miércoles, 17 de mayo de 2017

PERITOS DE PGR RECONSTRUYEN ESCENA DEL CRIMEN DE JAVIER VALDEZ


Peritos y un Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República inspeccionaron el lugar donde fue asesinado el periodista Javier Valdez Cárdenas.

El personal de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión arribó a la esquina de Ramón F. Iturbe y Vicente Rivapalacio.

Con apoyo de elementos de la Policía Federal bloquearon la calle y realizaron inspecciones en la zona.

Los peritos y el Agente del Ministerio Público Federal siguieron la ruta que tomó Valdez Cárdenas ayer desde que salió su oficina hasta el lugar donde fue asesinado.

Después continuaron por las calles que tomaron los delincuentes que se llevaron su vehículo hasta el bulevar Francisco I. Madero y Aquiles Serdán donde lo abandonaron.


(RIODOCE/ ALEJANDRO MONJARDÍN/ 16 mayo, 2017)

LAS MUCHAS PREGUNTAS DE LOS PERIODISTAS, QUE QUIRINO NO RESPONDIÓ


¿Cuándo se va a resolver el asesinato de Javier Valdez?, ¿dónde están sus asesinos?,  ¿qué va a hacer este gobierno para darle seguridad al gremio periodístico?, ¿qué va a pasar con los maestros que por dar clases los están matando?, ¿qué va a pasar con los abogados que por una causa los están matando?, ¿si no se resuelve el crimen quien va a caer?, las preguntas fueron lanzadas al aire y como dardos dieron en la cara del gobernador Quirino Ordaz Coppel.

La indignación por la muerte de Javier Valdez movilizó a más de 500 periodistas, estudiantes, líderes sociales y ciudadanos. Pero en el auditorio del Palacio de Gobierno donde se realizó un diálogo casi forzado, alrededor de una centena de indignados fustigaron al Mandatario estatal con esas y otras preguntas más, que se quedaron sin respuesta.

El periodista Marcos Vizcarra, de Noroeste afirmó que la muerte de Javier Valdez se debió a su cobertura de asesinatos y corrupción, y que su homicidio forma parte de una lista de más de 600 crímenes ocurridos en el inicio del actual sexenio, el más violento del que se tenga conocimiento, y sin que hasta el momento ninguna se haya esclarecido.

“A Javier lo mataron por cubrir asesinatos y desapariciones, por cubrir la corrupción que hay aquí en el sistema, ¿qué va a pasar con mis compañeros?, ¿qué va a pasar conmigo gobernador?, ¿qué va a pasar con los maestros que por dar clases los están matando?, ¿qué va a pasar con los abogados que por una causa los están matando?, ¿qué va a pasar con todas estas personas inocentes gobernador?,  son más de 600 muertos ya gobernador”, espetó.

“Siempre dicen que es percepción, esto no es percepción, tan no lo es que ayer Javier Valdez fue asesinado, tan no lo es que todos los día llegan a nuestras redacciones personas diciéndonos que sus hijos están desaparecidos, tan no lo es que son las madres de los hijos de desaparecidos los que van a buscarlos en fosas clandestinas, tan no lo es que hasta hoy, no nos han dado respuesta por casi ningún asesinato, son 600 y tantos crímenes”.

Agregó que en lo que tiene en el gobierno, no se le ha visto como un gobernador.

“Hasta hoy no lo hemos visto como gobernador, lo hemos visto como una persona más que está ocupando una silla en el tercer piso, que posa para las fotografías, que solamente va a los eventos públicos, ya no queremos eso, queremos un compromiso real, queremos saber cuándo se va a resolver el asesinato de Javier Valdez, queremos saber quiénes son los responsables, queremos la verdad gobernador, queremos hechos reales”.

Bernardino Chávez Arroyo, de Primera Noticias, que la muerte del periodista de Ríodoce, quien era reconocido a nivel nacional e internacional por su trabajo, muestra la vulnerabilidad del resto de los reporteros en el estado.

“Ahora personas tan valiosas como Javier Valdez cae tirado arteramente asesinado por el crimen organizado, por el gobierno, yo creo que en este caso son todos, porque tanto lo mató quien apretó el gatillo como toda la corrupción e impunidad, que usted mismo ha dicho en su discurso que existe, que se quedó sin esto.. pero qué es lo que nos ha dicho que  va a hacer para meter a toda esta gente en cintura, qué va a hacer para que salgamos a tomar una nota y sentirnos no confiados, pero si protegidos por un estado que al menos se preocupa por sus ciudadanos”, dijo.

“Todos los que hacemos algún tipo de periodismo que tiene que ver con investigación, con estar analizando su gobierno, el gobierno municipal, nos sentimos que somos el siguiente blanco.. ¿qué va a hacer este gobierno para darle seguridad, no nada más al gremio periodista, sino a todos los ciudadanos, que si no se ha dado cuenta nos están matando. Nos están matando y no es responsabilidad nada más de la sociedad, no se tiene que cambiar la percepción, de que hay violencia.. se necesita un gobierno con tamaños que haga lo que se tiene que hacer, estar fuera también de la impunidad, de la corrupción, porque eso fue lo que realmente mató a Javier, la impunidad fue lo que mató a Javier, es lo que nos puede matar a cualquiera de nosotros”.

Miriam Ramírez, de Ríodoce le pidió a Ordaz Coppel que explicara porque los asesinos de Javier sabían el camino que tomaría y a que hora salía de la oficina.

“Gobernador yo no le voy a preguntar qué va a hacer, yo le quiero pedir una explicación de lo que usted y su gobierno dejó de hacer, porqué sabían a qué hora salía de la oficina, porqué sabían en donde daba vuelta, porque todos los días Javier daba vuelta por ahí, y ellos los sabían, y porqué su gobierno permite que cualquier pendejo nos esté espiando, nos esté vigilando, porqué gobernador”, le cuestionó.

“Porque no está haciendo nada, porqué les permite eso, qué va a pasar, nos están espiando, están afuera del periódico, están afuera de nuestras casas y en cualquier momento nos van a matar, y mañana va a ser cualquiera de los que estamos aquí. Porqué su gobierno les permite estar haciendo eso, porqué su gobierno deja que nos estén matando, que estén matando a los ciudadanos inocentes en la calle”.

¿Va su cabeza de por medio si no se resuelve este asunto?, gritó un asistente.

Quirino se limitó a bajar la mirada, concentrarse en hacer anotaciones, asentir con la cabeza y mirar a la nada sin fijar la vista en nadie. Todos lo observaban, esperando respuestas que no llegaron.

En cambio centro su discurso en decir que se sentía igual de “indignado” por el asesinato del Javier Valdez, que creará una fiscalía especial para el caso,  y lo importante era crear una estrategia.

Añadió que la policía estatal y municipal están mal y que solicitó apoyo a la federación, pero que no han sido suficientes, y que su gobierno está buscando los medios para atender “acciones brutales” como la ocurrida.

Invitó a los presentes a convertir el “dolor en una respuesta y exigencia”, para abatir la impunidad.

“A ver vamos juntos, esta es una tarea juntos, ustedes están aquí porque estoy aquí, porque no me escondo, yo tengo el mismo dolor que ustedes, aquí estoy dando la cara y no estoy escondido en mi oficina, y soy un hombre de bien”.


(RIODOCE/ ROXANA VIVANCO/ 16 mayo, 2017)

MATAN A SIETE ESTE LUNES EN TIJUANA


Foto: Cortesía

Siete personas fueron asesinadas, dos de ellas calcinadas, en distintos hechos ocurridos este lunes 15 de mayo.

Los primeros minutos de este día, se reportó un cuerpo sin vida con lesiones de arma de fuego. La víctima, se trataba de Martín Jara Ávila, de 50 años de edad, quien fue lesionado sobre la calle Mar Mediterráneo, en la colonia Camino Verde.

Alrededor de las 06:48 horas se informó que en un terreno baldío sobre la calle Río Verde y Río Chapultepec se encontraba, al parecer, una persona del sexo masculino calcinada.

Después a la central de emergencias se reportó el cadáver de un hombre con lesiones de arma de fuego en la Clínica 1 del IMSS, el occiso fue identificado como Arturo Ponce Gamboa, de 46 años de edad. Trascendió que la víctima fue herida en la avenida Pera de la colonia La Morita.

Después otro cuerpo calcinado fue localizado sobre la calle Leona Vicario y Gabino García, en la colonia Guerrero.

Más tarde dos sujetos fueron baleados cuando se encontraban sobre la calle Espadaña en la colonia Villa del Sol, tercera sección. Las víctimas fueron trasladadas a un nosocomio de la localidad en donde más tarde perdieron la vida. Los occisos fueron identificados como Jaciel de 17 años de edad,  del otro se desconoce su identidad, pero oscilaba entre los 20 y 25 años de edad.

Datos obtenidos por ZETA refieren que Jaciel, junto con otro adolescente fueron detenidos por autoridades municipales el sábado 13 de mayo sobre la misma calle que fue ejecutado, se encontraban vendiendo dosis de cristal en un sobre ruedas.

Trascendió que los presuntos responsables, al parecer cuatro personas, viajaban a bordo de un Nissan, color azul, que tras los hechos huyeron rumbo al bulevar 2000.

Más tarde se denunció que sobre la calle Lázaro Cárdenas, en el Ejido Chilpancingo fue asesinado a balazos Salvador Guadalupe Velázquez Higuera, de 26 años de edad.


(SEMANARIO ZETA/ Destacados  ZETA/ Lunes, 15 Mayo, 2017 09:08 PM)

JUICIOS ABREVIADOS, EL SALVAVIDAS DEL NSJP


FOTOS; Cristian Torres

Homicidas y violadores han obtenido por petición de la PGJE de Baja California, juicios abreviados con los que logran purgar condenas reducidas los primeros, y la libertad los segundos, para indignación de las víctimas. En diez años, en Mexicali solo se han realizado 167 juicios orales, y por procedimiento abreviado se han consignado 4 mil 246 expedientes

La modalidad de juicios abreviados dentro del catálogo de herramientas del Sistema Penal Acusatorio se convirtió de ser una excepción, a la regla general para la resolución de conflictos, y para la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en un salvavidas que mantiene el nuevo sistema penal apenas a flote.

En diversas entrevistas a agentes del Ministerio Público y a funcionarios de la PGJE, señalan que una de las condicionantes para la realización de los juicios abreviados es la incapacidad de la procuraduría estatal para investigar, por lo que en muchos de los casos, cuando “no están bien agarrados”, proponen al imputado esa opción; igual sucede cuando los “investigadores” de la PGJE solo cuentan con la declaración de la víctima y no con pruebas periciales.

Lo que en principio se trataba de una situación extraordinaria para llegar a la justicia, ahora es justificante para no investigar, así lo demuestran los números que ofrece el Poder Judicial: del 11 de agosto de 2010 al 31 de marzo de 2017 se han judicializado 16 mil 961 expedientes, de estos se han ido por procedimiento abreviado 4 mil 246, y se han celebrado 167 juicios orales.

En Tecate, luego de la implementación del Sistema Penal Acusatorio el 11 de noviembre de 2015, se han judicializado 321 expedientes, de los cuales 42 se resolvieron por procedimiento abreviado y apenas han realizado cinco juicios orales, cuatro con sentencia condenatoria y una absolutoria.

En Ensenada, el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) se aplicó hasta el 11 de noviembre de 2016, pero los datos son muy similares: de los 541 expedientes judicializados, 96 se fueron por la vía abreviada y solo dos a juicio oral, uno con sentencia condenatoria y otro que se encuentra pospuesto.

En Playas de Rosarito no existe ningún juicio oral hasta el momento, pero sí seis expedientes abreviados de los apenas 91 archivos judicializados.

Tijuana tiene mil 250 expedientes judicializados, de los cuales 147 se fueron por procedimiento abreviado y solo se han celebrado tres juicios orales, dos con sentencia condenatoria y uno con sentencia condenatoria sin debate.

Mientras en Tijuana los procedimientos abreviados alcanzan poco más del 10 por ciento, en Mexicali ya triplican esa cantidad. Especialistas reflexionan que podrían estar abusando del recurso.

EN CONTRA DEL DERECHO

El vicepresidente del Colegio de Abogados Libres del Derecho, Fernando Rosales, indicó que el procedimiento abreviado es una figura novedosa dentro del Sistema Penal Acusatorio, además de atractiva, debido a que reduce hasta un tercio la pena mínima que se le puede imponer a una persona.

Fernando Rosales

Un ejemplo fue el primer caso de feminicidio en Mexicali, donde el acusado Cristian Ruiz Pérez acordó junto con la fiscalía una condena de 18 años de prisión tras confesar que ahorcó a su esposa Brenda Patricia Ramírez González.

Para este tipo de conductas la Ley estipula una pena mínima de 20 años de prisión y la máxima de 50 años en casos de feminicidios, por lo que mediante procedimiento abreviado se “logró” una condena de apenas 18 años, y con buen comportamiento, pudiera reducirse hasta nueve años.

En aquel momento hasta el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, se dijo molesto por la sentencia: “El mismo sentimiento de muchos ciudadanos lo tengo yo, y no muy bueno”, opinó sin conocer que la propia PGJE había optado por el juicio abreviado y “culpó” al Poder Judicial por la sentencia.

Rosales explica:

“El procedimiento abreviado en mi concepto jurídico es una acción que es contra natura del propio Derecho Penal, porque en éste se establece con claridad la penalidad a imponer. En pocas palabras, el procedimiento abreviado es un obsequio que le hace la propia Ley a quien comete un delito, haz de cuenta que lo premian y es lo que yo crítico, eso va contra las victimas u ofendidos. Lo más lamentable es que el que pide el procedimiento es el Ministerio Público, es el único facultado para pedirlo”.

Polémica se ha generado cuando se trata de delitos de violación en Mexicali. La pena va de seis a 15 años de prisión, pero una persona acusada de ese delito que es favorecida con el procedimiento abreviado, solo cumple una condena de cuatro años, lo que significa que puede salir en libertad con el beneficio de suspensión condicional de la pena, que aplica a delitos cuya pena es menor a cinco años de prisión.

“¿Dónde queda la víctima?, eso es donde se ha abusado del procedimiento abreviado en perjuicio de las victima u ofendidos, en la mayoría de los casos en beneficio de quien comete el delito”, indicó el abogado especializado.

Además, la PGJE ofrece juicios abreviados para algunos homicidas y violadores, pero a otros no, lo que cae en el “sospechosismo” de por qué solo a algunos se les otorga el beneficio: “Tenemos un sistema inadecuado, totalmente fracasado, que al amparo del procedimiento abreviado quieren sacar sentencias reducidas por el deterioro en la investigación y, claro, quienes cometen los delitos festejan los procedimientos abreviados como acuerdos preparatorios y suspensiones de proceso, lo que hace la puerta giratoria”.



Procedimiento abreviado ante la falta de investigación

Vía transparencia, el abogado solicitó la cantidad de denuncias penales en Mexicali de 2010 a 2017, lo que dio como resultado un total de 350 mil casos, por lo que el hecho que solo se han judicializado 16 mil 900 y de esos solo existan 167 juicios orales, denota impunidad.

“El procedimiento abreviado ha generado más delitos, mayor impunidad y menor eficacia de las autoridades encargadas de procurador justicia o de prevenir el delito”, finalizó Fernando Rosales.

Por su parte, el abogado Juan José Castro Crespo señaló que fueron las autoridades estatales quienes operaron para que Baja California fuera de los primeros estados en poner en marcha el Sistema Penal Acusatorio, y ahora hay más inseguridad: “No pueden porque tienen que investigar y llevar un asunto bien planteado ante un juez; con los procedimientos abreviados, un Principio General Constitucional es muy difícil que se vaya a derogar, porque son los principios del Nuevo Sistema de Justicia”.

— ¿No se ha abusado de eso debido a que la procuraduría no investiga y ofrece este tipo de convenios a los imputados?

“Sí, cuando no tengo argumentos para poder debatir un juicio oral, obviamente el Ministerio Público va a querer que llegues a un procedimiento abreviado, si no tiene registros, antecedentes y las pruebas en la carpeta son insuficientes, obviamente te va a ofertar una pena minina”, expuso.

PRIVILEGIAN SOLUCIONES ALTERNAS

Perla del Socorro Ibarra Leyva, procuradora de Justicia del Estado, aseguró que la utilización de los procedimientos abreviados en Mexicali en comparación del resto de Baja California es “un porcentaje alto, es un medio alternativo de solución y de resolver asuntos, aunque a veces es criticado porque obviamente hay beneficios para el imputado. Lo que siempre se busca es que la víctima tenga conocimiento de este procedimiento y que esté resarcido el daño patrimonial de que haya sido víctima”.

El secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, no quiso entrar en polémica en el tema de los juicios mediante el procedimiento abreviado: “Es importante atender las preocupaciones que se tienen en ese tema, y desde luego siempre dispuestos a poder promover alguna modificación que se requiera, las áreas técnicas, las áreas de la PGJE son las que en primera instancia hacen la propuesta para alguna modificación”.

Mientras el subprocurador de Justicia en Mexicali, Fernando Ramírez Amador, dijo que en el nuevo esquema de justicia se privilegian soluciones alternas y mecanismos de aceleración, “las soluciones alternas son los acuerdos preparatorios, suspensiones del proceso, varias alternativas que hay, y en cuanto a mecanismos de aceleración, estamos hablando del procedimiento abreviado, esto significa que se va a terminar con una sentencia que pudiera ser condenatoria absolutoria, pero en un menor tiempo”.

Según Ramírez, la Ley faculta al Ministerio Público negociar la pena con el imputado con el fin de obtener un resultado más rápido, sin tanta dilación en un juicio prolongado: “Tenemos un buen número de procedimientos abreviados al año, normalmente son sentencias condenatorias, aunque implican una disminución en la pena, que normalmente es un tercio. Muchas veces tienes una carpeta que no está integra para llevarla a un juicio y optas por un abreviado, te lo aceptan y adelante”.

Juan Jose Castro Crespo

Victoria Bentley, presidenta de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, afirmó que hasta el momento no existe iniciativa para la modificación de los juicios abreviados: “Lo que busca el nuevo sistema es un punto intermedio de que sea solucionada la afectación que tienen las víctimas y que no tengamos las cárceles llenas de detenidos, obviamente hay muchos casos que se van a través de un procedimiento abreviado, como son los accidentes de tránsito, lesiones y hasta el fraude”.

En cuanto a regularlo, consideró que se tiene que analizar a nivel nacional, la procuradora solicitó ampliar el catálogo de delitos para que no todo se tenga que ir bajo procedimiento abreviado y que se penalicen aquellos como el robo con violencia y violencia en casa habitación.

Por su parte, el director de Seguridad Pública de Mexicali, Ulises Méndez, opinó que el sistema fue concebido para tener el menor tiempo a las personas en la cárcel, por lo que se privilegia la reparación o los convenios con la víctima.

“Creo que en este sentido, mientras se garantice la seguridad de la propia comunidad y de la víctima, es procedente, sin embargo, las 14 medidas cautelares y el Catálogo de Delitos por el cual ameritan prisión preventiva está muy reducido y no atiende los temas de seguridad y la realidad del país”, remató el funcionario municipal.

(SEMANARIO ZETA/ Edición Impresa/  Cristian Torres Lunes, /15 Mayo, 2017 12:00 PM)


CPJ SOBRE ASESINATO DE PERIODISTAS: “LA JUSTICIA SIGUE AUSENTE”


El Comité para la Protección de los Periodistas presentó el informe “Sin Excusa: México debe quebrar el ciclo de impunidad en asesinatos de periodistas”. Urgió a Enrique Peña Nieto en Los Pinos “comprometerse públicamente a abordar la impunidad en los delitos contra la libertad de expresión, comprometerse a resolver estos delitos y dar prioridad a la seguridad y la protección de los periodistas en la agenda de su gobierno durante el período restante de su mandato”

La ausencia de justicia en el asesinato de periodistas en México es una de las conclusiones en las que insistió el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), al presentar el 3 de mayo de 2017 en el puerto de Veracruz, el informe titulado “Sin Excusa: México debe quebrar el ciclo de impunidad en asesinatos de periodistas”.

“La impunidad es la norma”, refirió Carlos Lauría, coordinador sénior del programa de las Américas del CPJ en entrevista con ZETA el jueves 4 de mayo.

“El informe revela algunas de las carencias del sistema de justicia penal, en realidad no ha podido dar respuesta ante el creciente volumen de casos de asesinatos”, agregó.

86 POR CIENTO DE IMPUNIDAD

El CPJ inicia su informe “Sin Excusa: México debe quebrar el ciclo de impunidad en asesinatos de periodistas” con tres casos particulares de asesinatos de comunicadores que reflejan la impunidad en general en el país; entre ellos el homicidio de José Moisés Sánchez Cerezo, encontrado decapitado el 24 de enero de 2015, a 25 kilómetros al Este de Medellín de Bravo en el Estado de Veracruz; era editor del diario La Unión y había sido secuestrado el l 2 de enero del mismo año en su casa de Medellín de Bravo.


Luego, el caso de Gregorio Jiménez de la Cruz, freelance que colaboraba para los periódicos locales Liberal del Sur, La Red y Notisur, de Villa Allende, localidad cercana a la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz; fue secuestrado el 5 de febrero de 2014 y asesinado entre el 6 y el 12 de febrero de ese año.

Y también el CPJ documenta el caso de Marcos Hernández Bautista, quien murió el 21 de enero de 2016 a causa de disparos recibidos en la cabeza; desde 2008 comenzó a colaborar con Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca.

“Un ex jefe de la Policía de Santiago Jamiltepec fue condenado y, en marzo de 2017, fue sentenciado a una pena de 30 años de cárcel por el asesinato. Pero, al igual que la mayoría de los homicidios de periodistas en México, no se ha detenido al autor intelectual del asesinato y, luego de haber transcurrido más de un año, el caso de Hernández no ha sido resuelto plenamente”, informa el CPJ.

“Ninguno de los casos se resolvió en su totalidad”, advirtió Carlos Lauría.

“El título del informe es claro. Tomamos tres casos donde hay identificados sospechosos, donde hay detenidos, supuestos autores y no hay una condena; no se explicó claramente de los motivos, es un patrón en todos estos casos de asesinatos de periodistas en México”, complementó.

Estos tres casos son emblemáticos, ya que Oaxaca y Veracruz son “los estados mexicanos más letales”: en el primero fueron asesinados cinco periodistas y cuatro en el segundo, solo de enero de 2010 al 15 de abril de 2017, de acuerdo siempre a la investigación del CPJ.

El Comité, con sede en Nueva York, concluye que entre 1992 y el 15 de abril de 2017, por lo menos 40 periodistas han sido asesinados en el ejercicio de su labor informativa, destacando el hecho de que el 86 por ciento de comunicadores muertos prevalece en “absoluta impunidad”, además de que 13 comunicadores continúan desaparecidos.

— ¿Cómo ha variado el porcentaje de impunidad en el asesinato de periodistas en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto?, o en todo caso ¿hay alguna diferencia o mejora?, inquirió ZETA.

“De acuerdo al índice de impunidad, cuando el CPJ empezó a publicarlo según los casos que contábamos en el índice de impunidad digamos que ha aumentado en realidad en México; y eso es producto tal vez de una espiral de casos en los últimos tiempos; en 45 días, este año, asesinaron a cuatro periodistas (Cecilio Pineda Brito, Ricardo Monlui Cabrera, Miroslava Breach y Maximino Rodríguez Palacios).

“Es decir, la violencia contra periodistas en México es un problema endémico, que se mantiene constante; la mayoría de los casos, incluso aquellos donde se han producido progresos, chocan con este patrón de impunidad y de falta de justicia”.

Asimismo, el CPJ detalla que en el 63% de los 40 periodistas asesinados documentados por el Comité, “se sospecha que bandas criminales fueron los autores del crimen”, y el 95% de periodistas muertos por su labor informativa “son locales”.

Además de los 40 comunicadores acribillados, el documento también concluye que en 50 casos adicionales el CPJ investiga para determinar si la labor periodística fue el motivo:

“Hay ahí más de un posible motivo, pero la falta de investigaciones exhaustivas, creíbles, oportunas, rigurosas, hace que muchos de estos casos queden en la impunidad, en la sombra”, indicó Carlos Lauría a ZETA.

“La lucha contra la impunidad debe ser prioridad para el gobierno mexicano”

En el informe, Carlos Lauría, coordinador sénior del programa de las Américas del CPJ, también señaló que la lucha contra la impunidad debe ser prioridad para el gobierno de Enrique Peña Nieto, por lo menos para lo que resta de su cruento sexenio:


“La violencia vinculada con el narcotráfico y el crimen organizado ha convertido a México en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Desde 2010, el CPJ ha documentado más de 50 casos de periodistas y trabajadores de medios asesinados o desaparecidos. En prácticamente todos los casos de periodistas asesinados en represalia directa por su labor informativa, la justicia sigue ausente y la impunidad continúa siendo la norma.

“El puntaje de impunidad de México ha aumentado en más del doble desde 2008, cuando el CPJ divulgó la primera edición del índice de impunidad. Pero pese a condenar públicamente la violencia contra la prensa, el Presidente Peña Nieto, cuyo mandato concluirá en poco más de un año, ha hecho poco para asegurar que su legado incluya erradicar este problema endémico”.

Lauría lamentó la ausencia no solo de investigación, sino de condenas en el caso de asesinato de periodistas, a pesar de la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE):

“Las condenas en los casos de asesinato de periodistas son inusuales y, cuando se dictan -como en el caso de un ex jefe de la policía sentenciado en marzo a una pena de cárcel de 30 años por asesinar al periodista Marcos Hernández Bautista, de Oaxaca, cuyo caso se analiza en este informe-, con frecuencia se limitan al autor material, y las autoridades no logran determinar el motivo del crimen.

“Al no determinar un vínculo claro con la actividad periodística ni proporcionar ningún motivo de los asesinatos, la mayoría de las investigaciones continúan rodeadas de opacidad. Esta ausencia de rendición de cuentas perpetúa un clima de impunidad que deja a los periodistas en una situación de vulnerabilidad ante los ataques”, concluyó Carlos Lauría.

RECOMENDACIONES DEL CPJ A EPN

Finalmente, el informe “Sin Excusa: México debe quebrar el ciclo de impunidad en asesinatos de periodistas” fue entregado al Presidente Enrique Peña Nieto el jueves 4 de mayo de 2017 en Los Pinos, en presencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador general de la República, Raúl Cervantes.

Cabe destacar que el informe incluye un apartado de “Recomendaciones”, dirigido específicamente a Enrique Peña Nieto:

“Comprometerse públicamente a abordar la impunidad en los delitos contra la libertad de expresión, comprometerse a resolver estos delitos y dar prioridad a la seguridad y la protección de los periodistas en la agenda de su gobierno durante el período restante de su mandato”.

“Utilizar las plenas facultades del cargo para asegurar que todos los ciudadanos, entre ellos los integrantes de los medios de comunicación, puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión conforme está garantizado en los Artículos 6 y 7 de la Constitución”.

“Asegurar que los funcionarios federales encargados del cumplimiento de la ley se hagan cargo con responsabilidad de todos los ataques contra la prensa que ocurran en sus respectivas jurisdicciones y ordenar a los funcionarios federales investigar estos casos exhaustivamente, enjuiciar a los autores y hacer que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley”.

“Utilizar su influencia para asegurar que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) tenga suficiente autoridad y recursos para aplicar la ley con efectividad”.

“Asegurar que el mecanismo de protección proporcione asistencia efectiva a los periodistas en riesgo y fortalezca la prevención para evitar ataques letales”.

— ¿Cuál es la expectativa del CPJ para lo que resta del sexenio de Enrique Peña Nieto, 20 meses, en cuanto a que el Gobierno Federal por lo menos investigue y se combata la impunidad del asesinato de periodistas?

“Justamente es una de las cosas que se comprometió el Presidente y nosotros obviamente vamos a continuar monitoreando que se cumpla el seguimiento de los casos de asesinatos y las investigaciones, y la posibilidad que se produzcan condenas en estos casos. El Presidente prometió priorizar la impunidad en los casos de asesinatos de periodistas, a priorizar el tema de la protección de los periodistas. Queremos expresar que esto es algo sobre lo que venimos insistiendo hace mucho tiempo, por eso el título del informe, ‘quebrar el ciclo de impunidad’, y bueno, eso es algo que esperamos monitorear y obviamente se pueda cumplir”.



(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / ENRIQUE MENDOZA HERNÁNDEZ/ LUNES, 8 MAYO, 2017 12:00 PM)

MANDO MIXTO NO FUNCIONA (EN BCS)


FOTOS; cortesía

 “La corporación necesita destruirse y rearmarse, hay muchos vicios que difícilmente se van a arrancar”, señaló a ZETA un agente del Mando Mixto, figura que, según el subsecretario de Seguridad Pública, necesita dos años más para consolidarse. Mientras tanto, buscan combatir la corrupción de los agentes, evitar su participación con el crimen organizado y homologar sus condiciones laborales

“Cómo creer en los policías si vemos que cada vez son más descarados, se calmaron un poquito con esto de las matazones y de las amenazas, pero siguen siendo los mismos elementos. Pasan los años y son los mismos elementos borrachos que encabezan desmanes en colonias, actos de prepotencia o que tienen prácticamente sometidos a sus vecinos”, denunció un servidor público a ZETA.

De cierto modo esta visión coincide con lo dicho por Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, quien en su reciente visita a Baja California Sur, en sesión del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública Federal, advirtió que el problema se centra en tener elementos de confianza que puedan responder a las necesidades de la entidad. El llamado fue a crear policías confiables.

La impunidad con que operan los grupos de la delincuencia organizada en ocasiones evidencia la complacencia de las corporaciones de seguridad pública.

Para Ismael Sigala Páez, subsecretario de Seguridad Pública en Baja California Sur, es cuestión de tiempo para que se pueda consolidar el Mando Mixto, el cual conforman la Policía Estatal Preventiva (PEP) y agentes de la Policía Municipal de todas las ciudades del Estado.

“El convenio de Mando Mixto es muy reciente, el proceso de transición al Mando Mixto lleva algún tiempo, lleva varios meses, lo podremos consolidar en dos años aproximadamente, bien consolidado”, apuntó Sigala.

Álvaro de la Pena Angulo, Secretario General de Gobierno, considera que lo primordial es limpiar las policías antes de que se vayan las fuerzas federales.

El problema es que mientras son detectados los malos elementos, otra parte de la corporación pierde la confianza y la credibilidad en las autoridades.

“Incluso algunos compañeros han acudido a las Fuerzas Armadas, hay más credibilidad”, denunció un agente del Mando Mixto de la Policía Municipal de La Paz, el cual agregó que “la corporación necesita destruirse y rearmarse, hay muchos vicios que difícilmente se van a arrancar”.

Mientras unos están preocupados por acabar con las células del crimen organizado como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o Cártel Tijuana Nueva Generación (CTNG); o bien “Los Javieres”, “Los Acosta” o “Los Dámaso”, los cuales son parte responsable de tener tanto mandos como elementos trabajando bajo sus órdenes, hay quienes buscan erradicar la corrupción dentro de las policías.

“Es un trabajo difícil el de erradicar la corrupción dentro de las instituciones, pero en algún momento se tenía que empezar, esto ya se descarriló”, lamentó una agente de investigación de la Policía Ministerial, quien determinó: “El mal está en todas las unidades, desde la que tiene menos que ver con delincuencia, hasta con un simple robo”.

Por su parte, un capitán de la Marina, quien también solicitó anonimato, planteó:

“Las acciones de SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional) y SEMAR (Secretaría de Marina) en vehículos de la SSPE (Subsecretaría de Seguridad Pública), lograron por fin poner paz. ¿Por qué una acción así logró inhibir los crímenes? Ahí está la clave. ¿No resultó el Mando Mixto? ¿Por qué? En todo el país”.

En referencia a lo que podría ser una “oportunidad que jamás podría repetirse”, por la caída de Dámaso López Núñez “El Licenciado”, explicó que “Baja California Sur podría ser un modelo a nivel nacional, si se da la limpia de corporaciones y a la par se saca a las células criminales, hasta Estados Unidos podría implicarse en apoyar a la entidad; a final de cuentas sus compatriotas son los que invaden los destinos turísticos de Sudcalifornia”.

Entretanto, para el legislador federal panista Herminio Corral Estrada, la corrupción en las policías nunca se va a acabar, sin embargo, es requerimiento hacer una constante depuración hasta llegar a las futuras corporaciones que se desean para un Estado rico en el área turística, pero dejó en claro que a la fecha, el Mando Mixto ha dejado una buena coordinación interinstitucional.

“El tema de la depuración jamás se va a terminar, máxime cuando existe una amenaza tan fuerte como el crimen organizado, y esa amenaza no solo es con armas; también es con centavos, también es con dineros”.

Luego remató: “Yo veo una mejor coordinación. En la suma de esfuerzos han contenido un tema de seguridad, que han tratado de resolverlo, y que también hay que decirlo, con firmeza y transparencia que no lo hemos logrado terminar, no hemos encontrado la fórmula adecuada”.

NUEVOS POLICÍAS “ACREDITADOS”

Desde el mandato de Marcos Covarrubias Villaseñor, en 2011, se creó la llamada Policía Estatal Acreditable de Baja California Sur. El proyecto lo puso en marcha el entonces secretario de Seguridad Pública y ahora secretario general de Gobierno y actual vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad en BCS, Álvaro de la Peña Angulo.

Sin embargo, fue ésta la Policía más señalada a principios de la guerra por el control de la plaza desde el 31 de julio de 2014 a la fecha, por los altos índices de corrupción al interior.



Los filtros de revisión han sido instalados con el apoyo de personal confiable, con el fin de detener el acceso de droga, armas y personas con mandamientos judiciales.

Según la convocatoria, la iniciativa del Ejecutivo federal de Mando Único Policial “… fue presentada en el Senado de la República el pasado 6 de octubre del 2010 y cuyo principal recurso humano son los jóvenes que aspiran a construir un México seguro, con instituciones fuertes y acordes con los retos del país”.

En cuanto al objetivo y número de aspirantes que traía en un inicio la propuesta, apuntaba:

“Convocar a un promedio de dos mil jóvenes de ambos sexos en cada entidad federativa para conformar este primer módulo, es decir, 64 mil candidatos”.

Supuestamente sería el modelo a seguir en el resto de las policías, tomando en cuenta a la Policía Municipal y la Estatal Preventiva, pero la realidad fue otra.

Al menos diez elementos señalados con nombre y apellido, permanecían en las calles operando con tranquilidad y portando uniformes, otros más decidieron dejar las líneas de la Ley, y dedicarse de tiempo completo a la delincuencia.

“Vemos agentes que han sido señalados desde un principio, pero no solo señalamientos, con investigaciones abiertas por parte de la SEIDO y que muy campantes, siguen operando”, mencionó el agente ministerial entrevistado por ZETA.

Las investigaciones también se centraron en la Secretaría General de Gobierno que, en voz de Álvaro de la Peña Angulo, “revisaría los estilos de vida de los agentes, cómo viven y determinar si coincide con su sueldo”, situación que ha quedado a deber, pues algunos elementos policiacos siguen viviendo ostentosamente.

“Recuerdo, el caso de ‘Pepe’ Zavala, muy trabajador y honesto. Lamentablemente a los custodios embarrados en la maña quisieron ofrecerles trabajo, pero no quiso entrarle y esto le pasó. ¿Qué nos dice?, qué no nos va a pasar a nosotros, entonces es un miedo a trabajar y que llegue el momento en si te haces a un lado o a otro”, opinó un elemento del Mando Mixto.

José Zavala Fiol “El Pepe” fue custodio del Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Paz. Alrededor de las siete de la mañana del sábado 3 de diciembre de 2016 fue ejecutado al estilo del crimen organizado, justo después del cambio de turno, los sicarios lo esperaban en su domicilio, en el fraccionamiento Camino Real.

Las investigaciones apuntan primeramente hacia gente de Simón Guillermo Hernández Peña “El Simón” o “El Sepulturero”, presuntamente por delatar las prácticas que llevaba al interior del penal, y sobre todo, “la coparticipación de elementos del penal, eso fue lo que menos gustó”, confió el agente municipal.

Pero más allá de buscar policías honestos para el Estado, se requiere que las condiciones de entrada puedan ser justas y sin distingos. Policías municipales tienen que lidiar con uniformes de mala calidad, que solo “con una lavada se despintan, luego ves los pantalones azul marino, parecen morados”.

Los sueldos son variables, para un agente de la Estatal,  es de  7 mil pesos quincenales, 14 mil al mes; mientras tanto, un municipal apenas y ronda los 4 mil 500, 9 mil pesos mensuales, lo cual genera una diferencia superior a 5 mil pesos.

“Es muy chingón andar de arriba a abajo, cumplir con la labor en el Mando Mixto, estar a disposición con una promesa de aumento salarial, de mejorar continuamente, y eso es lo que queremos cada uno de los elementos, lo malo es cuando llega la realidad; tu quincena es una baba y la chinga es la misma, cómo no nos vamos a sentir inferiores, pues que nuestros mandos nos las hagan desde inicio”, lamentó el municipal.

Para conseguir el perfil idóneo para la nueva Policía Estatal, los encargados de la Subsecretaría de Seguridad Pública buscan candidatos asertivos y con un perfil.

Herminio Corral Estrada, diputado federal del PAN afirma que no se ha encontrado la formula para detener la delincuencia, pero ha rendido frutos el mando mixto.

De entrada ya exigen las siguientes condiciones:




Primero. Formación en su función, mínima de preparatoria; en la Estatal de nuevo ingreso no hay elementos sin preparatoria terminada con certificado.

Segundo. Pasan por un proceso de selección en un filtro previo de Control y Confianza, antes de que lleguen a Control.

Tercero. Cubrir todos los bloques de Control y Confianza, que son cinco.

Cuarto. Mínimo dos cursos de formación; el de formación inicial de policía, que es un plan o programa de formación que emite el Sistema Nacional de Seguridad Pública; las competencias básicas policiales, que permiten a los policías desarrollar las aptitudes y conocimientos de cómo hacer su función en la calle.

Lamentablemente sigue habiendo agentes señalados por su actuar. Uno de ellos fue Carlos Alberto León Aguiar, el cual presuntamente se encontraría tras las rejas por participar en la ejecución de un civil el 13 de mayo de 2016. Al momento hay dos agentes estatales internos en el CERESO de La Paz por el hecho, uno de ellos al parecer León Aguiar.

Ese13 de mayo, sicarios presuntamente de las denominadas “Fuerzas Especiales Dámaso” abrieron fuego en contra del comandante general de la Policía Estatal, Luis Alejandro Osorio Álvarez, sin embargo, éste repelió la agresión y logró salir con vida.

En su reporte, policías ministeriales indicaron que fueron “Los Dámaso”, debido a que al acercarse al sitio se les emparejó una camioneta y cerró el paso, siendo encañonados por sicarios, los cuales al huir gritaron “¡Puro Dámaso!” y se retiraron a exceso de velocidad.

“Lamentablemente la colusión con el crimen ha estado enmarcada en la violencia que se vive en la entidad. Lo peor de todo es que no se pueden eliminar las malas conductas de raíz, pues ya son parte del sistema”, afirmó a ZETA un abogado y miembro de asociaciones de atención a víctimas del delito.

Pero antes de este suceso, ya habría participado en otro evento desafortunado -en marzo de 2015-, cuando se dirigió contra un reportero de este Semanario, lesionándole el rostro, desde ese entonces “el secretario Rangel nos aseguró que el elemento tendría que ser puesto en labores de oficina, lejos de la gente para evitar el contacto, no sabe tratar a la población. Ya nos dimos cuenta que seguía en activo y en operativos, cuando nos enteramos que había participado en la muerte del joven de Mazatlán”, dijo uno de los reporteros asistentes a la reunión de ese día.

URGE REACOMODO POLICIAL Y DEPURACIÓN

“Supuestamente a cada rato cambiaban de comandantes, los rotaban y lo que te imagines, pero la mala hierba sigue dentro. A veces da coraje ver que uno se esfuerza muchísimo para sacar la chamba y llegan otros quitados de la pena, con la mano en la cintura y entran al sector a puro corromper, y eso nos pega en la madre. Al rato ni los maleantes nos la creen, pues ya se arreglaron con los otros”, acusa un agente de la Policía Municipal de La Paz, adscrito al Mando Mixto.

Mientras autoridades ven con buenos ojos la caída de “El Licenciado” y anticipan reacomodo en las células del crimen, sobre todo una purga entre grupos antagónicos y con mayor debilidad “Los Dámaso” por carecer de momento de un cabecilla, policías de diferentes corporaciones se despachan con cuchara grande.

“Los que se están dando las tres, son los que pactaron con los de la plaza de Cabo San Lucas, esos batos digamos que quedaron bien parados, pero es la misma, pasen o no las pruebas (Exámenes de Control y Confianza) siguen dentro de las corporaciones, y lo malo, si de plano no los pueden tener ahí, los premian con puestos de oficina, en cambio a nosotros nos corren por cualquier vínculo”, lamentó el entrevistado.

La plaza que presumen miembros del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública, es que “Cártel Jalisco es el que tiene mayor control”, por lo tanto, aquellos elementos que permanecen operando con el crimen organizado son los que se estarían beneficiando, sin embargo, eso es lo que el Grupo busca erradicar, mayormente “con la presencia de las fuerzas federales, obligan a los policías a hacer su chamba en la medida de lo posible”, menciona un miembro del Grupo de Coordinación.

Las autoridades ya vieron como posible factor de corrupción, son las bajas oportunidades de crecimiento, la derrama salarial que es pésima, y los grandes polos de diferencia entre una corporación y otra.

Ismael Sigala Páez, subsecretario de seguridad publica en BCS.

“Es muy disparejo el asunto, el sueldo es mínimo por la carga de trabajo que es el Mando Mixto. Yo vengo ganando 4 mil 500. Los uniformes que nos acaban de dar, ¡uff!, ni cómo decirte, en la primera lavada se le va el color, de plano son una porquería, y al presidente le vale madres”, lanzó el agente de la capital.

De acuerdo a la inversión que hiciera el Ayuntamiento de La Paz en atención al área de Seguridad Pública, según la última entrega de uniformes, la cual data del 3 de abril de 2017, 822 agentes municipales recibieron uniforme, “consistente en camisola, pantalón, gorra y calzado,  así como entrega de equipo de primer respondiente que incluye cámara fotográfica, maletín con material para la preservación del lugar de los hechos y papelería impresa para ese fin”. La inversión fue aproximada a 8 millones de pesos, fondos adquiridos a través del programa de Fortalecimiento para la Seguridad Pública Municipal (FORTASEG).

Ante la necesidad que existe de renovar los cuerpos policiacos de la entidad, el gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, confirmó que se buscará profesionalizar a los cuerpos policiacos, y sobre todo atender el compromiso de crear policías nuevas, profesionales y capacitadas, instrucción brindada desde la Secretaría de Gobernación.

“Es un proceso permanente y estamos evaluando las distintas disciplinas que abarcan los Exámenes de Control y Confianza a todas las policías, estatales y municipales, y lo que tenemos que hacer antes, es depurar los cuerpos policiacos para que una vez que hayamos concluido con esa depuración, podamos mejorar y especializar a nuestras policías”, aseguró el mandatario.

Para ello lo principal, dijo, es depurar las corporaciones y que nuevos elementos ocupen los puestos, por lo que a través de la Academia de Policía se buscará contar con elementos nuevos, una academia que no estaba en funciones, lo que denota que la anterior administración estatal solo se preocupó por renombrar una corporación sin antes acreditarla debidamente y capacitarla.

“Estamos construyendo nuestra Academia de Policía, que esperamos que a finales de este año podamos contar con la infraestructura física para ello, y es indispensable, por no decir imprescindible, que podamos contar con una academia para poder capacitar de una manera adecuada a todos los cuerpos policiacos del Estado”, comentó Mendoza.

Uno de los compromisos para este año es que quede concluida la edificación y que los nuevos elementos estén preparados y evaluados a través del Centro de Control y Confianza (C3). La inversión estimada es de 60 millones de pesos para una instalación de primera, con pistas de adiestramiento, comedor, auditorios, gimnasios, aulas para instrucción de cadetes y contratación de docentes profesionales, certificados en materia policial.


Cifra de policías reprobados en 2016, más del 55 por ciento reprobaron control y confianza.

Las instalaciones de la Academia de la Policía quedarían concluidas a finales de 2017, pero mientras este sueño se construye, hace falta trabajo comprometido y eficaz, de ahí la llegada de más de mil 400 elementos de la Policía Federal División Gendarmería, de la SEDENA y SEMAR, quienes se han encargado de limpiar el desastre generado, o como dicen los propios militares, “limpiar el puerquero que hicieron”.

Desde que el puerto de Los Cabos estuvo en riesgo la violencia desencadenada, con más de 120 personas privadas de la vida solo en el destino turístico, despertando gran expectación a nivel nacional, los cual llegó a oídos del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Esto generó una intensa movilización y militarización de la zona, incluyendo la capital del Estado.

El acuerdo fue que “se apoyara a la entidad como se hizo ya en Cancún, se tiene que hacer un trabajo con mayor rapidez, el tema de la depuración, también el hecho de que tengamos pocos elementos es un tema importante, hay que decirlo muy claro: es preferible tener pocos policías aptos y acreditados, a tener lleno de policías no aptos, esa es una realidad y la vamos a tener que llevar a cabo”, reconoció el vocero del Grupo de Coordinación en el Estado, Álvaro de la Peña Angulo.

Para cumplir las metas propuestas para mediados de este año, una verdadera depuración policial y llevar sanidad en corporaciones, por lo menos 15 agentes estatales reprobados y con nexos con la delincuencia, fueron puestos en trabajos de oficina, desarmados y sin equipo de radiocomunicación.

“El compromiso es que la academia que ya estaba funcionando y que ya está en construcción, una academia digna y real, como merece Bajas California Sur, va a ser el primer instrumento para generar esos policías que tanto requiere el Gobierno del Estado, pero también los municipios”, explicó De la Peña, labor que tomará tiempo.

Poco más de 50 elementos de Los Cabos ya fueron dados de baja, La Paz sigue manteniendo el pretexto que la pasada administración los sigue reteniendo para actuar, lo cual podría catalogarse como un desacato a la solicitud de la ciudadanía, a la cual no ha sabido atender Armando Martínez Vega en la capital; pero en Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante sigue permitiendo que agentes corruptos laboren para” la otra plaza, la que no ha estado en juego, y es la de Cabo San Lucas”.

“Exámenes de Control y Confianza han sido aplicados en este momento a mayor número de elementos, han sido dados de baja principalmente en Los Cabos, en la Policía Municipal, que era el principal reclamo de la ciudadanía allá; aquí en La Paz se hizo igual un parte de la depuración, esperemos en breve, considero que para el primer semestre de este año, antes de que culmine el primer semestre, esperemos hablar de otros números mayores en el tema de depuración. Vamos a llevar las acciones pertinentes de depuración, de contratación, pero sobre todo de capacitación de los elementos de las policías Estatal y Municipal. Se está haciendo una convocatoria especial para que acudan personas interesadas en integrarse a las filas de la Policía, no ha sido tan fácil que en este momento a los jóvenes les resulte atractivo ser policías. Hay jóvenes que en este momento no tienen trabajo, pero no quieres ser policías; vamos a buscar la manera de que sea atractiva la función de un policía, pero sobre todo, darles las condiciones de permanencia y de operatividad”, declaró De la Peña Angulo.

En la búsqueda de contar con policías confiables, de mejor calidad y que enfrenten a la delincuencia sin necesidad de coludirse con el crimen, autoridades de Baja California Sur buscan mejorar las condiciones de los policías, con la intención de consolidar un entorno laboral estable.



Elementos señalados entre las mismas corporaciones mantienen operaciones contra la delincuencia, la SEIDO sigue investigando nexos.

“Estamos viendo cómo mejoramos sus sueldos, sus prestaciones, cómo ofrecemos mejores condiciones de equipamiento, horarios de trabajo; es un tema que vamos a resolver este año, porque hay un desequilibrio todavía entre los municipios, el Estado y los criterios de trabajo”, expuso Ismael Sigala Páez, subsecretario de Seguridad Pública en la entidad.

En ese sentido los objetivos son “homologar los sueldos, los grados, las cargas de trabajo, equipar a nuestra gente y ver cómo andan en temas de prestaciones, porque mientras en Los Cabos el policía tiene todas las prestaciones, el mejor equipo, un buen sueldo, incluso por encima de la Policía Estatal, en Comondú hemos tenido casos en que el policía trae problemas para el abasto de uniformes”, reconoció el funcionario.

Según datos recabados, un agente municipal de Los Cabos puede ganar poco más de 15 mil pesos, siendo éstos los elementos que más ganan en el Estado; le siguen los estatales, de la Municipal de La Paz y el resto de las corporaciones municipales.

Un policía de Los Cabos obtiene un 20% más que la Policía de La Paz, un 10% más que la PEP, y 30% más que la Policía de Mulegé, Comondú y Loreto. Así de dispareja es la situación de los elementos; a ello se suma el riesgo que enfrentan en la actualidad.

En Los Cabos ya hay registro de al menos tres agentes levantados, dos policías y un comandante, quienes fueron alineados.

“Están bajo investigación, están trabajando para un bando, y no es el de la Ley. Salió un nombre que nos interesa, Julio César, pero me reservo el resto de la información para llevarla de cerca”, adelantó un agente de inteligencia militar consultado al respecto.

Aunque el subsecretario de Seguridad Pública especula que la reestructuración de sueldos y prestaciones para elementos de seguridad quedará lista antes de que culmine el año, con el fin de homologar cada uno de estos puntos y evitar que quienes juraron proteger a la población se conviertan en cómplices de la delincuencia, a veces fungen como verdugos al entregar ciudadanos a grupos criminales.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/  INVESTIGACIONES ZETA/ MARTES, 16 MAYO, 2017 12:00 PM)

#UNDÍASINPERIODISMO EN MÉXICO: MEDIOS SE UNEN ESTE MIÉRCOLES PARA EXIGIR JUSTICIA


Diversos medios mexicanos -entre ellos el portal Animal Político, la revista Nexos o el diario El Siglo de Durango- suspendieron labores este miércoles durante 24 horas, en protesta por el asesinato del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas.

El paro de labores es un acto simbólico que fue convocado bajo el hashtag #UnDíaSinPeriodismo. Esta es la primera vez en la historia de México que varios medios de comunicación, protestan no informando al público. Ayer, una veintena de publicaciones salieron con portadas en negro.

Además de Javier Valdez, el Día Sin Periodismo en México fue convocado para hacer visibles las muertes de otros 125 periodistas ejecutados y 20 desaparecidos desde el año 2000 a la fecha y hacer conciencia de la importancia de estar informados de lo que acontece en nuestro País.

En Guanajuato, por ejemplo, los portales de Zona Franca, Claroscuro Noticias, Códigos, Kuali Noticias y Contrapuntonews también se encuentran sin actividad informativa.

“Queremos protestar por la impunidad en estos asesinatos y exigir que las autoridades actúen. No más mensajes de condena, exigimos resultados. En México se mata periodistas porque se puede, porque no pasa nada”, se puede leer en el sitio de Zona Franca.

Ayer, más de un millar de periodistas y trabajadores de medios provenientes de todo el País se manifestaron por varias horas frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la Ciudad de México, para protestar y clamar por “Justicia” ante la alta tasa de asesinatos impunes de comunicadores.

Antes ocurrió una manifestación en la zona del Ángel de la Independencia, también en la capital del País, donde en el piso quedó inscrita una leyenda pintada con gis blanco que podía verse desde lo alto: “En México nos están matando. No al silencio”.

También hubo una manifestación frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR). Este mismo martes se registraron protestas de comunicadores en estados como Jalisco, Quintana Roo, Baja California, Veracruz y Guerrero.

En Sinaloa, los periodistas incluso llegaron al Palacio de Gobierno estatal y le reclamaron al gobernador, Quirino Ordaz Coppel, para que esta vez no solo haya discursos, sino que se haga justicia para Javier Valdez.


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS / CARLOS ÁLVAREZ/ MIÉRCOLES, 17 MAYO, 2017 06:06 AM)