Francisco Kiko Vega de Lamadrid. Foto:
Moisés Pablo, Cuartoscuro
La creación de las
asociaciones público privadas, una figura para “realizar cualquier esquema para
establecer una relación contractual a largo plazo, entre instancias del sector
público y del sector privado”, tanto en el gobierno federal, como en los estados,
ha venido a cambiar, y no precisamente para bien, la forma de hacer obra en los
gobiernos, y la manera de endeudarse.
La idea fue que ante la falta
de recursos en lo inmediato y para no afectar las economías de los gobiernos,
estos pudiesen establecer relaciones contractuales con empresas privadas para
que desarrollaran ciertos proyectos, ciertamente costosos, pero de necesidad
apremiante para la población. El gobierno entonces se compromete a pagar en
amortiguados pagos, la obra y el beneficio económico para la compañía.
El problema como siempre, es
la corrupción gubernamental que en México se hace muy poco por erradicarla,
particularmente en este sexenio el cual erige barreras legislativas y de
procesos para no terminar la instalación al cien por ciento de un sistema
anticorrupción, y de sistemas de transparencia y acceso a la información que
garanticen no solo la aplicación de la Ley, cuanto más la supervisión ciudadana
sobre el debido actuar gubernamental en programas, obras, y el ejercicio del gasto
del recurso público, entre otros.
Inmersos en un gobierno
corrupto, el mal ejemplo cunde. No solamente el Gobierno federal es sujeto de
sospechas, muchas veces con pruebas a la vista, dela deficiencia de la
aplicación del gasto pública, o de la inversión del mismo en amigos, cuates y
empresas afines que reportan porcentajes sobre el dinero ejercicio (caso
Odebrecht, estafa maestra, etc.), también los gobiernos en los estados actúan
en consecuencia. Un sistema diseñado con una proclividad a la corrupción solo
puede engendrar funcionarios corruptos.
Ahí están los casos de los ex
gobernadores de Veracruz, Quintana Roo, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas,
perseguidos ahora por haber abusado del recurso público en beneficio propio, de
sus amigos o de compañías afines e incluso fantasmas. El común denominador
entre, por ejemplo y respectivamente, Javier Duarte, Roberto Borge, César
Duarte, Guillermo Padrés y Tomás Yarrington, son las enormes deudas que dejaron
en sus estados, y los delitos por los cuales son perseguidos (con la eficiencia
o no del ministerio público federal), peculado, lavado de dinero, operaciones
con recursos de procedencia ilícita, y otros por el estilo.
Hoy día, aun acotados, la
sociedad tiene más instrumentos de supervisión sobre las acciones de gobierno.
No solo los periodistas independientes están haciendo investigación y análisis
de la información, también grupos organizados, colectivos, sociedad civil.
Aparte están las denuncias. Levantar la voz, denunciar, marchar, señalar, la
transa, el moche, los condicionamientos para la entrega de recursos, y las
contrataciones que desde los gobiernos benefician a unos cuantos y perjudican a
los más.
Tan de moda los gobiernos
abusivos, en Baja California y con la complicidad de los diputados locales, específicamente
de trece de ellos, doce panistas y un perredista, el mandatario estatal
Francisco Vega de Lamadrid comprometió los ingresos de la administración
pública federal desde 2019 y hasta 2056, la suscribir una asociación público
privada con una compañía para la construcción de una desalinizadora, que
costará a los bajacalifornianos más de 66 mil millones de pesos.
A ver, de acuerdo a
documentos obtenidos por reporteros de ZETA, la compañía que construirá la
desalinizadora, Aguas de Rosarito, SAPI de CV, a su vez integrada por tres
compañías (NSC Agua SA de CV, Suez de México SA de CV, y el fondo de inversión
Blackrock), invertirá en la edificación de la desalinizadora 9 mil 73 millones
de pesos con un financiamiento de socios de 1 mil 815 millones y un crédito
bancario de 7 mil 258 millones de pesos; todo lo hará en un lapso de tres años,
pero operará la desaladora durante 37 años, durante los cuales cada mes el
gobierno de Baja California le pagará la cantidad de 149 millones 312 mil 19
pesos.
Por supuesto que esos 149
millones 312 mil 19 pesos saldrán del presupuesto de Baja California, que para
este 2018 fue aprobado en 50 mil 629 millones 430 mil pesos. Se obtendrá del
pago de los recibos de agua que realicen los bajacalifornianos, y en caso de no
ser suficiente, se han comprometido otros ingresos para pagar de manera puntual
a la compañía.
La realidad es que en Baja
California, de acuerdo a opiniones expertas también consultadas por los
reporteros, no se requiere por el momento de tal infraestructura para hacer
llegar agua al estado, de hecho un reporte de la comisión estatal del agua da
cuenta que en el estado se utilizan 182 millones 908 mil metros cúbicos de
agua, lo que equivale a 5.8 metros cúbicos de agua por segundo, del total de
6.0 metros cúbicos por segundo que se generan en el estado.
Hay más.
En los documentos, que por
cierto deberían ser públicos y no lo son, o están ocultos en el sistema digital
del gobierno del estado, y los cuales fueron utilizados por la compañía privada
para justificar la inversión y ganar la obra y el pago a 37 años, se encuentra
la nómina que cubrirá a los principales empleados de la planta desalinizadora
de 66 mil millones de pesos. En total, para 37 empleados, se destinarán 31
millones de pesos al año, entre los trabajadores, el director de la planta
ganará, 359 mil 333 pesos al mes, el gerente 232 mil pesos y una secretaria 45
mil pesos al mes, por mencionarle algunos ejemplos.
Ciertamente la compañía
decide cuánto ganan los empleados, pero no olvidemos, el dinero saldrá del
presupuesto de Baja California, y lo sueldos fueron presentados al concurso.
Cuando doce diputados del PAN
(uno voto contra) y uno del PRD, avalaron el endeudamiento del estado para
cumplir el capricho de la desalinizadora innecesaria al Gobernador panista
Francisco Vega de Lamadrid, endeudaron al estado. Los legisladores de
oposición, incluido el de Acción Nacional, interpusieron ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad para revertir la
aprobación de aquel dictamen 95 en el que se aprobó la asociación público
privada que por una desalinizadora costará 66 mil millones de pesos al estado.
Por supuesto que tratándose
de apoyo oficial el Gobernador de Baja California lo ha tenido todo. Tiene a un
congreso estatal de mayoría panista que le aprueba cuanto endeudamiento
propone, convenio dispone y concesión entrega, y que nunca lo han llamado a
rendir cuentas. También lo apoya el Gobierno federal, que a pesar de ser de
distintos partidos políticos, tienen una fructífera relación a diferencia de la
que otro panista, como Javier Corral, sostiene con los priístas del gobierno de
Enrique Peña Nieto.
Lo único que no tiene Vega de
Lamadrid es el apoyo de la ciudadanía que cada vez más, se manifiesta ante
temas como el agua, y la sospecha de la corrupción, y de una parte de la
oposición, que como es el caso, se inconformaron ante el poder judicial, instancia
que resolverá determinando si la forma en que los panistas del Gobernador
madrugaron en el congreso del estado para aprobarle su ventajosa y carísima
desalinizadora, fue correcto o no.
Ojo con los gobernadores en
México; en Baja California, como en otros estados, se eliminó el fuero a los
mandatarios, va siendo hora que en funciones se les investigue como es debido,
con todo y que el Gobierno federal se oponga a la instalación de un real y
eficiente sistema de combate a la corrupción.
(SIN
EMBARGO/ ADELA NAVARRO BELLO/31 DE ENERO 2018)
