jueves, 22 de junio de 2017

EL #GOBIERNOESPÍA A MILES, HACE AÑOS: BUSCAGLIA; VAYAN MÁS ALLÁ DEL ESCÁNDALO MEDIÁTICO, DICE


Para el investigador Edgardo Buscaglia el caso de los periodistas, defensores de derechos humanos y activistas espiados es sólo una muestra de los “miles de casos” que ocurren desde hace años, una práctica que se acentuó en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y con Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública.

Sólo una investigación independiente puede desenterrar este tipo de delitos, pues “no se puede esperar que las mafias investiguen a las mafias”, dice en referencia a las instituciones mexicanas.

También alerta que sin esta indagatoria, la exigencia de la sociedad por que haya responsables detenidos quedará como los “escándalos que duran muy pocos días, y después pasamos a la siguiente fosa común”.



El investigador Edgardo Buscaglia refirió que hay miles de casos de espionaje en México. Foto: Adriana Álvarez, Cuartoscuro

Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo).– El espionaje en México ha derivado en crímenes de lesa humanidad, alertó Edgardo Buscaglia, investigador y académico de la Universidad de Columbia, después de que se diera a conocer el informe #GobiernoEspía, que documentó el uso de un software de hackeo en contra de teléfonos celulares de activistas y periodistas .

“A sabiendas o no, Enrique Peña Nieto es sólo un gerente operativo de un Gobierno mafioso que administra a redes criminales dentro de un Estado débil y vacío, de 45 instituciones necesarias para combatir y prevenir a la delincuencia organizada compuesta por políticos empresarios y empresarios politizados que usan a células sucias de agentes de inteligencia y policías para intervenir ilegalmente las comunicaciones privadas de decenas de miles de personas en Mexico, intervenciones ilegales que después derivan en crímenes de lesa humanidad, tales como decenas de miles de desapariciones forzadas, torturas y asesinatos de periodistas”, dijo el también presidente del Instituto de Acción Ciudadana, una organización civil orientada a establecer redes de salvamento y protección de víctimas de la delincuencia organizada a nivel internacional.

Este problema de células renegadas de la Policía Federal (PF) mexicana, expuso, se acentúo con Genaro García Luna, ex Secretario de la extinta Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. García Luna “era quien compraba muchos de esos software”, dijo Buscaglia.

De esta manera, consideró que el reciente escándalo de espionaje que afectó a 16 personas destacadas es sólo una muestra de un delito que viene ocurriendo desde hace muchos años en México.

Este fenómeno se esparció más dentro de las fuerzas de seguridad pública federal que dentro de la inteligencia militar, expuso.

“Se comenzaron a generar células renegadas que revendían la información, que extorsionaban, y que muchas veces iban a políticos”, dijo Buscaglia.

Esta semana, el Gobierno federal intentó desmarcarse de las acusaciones del diario estadounidense The New York Times aduciendo que no había pruebas que ligaran al actual administración con el uso del software Pegasus, encontrado en los móviles una decena de activistas y periodistas, de acuerdo con un peritaje de la organización canadiense Citizen Lab.

#GobiernoEspía | PAN halla virus en celulares, también; más de 100 ONGs y CNDH exigen que pase algo




Y por la tarde de ayer, tras más de un día de que se diera a conocer el hecho, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), rechazó “que se esté haciendo algún tipo de espionaje o investigación respecto a periodistas, a algún defensor de los derechos humanos o de ONGs”.

Sin embargo, la publicación del rotativo ha puesto en entredicho al Gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto.

El programa Pegasus, fabricado por la empresa NSO Group, sólo es vendido a gobiernos en el mundo, y está limitado para su uso en contra de prácticas criminales, terroristas o tráfico de antidrogas.

El uso de este programa conlleva una sofisticación millonaria. NSO Group cobra por los servicios de espiar a 10 iPhones hasta 650 mil dólares, además de una cuota de 500 mil por instalación, afirmó The New York Times, mediante cotizaciones revisadas.


#GobiernoEspía | El Estado hace uso criminal del dinero público y las instituciones, dicen espiados




HACIA UNA SALIDA

El investigador de la Universidad de Columbia apuntaló que la exposición internacional es una muestra sobre lo que sucede en el país. Sólo una investigación libre de la cooptación de intereses podrá desenterrar estos delitos.

“Al ser el sistema judicial mexicanos un condón de una clase política mafiosa, no puedes esperar que las mafias investiguen a las mafias. Ese es el gran problema mexicano, estamos en un círculo vicioso”, dijo.

El especialista destacó que una ciudadanía unida y una fuerte presión internacional son dos elementos necesarios para que en México pueda dar paso a una comisión internacional que supervise procesos de justicia capaces de desarticular redes.

Desde hace años Buscaglia ha propuesto esquemas para castigar delitos como el espionaje. Destacan reformas judiciales que garantice el actuar de oficio de las fiscalías en una sección dedicada a delitos complejos.

“Tiene que haber un procesamiento judicial que tendría que haber comenzado hoy mismo. Deberían de haber existido ya una célula especializada de investigadores compuestas por investigadores de Canadá, Estados Unidos y de Europa, especializados en estos temas cibernéticos”, expuso, ya que la justicia en estos casos requiere de la cooperación internacional.

Al menos la compra de programas, considerados armas, ya es un tema internacional. De acuerdo con The New York Times desde el año 2011, al menos tres agencias federales han gastado alrededor de 80 millones de dólares en programas de espionaje.


ONGs forman colectivo contra corruptos e impunes en México; exigen comisión internacional




Cuestionado sobre si la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, que opera en ese país desde el 2007, podría ser un ejemplo de monitoreo de la justicia en México; Buscaglia afirmó que parcialmente.

“Debería ser más institucionalizada que la de Guatemala, que dependía de la buena voluntad del Presidente. La podía cancelar en cualquier momento. No lo hacía por la presión internacional. Tiene que ser una comisión, como vengo proponiendo desde hace mucho tiempo, una corte especializada para México”, detalló.

De esta manera se podrían impulsar desde un tribunal integrado por jueces y fiscales nacionales y extranjeros las causas por crímenes de lesa humanidad en general.

“México tiene espasmos de escándalos que duran muy pocos días, y después pasamos a la siguiente fosa común. Mientras no haya una acusación penal con políticos detenidos y agentes de la Policía Federal de inteligencia detenidos, y que la gente vea que está detenidos y que comienzan a cooperar con una justicia independiente como hacen en Brasil, dónde comienzan a caer como en un efecto domino, la noticia de hoy va ser la tumba de mañana”, dijo Buscaglia.


#GobiernoEspía | Informe revela cómo el Estado mexicano espía a periodistas y defensores de DDHH





(SIN EMBARGO/ JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ/ JUNIO 21, 2017, 10:00 PM)

C5: “ES IR A LA SECUNDARIA SIN PRIMARIA TERMINADA”

Foto: Enrique Botello

Empresarios aseguran que la efectividad policial no es resultado de la falta de tecnología, sino de problemas de operatividad por la falta de presupuesto en materia de seguridad. Las carencias de las corporaciones se distinguen por la escasa presencia policiaca, poca capacitación y desabasto de combustible para atender emergencias

La decisión de elevar el  Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) a Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) en los cinco municipios de Baja California es una incongruencia, opinaron representantes del sector empresarial y empleados del servicio en Ensenada.

“Para qué meter más tecnología cuando ni siquiera tenemos lo indispensable para trabajar. Ocupamos que contraten más elementos de la Policía, que den gasolina, reparen unidades, más armamento. No pedimos imposibles, sino lo básico para que el personal pueda atender de manera eficiente las llamadas de auxilio de la gente”, indicó uno de los trabajadores.

Aun así, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid tiene programado para 2019 el inicio de operaciones del C5, el cual funcionará a través de una Asociación Público Privada (APP) que invertirá al menos 600 millones de pesos en programas preventivos, fortalecimiento institucional y sobre todo en tecnología de punta, conforme a un modelo implementado en Guanajuato y otros estados del país.

Una ex trabajadora del C4 (que opera desde 2001) reveló a ZETA el caos que se vive en el interior de las oficinas donde, a pesar de la coordinación, capacidad y tecnología de la que disponen, las corporaciones policiacas no se dan abasto.

Platicó que si bien hay llamadas de broma, cientos son auténticas y no se atienden debido a que tan solo en la estación de la Zona Norte hay tres patrullas y cuatro oficiales disponibles.

La peor parte la enfrentan familias de la zona rural, donde no hay unidades, menos aún policías.

“Apenas atienden una emergencia, requieren apoyo y no alcanzan a llegar a la emergencia que está en el otro sector”, narró.


La situación empeora en los meses de septiembre, octubre o noviembre, cuando las administraciones finalizan ejercicio y se quedan sin presupuesto, no hay combustible para circular, ni fondos para reparar las patrullas.

Por otro lado, Armando León Ptacnik, presidente de la Federación Baja California de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró como delicado que una empresa privada tenga injerencia en temas de seguridad, pues a su criterio, es una labor propia del gobierno.

“No vaya a ser que el día de mañana el gobierno no cumpla con los compromisos y se quede el sector privado con el equipo e información que contemple la operación de un centro con estas características”, respondió en espera de que tengan contemplados estos imprevistos.

Aunque la cuestión de inteligencia, así como tecnología, es básica para inhibir el delito, el empresario tiene dudas acerca del proceso de licitación, y espera se lleve a cabo un proceso transparente, “solo basta con revisar el historial de cómo se han dado contratos a través de la figura APP”, dijo con desconfianza.

PIDE IP MEJORAR LA ESTRUCTURA POLICIACA

“No es el momento ni la forma de arrancar con un C5,  primero es necesario mejorar las estructuras policiacas, revisar en qué está fallando el C4, entonces ya pensar en mejorar la tecnología”, evaluó León Ptacnik.

El empresario del ramo de la seguridad no dudó que el proyecto sea una estrategia mediática ante el problema de inseguridad que enfrenta la región, sobre todo en la zona sur de Ensenada, donde en los últimos meses han muerto 81 personas de forma violenta.

Enumeró los conflictos sin resolver por el Ejecutivo y que figuran como amenaza a la seguridad: escasa capacitación de agentes policíacos, pocos policías -muy por debajo de lo marcado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)-, además la infiltración del crimen organizado en las corporaciones policiacas.

“El narcotráfico es el que no va a remitir, ni con el C5, ni C6, C7, ni C8, alcanza para combatir el crimen organizado, si no hay una base efectiva que permita la operación de esta tecnología”, sostuvo.

Si bien el C4 está en un nivel inferior que el C5, la realidad es que es un instrumento eficaz que, de haber funcionado, los índices delictivos no se hubieran disparado.


Armando León.

“Es como comprar una aeronave de lujo, última categoría, pero no contratas a los pilotos adecuados, entonces lo van a estrellar. O es como como entrar a la secundaria cuando no tienes terminada la primaria”, ironizó el empresario, al tiempo que desechó declaraciones del gobernador y titulares de seguridad en municipios donde aseguran que más del 50 por ciento de las llamadas hechas a C4 son de broma o falsas alarmas.

“Hay evidencias documentadas de casos donde se manda una señal real de un incidente y la Policía no acude al llamado, es como hemos comprobado que C4 sí funciona, pero no opera como debe”, explicó.

La puesta en marcha del C5 en Baja California tiene varias vertientes, dijo que conoce el centro en Morelos, donde sí alcanzaron buenos resultados, pero con una inversión millonaria en etapas.

En contraparte, la de Guanajuato también fue una gran inversión, sin embargo, los resultados dejan mucho que desear, ya que el índice delictivo no bajó, sino que va a la alza en esa entidad.

SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, NO DEL VECINO

Armando León Ptacnik calificó de inaceptable el foro “Seguridad, trabajo para todos” que promueve el Gobierno del Estado, porque es la manera en que la actual administración diluye la responsabilidad de mantener la paz.

“¡Yo no coincido con eso!, ese trabajo es para el gobierno, porque los demás estamos trabajando, pagamos impuestos, educamos a los hijos y evitamos exponernos, mientras que los mal habidos no van a colaborar con la autoridad, por eso no nos pueden pedir eso. No voy a llegar a mi casa, cansado, para vigilar la casa del vecino”, renegó.

Describió que hay excelentes policías en todos los niveles, con carrera policial, honestos, trabajadores y comprometidos en lo individual, el problema es la disfuncionalidad de las corporaciones.

“Son malas  porque no tienen planes, no tienen estrategia o no están capacitadas para cierto tipo de delitos”, comentó.

DESCONOCEN PROYECTO, PERO LO RESPALDAN

La propuesta para elevar el C4 a C5 tiene que pasar primero por los diputados del Congreso del Estado, sin embargo, el coordinador de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado, Job Montoya Gaxiola, desconoce de qué se trata.

“Solo escuché que hubo visita y visualización por parte del gobernador a Guanajuato, pero no tengo el dato, no ha llegado la propuesta por escrito”, informó.

“Sabemos que este centro implica modernización, coordinación y mayor capacidad de trabajo, para eso se necesita mucho presupuesto, por lo que vamos a evaluar la posibilidad para el siguiente ejercicio fiscal”, agregó el legislador del partido Movimiento Ciudadano.

Una vez que tengan el plan en papel, lo pasarán a la comisión, donde revisarán el tema de la fiscalización o aplicación de recursos económicos.

“No sé cómo funciona este sistema en Guanajuato, desconozco la figura, no estamos en contra siempre y cuando se verifique las situaciones de los contratos en el sentido de la tasa de interés”, determinó.

A la par, Montoya reconoció que el nivel de violencia en Baja California es alarmante y la sociedad “está despierta”, por lo que negó cabida para cualquier acto de corrupción, asegurando que la comunidad no dejará  firmar un contrato con beneficio a los empresarios y no a la sociedad.

ATEMORIZAN LAS APP A BC 

Según el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, existe desinformación respecto a la figura de Asociación Público Privada (APP), pero elogió lo que se puede llegar a crear con ellas.

“No nos deben asustar las APP porque es una herramienta del orden federal, que se utiliza a lo largo y ancho de la República; lo que tiene que darse es transparencia entre las partes, y eso se los garantiza”, comparó el mandatario, quien ya tuvo una  reunión con diputados del Congreso del Estado, en la que les planteó la necesidad de emprender el C5, tomando como ejemplo el modelo de Guanajuato, cuyo costo total de obra y equipamiento fue de 2 mil millones de pesos.


Insistió en que mantener la seguridad es un trabajo coordinado entre sociedad y gobierno para mitigar los problemas.

C5 ES EL REMEDIO, NO LA MEDICINA

Aunque el alto índice de homicidio obliga a buscar soluciones eficientes para retomar el clima de tranquilidad, ésta no es la única medida que debe tomar el gobierno, considera la diputada Rocío López Gorosave, quien se ha involucrado en el tema de la violencia en Ensenada. De ahí la necesidad de utilizar toda la tecnología disponible para hacer más eficiente el trabajo de las diferentes corporaciones de seguridad que operan en Baja California.

Los C5, agregó, han demostrado en diferentes estados de la República su efectividad, sin embargo, “este tipo de infraestructura por sí sola no representa la solución total a la situación por la que atravesamos”, advierte la regidora.

De ejecutarse, el Centro  tiene que ir de la mano con estrategias integrales que además de la labor policial y combate frontal a la delincuencia, contemplen medidas preventivas y de impulso al desarrollo económico y social.


(SEMANARIO ZETA/ Edición Impresa  /Lorena Lamas /Lunes, 19 Junio, 2017 12:00 PM)

FEPADE CONSIGUE ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA CÉSAR DUARTE POR DESVIAR 14 MDP PARA EL PRI


La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) logró obtener una orden de aprehensión contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por supuestamente desviar 14 millones de pesos para el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La FEPADE, adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR), solicitó a un juez federal la detención del exmandatario por quitarle a 700 funcionarios de su gobierno el 10 de su sueldo para destinarlo a su partido político, el PRI, para la campaña federal de 2015.

El desvío es parte de los más de 79 millones de pesos que se retuvieron a 700 servidores públicos para transferirlos al PRI, según lo dijo la secretaria de la Función Pública estatal, Stefany Olmos Loya.

La retención se generaba en una cuenta de la Secretaría de Hacienda estatal y mensualmente se expedía un cheque que era entregado al tesorero del PRI en Chihuahua.

“Tengo entendido, que un juez solicitó se girara orden de aprehensión contra César Duarte. Esta parte del juicio que inicia el 23 de junio, va a estar centrada en 14 millones de pesos que corresponden a los meses del 2015, que son los meses del proceso electoral federal y en los que se centra esta acusación de la Fepade, por tener competencia federal”, explicó Olmos Loya.

El semanario Proceso publicó que la demanda FEPADE/UIL/B-VI-061/2017, también incluye a la diputada local Karina Velázquez Ramírez, quien fue presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI.

Según el medio, el próximo 23 de junio formularán la imputación contra el exsecretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral; al exjefe de control de pagos, Miguel Ángel Mezquitic Aguirre; al excoordinador administrativo, Adrián Dozal Dozal; al exdirector de Egresos de Hacienda, Jesús Olivas Arzate; al exdirector de Administración, Gerardo Villegas Madriles -procesado y preso por el delito de peculado-, y el exsecretario de finanzas del PRI estatal, Pedro Mauli Romero Chávez.

Tres exfuncionarios con Duarte ya fueron detenidos, entre ellos Antonio Enrique Tarín, exdirector de adquisiciones -durante la administración de Duarte, prófugo de la justicia- a quien se le acusar de desviar 120 millones de pesos.

Por otra parte, el diario Reforma publicó que Duarte pagó un millón de pesos a cada diputado local para que el Congreso estatal aprobara la bursatilización de la deuda donde se comprometieron los bonos carreteros de la entidad. Al exgobernador también lo investigan por poseer 36 propiedades a su nombre, y porque aún siendo candidato, adquirió tres ranchos.


(SEMANARIO ZETA/ Destacados / Carlos Álvarez/ Martes, 20 Junio, 2017 03:53 PM)

ONG’S, ACTIVISTAS Y PERIODISTAS EXIGEN QUE GOBIERNO DE EPN RINDA CUENTAS POR ESPIONAJE Y “ABUSO DE PODER”


Decenas de importantes organizaciones, activistas, representantes de medios y periodistas, le pidieron este miércoles al Gobierno de México, que rinda cuentas sobre el uso de malware para realizar espionaje y de la información que recabaron con dicho método ilegal, tal como fue documentado y publicado por el diario estadounidense The New York Times, el pasado lunes.

“Las autoridades están obligadas a utilizar todas sus facultades legales y constitucionales para atender con prontitud y diligencia a los graves hostigamientos perpetrados contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en México. Como sociedad, no podemos continuar aceptando el silencio y la impunidad como respuesta”, señalaron.

Además de sumarse al rechazo de la sociedad civil ante este nuevo ataque en contra de los periodistas y defensores de derechos humanos, los firmantes exigieron al Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, que aperture “investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes”, y que sancione los responsables que, “mediante el abuso del poder, han decidido vulnerar ilegalmente la privacidad de estos actores sociales”.

“Asimismo”, dijeron los firmantes a través de un comunicado publicado en el portal de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), “exigimos las reformas legales necesarias para regular las facultades de vigilancia del Estado de conformidad con los parámetros de derechos humanos y garantizando la rendición de cuentas.”

Los firmantes también se quejaron del “escueto mensaje en [la red social] Twitter”, de Eduardo Sánchez Hernández, coordinador General de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, quien publicó la respuesta del gobierno federal al reportaje del NYT.

En el comunicado de la Presidencia de la República se asegura “que no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje”, para luego llamar a quienes pudieran ser víctimas a que presenten una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).

“Esta respuesta es deficiente ante las sólidas evidencias técnicas planteadas en la nueva investigación, la cual demuestra fáctica y técnicamente que el software utilizado para intentar espiar a los objetivos, es comercializado a gobiernos y existen pruebas de que la PGR y la [Secretaría de la Defensa Nacional] SEDENA cuentan con estas herramientas de espionaje.”, se lee en el comunicado firmado por las organizaciones, activistas, representantes de medios y periodistas.

“Corresponde al gobierno mexicano esclarecer los casos de espionaje con precisión y exhaustividad y cuáles son las razones que motivan el espionaje ilegal perpetrado contra periodistas y defensores de derechos humanos en México.”, señalaron los firmantes, que han difundido el comunicado a través de las diversas redes sociales con el hashtag #GobiernoEspía.

En el comunicado dejaron en claro que “El espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación” contra defensores de derechos humanos, activistas y periodistas, mismo que “constituye una forma de control de los flujos de información y de abuso de poder”.

El lunes 19 de junio fue publicada nueva investigación, recogida por el NYT que demuestra el uso de malware altamente sofisticado y comercializado exclusivamente a gobiernos, con el objetivo de espiar los teléfonos móviles de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción.

El principal método de infección -documentado tanto por Citizen Lab como por R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y SocialTIC-, consiste en el envío de mensajes SMS con enlaces que, al ser accedidos, provocan la instalación inadvertida del software malicioso denominado Pegasus y comercializado solamente a gobiernos por la empresa israelí NSO Group.

Según el NYT, cada licencia de infección tendría un costo alrededor de 77 mil dólares, es decir, casi un millón cuatrocientos mil pesos mexicanos, provenientes del erario público. En total se han registrado 88 mensajes con enlaces maliciosos.

Las personas que recibieron los mensajes SMS con enlaces maliciosos fueron: Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre de la organización de derechos humanos Centro Miguel Agustín Pro Juárez, (Centro Prodh); así como Carmen Aristegui Flores, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán del portal Aristegui Noticias, así como el adolescente Emilio Aristegui, hijo de la periodista.

También fueron espiados el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez; Juan E. Pardinas Carpizo y Alexandra Zapata del Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO); y Daniel Lizárraga y Salvador Camarena de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Antes había sido documentado el espionaje contra activistas por el derecho a la salud, entre ellos, el investigador Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública; Alejandro Calvillo, de la organización el Poder del Consumidor; y Luis Encarnación, de la coalición ContraPESO.
(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS / CARLOS ÁLVAREZ/ MIÉRCOLES, 21 JUNIO, 2017 01:41 PM)


MOTOCICLISTA DE EU DISPARA A PRESIDENTE DEL CCSP EN ENSENADA


Foto; cortesía/ El impacto de bala en la defensa de la camioneta

Por un problema de tránsito en la Carretera Interestatal  5  de Los Ángeles, California hacia San Diego, el vehículo del presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) en Ensenada Faisal Díaz Nassif, fue baleado.

El dirigente del organismo describió que a las 10:30 horas de este martes cuando se encontraba en Estados Unidos en un viaje de negocios, junto con un compañero de trabajo, tuvo un problema con un grupo de motociclistas quienes intentaban rebasarlo.

Debido a que el tráfico estaba totalmente detenido, y el espacio entre los automóviles era muy angosto, los motociclistas comenzaron a presionar con el ruido de motor.

Después de unos minutos se movió el tráfico y comenzaron a pasar, pero antes uno de ellos golpeó con el puño el espejo lateral de la unidad del presidente del CCSP, mientras que otro hizo una seña obscena con la mano; Díaz Nassif devolvió con la misma señal.

Lo anterior molestó al conductor de la moto, quien 20 millas más adelante redujo la velocidad y del chaleco sacó un arma tipo revólver, disparó y huyó. La bala quedó en la defensa de la camioneta.

Debido a que los motociclistas llevaban atuendos similares casco, lentes, chaleco, barba y tatuajes, fue difícil identificar al responsable, relató Díaz Nassif; quien tampoco tomó el número de placas de las unidades.

Expresó que ningún conductor se detuvo a auxiliarlo, pero llamó al 911 y unos 40 minutos después llegó la policía con quien se entrevistó.

Díaz Nassif informó que este miércoles recibió una llamada de un agente de la policía de San Diego, que es enlace en Estados Unidos para Baja California, quien le solicitó más datos para identificar al tirador, además de que quiso asegurarse que se encontraba en buen estado de salud.


(SEMANARIO ZETA/ Destacados / Lorena Lamas /Miércoles, 21 Junio, 2017 07:30 PM)

CATEA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN RANCHO DE ROBERTO ROMERO

Agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora a temprana hora de ayer iniciaron un cateo en el rancho propiedad de Roberto Romero López, ex secretario de Gobierno del anterior sexenio, ubicado en El Tazajal, a 40 kilómetros de Hermosillo.

Salvador Ávila Cortés, vocero de la Fiscalía, dijo que estas diligencias se realizan para recabar pruebas en contra de ex funcionarios públicos o redes de complicidad que pudieran desprenderse de las investigaciones abiertas por actos de corrupción.

“Las diligencias, cuando se trata de cateos, son autorizadas por el Poder Judicial; entonces, el Ministerio Público ya cuenta para este tipo de procedimientos, considerados invasores, con esta orden judicial, y es muy importante mantener una distancia prudente, porque se recaban documentos y papeles que no se pueden contaminar”.

Eran buscados por la Z desde febrero de 2016, por ser requeridos ante un juez en México acusados de delitos como enriquecimiento ilícito.

La PGF los acusa de ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias para beneficio de sus empresas y la Fiscalía Anticorrupción de Sonora por enriquecimiento ilícito.


(DIARIO DEL YAQUI/ MÓNICA MIRANDA/22 DE JUNIO 2017)

MAYO, MES MÁS MORTÍFERO DEL SEXENIO DE PEÑA

El peor en 20 años; se registraron 2,254 homicidios dolosos

APRO.-  Mayo fue el más mortífero del sexenio de Enrique Peña Nieto, incluso el peor en 20 años, pues se registraron 2 mil 254 homicidios dolosos y mil 246 culposos en todo el país, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En total, 3 mil 998 personas fueron asesinadas en el país sólo durante el quinto mes del año, por encima de los meses anteriores, pues se registraron 3 mil 801 homicidios dolosos y culposos en abril, y 3 mil 851 víctimas en marzo.

El número de muertos representa un aumento de 1.13 por ciento de la tasa de homicidios con respeto a mayo del 2016, lo que simboliza 463 asesinatos más.

En promedio, se registraron 3 mil 321 casos de homicidios culposos y dolosos por mes en 2016. En comparación, este año se eleva a 3 mil 776, según las cifras del SESNSP.

El Estado con mayor número de asesinatos dolosos y culposos es Guanajuato, con 370, seguido del Estado de México con 320 víctimas, y Guerrero con 271.

Los estados con la tasa de homicidios más alta en el país son Colima, Guerrero, Baja California Sur, Baja California Norte y Sinaloa, debido a la población altas del Estado de México (17 millones 363 mil 387 habitantes), y Guanajuato (casi 6 millones de habitantes), según datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) de México.


(DIARIO DEL YAQUI/ REDACCIÓN/ 22 DE JUNIO 2017)