Luis Cueva, Martin de Dios, Pérez
Castillo, Aragón, Enrique Álvarez Castillo
Roberto Ramírez, a quien
debieron repararle un intestino y extirparle la vesícula después de ser
golpeado en un operativo policiaco en Tecate, identificó al agente Pedro Pérez
Castillo como su agresor principal, pero también acusó a los uniformados Miguel
Cuevas, Martín de Dios y Enrique Álvarez.
En sus primeras declaraciones
administrativas, los oficiales negaron haberlo lesionado La noche del viernes
10 y la madrugada del sábado 11 de febrero de 2017, en la calles de Tecate se
suscitó un operativo policiaco que
terminó con el señor Roberto Ramírez Mendoza, de 43 años de edad, con los
intestinos reventados; su hijo Eduardo de (17), golpeado, asfixiado y
hospitalizado; su esposa Sonia y su hijo Alejandro (15), detenidos y golpeados;
y el agente Enrique Álvarez Castillo, con una mano y un brazo lastimados.
Y prácticamente todo el turno
de la Policía Municipal tecatense que laboró esa noche, acabó denunciado ante
el Ministerio Público y Sindicatura Municipal, por abuso de autoridad.
Posterior a la investigación,
el 6 de marzo el Ministerio Público solicitó una citación para iniciar una
audiencia de vinculación a proceso, la cual le fue concedida a las 12:30 pm del
miércoles 22 de marzo.
Entonces habían citado a 12
agentes, pero dos que no fueron mencionados no se presentaron, sin embargo, las
víctimas presentes fueron informadas.
Quienes se presentaron
voluntariamente acompañados de sus abogados
Rigoberto y Nicolasa Caballero Zambrano fueron: Alejandro Estrada,
Enrique Álvarez, Joel Núñez, Mirna Navarro, Miguel Cuevas, Pedro Pérez, Lizeth
Maríñez y Jaime Nicolai Covarrubias.
En la audiencia, agente del
Ministerio Público, Francisco Javier Carrillo Urbalejo, quien había solicitado
la audiencia para vinculación a proceso por delitos agravados y lesiones en
contra de Enrique Álvarez Castillo y otros, informó a la juez que se
“desistía”, sin que esto afectara su derecho y posibilidad de solicitar una
nueva audiencia inicial para esclarecer los hechos, proteger al inocente, que
el culpable no resulte impune y generar la reparación de los daños.
FOTO: Rosario Mosso.- Roberto Ramirez
Mendoza
Como motivo, explicó que
dentro de la indagatoria habían encontrado elementos que podrían afectar- no
dijo aumentar o disminuir- el número de agentes municipales implicados.
En el proceso y consultados
por la juez, el abogado y los diez
policías presentes citados,
solicitaron que la audiencia continuara y que podía ampliar después sin
perjuicio de la investigación, pero la juzgadora les informó que era imposible
obligar al Ministerio Público.
Al serles concedida la
palabra a los agentes, para manifestarse respecto a la postura de la fiscalía,
uno de los policías, Juan Alejandro Estrada, dijo:
“Es mi deseo hacer de su
conocimiento que yo no estuve presente en el hecho…”, y en ese momento la juez
lo interrumpió para recordarle que el Ministerio Público no había formulado
ninguna acusación, le planteó que quería estar segura de qué entendía lo que
esto significaba, y todo lo que dijera podía ser usado en su contra.
La conclusión fue la
cancelación de la audiencia. ZETA se acercó al abogado Caballero Zambrano para
solicitar la versión de sus defendidos respecto al caso y los hechos que este
Semanario consignó en la edición 2239, publicada el 24 de febrero -incluido el
boletín policiaco-, pero el abogado declinó y explicó que podrían hacerlo
cuando el Ministerio Público
reformulara, cuando la Procuraduría detallara los nuevos cargos y quiénes serán
los acusados.
LOS HECHOS DEL 11 DE FEBRERO
Los sucesos que dieron origen
a la denuncia de Roberto Ramírez Mendoza iniciaron la noche del viernes 10 de
febrero, cuando según un boletín informativo de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, atendieron el reporte de gente armada frente a la casa de
las víctimas.
Los jóvenes se ponen
agresivos y ellos se van, pero minutos después son perseguidos por toda la
familia violenta -madre padre, dos hijos y otro menor-, que el señor iba armado y amenazó a uno de
los agentes que antes había estado en su casa, Enrique Álvarez, por eso los
sometieron y detuvieron.
Sin embargo, la versión de la
familia fue distinta, los padres estaban fuera cuando sus hijos se enfrentaron
a policías que ingresaron al patio de su casa para golpearlos, al regresar y
darse cuenta de lo sucedido iban a poner la denuncia y en el camino se toparon
con uno de los implicados, Pérez -lo abordó -efectivamente molesto-, para
pedirle el nombre, éste se negó y pidió a ayuda, llegaron todos los policías
del turno en apoyo, y mientras unos los golpearon, otros observaron.
REFORMULAR IMPUTACIÓN
Después de un mes y diez días
de los hechos, efectivamente hubo cambios de información en la ratificación y
ampliación de las denuncias, luego que la víctima principal, Roberto Ramírez,
estuvo más consciente, cuando se recuperó de estar más de un mes interno en el
hospital, suma de dos períodos seguidos, al ser sometido a dos operaciones
producto de los golpes que recibió; primero le repararon los intestinos que le
reventaron a patadas, y después le extirparon la vesícula como resultado de una
complicación en el mismo tratamiento.
Policías en los juzgados
De inicio, el Ministerio
Público necesitaba reclasificar las lesiones simples que había considerado en
la solicitud del 3 de marzo, porque el lunes 20 del mismo mes, por la noche,
finalmente recibieron –el hospital no los había proporcionado- los reportes
médicos adicionales en los que se detallaba la gravedad y el importe de los
tratamientos recibidos por Ramírez.
Dichos reportes fueron
exigidos por la víctima con apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y
acompañamiento del Consulado de Estados Unidos, porque son ciudadanos
americanos.
Respecto a los policías que
participaron en la agresión, el Ministerio Público no ofreció detalles en la
audiencia, sin embargo, los expedientes
de Sindicatura y el MP que incluyen las declaraciones de Ramírez, y la
identificación de sus agresores en los álbumes policiacos, ciertamente
deslindan de responsabilidad al agente Juan Alejandro Estrada, quien durante la
audiencia mencionó no haber estado presente en la agresión del
denunciante.
SEÑALAMIENTOS DIRECTOS
Son también las palabras del
padre de familia que acusó a los policías de haberlo golpeado, las que señalan
directamente a otros cuatro agentes:
Enrique Álvarez Castillo, quien explica, lo
detuvo por atrás, mientras otro policía lo golpeaba, y también le pegó.
– Pedro Pérez Castillo, quien
lo golpeó más y directamente, mientras Álvarez lo detenía.
– Martín Antonio de Dios
Hernández, de haberle detenido los pies.
– Adicionalmente, en
Sindicatura también identificó al agente Jesús Aragón de haberle sostenido las
extremidades inferiores. Pero al hijo, el uniformado argumentó que lo hizo
porque el muchacho pateó al policía Álvarez cuando se cayó.
– Luis Miguel Cuevas dijo haber visto mientras
lo golpeaban, cómo sometía por asfixia a su hijo Eduardo, él pedía que no lo
hicieran porque estaba operado del corazón.
LAS VERSIONES E INCONSISTENCIAS DE LOS AGENTES
De inicio, ni ante
Sindicatura ni ante el Ministerio Público, los policías han admitido
responsabilidad en las agresiones mencionadas.
La investigación de
Contraloría Municipal está incluida en el expediente de la Procuraduría General
de Justicia del Estado porque así lo solicitó la fiscalía.
Respecto a la primera intervención
en casa de los Ramírez, en la calle Campeche
número 163 de la colonia Rancho Pedregal, donde de acuerdo a la versión
de las víctimas estuvieron los agentes
Cuevas y Cárdenas en una patrulla, en
otra los policías Enrique Álvarez y Lizeth Maríñez, y una más con el agente
Aragón.
Casa de la familia Ramirez
Las versiones son distintas,
los jóvenes dicen que los agredieron en su patio, las dos parejas de policías
que no se bajaron de la patrulla y Aragón, que descendieron pero no entraron a
la casa.
Todos, que los jóvenes les
aventaron objetos desde dentro. Pero al ser liberados los muchachos, mostraban
golpes.
Otro dato inconsistente fue
la respuesta del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4),
adonde solicitaron los reportes de ese día entre las 5:00 pm y las 12:00 am.
El C4 informó que no tenía
ninguna denuncia de personas armadas en la colonia Rancho Pedregal, excusa con
la que se acercaron a la familia.
Pero extrañamente, tampoco
tenían registro de la petición de auxilio 10-29 (significa “solicito apoyo
inmediato”) que hizo Álvarez cuando dijo sentirse en peligro, y reunió a todos
los policías de un turno en el punto donde se encontraba con los Ramírez.
Respecto al momento en que la
familia aborda al agente Enrique Álvarez, el uniformado aseguró que sintió que estaba en peligro,
pero no informó haber visto ningún arma en poder de Roberto Ramírez.
El resto de los agentes que llegaron al lugar
mencionan el arma, pero desconocen en qué condiciones fue encontrada.
También explicaron que tienen instrucciones de responder de
manera inmediata y sin excusas a la clave 10-29, porque eso significa que su
compañero está en riesgo inminente y deben dejar cualquier cosa que estén
haciendo.
Cuevas y Cárdenas también
aseguraron que en ambos eventos, ellos fueron los últimos en llegar y no se
inmiscuyeron intencionalmente, porque ya tienen procesos abiertos por abuso, y
no quieren tener más problemas, por eso tratan de mantenerse al margen.
Como ninguno de los agentes
identificados presentes en el lugar de los hechos admite haberlo golpeado -solo
sometido-, y del lado de la víctima
existen pruebas e informes médicos mostrando que a Ramírez le reventaron los intestinos, las autoridades
administrativas cuestionaron a los oficiales cómo explicaban esa inconsistencia,
a lo que respondieron que no sucedió, no se dieron cuenta, y nadie vio nada.
Alguno, lo más que admitió,
fue que en momentos de tensión, la
adrenalina sube.
En la Procuraduría informaron
que ellos estiman estarán listos para solicitar una nueva audiencia antes
de diez días. Dependerá de los tiempos
del Juzgado el día que les asignen fecha.
Asimismo, consideran tener
elementos suficientes para acreditar el uso excesivo de fuerza, los delitos y
las lesiones agravadas, al punto de lograr la imposición de medidas cautelares
estrictas.
(SEMANARIO ZETA/ Edición Impresa/
Rosario Mosso Castro /Lunes, 27 Marzo, 2017 12:00 PM)
