Nueve muertos en Nochixtlán y más de 100
heridos incluidos uniformados es el saldo del brutal desalojo realizado por el
gobierno de Oaxaca en coordinación con la autoridad federal el domingo 19 de
junio, hecho que terminó por confrontar a la sociedad local. “Oaxaca ya no está
para movilizaciones”, dicen unos, “apenas salimos de una y entramos a otra”,
expresan otros. Mientras, la CIDH lamenta los hechos de violencia y hace un
llamado al Estado a promover el diálogo
ESPECIAL PARA ZETA.- Oaxaca
vive nuevamente un panorama de violencia desmedida. Sesenta vehículos
incendiados en las carreteras, oficinas de la Policía Federal quemadas,
barricadas en las calles de la ciudad y más de 50 negocios saqueados es, al
momento, el saldo de los graves hechos de violencia registrados el domingo 19
de junio, cuando autoridades estatales y federales trataron de liberar una
carretera en Nochixtlán que había sido tomada por miembros y simpatizantes de
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Así, un problema que estalló
con la aplicación de la Reforma Educativa de la administración de Enrique Peña
Nieto se agudizó con el uso de la fuerza de la Policía Federal, ante lo cual,
el jueves 23 de junio, la Comisión Internacional de Derechos Humanos expresó a
través de un comunicado:
“La CIDH lamenta
profundamente estos hechos de violencia y hace un llamado al Estado a promover
un proceso de diálogo en el marco de la reforma educativa que permita la
búsqueda de una solución en el contexto de una sociedad democrática y con pleno
respeto a los derechos humanos.
En este sentido, la CIDH
saluda el anuncio del establecimiento de una mesa de diálogo entre la CNTE y el
Gobierno.
“La Comisión insta al Estado
mexicano a cumplir con su obligación de impulsar una investigación diligente
sobre los hechos y a sancionar, de acuerdo a la ley, a las personas que puedan
resultar responsables de estas muertes y otros hechos de violencia. Asimismo,
la CIDH urge al Estado a adoptar las medidas necesarias para garantizar los
derechos de las personas sujetas a su jurisdicción, a través de mecanismos
eficaces y razonables de prevención”, señaló el órgano de la Organización de
los Estados Americanos (OEA).
Aunque al principio el
Gobierno de la República negó el uso de armas de fuego en el fallido operativo
de desalojo, por medio de un comunicado conjunto con el Estado de Oaxaca, las autoridades
confirmaron que producto de los enfrentamientos resultaron muertas ocho
personas, siete de ellas con disparos de armas de fuego y una persona víctima
de la manipulación de un artefacto de fuego.
Por su parte, versiones periodísticas
exponen que el número de fallecidos ascendió a nueve.
Las autoridades informaron
que hay 41 policías federales heridos, 14 agentes estatales heridos, 53
personas civiles lesionadas y 23 personas detenidas durante los disturbios para
a posteriori ser liberadas. Asimismo, se reportaron actos
de vandalismo y saqueos en la convulsionada entidad por personas aún no
identificadas.
A la par, la Defensoría de
los Derechos Humanos de Oaxaca solicitó medidas cautelares para proteger la
integridad de siete personas desaparecidas a partir del desalojo ocurrido el
domingo: Ángel Santiago Hernández, Juan Velasco Méndez, Daniel Medina, María
Carrillo, Gustavo Moreno Bravo, Inocente Pinacho y Alejandro NN.
La Defensoría presume que
estas personas habrían sido privadas de su libertad durante la el
enfrentamiento con la Policía Federal.
Por otro lado, Elidio Ramos
Zárate, reportero del diario regional El Sur, fue asesinado de un balazo en la
cabeza mientras cubría los acontecimientos en Juchitán.
El periodista habría sido
amenazado previamente para no cubrir los hechos de violencia. Por ello, la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión emitió un comunicado de prensa
sobre este asesinato.
Lo que queda claro es que los enfrentamientos
que se registraron entre las policías Estatal y Federal en las regiones del
Istmo y Mixteca se prolongaron por varias horas.
Los manifestantes utilizaron
bombas molotov, palos, piedras, quemaron llantas y atravesaron vehículos
particulares y de la Policía para atravesarlos en las carreteras.
El número de bloqueos cambia
a diario, a veces siete, otros días 22, pero la afectación es grave, nadie
puede salir o entrar a la entidad de forma gratuita, ya que en algunos casos
los manifestantes cobran 200 pesos por atravesar la barricada.
En las regiones del Istmo y
la Costa se registró el desabasto de gasolina en las estaciones, sin embargo,
en casas particulares fue fácil encontrar el combustible, el litro lo vendían
hasta en 100 pesos.
El miércoles 22,
representantes de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) levantaron
testimonios en Nochixtlán para conocer la versión de las víctimas a raíz de los
sangrientos disturbios suscitados en la carretera, a la altura de Asunción
Nochixtlán.
En el plantón del Centro
Histórico se observaron pocos profesores, ya que se trasladan a las barricadas,
pues los bloqueos a las vías de comunicación los mantendrán hasta llegar a un
acuerdo con la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
El Instituto Estatal de
Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) reportó que el lunes 20, día del
enfrentamiento, abrió el 70 por ciento de las 13 mil escuelas públicas de la
entidad, pero con un gran número de maestros ausentes.
También a partir del
miércoles se regularizó la presencia de estudiantes y maestros que acuden a las
aulas para evitar acumular tres faltas.
UNA SOCIEDAD CONFRONTADA
El conflicto magisterial ha
generado una confrontación más entre las opiniones de los oaxaqueños que viven
el resultado de las negociaciones entre los profesores de la Sección 22, de la
CNTE y el gobierno en turno, en este caso el que encabeza Gabino Cué. Familias,
vecinos, amigos, buscan argumentos para defender o acusar a los protagonistas.
“Apenas salimos de una y entramos a otra”, dice Adriana Limón, empleada de una
dependencia de gobierno.
Los sentimientos siguen
agitados, pues a sólo cinco días de que había concluido el proceso electoral,
el conflicto magisterial se agrava, luego de que la Procuraduría General de la
República (PGR) detuvo el 11 y 12 de junio, a los líderes Rubén Núñez Ginés,
secretario general y Francisco Villalobos, secretario de Organización de ese
gremio.
Así comenzó el cierre de
carreteras que incomunica a Oaxaca con Veracruz, Chiapas y Ciudad de México.
Un padre de dos hijos que
acuden a una escuela particular está molesto porque no sabe si completará el
dinero para el pago de la colegiatura, “Ahora (los maestros) quieren diálogo,
ellos cuando bloquean y se movilizan no se acuerdan del diálogo, lo único que
hacen es violentar, ya le dije que sobrepasaron los límites de tolerancia”,
cuenta el señor que está molesto con su esposa, pues ella integra la lista de
los mil 679 maestros que fueron cesados
porque faltaron tres días a su centro de trabajo.
Los enfrentamientos del 19 de
junio que arrojaron un saldo de nueve muertos -entre ellos siete por arma de
fuego y dos por cohetones-, 23 manifestantes libres pero sujetos a proceso
legal, así como policías brutalmente golpeados, originó más encono entre la
sociedad.
Las amistades en común
hablaron de la atrocidad por parte del Presidente Enrique Peña Nieto y la
complicidad del gobernador Gabino Cué.
“’Ora sí se puso feo, pero
también se pasan, Oaxaca ya no está para movilizaciones”, expresó un joven que
veía las imágenes en su cuenta de una red social.
José Hernández, empleado sindicalizado
en una empresa de telefonía, acudió con su familia al plantón, aun cuando
existía la amenaza de desalojo en ese lugar, “pinche impotencia de ver cómo se
los agarraron, las botellas de refresco que iba a vender las agarré y compramos
gasolina, pero cuando llegamos al zócalo no estaban los maestros, dejamos las
cosas en el kiosco, hasta me peleé con mi sobrina, que me dice que por qué
apoyo a esos zánganos”, narró con voz entrecortada.
En los chats y Facebook hubo
quienes se salieron de sus grupos de amigos o eliminaron sus cuentas;
oaxaqueños que manifestaron su hartazgo por el sinnúmero de marchas, toma de
oficinas, bloqueos de calles y carreteras, protestas que durante este sexenio
incrementaron -hasta seis movilizaciones al día en la capital y en las
regiones, según datos de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca (SEGEGO)-,
principalmente por parte de los maestros.
“Por salud mental y psicológica me olvidaré un
tiempo del Face, no es posible que gente que no vive en Oaxaca y desconoce la verdad
de la situación se la pase hablando de masacre y de los derechos humanos de los
pseudo maestros y les es fácil condenar a los policías, hay que rezar por tanta
gente desempleada, enfermos que no pueden regresar a sus casa, en Oaxaca no
vivimos en paz por tantos bloqueos”, manifestó Beatriz Martínez.
El conflicto magisterial
permeó en pueblos de la entidad, donde hace años la figura del profesor era
considerada como una autoridad más, respetada por la noble labor de enseñanza
para formar mujeres y hombres de bien.
En los municipios las
autoridades se organizaron con los padres de familia para cuestionar a los
maestros por las repetidas ausencias en las aulas, a partir del plantón que
instalaron el 15 de mayo.
Las asambleas informativas
que los mentores realizaron en las escuelas fueron el momento para la
confrontación. Esto ocurrió en una escuela ubicada en el Distrito de Tlacolula;
escucharon la explicación de la maestra Ofelia, ella les dijo que la Reforma
Educativa “violenta sus derechos como trabajadores porque los evalúa y
privatiza”, en consecuencia, tendrían que pagar servicios básicos como agua y
luz de los planteles educativos.
“Con todo respeto, maestra,
yo trabajo hasta los domingos y tengo que pedir permiso para faltar porque si
no vengo, el comité (de padres de familia) me multa, para mí ya no es justo que
siempre nos dicen que van a faltar, ‘ora mi hija dice que ni siquiera han usado
el cuaderno que les pidieron, con sinceridad yo le digo que ya no voy a venir a
estas reuniones”, reclamó desde el micrófono una madre de familia, empleada de
una boutique en la ciudad.
En Teotitlán del Valle, un
pueblo que vive del turismo a través de la venta de tapetes de lana pintada con
grana cochinilla, comprometieron a los maestros a respetar el calendario
escolar, de lo contrario pagarían una multa o las autoridades solicitarían el
cambio de maestros.
El gremio magisterial ha
recibido muestras de apoyo y solidaridad, pero la convocatoria no es la misma,
la corrupción sobre el manejo de los recursos por parte de su dirigencia
impactó sobre la credibilidad en las causas de su movimiento.
EN 2006, APOYO TOTAL A LOS MAESTROS
El movimiento de 2006 cumplió
con un objetivo político: desprestigiar al PRI y apoyar a Gabino Cué para que
ganara la gubernatura a través de la coalición “Unidos por la Paz y el
Progreso“, conformada por
PAN-PRD-Convergencia-PT.
Ulises Ruiz no fue
destituido, terminó su administración señalado como “represor y asesino”, luego
de haber ordenado el desalojo del plantón de la Sección 22, el 14 de junio de 2006.
El apoyo a los profesores fue
descomunal, en la ciudad y en los municipios la gente estaba organizada para
sacar al mandatario priista si era visto en sus pueblos.
El llamado pueblo de Oaxaca
manifestó su apoyo total a los maestros de la coordinadora, las megamarchas
conmovían porque había un sentimiento en común, la destitución del ex
mandatario emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Se decía entonces que el ex
gobernador José Murat y Gabino Cué
estaban detrás de ese movimiento; el planteamiento era la destitución de Ruiz y
poner a un gobernador interino, hasta llegar al día de las elecciones.
Murat y Ulises no son del
mismo equipo, se conocía por propios militantes de su partido.
Organizaciones de izquierda
que ayudaron a los maestros a enfrentarse con la Policía, conformaron la
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), sus demandas formaron parte
del pliego petitorio de los maestros.
El saldo fue de 26 muertos,
la desaparición de los militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR),
enfrentamientos armados, tomas de radiodifusoras, televisoras, calles y
carreteras, un activista de un medio de comunicación alternativo muerto,
víctimas con secuelas físicas por la tortura a la que fueron sometidos por la Policía
Federal y el Ejército, mujeres y hombres violados sexualmente; además de
pérdidas millonarias por parte de las empresas, la Guelaguetza cancelada y una ciudad en llamas. Un grupo de personas
identificadas con el PRI encabezaron marchas a favor de la paz y contra los
manifestantes.
EL PACTO ENTRE CUÉ Y LA SECCIÓN 22 DE LA CNTE
Gabino Cué Monteagudo,
gobernador de Oaxaca, rompió un pacto con los maestros en julio de 2015, cuando
anunció la aplicación de la Reforma Educativa y la reestructuración del Instituto
Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
De esa forma el mandatario
les arrebató el poder a los maestros que eran jefes y empleados de ese
Instituto, que manejaban y auditaban a sí mismos, los recursos destinados para
el sistema educativo.
Moisés Robles Cruz, director
del IEEPO, expuso que “una de las medidas que se tomó el pasado 20 de julio por
parte de la unidad de investigación financiera de la Secretaria de Hacienda fue
congelar estas cuentas del sindicato, en estos momentos el sindicato no tiene
dinero, esta medida fue fundamental porque ante una opacidad en el manejo de
sus finanzas y ante la coacción que ejercía
el sindicato, no había transparencia”.
Antes de la Reforma
Educativa, el gobernador Gabino Cué fue complaciente con los agremiados, la
respuesta era inmediata: incrementos en fondos de préstamos, apoyo para
viviendas, bonos, ambulancias, vehículos para uso personal de los dirigentes y
otros incentivos.
Eso desencadenó que las
peticiones económicas incrementaran, situación que generó crisis en las
finanzas estatales.
El titular de Finanzas,
Enrique Arnaud, informó que para poder cumplir con esos pagos, el gobierno tuvo
que retirar recursos de otras partidas y
el déficit generado por gastos extraordinarios a los maestros fue de 3 mil
millones de pesos anuales.
PIDEN MAESTROS A SEGOB LES DEVUELVA CONTROL EDUCATIVO
Bernardo Vásquez Colmenares,
ex director del IEEPO, inició la administración al lado de Gabino Cué, pero
renunció al cargo luego que la dirigencia rechazara dialogar con él, por
mantener una postura crítica ante sus peticiones.
La gestión frente al
Instituto le permitió conocer el modus operandi de la dirigencia, que ahora
reclaman al Gobierno de la República la abrogación de la Reforma Educativa,
para recuperar privilegios.
“La reversión en el control
de IEEPO implicaría también que los dirigentes de la CNTE en Oaxaca volvieran a
negociar los convenios con 16 empresas que venden bienes y servicios a los
trabajadores en la nómina del IEEPO, mediante descuentos quincenales. El
importe de los descuentos por nómina asciende aproximadamente a un monto
mensual de 40 millones, lo que habría sido objeto de negociación para el pago
de comisiones que, a su vez, representa una fuente adicional de ingresos para
dichos dirigentes, sin estar sujetos a esquemas de rendición de cuentas”.
Ese proceso de negociación,
conocido también como lavado de dinero, es el delito por el cual se encuentra
preso el dirigente Rubén Núñez, en el penal de alta seguridad de Hermosillo,
Sonora.
Vásquez recordó que al año se
jubilan entre 500 y 600 trabajadores de la educación, y esas plazas son
vendidas entre 120 mil y 200 mil pesos, lo que significa 75 millones de pesos
anuales.
Si en la mesa de diálogo ante
la Secretaría de Gobernación (SEGOB), los maestros pudieran aplicar el modelo
educativo elaborado por ellos, conocido como Programa para la Transformación de
la Educación en Oaxaca (PTEO), también se verían beneficiados.
“De lograr la 22 que el
gobierno capitulara y devolviera el control del IEEPO seguramente se reabriría
la discusión sobre la implementación de los tres programas y dos sistemas llamados genéricamente el PTEO, que implicaría el ejercicio de más de 200
millones de pesos que pasarían por las instancias sindicales y que provoca que
más de uno de los dirigentes sindicales se frote las manos pensando en las
comisiones que pudiera generar, mediante la asignación de contratos para la
infraestructura escolar administrada, bajo ese pretensioso modelo, por el
propio sindicato”, indicó.
RESACA DEL PROCESO ELECTORAL
El sindicato de maestros tuvo
una participación importante en el proceso electoral porque llamaron a sus agremiados a promover el voto
contra las alianzas y partidos políticos que participaron en la elección, menos
contra el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA); además, el día de la
jornada electoral operaron a favor de ese partido que dirige Andrés Manuel
López Obrador.
El proceso y la jornada
electoral estuvieron plagados de incidentes y señalamientos de corrupción entre
los candidatos, prácticas antidemocráticas como la compra del voto, campañas
anticipadas, registros de candidatos que elegibles. Ganó el priista Alejandro
Murat, hijo del ex gobernador José Murat.
Los dirigentes de los
partidos políticos comentaban que ya había un acuerdo político desde que Cué
anunció la aplicación de la Reforma Educativa en Oaxaca, era la entrega del
Estado al PRI a cambio de no evidenciar los actos de corrupción y robo que
presuntamente el gobernador cometió en su administración.
(SEMANARIO ZETA/ FOTO: CUARTOSCURO.COM
/Ixtli Martínez Lunes, 27 junio, 2016 12:00 PM)
