CIUDAD DE MÉXICO
(apro-cimac).- A 10 años de la tortura sexual perpetrada por agentes federales
y estatales contra 27 mujeres en operativos policiacos realizados en las
localidades mexiquenses de Texcoco y San Salvador Atenco, siguen saliendo a la
luz casos similares que demostrarían que en México la violación sexual es una
práctica común de las fuerzas de seguridad.
Mientras la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analiza si el Estado mexicano es
responsable o no de la tortura sexual contra 11 de las 27 mujeres que
decidieron denunciar sus casos, las organizaciones civiles continúan
documentando nuevas violaciones.
De encontrar indicios de
responsabilidad, la CIDH podría remitir el caso Atenco a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), el máximo tribunal continental que
en 2009 condenó a México por los casos de las indígenas Inés Fernández y
Valentina Rosendo, violentadas sexualmente por militares en el estado de
Guerrero en 2002.
La CoIDH ha emitido tres
condenas por violación sexual como forma de tortura: dos contra México y una
contra Brasil. Y aunque no hay plazo para conocer la decisión de la CIDH
respecto al caso Atenco, este es el tercer hecho de violación sexual cometida
por agentes del Estado mexicano que se ventila ante una instancia
internacional.
La CIDH analiza el caso de
tortura sexual como una acción que se usó contra las mujeres que en 2006
protestaron por la reivindicación de sus derechos. En los operativos de aquel
entonces hubo 207 detenidos, la mayoría gente que apoyaba a un grupo de floricultores
que serían desalojados del Mercado Belisario Domínguez, aunque hubo otras
personas arrestadas que no participaron en la movilización social.
Las sobrevivientes
denunciantes son Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María
Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández
Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda
Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen
Gabriela Cuevas Jaramillo.
El caso llegó hasta la CIDH
porque el 4 de abril de 2007 la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México archivó la averiguación. Ante esta falta de justicia, el 29 de abril de
2008 las sobrevivientes solicitaron al organismo analizar el caso con el objetivo
de buscar justicia a nivel internacional.
Aunque la CIDH sólo actúa
cuando se agotan los mecanismos nacionales, el órgano interamericano decidió
aceptar la solicitud ante la dilación e ineficacia de las instancias mexicanas.
“Tierra
sí, aviones no”, el reclamo de Atenco en el Tribunal Agrario. Foto: Miguel
Dimayuga
CASO ABIERTO
La abogada Araceli Olivos
Portugal, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
(Centro Prodh), que representa a las 11 mujeres ante la CIDH, explica que el
caso sigue abierto y en investigación, gracias a la presión de organismos
internacionales como el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés)
y a la insistencia de las sobrevivientes.
Mientras ellas litigan contra
el Estado mexicano por el caso Atenco, a la fecha hay 50 personas acusadas de
participar en la violación sexual: 12 policías presos, acusados de tortura por
omisión; 21 médicos señalados por encubrimiento, quienes llevan el proceso en
libertad; un agente del Ministerio Público imputado por tortura, y 16 órdenes
de aprehensión pendientes de cumplimentar.
Las primeras detenciones de
los policías iniciaron hasta seis años después de los hechos, en julio de 2012,
luego de que representantes del Estado mexicano se presentaron ante el CEDAW
para informar que había “avances” en las investigaciones.
Sin embargo, hasta ahora no
hay policías acusados de cometer tortura, sino de encubrirla. Aun así, Olivos
Portugal asegura que la acusación es trascendente porque encubrir el delito
invisibiliza el problema. Seguramente el caso Atenco, apunta la abogada, es uno
de los pocos en México que tiene tantos procesos penales abiertos por tortura
sexual.
Tampoco se ha investigado la
responsabilidad de las personas al frente de esos operativos. Y es que, según
la defensora, si bien desde 2012 hay una averiguación abierta para determinar probables
conductas delictivas, no se especifica que sea para investigar a los mandos
policiacos.
En 2006 el secretario de
Gobierno del Estado de México era Humberto Benítez Treviño, actual presidente
del Colegio Mexiquense; Wilfredo Robledo fungía como secretario de Seguridad
Pública –hoy asesor de seguridad del candidato priista al gobierno de Veracruz,
Héctor Yunes Landa–; el jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva
era Ardelio Vargas Fosado, ahora comisionado del Instituto Nacional de Migración,
y el actual titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, era gobernador
de la entidad.
Sigue la resistencia en Atenco contra el
nuevo aeropuerto. Foto: Hugo Cruz
INACCIÓN JUDICIAL
En meses recientes, otras de
las 207 víctimas que fueron detenidas y sometidas a tratos crueles durante los
operativos en Texcoco y Atenco declararon y dieron nombres de personas que,
dijeron, deberían ser llamadas para que rindan su testimonio, ya que coordinaron
los operativos. Sin embargo, esto no ha derivado en alguna orden ministerial
para llamarlos a declarar.
Según Olivos Portugal, estos
casos de tortura sexual reflejan el patrón de discriminación en razón de género
en el contexto de represión de una protesta social, dado que el día de los
operativos las mujeres estaban en el lugar apoyando una manifestación pacífica
para evitar el desalojo de los vendedores de flores.
Desafortunadamente, explica
la abogada, la tortura se sigue usando en el país en las mismas circunstancias,
tomando en cuenta que el Centro Prodh ha documentado otros casos. Incluso en
2014 las sobrevivientes de Atenco lanzaron una campaña por la justicia, en la
que reunieron otros testimonios de mujeres víctimas de violación sexual por
parte de agentes de seguridad.
Entre estas mujeres están
Norma Jiménez, Yolanda Muñoz, Verónica Razo, Belinda Garza, Valentina Rosendo,
Inés Fernández, Yesenia Armenta, Cristel Piña, Miriam Isaura López y Claudia
Medina.
Y resaltan también los casos
de tortura durante el traslado de internas del Centro Federal Femenil Noroeste,
en Tepic, Nayarit, en diciembre de 2015, y en febrero de 2016 contra internas
del Centro de Prevención y Readaptación Social Topo Chico, en Monterrey, Nuevo
León, cuando fueron llevadas al recién inaugurado Centro Federal de
Readaptación Social número 16, ubicado en Morelos.
De acuerdo con testimonios
recibidos por el Centro Prodh, durante el traslado, las mujeres que estaban
bajo custodia de agentes federales y/o de custodios fueron víctimas de tortura
y malos tratos, incluidos actos de tortura sexual como violación, tocamientos,
descargas eléctricas, golpes e incomunicación.
Estos casos aún están en
proceso de documentación por parte de grupos civiles, por lo que no hay un número
preciso de mujeres víctimas, aunque ya hay una investigación abierta por parte
de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y
Trata de Personas (Fevimtra), dependiente de la Procuraduría General de la
República (PGR).
Para la litigante, estas
denuncias son graves porque ocurren en las mismas circunstancias en que se
dieron los casos de Atenco, es decir, tortura durante un traslado, en el que
las mujeres son más vulnerables por encontrarse bajo custodia de policías y sin
supervisión alguna. La única diferencia es que las internas no estaban en una
protesta social.
Al respecto, entre 2014 y
2015 el Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes de la ONU, Juan E. Méndez, recopiló información de los
estados y encontró que las mujeres y las niñas están particularmente expuestas
a sufrir torturas y maltratos al ser privadas de su libertad y permanecer en
prisión preventiva.
En este contexto, el Senado
analiza ahora una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y
Sancionar los Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, enviada por el Ejecutivo federal en 2015, y en la que las
organizaciones buscan incidir para que se castigue la tortura sexual.
Sobre la denuncia
internacional, luego de analizar la situación y recibir información de las
víctimas y del Estado mexicano, la CIDH podría pasar el caso a la CoIDH para
que dicte una posible sentencia, o bien llegar a una solución “amistosa” entre
las partes, opción que las mujeres de Atenco descartan de antemano.
(PROCESO / REPORTAJE ESPECIAL/ ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ / 2 MAYO, 2016)
