Legisladores aprobaron la ley de
responsabilidades administrativas, lo que permitirá a los funcionarios públicos
ocultar información en su declaración patrimonial, fiscal y de interés. Foto:
Moisés Pablo/Cuartoscuro.com
Después de que la Secretaría
de la Función Pública (SFP) del gobierno federal confirmó la cancelación del
evento en que el presidente Enrique Peña Nieto promulgaría el paquete de leyes
del Sistema Nacional Anticorrupción, entre las que se encuentra la Ley 3de3, se
comenzó a especular que el mandatario nacional podría vetarla, tal como se lo
ha pedido la Iniciativa Privada.
El vocero de la Presidencia,
Eduardo Sánchez, confirmó que cuentan con 30 días hábiles, los cuales concluyen
el 17 de julio, para analizar la Ley 3de3 y señaló que el presidente de la
República sostuvo una reunión con las dirigencias empresariales del país.
Peña Nieto se reunió la noche
de ayer con integrantes de la cúpula empresarial, entre ellos, los presidentes
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón; Gustavo de
Hoyos de la Coparmex y Alejandor Ramírez del Consejo Mexicano de Negocios, para
determinar los alcances de este tema.
“Le externaron al Presidente
de la República algunas inquietudes, el Presidente las escuchó con atención.
Insisto, hay un proceso de análisis que la Presidencia de la República lleva a
cabo, de ésta y de todas las leyes que envía el Congreso de Unión para ser
promulgadas, el plazo vence el próximo 17 de julio y antes de esa fecha el
Presidente de la República procederá conforme a derecho”, afirmó el vocero
presidencial.
La semana pasada, senadores y diputados
aprobaron la ley de responsabilidades administrativas, lo que permitirá a los
funcionarios públicos ocultar información en su declaración patrimonial, fiscal
y de interés, con el argumento de proteger su “vida privada”.
El dictamen aprobado por el
Congreso de la Unión indica que el Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA), a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, será
el organismo que “emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros
que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las
autoridades competentes”.
El artículo 32 también fue
aprobado, por lo tanto, deberá presentar su declaración patrimonial, fiscal y
de interés “cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos
públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la
Federación, de las Entidades Federativas y los municipios”.
Por su parte, el presidente
de la mesa directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth, dijo que el presidente
Peña Nieto puede vetar la Ley 3de3 y, a su vez, el Congreso de la Unión tiene
la obligación de corregir las observaciones que les haga, afirmó.
“El Presidente está en su
derecho, está en su facultad de hacer observaciones a lo aprobado por el
Congreso de la Unión, y el Congreso de la Unión está en plena apertura para
conocer las razones técnicas, los argumentos que motiven, en su caso, las
observaciones del Ejecutivo y corregir aquello que se tenga que corregir”,
afirmó Gil Zuarth.
En entrevista previa a la
sesión de este miércoles, el senador del PAN afirmó que la posible modificación
al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, obliga a
los empresarios a presentar declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses,
cuando firmen contratos de obras y servicios con el sector público.
“No nos vamos a negar a
ninguna modificación, a ninguna observación. Ya hemos explicado cómo se dio la
modificación del artículo 32, a partir de una reserva que se presentó en pleno,
que fue admitida y que no permitió una discusión serena y técnicamente
sustentada con respecto a sus implicaciones”, aclaró el legislador.
A su vez, el presidente de la
Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, César
Camacho Quiroz, reconoció que si se mantiene la redacción del Artículo 32 de la
llamada Ley 3de3, puede generar problemas de operación y distorsionar el
espíritu de la legislación.
Entrevistado en el marco de
la inauguración del Seminario Internacional “Fuentes Históricas sobre la
Constitución de 1917”, el también coordinador de los diputados del PRI, explicó
que jurídicamente el conocido “veto” se llama observación, y que el Presidente
de la República decidirá conforme a Derecho.
“No sé cuál sea la decisión
del presidente, vamos a esperarla. Lo que es cierto, es que nosotros desde el
día siguiente a la aprobación de esta Ley de Responsabilidades, hicimos pública
nuestra posición, sobre la posibilidad de enmendarla”, informó Camacho.
Agregó que hay una gran
laxitud, una redacción que es por amplia, ambigua y que, de primera intención,
en el Artículo 32, inciso C, de la Ley de Responsabilidad Administrativa de los
Servidores Públicos.
“Si se mantiene así, pudiera
generar problemas de operación y que se pudiera en todo caso, distorsionar el
espíritu original de legisladores”, precisó.
Indicó que personalmente
habló con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo
Castañón, y le ofreció la revisión de dicha párrafo 32, lo cual fue recibido
con simpatía por parte del líder empresarial.
Por su parte, entrevistado en
el mismo evento, el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de
Gobernación (Segob), Felipe Solís Acero, apunto que el vetar o no dicho
ordenamiento es derecho exclusivo del presidente de la República.
Sin embargo, indicó que hay
tiempo suficiente dentro de lo que marca la ley para poder hacer la
promulgación de las leyes secundarias que conforman el Sistema Nacional
Anticorrupción.
Comentó que el evento para
promulgar estas leyes que el Poder Legislativo aprobó y envió al Ejecutivo
federal la semana pasada, se pospuso porque “estaba de por medio una audiencia
del Presidente de la República, de manera que se quiso desahogar”.
“Está pendiente, la
promulgación se va hacer dentro del plazo que la ley establece, y se hará
dentro del plazo constitucional señalado”, aseguró Solís Acero.
(SEMANARIO ZETA/ Redacción ZETA
/Miércoles, 22 junio, 2016 03:36 PM)
