sábado, 25 de junio de 2016

“EL GÜERO 90” ENTRE LOS MUERTOS DE COSALÁ

Al parecer es presunto integrante de una célula delictiva que opera en la zona


Entrada al municipio de Cosalá.

Cosalá se tiñó de sangre la noche del miércoles, tras un ataque perpetrado por delincuentes armados, el cual dejó saldo de cuatro personas muertas.

Entre quienes perdieron la vida está un joven identificado como Amalio Nájera Hernández, de 18 años, con domicilio en la colonia La Lomita, y uno más de quien extraoficialmente se trata de Juan Carlos Landeros Mariscal, conocido como “El Güero 90”.

EL CRIMEN

A las 22:50 horas, en la gasolinera que está a pocos metros del acceso principal al municipio de Cósala, corporaciones policiacas acudían a atender un reporte de la población donde se informaba sobre detonaciones de arma de fuego, pero lo que encontraron fueron cuatro personas asesinadas. Una dentro de una camioneta Lincoln gris, sin placas, y tres más afuera de la unidad motriz.

Casquillos de rifles de AK-47 de los llamados ‘cuernos de chivo’, se hallaban regados en la escena del crimen, la cual quedó resguardada por la autoridades policiacas.

Se manejaron dos versiones de cómo pudo haber ocurrido el atentado, una de ellas es de que todo se originó tras una discusión entre los occisos y los asesinos, lo que originó el ataque.

Policías también decían que los fallecidos eran perseguidos desde la zona centro de la cabecera de Cosalá, hasta ser alcanzados y rematados en la gasolinera.

Agentes investigadores ante el sangriento acontecimiento, se enfocaron en recabar todo tipo de información que los ayude a aclarar el múltiple homicidio.

Los cadáveres al concluir el peritaje, fueron trasladados presuntamente a Elota, donde se le practicaría la necropsia.

EXTRAOFICIAL

De manera no oficial se estableció que uno de los cuerpos correspondía a “El Güero 90”, quien controlaba varios sectores de Cosalá, y al parecer era integrante de una célula delictiva.

De los otros dos, hasta ayer no se dio más detalles, por lo que quedaron en calidad de desconocidos.


(EL DEBATE/REDACCION/ 25 DE JUNIO 2016)

MANLIO INICIA CAMPAÑA

Manlio Fabio Beltrones se niega en redondo a seguir encabezando el PRI: “Lo que los gobiernos hacen, sus partidos lo resienten”. Es fractura, deslinde y liberación. Recomienza su campaña para colocarse la banda nacional en 2018.

En los sistemas presidencialistas, la dimisión de un miembro del equipo de gobierno usualmente es a petición del jefe del Estado; pero en los países con tradición autoritaria, como México, es una proeza que el subordinado le renuncie al superior. Para llegar a ese punto se necesita valentía, independencia, honor y que sus diferencias sean insuperables.

Tato, nieto de Gilberto Valenzuela, secretario de Gobernación del presidente Álvaro Obregón (1923), me relató que cuando su abuelo le renunció al general, éste le dijo: “Yo no le he perdido la confianza”. El dimitente replicó: “¡Pero yo a usted sí!” la anécdota retrata la autoridad moral de quien fuera un gran jurista sonorense.

En 2004, Calderón, entonces secretario de Energía, le renunció a Vicente Fox, mediante carta pública, luego de una ruptura provocada por la anticipación de la precampaña de Felipe, quien había sido presidente nacional del PAN y poseía liderazgo. Con ese gesto marcó distancia y construyó la alternativa al foxismo. Emancipado de la subordinación al presidente ganó candidatura y elección.

En el modelo priísta el partido equivale a una secretaría de elecciones y su titular, en la práctica, es un miembro del gabinete ampliado. Su nombramiento es designación directa del Presidente, responde a sus intereses e instrucciones. Manlio, conocedor de estas reglas, entró a la oficina de Insurgentes Norte como beneficiario de una coyuntura política que exigía cierre de filas tricolores. Habían logrado la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones de medio término, a pesar de la abrumadora desaprobación popular al desempeño de la alianza Atlacomulco-Pachuca; pero desde entonces se advertían las condiciones negativas para que el PRI conserve el poder. El 5 de junio se los demostró.

La clase política oficialista, agraviada por la exclusión, aplaudió fervorosamente la entronización de uno de sus más conspicuos representantes del liderato partidario. Los delfines del cártel mexiquense-hidalguense trataron de impedirla, pero al final aguantaron la decisión presidencial. Sabían que se incorporaba al derby por Los Pinos un purasangre y había que trampearlo.

En su despedida Beltrones no logra escapar del lenguaje cortesano con párrafos cifrados sólo comprensibles entre sus congéneres, pero revela lo suficientemente para que el público se entere que no dejará que este gobierno acabe con el PRI. Encabezará la batalla para impedir el retorno de su partido a la oposición. Música celeste para el priísmo dolido por las recientes derrotas. “No está en juego la numeralia electoral del 5 de junio, sino el proyecto de nación para el siglo XXI. Lo importante es defender un proyecto de modernización del país”. No abandonará el terreno de lucha: “Mi vocación es la política y seguiré en ella”.

Las bases del PRI decepcionadas con el gobierno ya tienen candidato presidencial. El programa de modernización está escrito desde hace seis años, se titula: La vida y la política. Orden, desarrollo y bienestar ( Quimera, 2011) e intenta responder a una pregunta: “¿ Para que se quiere ganar el poder?”. El plan quedó guardado cuando su autor recogió sus estandartes y se allanó a la avasalladora operación tele-política que hizo presidente a Peña Nieto. Hoy no queda corcel ganador en la cuadra del gabinete, todos están reventados. Manlio salió del corral. Es caballo de hacienda sin el pesado fardo de esa marca. ¿ Logrará llegar a la meta?

Analista político.
@L_FBravoMena


(DOSSIER POLITICO/ Luis Felipe Bravo Mena/El Universal/ 2016-06-23)

VARAN Y MUEREN 35 TORTUGAS MARINAS EN SANTA ROSALÍA, BCS


La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) investiga las posibles causas de muerte de 35 tortugas marinas varadas en la Región de Santa Rosalía, Municipio de Mulegé, Baja California Sur, durante la primera semana de junio pasado.

La dependencia gubernamental señaló que del total de los organismos localizados en la primera semana de junio, 34 corresponden a la especie de tortuga prieta y uno más a la especie Golfina.

Pescadores locales y personal de la Profepa, así como de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), encontraron a los quelonios en avanzado estado de descomposición durante los recorridos terrestres y marinos que realizaron en el lugar, entre el 4 y 10 de junio.

Sin embargo, la Procuraduría descartó un problema generalizado en el ambiente, existiendo la posibilidad de haber sido acarreados a ese lugar por efecto de las corrientes marinas o del viento, dijo.

Dado el avanzado estado de descomposición de los organismos no fue posible practicar necropsias para determinar las causas de su muerte, aunque a simple vista no presentaban marcas provocadas por artes de pesca u otro tipo de daño, por lo que los cuerpos se encontraron completos en su mayoría, ni tampoco se localizaron ejemplares muertos de otras especies marinas.

A través de un comunicado, la Profepa anunció que en coordinación con expertos e investigadores del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR), del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR) y de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), continuarán con las investigaciones para determinar la causa precisa de la muerte de los 35 organismos localizados.

Asimismo, en coordinación con el Sistema de Monitoreo Satelital a Embarcaciones Pesqueras de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA) y la Secretaría de Marina (SEMAR), se realizó un operativo de inspección y vigilancia a las embarcaciones pesqueras en aguas marinas de jurisdicción federal adyacentes a la zona del varamiento, para verificar el cumplimiento de la legislación relativa a la extracción de especies en riesgo.


(SEMANARIO ZETA/ BCS zeta/  Jueves, 16 junio, 2016 11:06 AM)

CORRUPCIÓN EN SALUD



FOTOS: especial ZETA

La construcción del Hospital General de Ciudad Constitución está repleta de reportes falsos, apócrifos y alterados para supuestamente justificar a la Federación avances irreales en el proceso de edificación de una obra que debió terminarse en enero de 2015 

El 13 de noviembre de 2014, el ex supervisor de obras de la Subdirección de Infraestructura de la Secretaría de Salud de Baja California Sur, Adalberto Arcángel Peralta Espinoza, hizo entrega formal de reportes presuntamente apócrifos y alterados en el proceso de construcción del Hospital General “René Thomas Guijosa Habiff” en Ciudad Constitución.

En aquel entonces la información fue entregada personalmente al contralor general del Estado, Ismael Peñaloza Pineda, luego de que el caso de corrupción fue archivado y sospechosamente no prosperó cuando llegó a manos de la ex contralora general y actual presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XIV Legislatura, Maritza Muñoz Vargas, donde se exponía la ineficiente y negligente actuación de los siguientes funcionarios:

* Othoniel Marrón Amao. Subdirector de Infraestructura, quien dicho sea de paso, es prestanombres del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño.

* Ernesto Trasviña García. Jefe de Mantenimiento y Conservación de la Subdirección de Infraestructura.

* Leonor Mendoza Nevárez. Ex directora de Administración y Finanzas, y actual administradora de la Beneficencia Pública de la Secretaría de Salud.


La corrupción que va del ex secretario de Salud, Virgilio Jiménez Patiño hasta la del actual titular, Víctor George Flores. A un costado, Elmer Tarazón Moreno, director de Servicios de Salud, y quien también tiene muchas cosas que explicar sobre los actos de corrupción al interior de la institución.

Según el expediente CGE/QD/047/2014, el denunciante había fungido como supervisor de obra, del 1 de agosto de 2013 hasta el 3 de julio de 2014, en la Subdirección de Infraestructura de la Secretaría de Salud, y durante ese tiempo pudo darse cuenta de la negligencia, omisión y corrupción que rodea la obra gubernamental iniciada el 3 de octubre de 2012, la cual debió haber concluido el 30 de enero de 2013, en el cuatrienio del ex gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor.

Después de mil 355 días, es decir, tres años y 260 días, como se pudo constatar en un recorrido efectuado por ZETA, actualmente la obra de construcción del nuevo Hospital General presenta un avance del 60 por ciento en los primeros ocho meses del sexenio del mandatario Carlos Mendoza Davis.

 Aunque oficialmente, según un funcionario de la Secretaría de Salud consultado por este Semanario, registra un avance del 90% en su totalidad.

En otros términos, e independientemente del porcentaje de avance, la obra de construcción registra un retraso de mil 234 días, o bien, tres años y 135 días en el proceso original de edificación, lo que obviamente terminó por elevar el valor del proyecto hasta en 40 millones de pesos, generando un gravísimo desfalco al erario público sin que hasta el momento se hayan deslindado responsabilidades administrativas, incluso penales.

Por el contrario, los presuntos responsables siguen despachando campantemente en sus cargos de gobierno.

El hoy ex supervisor de obra hizo “la entrega de pruebas irrefutables en formato digital de los reportes de obra quincenales apócrifos y modificados, reportes del 6 al 10, emitidos por la compañía supervisora externa de nombre Circulo Arqs, y entregados a la Subdirección de Infraestructura de la Secretaría de Salud”, esta última, encargada de verificar y avalar los procesos constructivos, así como de supervisar y aprobar las estimaciones y pre-estimaciones en el proceso de construcción de la segunda etapa del Hospital General.

La denuncia en poder de este Semanario, transcribe: “(…) descubrí que la compañía supervisora externa, llevaba dobles números en el porcentaje de avance de la obra real, pues los reportes en los números de porcentajes reales ejecutados son irreales, dado que se tenían que sustentar con las pre-estimaciones autorizadas verbalmente por el subdirector de Infraestructura”.


Maritza Muñoz Vargas. Protegió la corrupción en la Secretaría de Salud, desde la Contraloría General del Estado.

El arquitecto contratado originalmente en la supervisión de la obra de construcción del Hospital General de Ciudad Constitución, dijo que “en su momento puse al tanto al subdirector de Infraestructura, Othoniel Marrón Amao, y le pedí no pre-estimar, porque esto constituía un delito del orden federal, tratándose de recursos de procedencia federal”, pero  “hizo caso omiso a mis recomendaciones, por lo que procedí a informar de las irregularidades a los asesores del secretario de Salud (en aquel entonces), Héctor José Angulo Espinoza (actual secretario particular del secretario de Salud, Víctor George Flores), Francisco Jiménez Patiño y Juan Plata Medina, entregando en mano propia al secretario Virgilio Jiménez Patiño, las pruebas de los reportes quincenales de obra falsos, apócrifos y alterados impresos, y con su debida explicación de las irregularidades flagrantes del subdirector de Infraestructura, en contubernio con la compañía supervisora externa, Círculo Arqs”.

El denunciante explicó que después de evidenciar la corrupción en el proceso de construcción, y sobre todo la falta de ética y profesionalismo de la compañía Círculo Arqs, los cuales son corresponsables de la corrupción en la construcción del hospital, inmediatamente modificaron los reportes quincenales de obra falsos del número 6 al 9, y los volvieron a enviar al subdirector de Infraestructura, a fin de que fueran reemplazados y así evitar un escándalo.

No obstante, tras verse descubiertos, el despacho de arquitectos no alcanzó a modificar el reporte número 10, pero aún así, se quedaron con el formato digital en forma de avance, el cual entregaron en una memoria USB.

Según el expediente de la Contraloría General del Estado, la entonces directora de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Leonor Mendoza Nevárez, apoyó incondicionalmente al subdirector de Infraestructura, Othoniel Marrón Amao, y al jefe de Mantenimiento y Conservación, Ernesto Trasviña García, así como a la compañía de supervisión externa Círculo Arqs, quienes sin ninguna ética y profesionalismo, en una serie de correos electrónicos enviados entre ellos argumentaron que procedieron “a falsear la información de los reportes quincenales de obra, por el hecho de que la gestión de las estimaciones ante la federación eran muy tardadas, y para cuando las estimaciones fueran pagadas al constructor, ya se habría alcanzado entonces el porcentaje de obra redactado en los reportes.

“Es un hecho de que la gestión del recurso ante la federación es tardada, de eso no tenía duda ni objeción; pero sí estuve en pleno desacuerdo, y en todo momento me negué a participar en un hecho de que se le estaba mintiendo al secretario de salud, del hasta entonces estado de avance real ejecutado de obra, según Círculo Arqs, y que a su vez, el secretario de salud, con el desconocimiento propio, le presentaba al gobernador (en aquel entonces) Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, datos irreales, una mentira al decir que todo iba bien, que todo iba sobre la marcha en tiempo y forma en el proceso de construcción del nuevo hospital general”, transcribió.

Finalmente, y de acuerdo con la denuncia del ex supervisor de la obra, Adalberto Arcángel Peralta Espinoza, quiso evitar precisamente lo que hoy en día se está viviendo en torno a la obra que tiene un vergonzoso atraso, la cual, a final de cuentas, no pudo ser entregada en tiempo y forma, como quedó establecido y firmado en el contrato del proyecto de construcción del nuevo Hospital General.


La copia de la denuncia del ex supervisor de obra de la subdirección de infraestructura de la Secretaria de Salud, Adalberto Arcángel Peralta Espinoza, recibida el 13 de noviembre de 2014, sobre reportes falseados, apócrifos y alterados en la obra de construcción del hospital general de Ciudad Constitución

Después de presentar la queja en la Contraloría General del Estado, el denunciante fue cesado del cargo.

No obstante, por lo anterior se reprogramó una segunda fecha de entrega al 27 de enero de 2015, la cual después de 508 días de retraso, sigue sin ser consumada.  

LA MAGNA OBRA

El 26 de agosto de 2012, el entonces gobernador del Estado de Baja California Sur, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, anunció el arranque del nuevo Hospital General en Ciudad Constitución.

Durante una gira de trabajo por su natal Comondú, el mandatario dijo que en octubre arrancaría la obra de construcción, en la cual tenían previsto invertir 195 millones de pesos en infraestructura y equipamiento, además de dar respuesta a las necesidades más apremiantes de los pobladores comundeños.

El gobernador sudcaliforniano adelantó que el ambicioso proyecto contaría con 30 camas, servicio de urgencia, laboratorio, una decena de consultorios, incluido uno especializado en ginecoobstetricia y equipado con la más alta tecnología en laboratorio, ultrasonido y rayos X.

El nuevo hospital -según presumió- pretendía ser la magna obra de su administración en Comondú, ya que reemplazaría al viejo hospital que tenía en ese entonces 37 años de antigüedad y de ofrecer servicio a los comundeños, por lo que era prácticamente obsoleto.

El gobernador recordó que el Estado había duplicado su número de población, por lo que la demanda de servicios de salud había crecido de manera importante, sobre todo con el lanzamiento del llamado Seguro Popular.

En números concretos, la Secretaría de Salud atendía al 34% de los sudcalifornianos, y la tasa neta de crecimiento de los servicios era del 4.1%, por lo que el nuevo nosocomio elevaría de vida de los comundeños.

El proyecto original consistía en edificar y equipar el nuevo Hospital General entre 15 y 18 meses, aproximadamente.

Después del anuncio del gobernador de aquel entonces fue lanzada la licitación pública, bajo el número de expediente LO-903006996-N7-20112, donde fue sometido a concurso el proyecto de construcción del nuevo hospital de Ciudad Constitución.

Conforme a la convocatoria, los recursos provendrían del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, cuyo gasto fue autorizado el 31 de julio de 2012, bajo el número de folio SNP1/153210/277/2012, expedido por Banobras.


El expediente remitido al órgano de control interno de la Secretaria de Salud, y el cuyo caso paso a manos de la jefe de la unidad, Ariadna Aracey Ocampo Ávila, nombrada por el interior titular, Virgilio Jiménez Patiño

Las compañías interesadas en participar en la construcción del nuevo hospital -según copia de la licitación en poder de ZETA– fueron:

* Anáhuac Organización Constructora, S.A. de C.V. Representada por Jesús Manuel de la Peña Manríquez.

* Integradora Peninsular de Constructores de Baja California Sur, S.A. de C.V. Encabezada por Rafael Meza Osuna.

* Constructores Asociados de Teotihuacán, S.A. de C.V. Representada por Martha Elizabeth Rodríguez Flores.

* Maranges Arquitectos, S.A. de C.V. Liderada por Mario Monterrubio Cotija.

El 26 de septiembre de 2012, el Comité de Obra Pública de la Secretaría de Salud, emitió el fallo de adjudicación, entregando la obra Maranges Arquitectos, S.A. de C.V. e Integradora Peninsular de Constructores de Baja California Sur, S.A. de C.V, por considerar que eran las propuestas técnica y económicamente solventes.  

LAS CONFESIONES

En el expediente CGE/QD/047/2014, abierto por Contraloría General del Estado, aparecen una serie de correos enviados entre Othoniel Marrón Amao, subdirector de Infraestructura de la Secretaría de Salud, a través del correo arqothoniel@hotmail.com; y Gilberto Buitrón Escobar, jefe de supervisión externa de Círculo Arqs, quien utiliza el correo gbuitron@circuloarqs.com.mx

En una de las conversaciones, el supervisor confiesa:

“En base a tus indicaciones para autorizar la estimación No. 6, te adjudico tabla comparativa, y señalo en las columnas el avance acumulado hasta la estimación No. 5, el avance real ejecutado, dato de Círculo Arqs, y por último, la estimación No.6, autorizada verbalmente por ti”.

El jefe de supervisión del despacho de arquitectos expuso:

“En referencia a tus indicaciones, me presente en la oficina del Arq. Oscar Arévalo, superintendente de Maranges Arquitectos, S.A. de C.V, en referencia a que no estaban de acuerdo con los avances presentados por supervisión, y no se tuvo una respuesta, dato, etc, el cual descalifique el avance señalado por la supervisión, por lo tanto, no aceptamos que se descalifique un avance, sin tener las justificaciones y argumentos técnicos, la constructora no tiene precisado cual es su avance real ejecutado”.

Finalmente, el representante de Círculo revela:

“En referencia a los anterior, y en base al avance real ejecutado y a los avances pre-estimados, el informe quincenal No.8, es irreal, debido a que se reflejaran porcentajes para cubrir los avances pre-estimados”.

La información de la denuncia fue remitida al contralor interno de la Secretaría de Salud, Julio Buenrostro de Dios, bajo el oficio número CGE/3442/2014, solicitando abrir una investigación y rendir un informe de avance de investigación.

El entonces contralor Ismael Peñaloza Pineda, se lavó así las manos y remitió la denuncia al órgano de control interno por presuntos actos de corrupción cometidos por servidores públicos de la Secretaría de Salud, de ahí que requiriera “un informe de avance de todas y cada una de las actuaciones que a la fecha haya realizado como parte de las investigaciones relacionadas al expediente”.


Las confesiones sobre pre-estimaciones consideradas como delito federal por tratarse de recursos de Gobierno de la Republica

El contralor Julio Buenrostro de Dios, quien dicho sea de paso, es esposo de la diputada federal por el Partido Acción Nacional, Gisela Páez Martínez, fue separado de su cargo a finales de la administración pasada, siendo reemplazado por Ariadna Aracely Ocampo Ávila.

Sobre estos hechos, y durante el recorrido por la obra en construcción, ZETA obtuvo información de que “la edificación había sido muy irregular y constantemente estaba parada”, pues según uno de los vigilantes, “la Secretaría de Salud no tiene dinero para pagar a las empresas, las cuales única y exclusivamente trabajan cada vez que sale pago”.

La segunda etapa de la construcción registra un avance del 60%, pero no puede ser culminada, por lo que continúa en obra negra y sin señal alguna de cuándo podría ser terminada.

El 26 de enero de 2016, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, hizo un recorrido por la obra de construcción del nuevo hospital, acompañado del alcalde de Comondú, Francisco Pelayo Covarrubias, y el secretario de Salud, Víctor George Flores.

El mandatario se dejó llevar por la información del subdirector de Infraestructura de la Secretaría de Salud, Othoniel Marrón Amador, y emocionado, dio el banderazo de los trabajos de supuesta conclusión del hospital “René Thomas Guijosa Habiff”.

Oficialmente, se habló de un avance del 90% en la edificación del nuevo nosocomio, y durante una entrevista, el gobernador adelantó la posibilidad de inaugurar la totalidad de la obra negra entre agosto o septiembre, e iniciar el proceso de equipamiento en diciembre próximo.

ZETA solicitó una entrevista con el secretario de Salud, Víctor George Flores, la cual no pudo ser concedida por encontrarse éste fuera de la ciudad, siendo este medio canalizado al titular de Administración y Finanzas, Renato Carlos Cuevas López, quien se limitó a informar que la obra “presenta un avance del 90% en la construcción, y está por ser entregada oficialmente”.

Sobre el grave retraso nadie quiso hablar, pero según un funcionario de la Secretaría de Salud, quien no autorizó publicar su nombre, por no ser la voz oficial, “la principal causa del atraso fue por una serie de desacuerdos y conflictos internos que en la administración pasada surgieron entre las empresas constructoras, los supervisores externos de Círculo Arqs y funcionarios de la Secretaría de Salud”.

“Eso no permitió avanzar, incluso la obra estuvo parada a finales de 2015, porque la Secretaría de Salud no pagaba y el constructor, no avanzaba porque no le pagaban”, situación que prácticamente se resolvió en febrero pasado, y desde entonces, la obra no para de construirse.

Acorde con el funcionario, lo que vino a destrabar el problema “fue sacar de la supervisión externa a la compañía Círculo Arqs” como una medida para poder reiniciar la obra por parte de las compañías constructoras.

Sobre las irregularidades, la contralora general del Estado, Sonia Murillo Manríquez, se abstuvo de hablar al respecto, pues a través de su secretario, indicó que el caso estaba en manos de la jefa de la Unidad de Contraloría Interna de la Secretaría de Salud, Ariadna Aracely Ocampo Ávila, quien prácticamente no sabe ni dónde está parada.

En entrevista con este Semanario, la funcionaria se negó hablar del tema, al -según ella- no estar “autorizada para dar información que obra en los expedientes de procesos que estamos investigando”.

Cuestionada sobre el estatus del expediente o de la investigación, y completamente renuente, pidió solicitarlo “por escrito, a través de la Unidad de Transparencia, y yo le daré respuesta”.

— Lo único que queremos saber es si el expediente está abierto o cerrado, se le hizo saber, planteó ZETA, a lo que Ocampo contestó:

“No sé si está abierto o cerrado, porque no me tocó a mí recibir la denuncia”.

— Sí, pero usted maneja los expedientes o los archivos, ¿nos podría decir si está abierto o cerrado el expediente?

“No puedo, porque ni siquiera sé qué hay en los expedientes”, expresó despreocupada.

Obviamente, la respuesta dejó en evidencia el grado de seriedad, responsabilidad y preocupación de la funcionaria del gobierno de Carlos Mendoza Davis.

El contrato de supervisión externa de la obra de construcción del nuevo Hospital General de Ciudad Constitución a favor de la compañía Círculo Arqs -según el contrato ISSBCS-SUPHGCC-2015/07- fue adjudicado de manera directa, y sin haber entrado siquiera a licitación pública, tal y como lo establece el Artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios, sobre compras superiores a 316 mil pesos.

Según el contrato, la compañía con razón social Círculo Arquitectos Asociados, S.A. de C.V. firmó un jugoso contrato con el hoy ex secretario de Salud, Virgilio Jiménez Patiño, y la ex directora de Administración y Finanzas, Leonor Mendoza Nevárez.

El contrato fue por 3 millones 858 mil 672 pesos con 40 centavos, más 617 mil 387 pesos con 58 centavos del 16% de IVA, para un total de 4 millones 476 mil 059 pesos con 98 centavos.

Según el documento en poder de este Semanario, el  tiempo de contratación fue del 29 de enero al 27 de junio de 2015, es decir, un plazo de 150 días naturales por concepto de formular cada quince días un reporte de revisión y autorización de estimaciones, y turnarlas a la Subdirección de Infraestructura de la Secretaría de Salud.

Después de los conflictos con la compañía constructora, y tras la denuncia presentada en Contraloría General del Estado, Círculo Arqs fue separado de la obra de construcción.

Cabe destacar que la inversión inicial del nuevo Hospital General de Ciudad Constitución, estaba estimada en 195 millones de pesos, pero luego de tantos meses de retraso, subió a 235 millones de pesos, es decir, 40 millones de pesos más por concepto de ampliación del presupuesto, gestionado y entregado en la administración pasada; sin embargo, no fue ejecutado por los conflictos internos entre la compañía constructora, el despacho Círculo Arqs y la Subdirección de Infraestructura de la Secretaría de Salud.
  

(SEMANARIO ZETA/ Gerardo Zúñiga /Martes, 21 junio, 2016 12:00 PM)

EN LA PAZ MÁS MUERTOS QUE NUNCA


FOTOS: especial ZETA

En diez años, Baja California Sur ha pasado de tener 20 homicidios al año a 46 en menos de seis meses y tan solo en su capital. Pugnas entre narcomenudistas y la guerra de cárteles suman 269 homicidios en dos años.

La impunidad permanece, ninguna investigación por homicidio cometido en 2016 ha resultado en sentencia La cabeza recargada hacia la derecha deja entrever el corte de cabello a rapa en la nuca y el costado, los lentes de sol permanecen sobre las orejas y ocultan los ojos.

En el cuello se distingue un hueco, es el disparo que ingresó de lado izquierdo y lo dejó sin vida en el asiento del automóvil.

Se trata de Francisco Javier Tepic Salazar, asesinado la tarde del lunes 13 de junio durante un ataque armado que hirió a su acompañante, identificado como José Donaldo Petit Salas y quien fue trasladado al hospital.

Peritos localizaron ocho impactos de bala calibre 9 milímetros que atravesaron el vehículo Hyundai, el cual quedó estacionado frente a una tienda OXXO, ubicado entre las calles Colima y Serdán de La Paz.

Su asesinato es uno de los 13 homicidios registrados en la ciudad en los primeros 16 días de junio y uno de los siete cometidos en solo tres días.

Sigue el patrón de los crímenes cometidos este año, sin detenidos ni sospechosos de ser presuntos responsables.

Cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, basadas en las averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas, arrojan 27 homicidios de enero a abril cometidos en Baja California Sur.

En mayo, ZETA contabilizó 6 homicidios más, además de la muerte de un presunto delincuente y un civil durante el enfrentamiento entre policías y un grupo de personas después del ataque contra el comandante general de la Policía Estatal Preventiva, Luis Alejandro Osorio Álvarez.


En la última semana, dos personas fueron ejecutadas y otra más resultó herida durante dos tiroteos en La Paz.

 Con esto, son 46 homicidios registrados en lo que va de 2016. La cifra, en la primera mitad del año, supera cifras anuales, como los 35 asesinatos registrados en 2012.

Al respecto y en específico sobre el asesinato de tres hombres el lunes 13 de junio, el gobernador Carlos Mendoza Davis expresó “seguimos preocupados y ocupados en la seguridad del pueblo sudcaliforniano”, pero especialistas en Seguridad Pública reiteran su intranquilidad por la transformación de una de las entidades más seguras del país en una de las más violentas.  

BCS, con tasas de homicidios más altas que Michoacán y Tamaulipas 

Baja California Sur pasó de registrar 20 homicidios en un año (2006) a 20 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2015.

De acuerdo con información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad alcanzó una tasa de 19.77 homicidios.

Esto colocó al estado por encima de estados caracterizados por la violencia debido a la pugna entre cárteles como Tamaulipas, que ese mismo año tuvo una tasa de 15.04 o Michoacán con 16.90.

Los casi 20 homicidios registrados por cada 100 mil habitantes, se acercaron a la tasa que Baja California tuvo ese año, de 24 y de Chihuahua con 25, por ejemplo.

Además fue un aumento de más del 100 por ciento respecto al año anterior. En 2014, Baja California Sur tuvo una tasa de 9.45, mientras que en 2013 fue de 7.80 y en 2012 apenas se contabilizaron 5.03 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Esto indica que en tres años, se cuadruplicaron los homicidios. Mientras que del 1 de enero al 30 de abril de 2016, la entidad ha alcanzado una tasa de 3.43 homicidios, colocándose también por encima de Veracruz con 3.07 y Coahuila con 2.64 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Según el mismo Sistema Nacional de Seguridad Pública, de los 27 homicidios dolosos registrados de enero a abril de 2016, 18 fueron con arma de fuego, cinco con arma blanca, tres con “otros” y uno aparece “sin datos”. Adicionalmente, aparecen 12 homicidios culposos “sin identificar”.

Mientras que, en el mismo periodo, se reportaron 398 víctimas de lesiones dolosas sin clasificar con qué arma o de qué forma fueron ocasionadas.

Una sumatoria de los homicidios dolosos reportados por la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur, del 1 de enero de 2014 al 30 de abril de 2016, indica que se han cometido 248 asesinatos en poco más de dos años.

Si a esto se suman los 21 homicidios registrados del 1 de mayo al 16 de junio en la capital sudcaliforniana, el total es de 269 asesinatos. Esta cifra es casi la misma que el número de homicidios dolosos registrados en siete años, de 2007 a 2013 con 264 ejecuciones.  

Narcomenudistas, el blanco 

El 23 de mayo, el narcomenudista Jorge Villanueva Jarquín “El Cops” fue ejecutado en la calle Revolución, entre Salvatierra y Guadalupe Victoria, Colonia El Esterito en La Paz. 


Cuatro días después, el 27 de mayo, fue levantado Ramón Valentín Navarro Hernández.



Su vehículo fue hallado calcinado en el kilómetro 6 de la carretera La Paz-Los Planes. Del vendedor de droga no encontraron rastros dentro del automóvil, tampoco a los alrededores del terreno.

Pasaron otros dos días y el 29 de mayo fue asesinado el narcomenudista Luis Eduardo Murillo Amador “El Morro”, cuando estaba en la playa “Uña de Gato”, en Loreto.

Un día más tarde, la mañana del 30 de mayo, se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida con un disparo en la cabeza, en una brecha a la altura del kilómetro 37 de la carretera La Paz-Todos Santos. Se le identificó como Jorge Luis Meza Castro “El Meza”.

Posteriormente, el 31 de mayo, el dealer Martín Moore “El Chicali” fue perseguido por un grupo armado hasta morir baleado en la calle Administración, entre Informática e Ingeniería de la colonia Solidaridad en La Paz. Casi una semana después, el domingo 5 de mayo, una mujer identificada como trabajadora agrícola, fue encontrada sin vida en el Fraccionamiento Olas Altas.

Agentes de Investigación y peritos adscritos a la Dirección de Servicios Periciales, la hallaron boca abajo y con una herida en la cabeza.

El homicidio de la mujer es uno de los pocos casos en los que la línea de investigación no involucra la venta de droga o actividades relacionadas con la delincuencia organizada.


Erasmo Palemón Alamilla Villeda.- Nuevo procurador de Justicia del Estado de Baja California Sur

El lunes 6 de junio, apenas pasada la medianoche, Jorge Israel Tamayo quedó muerto en el patio de una casa en la calle Salomón de la colonia Camino Real. Testigos relataron que el hombre bajó del automóvil donde viajaba cuando vio a dos hombres, quienes desde otro vehículo, comenzaron a dispararle. Personal pericial localizó ocho casquillos en el lugar. El hombre había sido detenido por narcomenudeo. El sábado 11 de junio, en distintos hechos, fueron asesinadas cinco personas.

Por la noche, dos ataques armados en distintas colonias.

En el primero, ocurrido en la colonia 8 de Octubre, perdieron la vida Raúl Agúndez Castillo “El Changui”, José Feliciano Tamayo y Luis Enrique Ramírez Téllez, algunos también han pagado condenas en prisión.

Mientras que en la colonia Los Olivos, resultaron asesinados Edwin Pérez Téllez y Cristian Alejandro Agúndez Olachea.

Testimonios recabados por vecinos del lugar, coincidieron en la presencia de dos hombres en una motocicleta negra, de quienes la Policía Ministerial no tiene mayores datos.

Por la mañana del lunes 13 de junio, un hombre, maniatado y con señas de tortura, fue localizado sobre un camino de terracería en el Libramiento Oceguera.

La víctima, identificada como Enrique Federico Savin Márquez, había salido del CERESO y a decir de elementos consultados, se dedicaba a la venta de droga.

Más tarde, fue asesinado Francisco Javier Tepic Salazar y su acompañante en el vehículo resultó lesionado.

Mientras en la noche, un hombre fue asesinado a disparos, también en la colonia 8 de Octubre.


Mientas que el miércoles 16 de junio, fue asesinado Dante de Jesús Arce Salido, tras recibir disparos en el pecho. Esto ocurrió minutos antes de las 4:00 de la tarde en la calle Mar Quieto de la colonia Miramar, donde se encontraba la vivienda de donde fue sacado por sus agresores.

El joven fue identificado como presunto vendedor de droga y de los presuntos responsables, testigos dijeron haberlos visto huir en dos vehículos.  

IMPUNIDAD, RESULTADO DE COMPLICIDAD E INCAPACIDAD DE LAS AUTORIDADES: ARTURO RUBIO

Para Arturo Rubio Ruiz, representante del Consejo Ciudadano para la Atención de Víctimas del Delito, “es imposible, desde un punto de vista criminológico, considerar que la violencia que está pasando en la entidad, sea posible sin el contubernio, complacencia y complicidad de las fuerzas policiales”.

Es precisamente, “la combinación de complicidad e incapacidad de las autoridades” lo que genera el espacio de impunidad que atraviesa Baja California Sur, en opinión del también abogado. Sobre el incremento de homicidios en La Paz y la falta de respuesta de la autoridad para detener el problema, Rubio Ruiz destaca que “las calles son un coto de poder”.

Explica que controlar a los narcomenudistas, a quienes venden objetos robados o se dedican a los asaltos, implica tener “una fuente de ingresos ilegítimos sin complicaciones aseguradas” y al no existir coordinación de las fuerzas policiales municipales y estatales, se genera “una lucha interna por ese control. Hay duplicidad de funciones, hay ausencia y pobreza en la eficacia”.

Además, detalla, las propias corporaciones se señalan entre sí como corruptas o delincuenciales, lo cual se traduce en una lucha de poder. Respecto al origen de la actual situación, el abogado identifica dos factores principales.

Por un lado, la falta de programas de prevención del delito y de tratamiento contra las adicciones a droga y por otro lado, la falta de capacitación de las corporaciones policiales. Y por último, apunta “la entidad, que era la más segura del país, por este cúmulo de irresponsabilidad, incompetencia y complicidad, está convirtiéndose en uno de los estados más violentos del país y eso es muy grave”.

Al consultar datos de la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en La Paz, el cual entró en vigor en enero de este año, ninguna causa penal iniciada por homicidio ha resultado en sentencia.    

HOMICIDIOS EN BAJA CALIFORNIA SUR

AÑO                   NÚMERO DE CASOS

(Del 1 de enero al 30 de abril)
2016         27
2015         151
2014         70
2013         56
2012         35
2011         38
2012         35
2011         38
2010         48
2009         31
2008         28

*Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública  

HOMICIDIOS EN LA PAZ

Año    Número de casos

2015         126
2014         71
2013         15
2012         18
2011         18
2010         26
2009         18
2008         14
2007         10

*Fuente: Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) 
 


(SEMANARIO ZETA/ Inés García Ramos /Martes, 21 junio, 2016 12:00 PM)

DEJAN ENCOBIJADO EN “CARRITO” DE SUPERMERCADO EN ZONA NORTE


El cadáver fue localizado encobijado. Foto: Especial para ZETA

Una persona sin vida fue dejada dentro de un carrito de supermercado en la Zona Norte de Tijuana.

Según los primeros reportes recibidos por corporaciones policiacas, alrededor de las 8:50 de la mañana de este viernes 24 de junio, el cadáver estaba envuelto en una bolsa negra y una cobija café, tenía una cartulina con un mensaje o leyenda.

El hallazgo ocurrió entre las calles Baja California y Michoacán de la colonia perteneciente a la delegación Centro.

En estos momentos, elementos de Periciales de la Procuraduría General de la Justicia del Estado (PGJE) levantan el cuerpo encobijado, del cual solo se aprecian una extremidad superior un zapato tipo deportivo.


(SEMANARIO ZETA/ Redacción ZETA/ Viernes, 24 junio, 2016 12:38 PM)

(VÍDEO) ENTRE CAOS VIAL Y SIN EL ALCALDE, TRANSPORTISTAS LLEGAN A PALACIO MUNICIPAL


Cientos de unidades de transporte público transitaron por la ciudad hasta llegar a Palacio Municipal. Foto: Agustín Reyes



Transportistas inconformes con la conformación de la Empresa de Empresas, la cual operará el Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT), llegaron hasta el Palacio Municipal, ocasionando caos vial en Zona Río, desde la la Vía Rápida, a la altura de la Buena Vista, hasta el puente Independencia, este viernes 24 de junio.

Policías restringieron también la entrada al estacionamiento subterráneo ante nueva acometida de los manifestantes. Foto: Héctor Ortiz

 Contingentes de taxis y camiones de transporte colectivo, arribaron a las inmediaciones de las instalaciones del Ayuntamiento, en medio de amenazas de la autoridad municipal de cancelarles las concesiones si se mantienen sobre la vía pública, por lo que las unidades se retiran de Palacio Municipal.


Panorama del caos vial registrado esta mañana. Foto: Agustín Reyes

Ernesto García, director de Gestión Política del gobierno de Jorge Astiazarán salió de su oficina para advertirles que solo podían estar dos minutos frente a Palacio Municipal, caso contrario se utilizará la fuerza pública y “se les podría cancelar los permisos” para operar, dijo.


Los inconformes llegaron hasta las puertas cerradas del Policía Municipal. Foto: Isabel Mercado


Si bien, concesionarios y transportistas gritaron consignas contra el alcalde Jorge Astiazarán -quien se encuentra atendiendo agenda en San Diego- y amenazaron con dirigir su movimiento a una de las dos garitas internacionales de Tijuana si no se les permitía el acceso a Palacio Municipal, por último anunciaron que se dirigirán a la Zona Centro para pasar por las oficinas del SITT, donde concluirán el movimiento.            

Alrededor de 40 elementos policías -incluida la unidad canina- esperaban la irrupcion de transportistas a Palacio Municipal. Foto: Héctor Ortiz

Ante la ausencia del presidente municipal, los manifestantes prefirieron no hablar con ningún otro funcionario del XXI Ayuntamiento.

(SEMANARIO ZETA/ Isabel Mercado/ Viernes, 24 junio, 2016 01:22 PM)