MÉXICO, DF (Proceso).- La
corrupción no es un problema exclusivo de México, pero la impunidad sí. La
corrupción que la impunidad alimenta, día tras día, estado tras estado,
Secretaría tras Secretaría, empresa tras empresa. Con costos crecientes,
dañinos, paralizantes. Es el principal obstáculo para la competitividad del
país. Lleva a que quienes gobiernan gasten más dinero en proyectos de
construcción y carreteras, los más opacos y los más propensos al cochupo. Lleva
al descrédito de las instituciones supuestamente encargadas de prevenirla,
incluyendo las procuradurías y los tribunales. Lleva a decisiones de inversión
que no buscan beneficio social o rentabilidad sino extracción de rentas.
Distorsiona la economía al impedir la innovación y la competencia y la
disposición empresarial a asumir riesgos, ya que importa más a quién conoces
que cuán talentoso eres. La corrupción ha convertido a México en un país de
cloacas.
Como argumenta el estudio La
Corrupción en México: Transamos y no avanzamos, del Instituto Mexicano para la
Competitividad (Imco), la transa es el enemigo público número uno, el mayor
lastre para el despegue económico de nuestro país. Por omnipresente. Por los
costos que acarrea. Porque se da a todos los niveles, en múltiples ámbitos, a
la luz del día y en lo oscurito. Apreciada, internalizada, socializada e
incluso premiada. Permitida tanto por los ciudadanos como por las instituciones
que los gobiernan. Y no se da tan sólo en el sector público y por eso hay que
definirla no sólo como el uso y abuso del cargo público para provecho personal,
sino también como cualquier acto individual que busca una recompensa ilegal. Se
necesitan dos para crear corrupción: el que ofrece y el que acepta, el oferente
y el demandante. El funcionario o el empresario o el ciudadano.
Hoy, gracias a las cloacas
destapadas de la Casa Blanca y la casa de Malinalco y la casa de Ixtapan de la
Sal y OHL y tantos casos más, el combate a la corrupción está en la agenda.
Pero apenas comenzamos y falta un largo trecho de renovación institucional y cambio
cultural para dejar de ser el país que somos. Lejos de Estados Unidos donde,
según la revista Public Administration Review, entre 1976 y 2008 más de tres
funcionarios al día fueron sentenciados por delitos de corrupción como compra
de voto, aceptación de regalos sin reportarlos, o conflictos de interés. Lejos
de Brasil, donde el escándalo de Petrobras ha generado más de 25 sentencias a
funcionarios por usar su cargo público para obtener un beneficio privado. Lejos
de España, donde hay mil 700 causas abiertas por corrupción y más de 500
indiciados. Lejos de Guatemala, donde un presidente acaba de caer por corrupto.
Desde Alabama hasta Sao
Paulo. Desde Madrid hasta Illinois. Desde el gabinete presidencial en Brasilia
hasta la familia real española. La diferencia con México es que aquí los
escándalos no tienen consecuencias en los tribunales. Aquí se premia en lugar
de castigar. Aquí se asegura la longevidad política en lugar del exilio
político. Basta con ver a Arturo Escobar del Partido Verde, ahora subsecretario
de Prevención del Delito. O a Fidel Herrera, ahora cónsul en Barcelona. O al
Niño Verde impune. O a Juan Armando Hinojosa del Grupo Higa, viajando con el
presidente. Una larga lista de investigaciones y sanciones pendientes. México
ha creado un sistema de incentivos que perpetúa en pacto de impunidad.
Afortunadamente la corrupción
ha dejado de ser un fenómeno ignorado. Ya se habla de ella en foros y textos y
estudios y en la discusión sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Ya se
habla de lo que necesitarían hacer las autoridades y los ciudadanos y los
procuradores. Ya hay cifras que revelan la profundidad del problema: 63% de los
empresarios encuestados por el Imco está de acuerdo en que la corrupción es
parte de la cultura de hacer negocios en México. De 72 escándalos de corrupción
de los cuales fueron objeto 41 gobernadores mexicanos, sólo 16 fueron
investigados. Para las otras 56 acusaciones mediáticas, las autoridades ni
siquiera iniciaron una investigación al respecto. De las 16 investigaciones
sólo cuatro resultaron en la consignación del gobernador acusado. Mientras que
en Estados Unidos tiene una efectividad del 100% al perseguir casos de
corrupción, en México sólo se ha investigado el 22% de los casos y tan sólo 5%
ciento resultó en una consignación del presunto responsable. Por ello siguen
allí Ulises Ruiz y Mario Marín y Fidel Herrera y Humberto Moreira, a quienes el
gobierno no ha tocado ni con el pétalo de una investigación. El gobierno
federal gasta más en comunicar los “logros” de la PGR que en equipar al órgano
responsable de combatir la corrupción.
Ahora las esperanzas están
centradas en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Pero no funcionará sin
fiscales e investigadores independientes. Sin castigos serios que tengan un
efecto disuasivo. Sin la sanción social a los corruptos que en lugar de sufrir
el ostracismo son invitados a foros y a fiestas. Sin una disrupción en el
modelo de negocio del ejercicio del poder. Sin un SAT que en lugar de ocultar
información y ofrecer condonaciones fiscales encauce investigaciones por
defraudación fiscal –sobre todo entre grandes empresas– y lavado de dinero en
contra de funcionarios corruptos y sus cómplices. Sin partidos políticos que
estén dispuestos a dejar atrás el mandamiento de “tapaos los unos a los otros”.
Sin medios capaces de escrutar al poder en lugar de volverse sus amanuenses.
Sin una cultura de la denuncia ciudadana que genere respuestas institucionales
en vez de represalias, inacción o silencio.
Para así reducir los
alicientes y aumentar los riesgos de los corruptos. Para así encarar y definir
y sancionar con claridad qué es un acto corrupto según estándares
internacionales. El soborno. La malversación de fondos. El tráfico de
influencias. El conflicto de interés. El abuso de funciones. El enriquecimiento
ilícito. La obstrucción de la justicia. La colusión. La extorsión. La
utilización de información falsa. El nepotismo, el clientelismo y el
favoritismo. Conductas cotidianas, habituales, normales dentro de un sistema en
el cual porque transamos y no avanzamos. Conductas que habrá que cambiar para que
casos como la Casa Blanca produzcan sanciones severas y no exoneraciones
inverosímiles.
(PROCESO/ ANÁLISIS/ SEGUIR A
@DENISEDRESSERGDENISE DRESSER/ 27 DE NOVIEMBRE DE 2015)
