martes, 14 de marzo de 2017

ABOGADO TIJUANENSE, LÍDER DE LAVADO DE DINERO DEL “NARCO”: FISCALÍA SD


FOTO: internet / Sergio Haro

Dentro de la red de lavado que incluye a empresarios y políticos tijuanenses, la Fiscalía de San Diego acusa al abogado Donald Daniel Levy Hernández, señalado por fraude en Jalisco, de blanquear dinero procedente del narcotráfico.Tres acusados que se declararon culpables revelan más detalles de la organización 

Donald Daniel Levy Hernández despacha desde las instalaciones de Corporativo Levy en la Zona Río de Tijuana.

El bufete legal está resguardado por un fuerte operativo de seguridad, escoltas vigilan desde la entrada principal al edificio hasta la puerta de la oficina en el segundo piso.

Sin embargo, a menos de 3 kilómetros, el abogado tijuanense es buscado por la justicia.

Levy Hernández, quien en noviembre de 2015 fue detenido en el aeropuerto de la Ciudad de México y acusado de fraude por la Fiscalía de Jalisco, cuenta con una orden de aprehensión en Estados Unidos.

“Daniel Levy enfrenta múltiples cargos por lavado de dinero, posesión de ganancias producto del narcotráfico por más de 100 mil dólares y estructuración de transacciones financieras, tiene una orden arresto”, detalló la fiscal a cargo del caso, Christina Eastman.

El también empresario de 43 años de edad, es señalado de formar parte de la red de lavado de dinero integrada por el regidor panista con licencia Luis Torres Santillán, la familia del ex líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Escalante y el matrimonio entre David Javier Espinoza y Claudia Ramírez, entre otros, de acuerdo con la Fiscalía Estatal de San Diego.  

SENTENCIADOS TRABAJABAN PARA LEVY: FISCALÍA

El martes 7 de marzo, en la Corte Estatal de San Diego, el juez Runston G. Maino dictó sentencia a tres de los 17 procesados por lavado, los primeros en declararse culpables.

Daniel Guerson, ciudadano estadounidense, así como las residentes de Tijuana, Claudia Fernández de Mendoza y Deborah Frida Cervantes, recibieron tres años de libertad condicional, tras declararse culpables de varios cargos por lavado de dinero y violaciones a transacciones monetarias.


Las oficinas del abogado en Zona Rio Como parte de las condiciones del beneficio de la libertad condicional, a los sentenciados se les prohibió mantener contacto y establecer relaciones personales o laborales con Daniel Levy, quien fue descrito como un “fugitivo” en la Corte.

“Estas tres personas tomaban dinero en efectivo desde México, que pertenecía al señor Levy, lo cruzaban a Estados Unidos y lo depositaban en cantidades menores a 10 mil dólares en bancos de Estados Unidos”, explicó la fiscal Eastman.

Una de las prácticas más comunes en el lavado de dinero, es la estructuración de transacciones financieras que consiste en realizar depósitos bancarios menores a 10 mil dólares para así evitar llenar reportes financieros.

Durante la audiencia, el abogado de Deborah Frida Cervantes, explicó al juez que la joven de 28 años de edad consiguió un trabajo en la empresa de Daniel Levy, ya que era su media hermana.

“Como parte de sus tareas en el trabajo, tomaba dinero de México y lo depositaba en cuentas bancarias de Estados Unidos”, Eastman agregó en entrevista, al término de la audiencia.

Mientras que de Daniel Guerson y Claudia Fernández, añadió, también tomaban dinero en efectivo y lo depositaban en cuentas bancarias de Estados Unidos, “pero no eran necesariamente empleados consistentes de la organización, se les pagaba cierta cantidad por cada transacción que realizaban”.

Tanto Claudia Fernández como Deborah Cervantes, al ser ciudadanas mexicanas, serán deportadas a México cuando concluyan los 170 días de cárcel que les fueron determinados. La primera fue detenida el 15 de diciembre y la segunda, el 18 de diciembre de 2016.


Daniel Guerson 

Ya que estando en México, no serán monitoreadas por el gobierno estadounidense de cumplir con su libertad condicional, el juez aceptó reducir las sanciones financieras que se les imponen para cubrir estos servicios.

Sus respectivos abogados aseguraron que las mujeres se dedican a ser madres y amas de casa.

Por su parte, el representante legal de Daniel Guerson, también solicitó le fuesen reducidas las sanciones financieras, bajo el entendido de que cumpliría su libertad condicional en Tijuana, donde se haría cargo de sus negocios.

Sin embargo, al ser ciudadano estadounidense y, por lo tanto, tener la posibilidad de cruzar de vuelta a ese país, este beneficio le fue negado.

De acuerdo con el Registro Público del Comercio, Daniel Guerson aparece como socio de la empresa Autos Gran Remate, dedicada a la compra, venta y exportación de automóviles, camiones y motocicletas.

En su declaración, dijo ser chofer de Uber en San Diego.

En un principio a los tres sentenciados se les fijó una sentencia de tres años de prisión, ésta entrará en efecto si incumplen algunas de las condiciones de su libertad condicional; en el caso de las ciudadanas mexicanas, por ejemplo, si regresan a Estados Unidos o cambian su estatus migratorio sin reportarlo a sus oficiales asignados.

Sobre el nivel de participación de estos tres sentenciados, la fiscal Eastman precisó “fueron acusados de una parte de los crímenes cometidos por esta organización.

Queremos mandar un mensaje que Estados Unidos no va a quedarse parado mientras este dinero producto de la venta de drogas o ganancias ilícitas fluye en sus bancos”.  

SOCIOS DETENIDOS

Con uno de los tres expedientes judiciales que integran este caso por lavado, resuelto, la Fiscalía procederá con el resto de los 14 procesados.

Dos de ellos son identificados como socios del abogado Donald Daniel Levy Hernández. Se trata de Marcelo Zúñiga Escalona y Carolina Lefort Figueroa.

El primero aparece como socio fundador de Levy & Asociados Corporativo Internacional y Fusion Productions, en esta segunda empresa está registrada Carolina Lefort Figueroa, también como socia.

Esto de acuerdo a los registros públicos de ambas empresas. Mientras el Corporativo Levy ofrece servicios de derecho penal, migratorio, civil, mercantil, inmobiliario, fiscal y aduanero, con direcciones tanto en Tijuana como en San Ysidro, California, Fusion Productions se dedica, entre otras funciones, a la contratación, producción y representación de artistas como grupos musicales y cantantes.

De acuerdo con el acta de constitución de sociedad, el 29 de octubre de 2008, se registró el bufet de abogados Levy & Asociados Corporativo Internacional.

Como socio mayoritario, con 55 acciones, figura Donald Daniel Levy Hernández, seguido de Marcelo Zúñiga Escalona con 27 acciones, Zenaida Lugo Lizárraga con 10 acciones y Cristina Figueroa Valencia con ocho acciones.


Claudia Fernandez de Mendoza

Un año después, el 30 de abril de 2009, se dio de alta a la empresa Fusion Productions con Donald Daniel Levy Hernández como principal socio y con Marcelo Zúñiga Escalona, Carolina Lefort Figueroa, Nidia Lizette Escamilla Caro, Martha Marine Argüelles Castillo y Juan Fernando Villaseñor Servín como socios minoritarios.

Tanto Marcelo Zúñiga como Carolina Lefort Figueroa están acusados por la Fiscalía de integrar una segunda célula, conformada por seis personas, que se desprende de la red principal, entre quienes figuran el regidor con licencia Luis Torres Santillán, así como Karla y Jorge Carlos Escalante, esposa e hijo del empresario Jorge Escalante.

En octubre de 2011, Marcelo Zúñiga y Cristina Figueroa –socios fundadores de Corporativo Levy– crearon la empresa Corporativo Zúñiga, el cual ofrecía servicios legales migratorios y penales en Estados Unidos, registrado bajo la partida 5869247 en el Registro Público de la Propiedad.

Marcelo Zúñiga Escalona recibió su título como licenciado en derecho por el Centro Universitario de Tijuana, en 2004.

Años antes, también juntos, adquirieron un condominio con valor de un millón 944 mil pesos, a través de una transacción fechada el 14 de septiembre de 2006.

Mientras que Levy Hernández, con otra de las socias de su Corporativo, Zenaida Lugo Lizárraga adquirió un inmueble en la colonia Chapultepec Octava Sección de Tijuana, en 2015.

El Corporativo Levy no sólo ofrece servicios legales, sino que se encarga de la administración de empresas en ambos lados de la frontera.

Tanto Marcelo Zúñiga como Carolina Lefort se encuentran detenidos desde diciembre de 2016. Junto con los 12 acusados restantes, se presentará en la Corte, el 22 de marzo. La Fiscalía espera que ese día, los abogados de los acusados y los fiscales puedan llegar a acuerdos de culpabilidad que abrevien el proceso penal.

Caso contrario, iniciarían los juicios de quienes se declaren inocentes de los cargos que se les imputan.

En dos ocasiones, en enero y febrero, esta audiencia ha sido pospuesta bajo el argumento de que la defensa requiere más tiempo para procesar la evidencia. 

 Y con auto de formal prisión en Jalisco

El 11 de noviembre de 2015, Donald Daniel Levy Hernández fue detenido en el aeropuerto de la Ciudad de México, mientras esperaba abordar un vuelo hacia la ciudad de Tijuana, y trasladado a Guadalajara, Jalisco.

 La Fiscalía de esa entidad lo acusaba de fraude genérico por 3 millones de dólares.

El titular de la dependencia, Eduardo Almaguer, convocó a conferencia de prensa para dar a conocer los detalles.

“Después de tres años se pudo ejercitar la orden de aprehensión en contra de Donald Daniel Levy Hernández, originario de Tijuana, representante legal de la empresa Opera Show”, refirió.

El fiscal general de Jalisco añadió que Daniel Levy “había estado evadiendo la justicia a través de argucias legales y ausencias temporales” hasta que fue fichado por la Interpol y detenido en la capital del país.

También aseguró que el entonces detenido estaba acusado en “diversas denuncias y con una actividad frecuente entre Estados Unidos y México por diversos fraudes, entre otros, uno por 3 millones de dólares, por el que se había girado esta orden de aprehensión”.

Dos días después, el abogado y empresario ya se encontraba de regreso en su oficina en Tijuana. Aunque su captura se derivó de una orden de aprehensión dictada por el Juez Séptimo Penal en Guadalajara, recobró su libertad.


De acuerdo con el boletín de la Fiscalía, Levy Hernández se ostentaba como representante de una empresa organizadora de espectáculos musicales prometiendo la presentación de grupos y solistas, a cambio de recibir importantes depósitos bancarios en su cuenta de cheques.

Sin embargo, solo entregaba copias simples de los contratos y, según la dependencia estatal, “las víctimas del fraude se daban cuenta tiempo después de que los espectáculos contratados no se presentarían”.

Desde Tijuana, el hombre negó los delitos que se le imputaban y aseguró que se trataba de un asunto civil y no penal.

Sin embargo, de acuerdo con búsquedas judiciales, el caso llevado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco continúa en proceso y el auto de formal prisión vigente.

El 8 de febrero de 2016, el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco le negó el amparo, con número de origen 1985/2015, contra el auto de formal prisión que se le dictó.

Casi un año después, el 3 de marzo de 2017, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia penal del Tercer Circuito confirmó la negativa de amparo.

Por lo que, Levy Hernández continúa bajo proceso por el delito de fraude genérico.

De igual forma, el 26 de enero de 2017, tramitó un amparo en el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en Tijuana, bajo el expediente 117/2017, el cual fue admitido hasta el 23 de febrero, pero el juez todavía no determina si le será otorgado o no.


(SEMANARIO ZETA/ Edición Impresa /Inés García Ramos /Lunes, 13 marzo, 2017 12:00 PM)

ACUSAN A HIRATA POR DESVÍOS DE MIL 800 MDP (VAN TRAS ÉL Y TRAS EL EX TESORERO POR PECULADO)


FOTOS: Enrique Botello

En documentos y cuentas de banco se detectaron irregularidades y desvíos en el manejo de mil 800 millones de pesos, e impagos de cuotas descontadas a trabajadores. 28 millones destinados a pago de indemnizaciones “infladas” a funcionarios, 300 millones de saldo sin aclarar, sobrepagos y pagos sin factura o contrato.

PREPARAN DENUNCIA PENAL ANTE PGJE

En una auditoría ordenada por el alcalde de Ensenada, Marco Antonio Novelo Osuna, sobre el estado de las finanzas que recibió del también priista y ex presidente municipal Gilberto Hirata Chico, se detectaron irregularidades y desvíos en el manejo de mil 800 millones de pesos.

El análisis lo realizó una compañía de consultores administrativos de la Ciudad de México, los documentos fueron entregados también a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y al Órgano Superior de Fiscalización de Baja California para su consideración y análisis; además, para deslindar responsabilidades sobre los malos manejos encontrados en el anterior Ayuntamiento.

Los desvíos van desde pagar 100 mil pesos de más por la compra de pavos, o falsificar una factura por arriba de 127 mil pesos para adquirir una unidad pick-up, hasta desviar y no ejercer prácticamente todo el presupuesto del Ramo 33 en 2016, impagos al ISSSTECALI, Seguro Social y créditos, cuotas descontadas a los trabajadores.

La probable responsabilidad recae sobre el ex presidente municipal Hirata Chico y  el ex tesorero Samuel Jaime Aguilar, quienes podrían enfrentar a la justicia del Fuero Común y Federal.

A finales de marzo, la síndico procuradora del XXII Ayuntamiento de Ensenada, podría presentar denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California, por abuso de autoridad, y, de comprobarse la responsabilidad, se impondrán de dos a ocho años de prisión y hasta 400 días multa a quien resulte responsable por el desvío de los recursos.

Laura Karina Castrejón Bañuelos expuso que en materia federal se puede confabular el delito de peculado, el cual está penado en el Artículo 223 del Código, por lo que corresponde a la ASF la investigación.

“Nosotros daremos cuenta de que hay un robo porque el dinero es federal y no pierde su naturaleza aunque lo ejerza el municipio”, indicó.

De acuerdo con el Código Penal Federal, el delito de peculado, que se persigue por el presunto desvío de recursos, se castiga con dos a catorce años de prisión, multa de 300 a 500 veces el salario mínimo diario y destitución e inhabilitación de dos a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.



Marco Antonio Novelo, presidente mpal de Ensenada, en grupo madrugadores 

Los dineros que ingresaron al Ayuntamiento encabezado por Hirata, tanto del Gobierno Federal como de los trabajadores, fueron utilizados para un fin distinto al etiquetado, ejemplo de esto fue el pago de nómina y gasto corriente.

Aquí los principales desvíos documentados en la auditoría practicada:

* 242 millones 921 mil 375 pesos del Fondo de Fortalecimiento Municipal.

* 89 millones 645 mil 630 pesos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

* 589 millones 471 mil 453 de adeudo a ISSSTECALI.

* 864 millones 498 mil 552 pesos de adeudos al SAT por concepto ISR de empleados municipales, ISR de trabajadores de honorarios y profesionales, ISR de honorarios asimilables a salarios, e ISR por concepto de arrendamientos.

* 56 millones 360 pesos de deuda ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

* 79 millones 271 mil 264 pesos al Seguro Social a diciembre de 2015.

* 38 millones 693 mil 500 pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad.

* 16 millones 200 mil pesos del Fondo para el Fortalecimiento Estatal y Municipal.

* 127 mil pesos de sobreprecio en la adquisición de una unidad.

* 3 millones 200 mil pesos del Fondo Zona Federal Marítima.

* 72 mil 200 pesos de sobre pago por la compra de 538 pavos.

El alcalde Marco Novelo advirtió que no será cómplice de la mala administración, y por ello ordenó la auditoría; la administración que encabeza presentará las denuncias correspondientes.  

La auditoría Novelo ordenó a la firma Alpha & Omega Consultores Administrativos S.A de C.V., una auditoría gubernamental para hacer un análisis del manejo de las cuentas públicas de la administración municipal de Ensenada de 2013 a 2016, con al menos tres objetivos claros:

“Si los recursos provenientes de financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos”.

“Si en la gestión financiera se cumplió con las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos y recursos materiales”.

“Si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos estatales y municipales, y los actos, contratos, convenios, concesiones u operaciones que el Ayuntamiento celebró o realizó, se ajustaron a la legalidad y si no han causado daños o perjuicios en contra del Estado y Municipio en su Hacienda pública o patrimonio”.

Esto para determinar “las responsabilidades administrativas o de otra índole a que haya lugar”.

Empezaron con la revisión de la situación financiera a partir de diciembre de 2013, hasta el último año de la administración de Gilberto Hirata Chico, en el que más irregularidades se han detectado hasta el momento, y revisaron el 70 por ciento de los ingresos y egresos que integran los estados financieros de ese periodo.

De ahí se desprende que los ingresos del Ayuntamiento de Ensenada en 2016 ascendieron a mil 301 millones 320 mil 280 pesos, provenientes de los siguientes conceptos:

* Impuestos, 299 millones 938 mil 175 pesos. * Derechos, 99 millones 201 mil 282 pesos.

* Productos de tipo corriente, 6 millones 849 mil 541 pesos.

* Aprovechamientos de tipo corriente, 195 millones 3 mil 4 pesos.

* Participaciones, 408 millones 538 mil 539 pesos.

* Aportaciones federales Ramo 33, 330 millones 172 mil 664 pesos.

* Ingreso financieros, un millón 948 mil 88 pesos.

La suma resulta en mil 341 millones 652 mil pesos, con el apartado que encontraron menos 40 millones 331 mil 15 pesos por concepto de otros ingresos y beneficios varios.

En el mismo 2016 las erogaciones detectadas en la auditoría practicada al Ayuntamiento de Hirata fueron por mil 491 millones 753 mil 865 pesos, esto frente a lo ingresado, da una cifra negativa por 190 millones 433 mil 585 pesos.

El recurso que gastó Hirata lo ejerció de la siguiente manera:

* 960 millones 995 mil 319 pesos en pago de servicios personales (63% del egreso).

* 125 millones 766 mil 19 pesos por pago de materiales y suministros (9%).

* 174 millones 46 mil 946 pesos en servicios generales (12%).

* 2 millones 586 mil 613 pesos en bienes muebles, inmuebles e intangibles (18%).

* 70 millones 452 mil 904 en obra pública en bienes de dominio público (4.8%).

* 157 millones 559 mil 852 transferencias, asignaciones y otras ayudas (11%).

* 346 mil 209 pesos en gastos de ejercicios anteriores (.02%).  

LAS IRREGULARIDADES  

SÚPER INDEMNIZACIONES

En total fueron 28 millones 38 mil 317 pesos los que destinó el Ayuntamiento de Gilberto Hirata para pagar indemnizaciones a funcionarios.

De ese recurso, 6 millones 213 mil 586 pesos fueron entregados a veinte funcionarios, en lo que auditores consideran un exceso a investigar. Aquí los funcionarios y lo que recibieron:

* José Guadalupe Ríos Vela, 533 mil 385 pesos.

* Samuel Jaime Aguilar, 533 mil 385 pesos.

* Jorge Martín Mauricio Paredes Alor, 248 mil 727 pesos.

* Gabriel Ríos Patricio, 388 mil 334 pesos.

* Jorge Carlos Herrera Valleján, 344 mil 609 pesos.

* Pamela Castro Figueroa, 226 mil 727 pesos.

* Germán Argimiro Morales Martínez, 323 mil 990 pesos.

* Jesús Jaime González Agúndez, 533 mil 385 pesos.

* René Nava Ríos, 195 mil 166 pesos.

* Pedro Manuel Athie García, 231 mil 647 pesos.

* Francisco Javier Shields Galindo, 422 mil 943 pesos.

* Óscar Hernán de la Peña Ojeda, 248 mil 727 pesos.

* Ángel Alejandro Flores Zúñiga, 233 mil 845 pesos.

* María Yolanda Torres Valdez, 269 mil 7 pesos.

* Martín Villalobos Castro, 248 mil 727 pesos.

* José Salvador Ríos Montes, 160 mil 818 pesos.

* Jaime Nieto de María y Campos, 265 mil 754 pesos.

* Óscar Carrillo Bastidas, 343 mil 807 pesos.

* Martín Preciado Rodríguez, 343 mil 807 pesos.

* Hans Apple Lafarga, 358 mil 196 pesos.

Según la Ley de Servicio Civil, se calcula que los finiquitos están “inflados” entre un 30 y 40% de lo que corresponde, además de que dos de estos servidores públicos (Nieto de María y Campos, y Shields Galindo) siguen trabajando en la actual administración.  

FONDO DE APORTACIONES PARA FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

El Ayuntamiento de Gilberto Hirata recibió 240 millones 527 mil 34 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTASEG), del uso de los mismos concluyeron los auditores:

“El municipio no mantiene un registro específico contable de las operaciones realizadas con los recursos del fondo. Carece de evaluaciones de resultados e impactos que se lograron con el fondo”.



Sindico Municipal Ensenada, Laura Karina Castrejón Bañuelos

De hecho se detectó que para recibir el recurso federal, el Ayuntamiento abrió una cuenta en Scotiabank, que el dinero entró, pero de ahí fue transferido a otras cuentas con otros fines.

Se desvió a tres cuentas:

* 175 millones 47 mil pesos a Banamex para depósito de nómina.

* 54 millones 550 mil 874 pesos a Bancomer para gasto corriente y cuenta general del municipio.

* 13 millones 323 mil 501 pesos a Scotiabank para fortalecimiento municipal 2016.

En total del FORTASEG se transfirieron a otras cuentas 242 millones 921 mil 375 pesos, incluidos los rendimientos generados en la cuenta. 

 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Para este fondo se recibieron, de enero a octubre de 2016, por parte de la Federación, 89 millones 645 mil 630 pesos; de la misma, forma el anterior Ayuntamiento de Ensenada abrió una cuenta exclusiva para el Ramo 33 en Scotiabank, de igual manera, dichos fondos fueron transferidos en su totalidad a otras cuentas bancarias, cuatro: una en Banamex por 68 millones 600 mil pesos para nómina; otra en Bancomer por 7 millones 400 mil pesos a gasto corriente; una más en Scotiabank sin identificar el uso que se le daría a un millón 400 mil pesos; y otra en HSBC por 13 millones de pesos para utilizarla en nómina a empleados municipales.

En su totalidad, del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, incluidos los rendimientos de la cuenta, se desviaron 90 millones 400 mil pesos.

Detectaron además un incumplimiento a los “lineamientos de operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, donde de los 89 millones 645 mil 630 pesos recibidos, se detectó una diferencia en las conciliaciones bancarias por 11 millones 900 mil pesos, que fueron retirados del banco en tres movimientos: el 10 de junio (mil 400 millones), el 8 de julio (9 millones), el 7 de octubre (mil 500 millones), sin que se especificara su destino”, cuando el recurso estaba etiquetado para el Ramo 33.

De aquella observación fueron retirados 22 cheques que no tenían el soporte económico y se entregaron los últimos días de Gilberto Hirata, por 4 millones 66 mil seis pesos.  

LA DEUDA CON ISSSTECALI

Al 30 de noviembre de 2016, las finanzas del Ayuntamiento titulado por Gilberto Hirata daban cuenta de un adeudo por 589 millones 471 mil 453 pesos por cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), desglosados así:

* 37 millones 702 mil 401 pesos por la cuota de 2% por servicios médicos.

* 114 millones 119 mil 152 pesos por el 10% para fondo de pensiones.

* 2 millones 432 mil 248 pesos por préstamos pensiones.

* 233 mil 586 pesos por préstamo hipotecario.

* 233 millones 769 mil 462 pesos por cuotas patronales.

* 201 millones 214 mil 636 pesos por convenio no abonado ni pagado a ISSSTECALI.

 Todas, cuotas que fueron descontadas en tiempo y forma a los trabajadores.  

LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

De la misma forma, el Ayuntamiento de Ensenada dejó al 30 de noviembre de 2016, en cuentas por pagar, 133 millones 299 mil 338 pesos por incumplimiento en el pago de retenciones al personal por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido por sueldos y salarios a los empleados municipales.

También en cuentas por pagar, los auditores encontraron un monto de 527 millones 715 mil pesos de retenciones que hicieron por concepto de ISR a trabajadores por honorarios y profesionistas.

Una más: “El Ayuntamiento presenta en sus Estados Financieros al 30 de noviembre de 2016, en cuentas por pagar, subcuenta 2117-0010-0000-0000 Retenciones sobre honorarios asimilados a salarios por 23 millones 351 mil 664 pesos”.

La última defraudación al Servicio de Administración Tributaria (SAT) fue por 65 mil 975 pesos, también por ISR retenido y no pagado a la Hacienda pública por 65 mil 975 pesos.

En todos los casos la administración de Hirata fue advertida por Auditoría Fiscal de Ensenada de las irregularidades “en la omisión de contribuciones federales como retenedor por el ISR”.

En total el adeudo al SAT por ISR del anterior Ayuntamiento de Ensenada, es de 684 millones 431 mil 977 pesos. 

 TAMBIÉN AL SEGURO SOCIAL

Los auditores contratados por Novelo encontraron que al 30 de noviembre de 2016 existían cuotas por pagar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por 56 millones 360 pesos, además, 79 millones 271 mil 264 pesos por “IMSS-retenido” acumulado al 31 de diciembre de 2015.

Asimismo, fueron localizados varios documentos que indicaban la intención del Ayuntamiento de celebrar un convenio con IMSS para el pago de atrasos, documentos que no se sabe si fueron realizados, pagados, abonados o qué movimiento tuvieron.  

FONDO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS

Del FORTASEG, el Ayuntamiento de Gilberto Hirata recibió del 1 de enero al 30 de noviembre de 2016, subsidio por 60 millones 988 mil 14 pesos, pero al 30 de noviembre solo había ejercido 22 millones 921 mil 697 pesos más 2 millones 188 mil por rendimientos de la cuenta, y dejado sin ejercer 38 millones 770 mil 129 pesos, lo que significa el 63% del fondo.

Sin embargo, para recibir el recurso de FORTASEG abrieron una cuenta en BBVA Bancomer, de donde transfirieron dineros a dos cuentas: una de Banamex por 44 millones 800 mil pesos para uso de depósito de nómina, y otra en Bancomer por 3 millones 153 mil 500 pesos para gasto corriente.

Al tiempo se realizó un reembolso a la cuenta de gasto corriente por 9 millones 260 mil pesos, “por lo que tenemos un importe de 38 millones 693 mil 500 pesos como resultado de traspasos a otras cuentas” de recursos para fortalecimiento de la seguridad.   Bienes inmuebles, menos 300 millones

Al entregar la administración el anterior Ayuntamiento entregó un padrón de bienes inmuebles “para sustentar saldos al 30 de noviembre de 2016, por la cantidad de 4 mil 471 millones 494 mil 68 pesos, al compararlo con registros contables que ascienden a 4 mil 169 millones 635 mil 225 pesos, arroja una diferencia de 301 millones 858 mil 843 pesos de menos en registros contables, pendientes de aclarar”.  

DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Ensenada recibió del 1 de enero al 30 de noviembre de 2016, subsidio por 26 millones 564 mil 881 pesos, aparte de no haber un recurso específico contable de las operaciones realizadas, se detectó que solo se ejercieron 4 millones 242 mil 689 pesos, más los rendimientos de la cuenta por 40 mil 683 pesos, dejando de ejercer 22 millones 362 mil 875 pesos.



Rene Jaime Aguilar, ex tesorero

Además se localizaron transferencias bancarias de la cuenta de ese fondo para un uso distinto: 11 millones de pesos para nómina depósito, y 7 millones 500 mil pesos para gasto corriente cuenta general del municipio, de los cuales solo se reembolsaron 2 millones 300 mil pesos de la última cuenta.   Fondo de Zona Federal Marítima Explicaron los auditores:

“La cuenta bancaria Scotiabank 13104567935 para el manejo del Fondo de Zona Federal Marítima y Terrestre, observándose que dichos recursos se transfirieron a otras cuentas bancarias”.

En efecto, 2 millones de pesos se fueron a una cuenta de Bancomer para gasto corriente, cuenta general municipio, y un millón 200 mil pesos a una cuenta en Banamex para depósito de nómina.  

TRANSAN CON PICK-UP

En agosto de 2016 se entregó a la tesorería a cargo de Germán Martínez la comprobación de gastos por 197 mil 849.60 pesos, con fecha de diciembre de 2015, dinero que fue utilizado para la compra de un vehículo pick-up Chevrolet Colorado modelo 2005 de cinco puertas que, se supone, costó 170 mil 240 pesos, se pagaron 320 pesos por servicio y 27 mil 289.60 por Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Pero al revisar la factura que ampara la compra, se observa que el valor real es de 70 mil 388.80 pesos por el pick-up 2005.

Al cotejar el documento en los archivos del SAT se aprecia que el documento fue alterado, resultando un sobreprecio de 127 mil 461 pesos.  

INFRAESTRUCTURA EN OBRAS DEL RAMO 33

En esta materia, explicó Marco Antonio Novelo, de un importe de 39 millones 312 mil 147 pesos durante el periodo del 1 de enero al 30 de noviembre de 2016, y con el cual se contrataron 67 obras, no se realizó ninguna. Detallaron los auditores:

“Al momento de la revisión (de las obras) presentan un avance físico y financiero de 0%, ya que su estado actual es el de ‘En espera de anticipo para iniciar ejecución de obra’”.

Para estas obras se autorizaron 10 millones 388 mil 722 pesos del Presupuesto de Fortalecimiento Financiero para cinco obras, mismas que “presentan un avance físico y financiero del 0%”.

Y del Fondo para el Fortalecimiento de Infraestructura estatal y municipal, “se autorizaron, aprobaron y contrataron 7 obras, con un importe total de 25 millones 362 mil 47 pesos, 3 de ellas al momento de su revisión presentaban avance físico y financiero del 0%; en las 4 restantes se encuentra en ejecución con un avance promedio del 40 por ciento físico y financiero”, refieren los analistas.  

OTRAS IRREGULARIDADES

En las semanas previas al término de la administración de Hirata se giraron ocho cheques a nombre de Germán Castello Cedillo, por un valor de 25 millones 865 mil 617 pesos, sin anexar justificación, contrato, factura, bien o servicio recibido por parte del Ayuntamiento.

Los cheques fueron cancelados por la administración de Marco Novelo y no fueron cobrados por el señor Castello.

En una de las cuentas bancarias del Ayuntamiento se localizó un saldo de menos 72 millones 457 mil 282 pesos, “aunado a la deficiencia en la depuración y conciliación de cuentas, se encuentra una serie de cheques girados sin tener los fondos suficientes en el banco para su cobro”, se indica en la auditoría.

También detectaron irregularidades en préstamos a empleados por instituciones financieras de ahorros, importes retenidos a los trabajadores, pero que no fueron pagados a las instituciones financieras.

En la compra de 538 pavos por 145 mil 260 pesos al proveedor Roman Rossini Téllez en factura B28704, se le liquidó con 217 mil 890 pesos en tres cheques, el sobrepago fue de 72 mil 630 pesos.

No están integrados en la cuenta pública los pagos de nómina foliados y recibidos de firmado de diciembre 2015 al 30 de noviembre de 2016.

Tampoco los pagos por nómina por pensión alimenticia durante el mismo periodo.

El pago de nómina se efectúa con un documento impreso por la tesorería sin sello del gobierno municipal.

No se cumplió con la norma que especifica que los pagos arriba de los 2 mil pesos deberán expedirse a nombre del beneficiario.

No se encontró el registro de pasivos con la Comisión Federal de Electricidad.

El Sistema para la Administración Contable que adquirió el XXI Ayuntamiento de Ensenada a un costo de 968 mil 656 pesos, y que se encuentra liquidado parcialmente, no se encuentra en funcionamiento “en ninguna área” o equipo del actual Ayuntamiento.

Sin comprobarse aún el daño patrimonial, fueron localizadas “partidas presupuestales deficitarias en el presupuesto de egresos 2016.

Adecuaciones presupuestales sin autorización de cabildo, falta de autorización de las adecuaciones presupuestales para la adquisición de 6 camiones para basura”.

 Además, un faltante de 69 lámparas del proyecto de ahorro de toneladas CO2, y bienes de la Dirección de Seguridad Pública del municipio en “resguardo de personas ajenas a la corporación”.

Y antes de dejar el poder municipal, tanto el alcalde como el oficial mayor y el secretario de Gobierno firmaron ascensos a cinco elementos de Seguridad Pública.

Se detectó también la compra de los seis camiones de basura por 5 millones 602 mil un pesos, pagados en dos transferencias electrónicas, sin respaldo que ampare la propiedad física de las unidades y sin tenerlas (en este caso, Novelo ya entró en contacto con el proveedor, y los camiones serán entregados al Ayuntamiento. De hecho, adquirió dos más).  

CASTIGO A FUNCIONARIOS MAL PORTADOS

Como órgano de control, Sindicatura Municipal ha detectado  gran cantidad de irregularidades cometidas en la pasada administración y la titular aseguró que no será comparsa, que en procedimientos administrativos agotará hasta las últimas instancias.

Junto a su equipo jurídico, Laura Karina Castrejón Bañuelos aclaró que todos los fondos federales son competencia de la Auditoría Superior de la Federación, Ramo 33, FORTASEG y Zona Marítimo Federal, por lo tanto, será esa instancia la responsable de interponer la denuncia penal.

En el caso de Sindicatura corresponde el desvío en el crédito de 600 millones de pesos que se solicitó, ISSSTECALI, IMSS, financieras, bienes patrimoniales y la falsificación de facturas, entre otros documentos.

“Son varios fondos, pero algunos son propiamente de la competencia municipal por ser dinero del estado, ahí sí tenemos la legitimación para poder presentar la denuncia, mientras que a las otras le damos vista, pero la auditoría tendrá que hacer los suyo”, informó Castrejón para después aclarar que independiente de si hubo o no delito, la oficina a su cargo está facultada para sancionar la mala conducta de los servidores públicos no encaminado a qué se hizo con ese dinero.

“La perspectiva que se tenía antes era errónea porque se pensaba que se iba a castigar al empleado por el dinero que se perdió, pero aunque hayan devuelto el dinero o no, si no respecto el reglamento se va a señalar”, citó.

Fiscalmente todo está bien, el detalle es que hay facturas que no corresponden y es necesario autentificar el delito.

Por lo anterior, el pasivo del gobierno municipal de Ensenada es incalculable, pero supera los 2 mil millones de pesos.

A diario llegan reclamos económicos por parte de proveedores que hacen acuerdos con Oficialía Mayor, ex trabajadores que exigen reinstalación o indemnización, según tiene documentado el jurídico, como también laudos pendientes.


(SEMANARIO ZETA/ Edición Impresa/ Adela Navarro Bello y Lorena Lamas/ Lunes, 13 marzo, 2017 12:00 PM) 

EN HOMICIDIO MÚLTIPLE EN ZONA NORTE, SOLO IBAN POR UNO


Sobre el homicidio de 5 personas en una cuartería de la Zona Norte ocurrido el pasado sábado 11 de marzo, el Coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales, Miguel Ángel Guerrero, señaló que el objetivo de los atacantes era una sola de las víctimas, ultimándose al resto de los presentes para que no hubiese testigo de los hechos.

Se ha determinado que los occisos, 3 mujeres y 2 hombres, trabajaban para el Cártel  de Sinaloa como narcomenudistas y que sus agresores a una célula contraria, conocida como “Los Monitos”.

El objetivo era apodado “Little One” y la cifra de víctimas mortales en este atentado podría crecer en cualquier momento, señaló Guerrero, ya que el otro hombre herido en la escena ya presenta muerte cerebral.

Guerrero aseguró que se está avanzando en la investigación del ilícito, habiéndose establecido ya el móvil del homicidio múltiple y el grupo presuntamente responsable del mismo, si bien no hay testigos de este hecho.

En lo que va de 2017 se han presentado 263 homicidios en Tijuana, 52 tan solo en el mes de marzo, de los cuales, Guerrero afirmó un 90 por ciento corresponden a ajustes de cuentas entre células de la delincuencia organizada.


(SEMANARIO ZETA/ Destacados ZETA/ Lunes, 13 marzo, 2017 04:19 PM)

POR DETENCIÓN IRREGULAR, “CHAPITO LEAL” HABÍA SIDO PUESTO EN LIBERTAD


Foto: cortesía

Referente a la orden de aprehensión cumplimentada contra Octavio Leal, alias “El Chapito”, por los delitos de homicidio calificado y robo de vehículo por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el Coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales, Miguel Ángel Guerrero, señaló que este había sido liberado por un juez federal por irregularidades en su detención el pasado 11 de marzo.

Sus 3 acompañantes también fueron liberados. Fue a través del Departamento de Aprehensiones que se presentó a Leal ante el juzgador penal de orden común, dentro de la causa penal 24/211, para que se inicie juicio en su contra, esto dentro del sistema penal tradicional, con lo que además se aseguró su retención.

“Es integrante del Cártel de Sinaloa, se dice que es una persona de alto rango, que en su momento fue escalando y desarrollando y ya en su momento se dará a conocer más información”, comentó Guerrero, siendo este uno de los principales objetivos del Grupo de Coordinación de Baja California.

Hasta el momento, las armas en posesión de Leal y sus acompañantes durante la detención del sábado 11 de marzo en la Colonia Cacho no han sido vinculadas con otros ilícitos.  

Comunicado de prensa

CUMPLIMENTA ORDEN DE APREHENSIÓN LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO EN CONTRA DE OCTAVIO LEAL, “EL CHAPITO”.  

El delito es por homicidio calificado y delincuencia organizada.  

TIJUANA, B.C., 13 DE MARZO DE 2017.- La Subprocuraduría de Justicia en Tijuana a través de la Policía Ministerial del Estado, cumplimentó dos órdenes de aprehensión en contra Octavio Leal Hernández de 36 años de edad, por los delitos de homicidio calificado y delincuencia organizada, y robo de vehículo.

De acuerdo al expediente 24/2011 del Juzgado Decimo de lo Penal, los hechos en los que se le involucra a Octavio Leal, alias “El Chapito”, “El Güero”, “El Lucas”, o “El Killer”, sucedieron el pasado 16 de noviembre del 2010, cuando el hoy occiso Vicente  Pérez de la Cruz, alias “El Chente”, se encontraba afuera de su domicilio en la colonia Sánchez Taboada  y le dispararon con arma de fuego, para luego ser trasladado al Hospital General de Tijuana, en donde perdió la vida.

De acuerdo a las investigaciones ministeriales el crimen se cometió por elementos de una célula delictiva, dedicada al ajuste de cuentas entre bandas rivales de venta de droga al menudeo.

En este caso la agresión fue en contra de Vicente Pérez, por no pagar “derecho de piso” por supuestamente dedicarse a vender droga sin permiso del grupo de “El Chapito” en la colonia División del Norte.

Cabe señalar que sobre este crimen, ya fueron asegurados los autores materiales, y derivado de las investigaciones es que se implica a Octavio Leal, como quien dio las órdenes para que se ejecutara este homicidio.

Luego de la cumplimentación de la orden de aprehensión, Octavio Leal, fue puesto a disposición del Juez de la causa, quien determinará su situación jurídica.

Asimismo se cumplimentó una segunda orden de aprehensión en su contra, por el delito de robo equiparado de vehículo de motor, dentro del expediente 672/2012 del Juzgado Segundo de lo Penal. 



(SEMANARIO ZETA/ Destacados /Héctor Ortiz Ramírez /Lunes, 13 marzo, 2017 06:30 PM)

RESCATE DEL CUERPO DE UNA JOVEN DEJA OTROS CUATRO MUERTOS, EN EL CERRO DEL CENTINELA

Fotos: Cristian Torres

De acuerdo a datos preliminares, el rotor del helicóptero de la PEP se enredó en uno de los cables de alta tensión que cruzan esa parte de la falda del Cerro del Centinela, muy cercana a la llamada Bomba Cero donde inicia el acueducto Mexicali-Tijuana.

Sin el rotor, el aparato perdió el control, y antes de caer pareció desprender la parte de la cola pegada a la hélice.

De ahí el resto del vehículo se desplomó en caída libre en semicírculos en una pequeña cañada cercana al depósito principal de agua y estalló al golpear con suelo rocoso, generando primero una gran llamarada, luego una intensa nube negra.

Ahí murieron los cuatro tripulantes del helicóptero, Noé Carrasco Cruz, capitán de la PEP,  José Alberto Zavala, paramédico de la corporación estatal; Roberto Munguía, rescatista del Grupo Bravo 10 y Roberto Caloca, rescatista del Grupo Aguiluchos.


Lamentan muerte de compañeros. Según los datos, fue cerca de la 1 de la tarde cuando los rescatistas localizaron el cuerpo de la joven Karen Violeta Ruiz Sánchez, quien había desaparecido el domingo pasado cuando con un grupo de amigos incursionaron para practicar senderismo en la falsa Norte del Cerro del Centinela, a menos de 100 metros de la línea internacional que separa con Estados Unidos.

Karen Violeta era parte de un grupo de jóvenes quienes al notar su ausencia regresaron a buscarla pero no la localizaron, por lo que dieron aviso a las autoridades e inicio el operativo de búsqueda.

Este lunes cerca de la una de la tarde, la joven fue localizada muerta, al parecer, tenía un golpe en la cabeza.

El cuerpo fue localizado a unos dos kilómetros de donde ocurrió el accidente por un grupo de rescatistas que buscaron en el terreno hasta que localizaron los restos de la muchacha.


Los restos del helicóptero “Parece que se cayó y se golpeó”, explicó Cuauhtémoc Herrera, uno de los rescatistas del Grupo Picacheros.

Después de eso dieron aviso, y minutos después llegó el helicóptero de la PEP y ellos subieron para indicar el camino.

Al llegar y verificar que la joven ya no tenía señales de vida, el cuerpo fue bajado y los dos rescatistas permanecieron arriba del cerro.

En el helicóptero, el cadáver de la muchacha fue bajado y acomodado en el terreno, por lo que el vehículo regresó por los dos rescatistas, en ese retorno se produjo el accidente que costó la vida de los dos elementos de la PEP y los dos rescatistas que quedaron completamente carbonizados.



Antes de que se estrellara el helicóptero, rescataron el cuerpo de la joven.


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS /CRISTIAN TORRES Y SERGIO HARO CORDERO/ LUNES, 13 MARZO, 2017 07:28 PM)

EN 100 DÍAS DEL GOBIERNO DE YUNES LA VIOLENCIA EN VERACRUZ REPUNTA POR UNA GUERRA ENTRE 3 CÁRTELES

En los primeros 100 días del Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, los cárteles de Jalisco, Los Zetas y el Del Golfo le han subido el tono a la violencia, en medio de hechos y disturbios sangrientos que evidencian un “jaloneo” para calibrar al nuevo Gobernador. La caída de Arturo Bermúdez y de Javier Duarte de Ochoa representó la salida de dos grandes aliados de los distintos grupos delincuenciales que se repartieron en el estado. Enero pasado cerró con más de 100 homicidios y diciembre del 2016, con 132, indica el Secretariado Ejecutivo para el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los secuestros y los feminicidios van igual: en franco incremento.

Llega la Gendarmería, y hallan 11 cuerpos en Boca del Río; “barbarie de grupos criminales”: Yunes

Por Laura Rojas
Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo/BlogExpediente).– Cumplidos los primeros cien días de Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, en materia de seguridad, no hay resultados, en cambio, la violencia se ha desbordado y está al mismo nivel de los peores días con Javier Duarte de Ochoa.

Cártel de Jalisco, Los Zetas y el Cártel del Golfo le han subido el tono a la violencia, en medio de hechos y disturbios sangrientos que evidencian un “jaloneo” para calibrar al nuevo Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, hacerlo tronar o buscar un acercamiento.

El mismo Gobernador ha reconocido que el incremento de homicidios, en su gran mayoría “tiene que ver con ajustes de cuentas entre grupos de la delincuencia organizada”.

Incluso, ha aventurado que los que están muriendo en últimas fechas, “son delincuentes”, y por eso nada deben temer “las persona de bien y trabajadoras de Veracruz”.

Pero más allá de las percepciones del Gobernador, distintos hechos resaltan la clara intención de los grupos delincuenciales por buscar acercamientos con la nueva administración.

Como los hubo con los tiempos de Miguel Alemán Velasco, y Alberto Quintero, El Betote, operador del Cártel del Golfo y de Juárez, viviendo en casa de lujo en Costa de Oro, sin ser molestado, hasta que un alto mando militar lo notó y lo delató.

Como se dieron con Fidel Herrera Beltrán, y todas las corporaciones de policías al servicio del sanguinario Cártel de los Zetas, que reinaron desde Pánuco hasta Las Choapas.

Como de igual forma pasó con Javier Duarte de Ochoa, y el arribo del violento grupo Cártel de Jalisco Nueva Generación, y la posterior repartición de territorios tanto para Los Zetas, Golfo y Jalisco.

Hasta el momento, Yunes Linares ha sido prudente en sus discursos sobre seguridad, nunca ha llamado a los cárteles por su nombre, sólo les dice delincuencia organizada. En campaña, cuando le preguntaban qué haría con grupos como los de Jalisco, simplemente, bateaba las preguntas y decía que sería responsabilidad del Gobierno federal.

El mismo Gobernador ha reconocido que el incremento de homicidios, en su gran mayoría “tiene que ver con ajustes de cuentas entre grupos de la delincuencia organizada”. Foto: Cuartoscuro.

SIN OPERADORES

La caída de Arturo Bermúdez y de Javier Duarte de Ochoa del poder en el Ejecutivo, además del fin de un régimen de Gobierno, representó la salida de dos grandes aliados de los distintos grupos delincuenciales que se repartieron en el estado.

En 2011, Duarte de Ochoa, apoyado por la Secretaría de Marina Armada de México, le declaró la guerra al cártel de Los Zetas, que fue dejado entrar a Veracruz por su maestro y mentor, Fidel Herrera Beltrán, a quien los zetas apoyaron con fuertes sumas de dinero para su campaña al gobierno de Veracruz en 2014.

Así, de 2005 a 2009, Los Zetas reinaron en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río sin que nadie los molestara, tráfico de drogas, de personas, de discos piratas, secuestros, cobro de piso, extorsiones y sicariato, eran algunas de las actividades que comenzaron a mover los Zetas en Veracruz dentro de la industria del crimen.

Fue con la salida de Herrera Beltrán, que Duarte de Ochoa llegó con su equipo político y comenzó a desplazar a Los Zetas, por lo menos de la conurbación para lanzarlos a zonas como Córdoba, Orizaba, Huatusco, Fortín, Poza Rica, Pánuco, Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan y Las Choapas.

En 2011, Duarte de Ochoa, apoyado por la Secretaría de Marina Armada de México, le declaró la guerra al cártel de
Los Zetas, que fue dejado entrar a Veracruz por su maestro y mentor, Fidel Herrera Beltrán, a quien los zetas apoyaron con fuertes sumas de dinero para su campaña al gobierno de Veracruz en 2014. Foto: Cuartoscuro.

Y mientras Los Zetas eran asesinados o desplazados, otro grupo con más fuerza se asentó en la zona habitada más importante del estado, El Cártel de Jalisco Nueva Generación, y lo hizo de manera espectacular, lanzando 35 cadáveres de presuntos zetas en la vía pública, frente a Plaza Américas de Boca del Río, a unos días del arribo de todos los procuradores de la república para reunirse con Maricela Morales, en ese entonces titular de la Procuraduría General de la República.

Desde entonces, el grupo que comenzó ligado al cártel de Sinaloa, tras la muerte de Ignacio Coronel, se apoderó de Veracruz a sangre y fuego, corriendo a Los Zetas, lo que en principio causó aceptación entre la población veracruzana que había sido diezmada por sus enemigos durante años, pero que ahora, muchos de sus operadores son mencionados en numerosas investigaciones de las personas desaparecidas en Veracruz, y que han sido presentadas por integrantes de los colectivos que buscan a sus hijos y esposos desaparecidos en medio de la violencia o a manos de policías.

Hasta ahora, la mayor evidencia de que Jalisco además de desplazar a Los Zetas de la plaza más importante, Veracruz-Boca del Río, también se quedó con el control de autoridades corrupta, fue la detención de Marcos Conde, delegado de la SSP en Tierra Blanca, por la desaparición forzada de cinco jóvenes de Playa Vicente.

En las confesiones de los oficiales ligados a Conde, reconocen haber entregado a los chicos a una célula del Cártel citado, cuyos integrantes les dieron muerte y echaron sus restos a un molino de caña de azúcar en el rancho El Limón, de Tlalixcoyan. Por estos hechos, se dio la detención además de otros once civiles, muchos originarios de municipios de Jalisco.

CAPTURAN AL DOCTOR

Fueron 260 kilómetros los que recorrieron desde Poza Rica hasta Boca del Río, donde finalmente fue asesinado el doctor Jorge Alberto Castro Solís, y su cadáver lanzado junto a diez víctimas más en Boca del Río, muy cerca del sitio en donde tuvo su primera residencia el actual Alcalde, Miguel Ángel Yunes Márquez, en La Tampiquera.

Nunca antes en la historia de los hechos violentos en Veracruz, se había dado un desplazamiento tan amplio en distancia para ir a buscar a una persona en el contexto de ajustes de cuentas.

Quienes fueron por ese galeno, cruzaron al menos cuatro casetas de peaje, en todas, elementos de vigilancia, cámaras, etcétera, lo que deja en claro el mensaje que se mandó. “Podemos ir por quien queramos al momento que se nos antoje, la distancia ni la policía es un impedimento”.

Uno de los 11 de Boca del Río era médico; por sus tatuajes, Yunes sugirió que era criminal: familia

Al Gobierno de Yunes Linares no le quedó otra más que salir al paso incriminando a los finados que traían tatuajes, dos días después tuvo que salir a acotar que cinco no contaban con antecedentes.

“Si quieren guerra, guerra van a tener”, decía el cártel abandonado cerca de los cadáveres de jóvenes que horas antes habían sido privados de la libertad en distintos puntos de la conurbación.

Y aunque la delincuencia jarocha le declaraba la guerra, en diciembre, apenas comenzaba el gobierno de Yunes, aparecieron al menos cinco personas que supuestamente eran ladrones de bancos y asaltantes de peatones, desmembrados, en calles de Veracruz y Boca del Río. Las víctimas invariablemente eran acompañadas por cartelones en donde se describían los delitos que habían cometido en vida, y justificaban la muerte. Todos apetecieron con manos y pies desprendidas, “no matamos inocentes, sólo basura que asalta”, resumían esas cartulinas, incluso, en una hasta le desearon feliz navidad a los jarochos, el del 17 de diciembre. El fenómeno fue atribuido al famoso “justiciero”.

SE LLEVAN A DOCTORAS

La captura de las dos doctoras en Tihuatlán, a unos días de la privación ilegal del doctor Jorge Alberto Castro Solís, representó otro reto más de la delincuencia al Gobernador, pues el “levantón” se consumó horas antes de la celebración del día Internacional de la Mujer, donde Veracruz da muy mala nota con más de 50 mujeres asesinadas en lo que va del nuevo gobierno.

Fuentes al interior de la SSP y la Unidad Anti Secuestros, indican que el gabinete de seguridad pasó horas tensas y de fricción, reproches y reclamos, ante la incapacidad de los unos y otros, y el peor escenario de que dos doctoras, profesionistas, en el norte, en el día internacional de la mujer, aparecieran sin vida, peor aún, mancilladas y hechas pedazos, como ahora acostumbran los malos para infundir más miedo.

Pero pese a todos los malos pronósticos muy temprano del día 8 se contó con la confirmación oficial de que las dos mujeres habían sido liberadas. Sin rasguñó; aunque también se tiene la versión de que la libertad de cada una costó 100 mil pesos.

En este caso, los grupos que cometieron la privación doble, se mostraron magnánimos y condesciendes con el Gobierno de Yunes, amables, al no haberle sumado una crisis más a su administración.

LA JOYA DE LA CORONA

Es Veracruz y Boca del Río la plaza más importante, lo fue para Los Zetas y lo es ahora para la organización de occidente. Para entender por qué, se remite a la declaración de Lucio Hernández Lechuga, El Luky, fundador de Los Zetas, detenido en 2012 en Córdoba, mientras preparaba una contraofensiva al cártel de Jalisco, y en la que reconoció que la organización sacaba, tan sólo de la venta de dosis de cocaína en Veracruz, al mes, 35 millones de pesos, mismos que servían para cubrir los 30 millones de pesos que pagaban de nómina al mes a autoridades corruptas en la entidad. Es decir, las tienditas les dejaban un millón de peso al mes.

En Veracruz está el puerto de altura más importante del país en el lado del Golfo, es cruzado por la red carretera que impulsa el comercio y es el centro turístico de mayor relevancia en varios estados del este del país.

Sin embargo, actualmente en Veracruz-puerto se encuentra la fosa clandestina más grande del continente americano, ya son 250 cadáveres los que han sido exhumados de agosto a la fecha.

Datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas indican que de 2010 a la actualidad, en ese estado ubicado sobre el Golfo de México, hay 722 denuncias de personas desaparecidas, la mayoría en la zona metropolitana de los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo, cercanos de la fosa de Colinas de Santa Fe.

Datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas indican que de 2010 a la actualidad, en Veracruz hay 722 denuncias, la mayoría en la zona metropolitana de los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo. Foto: Cuartoscuro.

VIOLENCIA, RENTABLE EN URNAS

A 100 días de mandato, al menos en la agenda de seguridad, Yunes no le cumplió su oferta electoral a los veracruzanos. Enero pasado cerró con más de 100 homicidios y diciembre del 2016, con 132, indica el Secretariado Ejecutivo para el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los secuestros y los feminicidios, igual, en franco incremento.

Jaime Téllez Marié en la SSP ha sido un cero a la izquierda, pues de hecho hasta los robos a casa habitación y asaltos a mano armada han ido en escalada.

Abundan en diarios de circulación local los desplegados de ganaderos, ciudadanos, autoridades, asociaciones civiles, etc., en donde exigen acciones que contrarresten la inseguridad, una de las grandes banderas electoreras del Yunes-candidato.

Resolver ese pendiente, a corto plazo, tan sólo bajar el número de homicidios, le sería rentable electoralmente, más cuando busca heredar a sus hijos el feudo en que han convertido el estado, uno a la alcaldía jarocha y el otro a la silla embrujada de palacio.

La gran pregunta en el aire, es ¿quién de la Yunicidad podría asumir el papel de Arturo Bermúdez, de enlace con los distintos grupos de la delincuencia para bajar la incidencia delictiva?

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE BLOG EXPEDIENTE.


(SIN EMBARGO.MX/ REDACCIÓN / MARZO 13, 2017 - 9:57 AM)