano, una organización de la sociedad civil que analiza las condiciones de seguridad, justicia y legalidad del país. “Estados Unidos debería implementar medidas para prevenir que no salgan tantas armas de ese país, eso implicaría el establecimiento de una regulación sobre la exportación de armas a otros países”.

Tizapa, el padre de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, vive en Estados Unidos y dice que siempre recuerda los mensajes que todas las mañanas le mandaba a su hijo, las conversaciones telefónicas y todos los sueños compartidos que fueron truncados desde el día de la desaparición.

Con aplomo explica que se ha convertido en un observador distante de lo que pasa en su país: “México no está en guerra, pero el gobierno parece que se está preparando para eso y la mayoría de los mexicanos no lo sabemos. Hay muchas armas, tanto legales como ilegales, y ambas nos están desapareciendo”.


(THE NEW YORK TIME EN ESPAÑOL/ ALBINSON LINARES/  5 DE FEBRERO DE 2018)