Aunque calificadas por encima de la
media nacional en diagnósticos nacionales, en las prisiones de Baja California
persiste la sobrepoblación. El gran número de presos por delitos federales, la
falta de presupuesto para abrir un nuevo centro penitenciario y los lentos
procesos judiciales, abonan al problema
(EDICIÓN IMPRESA) Al analizar
el Sistema Estatal Penitenciario en Baja California, algunas cifras parecen
contradictorias.
De entrada, ocupa el cuarto
lugar en sobrepoblación, pero el segundo en gobernabilidad; el 61 por ciento de
su presupuesto se destina a servicios personales, pero no hay suficientes
plazas ni presupuesto para la operación de nuevo centro penitenciario ya
construido.
En Baja California, hay 16
mil 783 hombres y mujeres en prisión. Esta cifra supera a los 15 mil 141
docentes de escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria en Tijuana y
se acerca a los más de 22 mil alumnos de educación básica en Tecate.
De los presos, 5 mil 900 se
encuentran en la penitenciaría de Tijuana, la novena prisión en sobrepoblación
en el país, rebasada 230 por ciento en su capacidad.
No obstante, estos números
muestran un mejor momento en el sistema penitenciario, en comparación a los más
de 20 mil internos registrados en décadas anteriores.
Desde 2005, el índice de
sobrepoblación en México se ha mantenido por encima del 23 por ciento, indica
un reciente estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En diez años se han creado
100 mil espacios en los centros de reinserción social (CERESOS), pero son
insuficientes para atender el crecimiento poblacional que alcanza los 254 mil
705 internos contabilizados por la CNDH en 2014.
Las cárceles del país alojan
a 51 mil 621 internos para quienes no hay un espacio contemplado, lo cual
representa una sobrepoblación del 25.4 por ciento.
Entre los 17 indicadores
considerados por el organismo de Derechos Humanos para medir las condiciones de
vida en prisión, se encuentran la capacidad de alojamiento en celdas,
dormitorios y uso adecuado de las áreas comunes, así como la distribución y
separación de los internos. También que las penitenciarías cuenten con tanto
con personal como servicios suficientes para la atención y mantenimiento de la
salud.
Para llevar a cabo el
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2014, la CNDH realizó
visitas y recorridos de supervisión en los 130 centros estatales penitenciarios
más poblados del país, los cuales concentran 195 mil 329 internos, así como 20
centros federales y tres prisiones militares.
BC: UN CASO CONTRADICTORIO
Baja California concentra más
del 6 por ciento del total de presos en el país. Los CERESOS de Tijuana,
Mexicali, Ensenada y “El Hongo” en Tecate, albergan a 16 mil 783 internos.
De manera global, el estado
recibió una calificación de 7.23, la cual la colocó por encima de la media
nacional de 6.02.
Sin embargo, el Diagnóstico
de la CNDH indica que la entidad ocupa el tercer lugar en abusos reportados y
el cuarto lugar en número de quejas por violaciones a derechos humanos con 443.
Para el ex subsecretario del
Sistema Estatal Penitenciario, Jesús Grijalva Tapia –entrevistado antes que
dejara este cargo para tomar la Coordinación General de Prevención y
Readaptación Social en el Gobierno Federal– estos diagnósticos deberían
obedecer a dinámicas diferentes en cada estado, ya que el caso de Baja
California es uno muy particular.
Por ejemplo, de todo el país,
es el estado con mayor frecuencia de riñas, 61 de acuerdo con el reporte
nacional. Al respecto, Grijalva Tapia explica “Baja California no oculta ningún
tipo de información por más mínima que sea, cualquier situación que vulnere el
orden se reporta, así sea un empujón”.
El funcionario detalla que en
otras entidades, se califica de riña una situación en la que participen un gran
número de internos, haya heridas por arma punzocortantes o lesiones graves.
Sobre la problemática de
sobrepoblación, el subsecretario explica “no importa cuántos internos tengas,
puedes tener el control, la autoridad, y erradicar cualquier tipo de
autogobierno. Baja California es uno de los cuatro estados sin autogobierno”.
Entre los hallazgos
reportados por la Comisión, está el cobro de piso entre internos de Mexicali.
“Platiqué con la Tercera Visitadora de la CNDH, que nos dieran una descripción
de qué encontraron, porque no tengo ninguna queja en Derechos Humanos del
Estado, ninguna de un familiar de un interno, buzón anónimo, llamada a C4, es
un tema muy viejo”, aseguró Grijalva Tapia.
La composición de la
población penitenciaria también es diferente en Baja California que en el resto
del país.
El número de reos por delitos
federales es superior al promedio del país. Aunque desde octubre de 2014, se
han trasladado mil 928 internos para reubicarlos en penales de la entidad o en
centros federales, 3 mil 300 continúan alojados en penitenciarías del estado.
“No ha habido una constante
en los traslados federales como antes que se hacía cada tres o cuatro meses,
hasta mil en un año”.
El funcionario estatal
explica que la capacidad de población en el estado es de casi 16 mil internos,
por lo cual si quienes cometieron un delito federal fuesen trasladados a un
centro federal, la sobrepoblación dejaría de ser un problema en la entidad.
En general, un 60 por ciento
de los internos ya fueron sentenciados y el 40 por ciento se encuentra en
proceso de ser juzgados. Las cifras se invierten en Tijuana, donde más del 60
por ciento todavía no recibe sentencia.
Cifras de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado (SPPE) indican que la sobrepoblación en las
prisiones de Baja California oscila en el 7.52 por ciento, una drástica
disminución en comparación al 151 por ciento reportado en 2002.
EL FOCO ROJO ES TIJUANA
Al momento de realizar la
muestra, la CNDH registró una población penitenciaria de 6 mil 855 internos en
Tijuana en una cárcel construida para 2 mil 562 personas, es decir, 2.6 veces
su capacidad.
De ahí que surgieran reportes
de sobrepoblación, hacinamiento, deficiencias en los servicios para mantener la
salud de los internos, insuficiente instrumental y atención médica, así como de
personal para atender a los internos.
Sin embargo, a octubre de
2015, esta cifra disminuyó a 5 mil 900 internos. Tijuana obtuvo la calificación
más baja entre las penitenciarías del estado, con 6.59 puntos, pero todavía
superior a la media nacional.
MEXICALI Y “EL HONGO”, TAMBIÉN CON PROBLEMAS
Otras observaciones referidas
en el Diagnóstico de la CNDH, incluyen deficientes acciones para la atención de
incidentes violentos, así como deficiencias en la elaboración, distribución,
consumo, cantidad y calidad de los alimentos tanto Tijuana, Mexicali como El
Hongo.
En el CERESO de Mexicali, se
cuenta con una capacidad para alojar mil 620 internos, pero hay una población
de 3 mil 416, de acuerdo con la CNDH.
La mejor calificación la
obtuvo en el rubro de “grupos de internos con requerimientos específicos” con
7.74 y la más baja en “reinserción social del interno” con 5.98.
Se explican situaciones como
la “inexistente separación entre hombres y mujeres en el servicio médico y en
el área de visita íntima”, también presencia de acoso sexual e incluso
deficiencias en la clasificación técnica-criminológica de los internos.
Mientras que “El Hongo”, el
diagnóstico revela problemáticas como insuficiente personal de seguridad y
custodia, así como para cubrir ausencias, vacaciones e incapacidades y un
deficiente programa para la detección voluntaria de VIH/SIDA.
Sobre la cantidad de
custodios, el subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, detalló que
desde el 2 de noviembre, se incorporaron 30 custodios, además de 60 que se
encuentran en entrenamiento.
143 PESOS AL DÍA, CUESTA UN INTERNO
Al considerar alimentos,
personal de custodios, atenciones médicas y psicológicas, programas y
actividades, así como la operatividad de los centros penitenciarios, por cada
interno se invierten 143 pesos al día.
Son 2 millones 359 mil 500
pesos diarios los que se invierten en atender a la población penitenciaria de
Baja California y ocupan casi la totalidad de los 877 millones 336 mil 260
pesos de presupuesto estatal para la “política criminológica penitenciaria”,
aprobados para el ejercicio fiscal 2015.
Precisamente, una de las
soluciones al problema de sobrepoblación requiere un aumento presupuestal. La
puesta en operación del centro “El Hongo III”, construido desde 2013, podría
ayudar a desahogar las prisiones, pero la asignación de recursos en materia de
seguridad va encaminada a otras áreas.
Una de ellas, es la
aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), el cual en teoría,
permite la ejecución de otras penas preventivas durante el proceso penal que no
sean el encarcelamiento.
César Daniel Ramírez Acevedo,
director del CERESO de Tijuana, explica que la disminución de internos, ayuda a
brindar mejores servicios a los internos, sobre todo los de reinserción social.
Más de 2 mil internos en
Tijuana, participan en algún programa de desintoxicación y rehabilitación.
De hecho, entre los reincidentes,
el común denominador es el consumo de drogas para cometer el delito de robo, a
su vez, el ilícito por el que más personas llegan a prisión en Baja California.
-¿Cómo están? –el director
del CERESO de Tijuana, ingresa a un pequeño cuarto con más de quince internos
vestidos de gris.
-Bien –contestan al unísono y
algunos mejoran su postura sobre las sillas, otros mantienen los brazos
cruzados, pero evitan la mirada.
Se trata del grupo en la
etapa 12, de más de 20, de rehabilitación. Una vez a la semana, se reúnen para
continuar el tratamiento.
-Echándole ganas –responde
Jesús, un hombre con tatuajes en los antebrazos, sentado en primera fila.
Explica se inyectaba heroína, pero desde hace nueve meses en prisión “he
cambiado mucho mi manera personal”.
(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Inés García
Ramos / Fotos. Jorge Dueñes/ 06 de Enero
del 2016 a las 20:15:27)
